Otro 8M nos encuentra marchando, exigiendo protección del Estado, demandando políticas públicas… llorando a quienes ya no están. La rabia está en todas las voces, ¡cómo no romperlo todo! Solo algunos alcaldes desubicados pueden quejarse de sus paredes mancilladas. Se lee el meme certero: “si nos cuidaran como monumento, otra sería nuestra historia”.
Otro 8M exigiendo atención a uno de los problemas centrales de nuestra convivencia social y donde el Estado falla de manera sistémica. Desde 2020 se viene trabajando en fortalecer la Ley 348 que prometió “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. Se consultaron más de 2.000 mujeres, se identificaron todos los obstáculos ante la denuncia, se describió con detalle y de manera repetida en todo el país la triste ruta de la impunidad. Tres años después la lentitud del proceso para atender todas estas voces nos llena de espanto. Viene a mi mente un mural de un mercado en Cochabamba que interpela: “¿Cuántas más tienen que morir para que actúes?”
En una reciente entrevista, el propio ministro Iván Lima reconocía el poco avance de este proceso a pesar del compromiso de palabra del presidente Luis Arce y las acciones de la ministra María Nela Prada. (Revista Jurídica Tribunales, Año 1 N° 26 Correo del Sur). Entrevistado sobre el tema, el ministro sostuvo: “Pedimos disculpas por todo lo que se dejó de hacer”. Declaración sorprendente viniendo de una de las autoridades más poderosas del actual Gobierno. Tal vez un hombre de leyes como es él se ha sensibilizado por la lectura pormenorizada de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado boliviano en el caso de Brisa Angulo Losada. Este es un caso emblemático que nunca olvidaremos por la crueldad del sistema frente a una niña víctima de violencia sexual.
En esa entrevista, el ministro Lima nos adelanta algunos titulares del Anteproyecto de Fortalecimiento a la Ley 348 que ya deberíamos comenzar a discutir de manera pública. En primer lugar, plantea una ampliación de las atribuciones de los municipios como primera institucionalidad para contener la gran cantidad de casos de violencia doméstica. La segunda medida anunciada es la mejora del procedimiento penal, con características específicas para casos de violencia de género. Un tercer elemento mencionado es el nuevo rol del SIPASE para transformarse efectivamente en un instrumento de despatriarcalización. Según el ministro, este proyecto, que fue presentado hace ocho meses por la organización Bartolina Sisa al presidente Arce, hoy se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde es de esperar que su tratamiento y aprobación sea expedito.
Otro anuncio sobre el que tenemos que poner atención es la remisión de un segundo proyecto de ley (por mandato de la sentencia de la CIDH) que plantea que el delito de violación no puede contener otros elementos que no sean los referidos al consentimiento, así como la derogación de la figura de estupro. Por último, se plantea toda la problemática del hacinamiento en las cárceles de Bolivia como una señal más de la falla del sistema de justicia. Un dato que sabemos hace tiempo y al que no prestamos suficiente atención es que Bolivia es el país con la tasa más alta de personas detenidas sin condena y más mujeres sin sentencia, a nivel regional.
Esperamos que la Asamblea Legislativa, con su composición paritaria, retome el liderazgo de pensar de manera central los problemas cotidianos de las mujeres y convoque a una discusión nacional en torno a la problemática de la violencia. Su silencio de este 8M no puede sostenerse por más tiempo.
Lourdes Montero es cientista social.