Voces

Sunday 28 May 2023 | Actualizado a 23:11 PM

Litio: matar a la guagua

/ 21 de marzo de 2023 / 01:10

La semana pasada, el tema del litio, más allá de la preocupación del Gobierno, ganó los medios, las calles, las carreteras y la atención de propios y extraños. Los peticionarios son múltiples, desde la jefa del Comando Sur, Laura Richardson; parlamentarios de Potosí, organizaciones sociales rurales, cooperativistas mineros, hasta un reo golpista y el comité cívico potosinista: si bien el tema es único, el litio, las percepciones y los intereses son diversos.

Las expresiones de la oficial del Ejército norteamericano, acostumbrado a considerarnos su patio trasero y disponer de nuestros recursos naturales, reflejan la preocupación del imperio ante los atisbos de soberanía de nuestros pueblos: las expresiones del Gobierno de Chile de crear una empresa estatal del litio, el deseo del Presidente de México para unir a los países latinoamericanos poseedores de litio, la firma de un acuerdo de Bolivia con una empresa china, han provocado sus declaraciones. En realidad, devela la lucha que nos espera y no es que hasta hoy no hayan hecho nada. Recordemos que el magnate de los autos eléctricos Elon Musk respondió a una serie de tuits sobre el golpe de noviembre 2019 que “sin duda golpearíamos para defender nuestros intereses”; de hecho, con el golpe, se paralizó y destruyó el proyecto industrial en desarrollo en Uyuni. ¿Podemos considerar innovadora la idea de la extracción directa del litio cuando la iniciativa viene de una empresa norteamericana que luego desapareció en el momento de la licitación?

A este enemigo lo conocemos, en 1942, en plena II Guerra Mundial, provocó la masacre de Catavi, cuando los mineros hicieron una huelga y el gobierno de Peñaranda usó al ejército para garantizar la provisión de estaño a Estados Unidos; acumuló este metal para causar la baja de su precio cuando se nacionalizó las minas; igualmente fueron múltiples sus maniobras para evitar la fundición de estaño.

Las organizaciones indígena originaria campesinas de las cuatro regiones de Potosí se movilizaron por la marginalidad a que se les ha sometido en la participación del proyecto, cuando han sido ellas las que defendieron el litio en épocas del neoliberalismo, llevaron la iniciativa para que el gobierno de Evo Morales iniciara el proyecto, y coadyuvaron a su implementación; hoy exigen ser tomadas en cuenta y piden la conclusión del proyecto del cual fueron las impulsoras. A la hora nona el gerente de YLB pidió el apoyo del pueblo y se quejó de la pérdida de $us 400.000 día por la paralización de la planta a la cual no deja de denostar como anticuada; las organizaciones sociales no tienen que ser llamadas solo para apoyar, sino deben ser protagonistas del proceso de cambio, son ellas que, elevadas a la conducción del Estado, construirán la nueva Bolivia.

Paralela a la movilización social, el Comité Cívico Potosinista declaró un paro de 72 horas; su principal demanda es la promulgación de la ley del litio, según ellos, elaborada en consenso por los departamentos de Potosí y Oruro. La lectura del proyecto devela su visión ideológica, al pretender que el Estado renuncie al monopolio de la explotación del litio en su fase primaria; la política del Estado Plurinacional dispone que la explotación de los recursos evaporíticos tiene una función estratégica, lo que de por sí la hace indelegable. De hecho, la presencia de un socio privado evitaría la disposición del recurso en función del desarrollo nacional y mucho más si se busca tener una política regional en el continente; los antecedentes de la capitalización, privatización y los contratos de riesgo compartido mostraron que no hay socio digno, dado que se mueven en la lógica de la acumulación a cualquier costo.

Otra aberración es que se pretende crear un ministerio del litio: se aprovecha el error que fue sacar a los evaporíticos del área minera, primero a energía y hoy a hidrocarburos. El litio, el potasio, el magnesio son metales y según la Constitución Política su explotación por el Estado la debe realizar una empresa autárquica; lo otro es crear burocracia, dispersar recursos, inviabilizar los procesos de investigación científica y perder las ventajas de una economía de escala. La fabricación de baterías requiere unos 30 componentes, la mayoría metales y no metales, que los explota la minería. Por otro lado, se pretende una regalía de 20%, cuando el oro debería pagar 7%, según la ley; no se toma en cuenta el costo de refinación en un yacimiento que tiene una concentración de 0,0001% de litio y se olvida que la minería tributa 37,5% de sus utilidades al Estado.

La preocupación de las regiones por su futuro es legítima, no debe preocuparnos que indaguen o protesten; al contrario, hay que alentar su participación; lo que no podemos permitir es que se mate la guagua antes de que nazca.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La vida no vale nada

Solo 10.000 cooperativistas están afiliados a la Caja de Salud, cuando son más de 150.000 trabajadores

José Pimentel Castillo

/ 16 de mayo de 2023 / 08:40

Potosí: Minero fallece por una caída y suman 22 muertes este 2023. Huanuni: Accidente de trabajo en interior mina cegó la vida de trabajador por inhalación de gas tóxico. Potosí: Minero muere en el Cerro Rico atrapado por gran planchón. Guanay: El mercurio envenena a cooperativistas y pueblos indígenas. Así las noticias desgranan la tragedia del minero en pleno siglo XXI. “La vida no vale nada/si cuatro caen por minuto/y al final por el abuso/se decide la jornada” (Pablo Milanés). Mientras tanto tomo una taza de café, no puedo hacer nada, sino indignarme.

La actividad minera es en sí una labor insana. Las profundidades de la tierra no son su hábitat, se le niega al hombre la garantía de la subsistencia, el oxígeno. Se tuvo que recurrir a la coacción para imponer la mita y obligar a las comunidades indígenas a enviar comunarios a trabajar en las minas por el derecho a subsistir en su propia tierra; Wañuchuy mita fue el grito de sublevación contra el coloniaje, finalmente la mita se levantó a principios del siglo XIX. Ir a la mina era una maldición.

Lea también: Puñalada a la industrialización

La introducción del sistema industrial en la minería era imposible sin una fuerza laboral permanente y cada vez más calificada; así el patrón tuvo que combinar sus intereses con los de los obreros; se les tentaron para ir a la mina a cambio de la dotación de alimentos y productos que nunca alcanzarían en sus pueblos: la carne, el pan, las velas, la coca, el cigarro, el alcohol, etc. La concentración de obreros dio paso a un nuevo sujeto histórico: el proletariado; con su lucha fue conquistando mejores condiciones de vida y trabajo, entre ellas la seguridad industrial. Se hicieron los manuales donde el patrón dispone un sistema de seguridad laboral: la ventilación del paraje, la perforación húmeda —para evitar la polución—, la dotación de ropa de seguridad, los primeros auxilios en el interior mina, etc. Era la manera de evitar la explosión de revueltas frente al accidente de un compañero de trabajo. Los obreros tenían que asumir las nuevas reglas que les obligaban a un horario que programaba la detonación de los explosivos y establecían un espacio de tiempo para la ventilación, a vestir la ropa de seguridad muchas veces incómoda, a las normas de la labor específica. Todo por lograr un trabajo seguro.

La lucha histórica del proletariado dio paso a disposiciones legales que garantizaban el trabajo, la salud y la jubilación del trabajador: el Código de Seguridad Social y el decreto-ley de seguridad industrial. El declive del nacionalismo-revolucionario y la emergencia del neoliberalismo dieron fin a todas estas conquistas con la imposición de la libre contratación: Lo tomas o lo dejas. Las grandes empresas redujeron su fuerza de trabajo en un 70% e impusieron sus condiciones: trabajar y no meterse en política. Los mineros relocalizados fueron obligados a organizar cooperativas para imponer un modo de producción individualista que llevaba a la disputa por los mejores parajes y bajaba sus costos elevando el sacrificio del trabajador. La dignidad y la seguridad eran lo de menos.

El neoliberalismo por una parte marginaba a las mayorías y atraía a la vorágine de la explotación a quienes morían de hambre, miles de comunarios se incorporaron a la actividad minera, ansiosos de sobrevivir e incorporarse a la vida citadina. Sin cultura del trabajo minero, son los más propensos a sufrir accidentes; sin conocer sus derechos, no gozan del seguro de salud y ni aportan al fondo de pensiones. Solo 10.000 cooperativistas están afiliados a la Caja de Salud, cuando son más de 150.000 trabajadores, solo 130 cooperativas aportan a las AFP de las más de 1.500 existentes. La lógica es vivir el momento.

Los años de lucha contra la explotación del capital fueron acumulando una serie de principios y conductas de la clase trabajadora que ponía énfasis en la defensa de la vida como objetivo de organizaciones como el sindicato y las cooperativas: el apoyo mutuo, la solidaridad, el bien común, el bienestar, principios que alentaron la búsqueda de una sociedad más justa. La destrucción de los sindicatos clasistas dio paso a que el único interés sea el ingreso económico personal, que empuja a un nuevo eslabón del capital: el consumismo, que no mejora en nada el bienestar, así sea personal.

Contra esta degradación de la sociedad surgieron sublevaciones que acuñaron objetivos como el socialismo comunitario y el “vivir bien”, cuya grandiosidad se pierde en el diario vivir. La lucha ideológica no está tanto en lo que se proclama, sino en la forma de encarar lo cotidiano.

La humanidad misma está acosada por la crisis climática, económica y el descrédito de la democracia, es una crisis civilizatoria; estamos ante un dilema, acá y en el mundo: humanidad o barbarie.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Puñalada a la industrialización

La Constitución del Estado Plurinacional volvió a los orígenes de lanacionalización

José Pimentel Castillo

/ 2 de mayo de 2023 / 08:30

La Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) ha declarado que no tiene capacidad (financiera) para comprar los concentrados de estaño de la Empresa Minera Colquiri para fundirlos; el Ministerio de Minas autoriza a Colquiri la exportación de sus concentrados, la prensa informa sobre el inicio de la venta. Estas acciones contradicen la política económica del Gobierno de “industrialización y sustitución de importaciones” y reafirma la matriz primaria exportadora.

Esta es una acción que preanuncia la liquidación de la empresa estatal de fundición, la única fundidora en el país, con el trillado argumento de la ineficiencia estatal en la administración empresarial. La deuda de Vinto de cerca de $us 100 millones a los proveedores de concentrados y de 80 millones a la Comibol por pago de impuestos son mayores que sus activos, en lenguaje común, quiebra técnica.

La fundición de estaño fue una lucha del pueblo boliviano, luego de la nacionalización de las minas. El modelo Patiño enseñaba la indivisibilidad de la cadena productiva, la lucha de los mineros comprometía su aporte para su concreción, los debates en universidades y toda instancia de confrontación de ideas reafirmaban su urgencia y conveniencia: el MNR se resistió a concretar las fundiciones, mientras que la dictadura militar lo hizo, pero poniendo su sello: sacó las fundiciones del ámbito de la Comibol y se adueñó de ellas. En 1965 se creó la Corporación Nacional de Fundiciones; en 1966, con el gobierno del general Ovando, se creó la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) y en enero de 1971, con el gobierno del general J.J. Torres, inició sus operaciones. En agosto, Banzer dio el golpe de Estado regresivo.

Pronto ENAF entró en servicio de la camarilla militar, sirviendo a la empresa privada, cobrándole $us 500 por tonelada tratada, mientras que a la Comibol le cobraba 800; su capacidad instalada de 20.000 toneladas/año jamás fue alcanzada: el sector minero, sin inversión ni renovación tecnológica, cada vez disminuía más su producción; sin embargo, ENAF amplió su capacidad con la planta de baja ley. Se dividió a la clase obrera sacando a los metalurgistas del seno de la federación de mineros, para convertirles en una aristocracia obrera; solo con la conquista de la democracia volverían a su seno. En 1980 la empresa comenzó a dar pérdidas, el inicio para su condena en 1985 y su privatización en 1993.

En el actual Gobierno se cambiaron cuatro gerentes en Vinto, pero el problema no es de personas, sino de la estructura de la empresa. La fundidora está diseñada para dar un servicio, refinar el estaño a una pureza de 99%, esto le da derecho a que se le pague el costo del servicio, sin embargo, la fundidora se apropia del mineral, pagando el valor del mismo, que supera con creces su capital de operación. Esta aberración, permitida en un gobierno militar, choca con cualquier administración eficiente y sostenible.

Cuando nacionalizó Vinto el gobierno del MAS-IPSP —no se cambió la estructura definida en la ley minera vigente—, su capital de operaciones fue el metal que se encontraba en el circuito, lo cual fue insuficiente el primer año y ya debía $us 13 millones a Huanuni. Así se vendía el metal fundido y compraba los concentrados de estaño. Para la compra se hace una liquidación provisional al momento de la entrega y una final cuando se verifica la calidad del mineral, con los precios del mercado internacional a la fecha. Sin embargo, los precios no son estables, cambian en el tiempo que lleva desde la recepción, fundición, transporte y embarque en puerto, periodo que lleva cerca de un mes: la fundición gana si el precio sube y pierde si baja. Esto ocurrió en 2008, cuando el precio del estaño bajó de $us 14 a 5 la libra fina, perdiendo Vinto más de $us 10 millones. Desde esa vez no se ha solucionado el déficit, su insolvencia ha sido cubierta con fideicomisos, préstamos a corto plazo que mueven la cadena productiva, pero no solucionan el problema estructural; al contrario, se lo ha encubierto, haciendo aparecer utilidades que no toman en cuenta obligaciones con terceros, alentando inversiones e incrementos salariales.

El problema no es nuevo, en plena dictadura la federación de mineros planteó el contrato toll por el cual la Comibol, sin perder la propiedad del mineral, pagaba el costo de fundición y luego entraba por su riesgo en el mercado de minerales, esto es vital para la industria minera, pues le permite entrar directamente en el sistema financiero internacional.

La Constitución del Estado Plurinacional volvió a los orígenes de la nacionalización integrando la cadena productiva en la empresa corporativa, donde la fundidora cobra el costo de tratamiento más una utilidad razonable y la Comibol encadena el circuito; la ganancia es para las empresas que participaron y la propia casa matriz. Esto aún no se concreta, dejando que la inercia técnico-burocrática lleve a la quiebra a las empresas estatales. ¿Podrá la EMV administrar las nuevas fundidoras de zinc?

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Debate de ideas

/ 18 de abril de 2023 / 01:16

El presidente Luis Arce ha llamado a un debate de ideas, para garantizar el avance del proceso de cambio, tal vez con el propósito de superar la discusión centrada en el liderazgo. Loable, puesto que se trata de alcanzar los objetivos de la revolución democrática cultural por caminos antes no transitados.

La pregunta es ¿dónde debatir? Naturalmente, se trata de un espacio a construir, dado que los espacios tradicionales del debate de ideas y propuestas políticas casi han desaparecido. Los eventos sindicales ya no son los espacios de la discusión, desde el campo popular, para definir los objetivos de lucha del pueblo boliviano. Es en estos eventos que surgieron y se potenciaron consignas de trascendencia como las fundiciones de estaño primero y de otros metales después; se luchó por la nacionalización del petróleo primero y luego el gas; en esos eventos surgió la Ley Agraria Fundamental y la autogestión campesina; del debate entre los sectores sociales nació la consigna de la Asamblea Constituyente. Si bien las ideas trascendentes tuvieron origen en la intelectualidad, mientras no fueron internalizadas por el cuerpo social no pasaron de ser utópicas. La consigna de “tierras al Indio, minas al Estado”, nacida en 1930, se concretó con la insurrección de abril de 1952, fueron las masas que la impusieron al MNR. Hoy el movimiento social ha entrado en una pasividad propositiva, de sus eventos sindicales solo se conoce a la nueva dirigencia, no hay tareas y propuestas. Lo propio podemos decir de las universidades, hoy no dejan de ser ese castillo de marfil ajeno al sentir y las necesidades del pueblo, a la que la juventud universitaria combatió con la reforma y la revolución universitaria.

Entonces, ¿dónde debatir, y cómo hacerse escuchar? El Gobierno, a instancias de la COB, ha organizado las mesas productivas, con la participación de las organizaciones para acordar acciones con el Gobierno: sus conclusiones pronto quedaron archivadas. ¿Hay el deseo de debatir para encontrar el camino correcto que viabilice la nueva etapa histórica que vivimos? Confiamos que sí, por eso nos permitimos plantear algunos temas urgentes, a poco de cumplirse la mitad de un nuevo periodo de gobierno del MAS-IPSP.

Litio. ¿Por qué se inviabiliza un proyecto aprobado y financiado por el Gobierno y a punto de concluirse? El espejismo de nuevas tecnologías ha nublado la mirada. El pasado año ya podríamos haber producido 15.000 toneladas de carbonato de litio. Se tardaron dos años en la adjudicación del proyecto de extracción directa y se espera otros dos para su conclusión con resultados inciertos, al decir del gerente de YLB: “Eso significaría un desprestigio para la empresa china y una pena para nosotros”, cuando para nosotros es de vida o muerte.

Refinerías de zinc. Se anuncia la construcción de dos refinerías de zinc, algo añorado desde hace tiempo, con un proceso de tostación; en un evento se observó que este proceso tiene dos dificultades: la volatilización de varios componentes y la producción de ácido sulfúrico; según el Ministerio de Minería cada planta produciría 160.000 TM de este precursor. ¿Qué haremos con esta tremenda cantidad del elemento corrosivo, cuando el mercado interno está saturado y los países vecinos lo producen?

Migración a contratos mineros. La CPE establece la migración del régimen concesionario de áreas mineras a contratos de producción minera: se dio un plazo de un año para hacerlo, sin embargo, cada año se amplía el plazo, inviabilizando el propósito productivo de la norma; así no se formaliza la producción minera y se da paso a la explotación con permisos temporales. Lo propio ocurre con los contratos de riesgo compartido que tiene la Comibol que deben pasar a contratos de asociación.

Comibol. No se viabiliza la Empresa Corporativa Comibol, privando a sus subsidiarias de una orientación estratégica coordinada. A esto se debe los problemas de Huanuni y Colquiri con Vinto y la demora en el desarrollo de los proyectos en las empresas. Mientras tanto, cada vez se debilita más la minería estatal.

Materiales estratégicos. Se creó la gerencia de recursos estratégicos en Comibol, en sustitución de la regional de geología de Comibol, para hacer lo mismo, exploración: ¿cuál es el balance de más de 10 años de exploración? Y qué hay con la recuperación de metales valiosos —indio, cadmio, galio, titanio, oro— que se van con los concentrados tradicionales que exportamos.

Mutún. Si la política es industrialización, por qué se sigue exportando concentrados, descremando el yacimiento con la explotación de los óxidos; no sería mejor acumular mineral para su fundición, que se anuncia será pronto. ¿Qué dice la Comibol, propietaria del yacimiento?

Finalmente, en otra temática no menos importante, ¿cuándo se pondrá límite a la propiedad de la tierra definida en referéndum y se aplicará la dotación colectiva como establece la CPE? Faltan acciones creativas, innovadoras, pero sin ignorar lo avanzado, ni perder el horizonte histórico. Hablemos, discutiremos … y actuemos en conjunto.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Política petrolera

/ 4 de abril de 2023 / 01:12

Las complicaciones en el ámbito económico- financiero han puesto en debate la política petrolera. Existe un desfase entre el crecimiento del costo de la subvención a los combustibles, que garantiza la estabilidad económica, y el abastecimiento nacional. La caída en la producción de hidrocarburos líquidos, el aumento del consumo, la subida del precio internacional del petróleo y la parálisis de la sustitución de la gasolina por el gas han creado esta situación.

Luego de cuestionamientos del expresidente Evo Morales, el Ministro de Economía respondió rápidamente que se trataba de la herencia de gestiones pasadas, ya que las inversiones habían ido disminuyendo a partir de 2014. Analizando las cifras expuestas, en el periodo 2006-2019 la inversión en hidrocarburos fue la mayor de todos los sectores: el gobierno presupuestó un total de $us 7.548 millones, pero la empresa estatal del petróleo (YPFB) solo ejecutó $us 4.378 millones. De estas cifras podemos sacar dos conclusiones: el Estado le otorgó grandes recursos, pero la empresa del petróleo no tuvo la capacidad de gastarlos, y no hay resultados que suplan el agotamiento de un recurso no renovable. No es el Gobierno que ha fallado, sino quienes lo ejecutan.

En realidad, no hubo una transformación de YPFB. Al igual que todas las empresas estatales se mantuvo el carácter autónomo de sus empresas subsidiarias, se le relevó de responsabilidades civiles y penales en el ejercicio de la función pública. Se rompió la norma que impedía ganar más que el presidente, aunque no garantizó la eficiencia del personal altamente calificado. Se mantuvo la política de apostar a la inversión privada, reconociendo los gastos de exploración, con los mismos resultados: muy pocos. El último megacampo (Aquio-Incahuasi), que inició su producción en 2016, a la fecha se encuentra en declinación.

La autonomía de las subsidiarias no ayuda a crear un espíritu corporativo, al contrario, alienta la competencia a costa del bien colectivo: suben los gastos de refinación y del transporte; la exploración, encargada a privados, no garantiza resultados; así todos ganan, menos la casa matriz. La explicación lacónica de que no hay petróleo no explica el porqué se emprendió un proyecto sin una evaluación que aminore los riesgos de una tarea aleatoria, sin una clara política estratégica. El Estado Plurinacional ha establecido la categoría del servidor público, para identificar el compromiso del funcionario con el pueblo y su proyecto liberador; por eso todo el personal, más allá de sentir las esperanzas del pueblo, debe asimilar, defender y poner en práctica las enseñanzas de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Sergio Almaraz.

En enero de 2022, el Ministro de Hidrocarburos y Energías anunció la importación de petróleo crudo para alimentar nuestras refinerías paradas y reducir en algo la importación de gasolina y diésel subvencionados por el Estado. Se habló de un ahorro de $us 150 millones en la gestión, para lo cual se liberaba a YPFB del gravamen aduanero, del pago del IVA y los gastos administrativos, y se le habilitó para realizar el despacho anticipado. Sin embargo, la operación no se concretó, el 31 de diciembre de 2022 el presidente de YPFB anunció la importación de 182.500 barriles de petróleo crudo desde la Argentina por medio del ducto operado por YPFB Transporte: reiteró la conveniencia económica de la operación, con la recuperación de gasolina. diésel, asfalto, queroseno, gas licuado y aceites.

El 26 de marzo, el presidente de YPFB informó que se importó apenas 12.000 barriles de crudo y 56.000 de diésel por el ducto Yacuiba- Santa Cruz; además anunció la habilitación del oleoducto Sica Sica-Arica para la importación del crudo y su procesamiento en las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, señalando que así se ahorraría $us 500 millones al año. Es de suponer que, de arrancar esta nueva iniciativa, la ganancia para el país sería enorme, por cuanto se ahorraría la refinación del petróleo en el exterior y el transporte por carretera, se recuperaría la producción de combustibles, y con los subproductos se podría iniciar la era de la petroquímica, en este caso, en el occidente donde se consume el 60% de los combustibles, para producir plásticos y fertilizantes. Además de reducir sustancialmente el costo actual de la subvención a la gasolina y el diésel.

Faltaría un cambio estratégico: si no somos precisamente un país petrolero, habría que buscar convenios a largo plazo y precios estables, para garantizar los proyectos a emprenderse. El presidente Arce, con la diplomacia soberana antihegemónica del Estado Plurinacional, ha afianzado lazos con países como Venezuela, Rusia e Irán, deseosos de abrir mercados. Un ejemplo es Petrocaribe, donde Venezuela otorga un precio preferencial y crédito a largo plazo. Una relación de Estado a Estado, con la aprobación y fiscalización de la Asamblea Plurinacional es más beneficiosa y transparente que un contrato con privados.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Juan Carlos Pinto Quintanilla

/ 7 de marzo de 2023 / 01:19

La prensa anuncia la publicación de la “obra reunida” de Juan Carlos Pinto Quintanilla, al cumplirse dos años de su muerte: qué mejor homenaje que poner a disposición de las nuevas generaciones las visiones, aportes y dudas que tenía Juan Carlos, para entender el proceso de cambio e insistir en su profundización.

JC Pinto es de la generación que estuvo dispuesta a entregar su vida para destruir un sistema que aniquila a los hombres y la naturaleza con el fin de acumular riqueza; fiel a su formación, no podía permitir la profanación del templo por mercaderes que explotaban al hombre; su rebeldía le llevó a empuñar la escoba para barrer tanto oprobio. En la cárcel siguió proclamando su verdad, su acción le llevó a denunciar y mejorar las condiciones del cautiverio, para que el hombre enjaulado no perdiera su dignidad.

En el apogeo del neoliberalismo cuando se notaba el debilitamiento de la clase obrera a tal grado que estaba ausente de las batallas que se desarrollaban al iniciarse el siglo XXI, Juan Carlos buscó fortalecer el movimiento sindical, a través de la Mesa de Reflexión Sindical. La historia siguió su curso, el pueblo encauzó su energía y llegamos a la victoria del 18 de diciembre de 2005.

Las tareas inmediatas planteadas fueron la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. Juan Carlos estuvo presente en la organización y desarrollo de la Asamblea —la reunión de todos y todas— en la diversidad y los antagonismos propios de la misma, vibró con las batallas desarrolladas y aceptó que la acción moribunda de la República tenía en el Congreso colonial su último baluarte, logrando hasta 144 modificaciones al texto aprobado por la Asamblea. Era una victoria coyuntural la nueva Constitución, entendiendo que debiera restituirse lo recortado en una nueva acumulación de fuerzas: no duda de calificarla como una Constitución de transición. Surge la interrogante: ¿qué de lo esencial se quitó del diseño plurinacional para prolongar la agonía de la vieja República? Igualmente se planteó el dilema: ¿utilizar la vieja estructura estatal para avanzar o pugnar para destruirlo?

No basta el diseño: desmontar y, aún más, destruir las bases de la discriminación y la explotación requieren de mil batallas y de cada día, pero a la vez se trata de construir una nueva sociedad en base a nuevos paradigmas de sociedad, contrarios al sentido común inculcado durante siglos: el acumular riqueza para ser alguien, el triunfo personal sobre la desgracia de otros, la viveza de unos cuantos sobre la ignorancia de otros; se trata de hacer una revolución para cambiar el mundo, y la lógica impuesta por las leyes ciegas del mercado hoy requiere una acción consciente de todos los hombres y las mujeres; entonces la tarea principal es cambiar a la persona, crear al hombre nuevo.

Las reflexiones de JC Pinto en ese sentido nos ilustran los errores en que se caen por la inercia del viejo Estado: no entender la diferencia de hacer obras para el pueblo que con el pueblo; la primera es una visión paternal y de beneficencia, la segunda se constituye en una escuela de formación político-ideológica donde el pueblo aprueba la pertinencia de la obra, sabe de los costos y la forma como se financia, la racionalidad de los gastos o la desviación de ellos, el origen de los materiales y la conciencia de lo que nos falta. Por otro lado, no entender la diferencia entre funcionario y servidor público: en las empresas productivas del Estado, el obrero deja de ser un asalariado para ser un servidor del pueblo y no corresponde pelear contra el patrón —que es el pueblo— si éste le garantiza estabilidad laboral y un ingreso digno; su función más bien es cuidar la propiedad del pueblo y asegurar que su empresa sea eficiente; el quemeimportismo hace que la conducción de la empresa caiga en manos de una burocracia que la considera su propia hacienda, llevando a que sea una empresa ineficiente, que justifica la condena de propios y extraños.

JC Pinto coincide con el vicepresidente de entonces, Álvaro García Linera, que el movimiento social entró en un momento de reflujo conservador convirtiéndose en “beneficiarios y no en proponentes o interpeladoras”; el desafío actual está en determinar si esta actitud se romperá en una nueva oleada de rebeldía o se canalizará en propuestas que incentiven la participación en la toma de decisiones en la gestión gubernamental, con más democracia.

Poner en vigencia el ‘vivir bien’ es una tarea enorme, por lo cual la reflexión sobre cada paso que demos debe ser valorada críticamente, se trata de marchar conscientemente y eso requiere la meditación reflexiva sobre lo que hacemos; como dice Juan Carlos, “el proceso no solo necesita de una militancia activa, requiere con la misma fuerza que se lo critique y se delibere para construir colectivamente nuestro país”.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Comparte y opina: