Evaluar el desempeño de la economía boliviana en 2022 como se ha hecho a nivel oficial recientemente, transcurridos cinco meses de 2023, nos debería permitir reflexionar más que el logro de los récords alcanzados, los desafíos que empezaron a visualizarse ya a mediados de 2022 y se acentuaron desde comienzos de este nuevo año.

Los logros están relacionados con los datos macro sobre la baja tasa de inflación (3,12%), el buen crecimiento del PIB de 3,48%, la baja tasa de desempleo de 4,13%, superávit de la balanza comercial de $us 603 millones, récord de remesas de $us 1.437 millones y un saldo casi equilibrado de la balanza de pagos en cuenta corriente.

Sin embargo, los desafíos se deprenden del difícil contexto externo y de la llamada “pluricrisis” con efectos que ya empezaron a manifestarse a mediados de 2022. Es así que, por una parte, como consecuencia del alza en los precios de los alimentos y combustibles, a partir de agosto de 2022 Bolivia empezó a registrar déficits comerciales consecutivos que se prolongan hasta marzo de 2023, con un acumulado de $us 1.408 millones, equivalente a un 3,2% del PIB.

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Por otra parte, como resultado del sostenido incremento de las tasas de interés internacionales, en promedio más del 4%, los riesgos financieros se gatillaron incrementándose las salidas de capitales de las economías emergentes y ampliándose el diferencial de sus tasas respecto a las tasas de interés del tesoro de EEUU, un indicador de riesgo país.

En el caso de la economía boliviana, las transferencias financieras al exterior, a través del Banco Central, registraron en 2022 un incremento del 50% y el riesgo país de los bonos soberanos aumentó de alrededor 500 puntos a 1370 puntos a mayo de 2023.

Estos dos factores, déficit comercial acumulado y aumento de las trasferencias al exterior, enfrentaron un nivel de las reservas internacionales netas del BCB, que si bien ya se vinieron deteriorando desde un máximo alcanzado en 45% del PIB en 2014, en diciembre de 2019 todavía había llegado a niveles adecuados de reservas con un 16% del PIB. Sin embargo, los efectos de la crisis del COVID, de la guerra de Rusia contra Ucrania y el alza de las tasas de interés internacionales acentuaron los desequilibrios externos y pérdidas en las reservas internacionales en los mercados emergentes, que en el caso de Bolivia significó una caída de sus RIN a un nivel equivalente al 8,6% del PIB, por debajo de los estándares de los niveles adecuados de reservas. 

El problema fue que a principios de año, la mayor demanda de divisas enfrentó una oferta rígida de divisas del BCB, constituida en un 74,4% por las reservas monetarias de oro, 15% por Tenencias de DEG del FMI y solo un 9,5% de divisas. La rigidez se derivó de la autolimitación de la interpretación de que el BCB no podía disponer de sus reservas internacionales de oro, siendo que el artículo 16 de la Ley del BCB le autorizaba a disponer las mismas al estipular: El BCB administrará y manejará sus Reservas Internacionales, pudiendo invertirlas y depositarlas en custodia, así como disponer y pignorar las mismas… En caso de la pignoración del oro ésta deberá contar con aprobación legislativa.

En los hechos el BCB, después de la oportuna monetización del oro desde los años 90 y obtener su certificación internacional de good delivery, ya dispuso las reservas puesto que la casi totalidad de ellas no están físicamente en el país y fueron depositadas en los principales bancos del exterior, de primer nivel y de alta calificación crediticia.

Después de una larga tramitación, la reciente Ley 1503 en su artículo 9 dispone que “el Banco Central de Bolivia realizará operaciones en los mercados internacionales con las reservas en oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertirlas en divisas, a fin de optimizar la liquidez y/o el rendimiento de las Reservas Internacionales”. La pregunta del millón es si esas funciones no las podía hacer antes el BCB, con excepción de pignorar, mala palabra que tampoco aparece en la nueva “ley del oro”.

En todo caso se espera que se pueda disponer eficiente y oportunamente las reservas de oro monetario.

(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista

El proceso de globalización económica mundial impulsado en los años 90, expresado  en un aumento de la participación del comercio y la inversión extranjera directa en el PIB mundial, tuvo un máximo hasta la crisis financiera mundial de 2008, punto de inflexión a partir del cual se revierte su tendencia con una desaceleración de la globalización, denominada también slowbalization. Adicionalmente, entre la crisis financiera mundial y la pluricrisis actual, empezó la disputa hegemónica entre EEUU y China, primero solapadamente y después muy abiertamente con la guerra comercial de Trump y su guerra tecnológica, hasta la interrupción mundial con el COVID-19 en 2020. Sin embargo, posteriormente volvió a reanudarse con la guerra entre Rusia y Ucrania, la intervención de los aliados con sanciones económicas y la continuación de la guerra tecnológica ahora con Biden con su Ley de Chips y Ciencia, con el objetivo de impulsar la producción de semiconductores y dejar de depender de China en la provisión de chips.

Así, se habló inicialmente del desacoplamiento con China, pero después de la relocalización de la IED; primero con la excusa del COVID-19 propiciando el nearshoring o abastecimiento cercano y, después, con motivo de la guerra, impulsando directamente, como en el caso de Janet Yellen, secretaria del  Departamento del Tesoro de EEUU, el friend-shoring o “relocalización ideológica”, es decir la tendencia de centrar las relaciones con países que se consideran aliados económicos y políticos, orientada a “favorecer el apuntalamiento de amigos de las cadenas de suministro a un gran número de países de confianza, para que podamos continuar extendiendo de manera segura el acceso al mercado, reducirá los riesgos para nuestra economía, así como para nuestros socios comerciales de confianza”.

Así, en el contexto de los tiempos actuales en que se da un proceso de fragmentación geoeconómica del tablero mundial, parece que Brasil escogió cuál va a ser su friendshoring o “relocalización entre amigos”, con la suscripción de 15 acuerdos con China por un monto estimado de 50.000 millones de reales, equivalente a $us 10.000 millones, aunque a Lula no le guste la conversión. Los acuerdos ayudarán a Brasil a avanzar en áreas como energía renovable, industria automotriz, agroindustria, líneas de crédito verde, tecnología de la información, salud e infraestructura.

Dentro de estos acuerdos está clara la intención de potenciar industrialmente al Brasil con capital chino. Así, el Ministro de Hacienda de Brasil dijo que «el presidente planteó, en todas las reuniones, el desafío de intensificar los estudios sobre la factibilidad de reindustrializar Brasil en asociación con el capital chino, que está disponible y ve en América del Sur una oportunidad para crear allí una plataforma para sus productos tanto para la venta local como para la exportación». Comentó la intención de utilizar sus monedas locales en el comercio recíproco, como una forma de «escapar de la camisa de fuerza de tener el comercio fijo en la moneda de un país que no es parte de la transacción». Los BRICS no son una amenaza contra el dólar, porque saben muy bien que más del 60% de las reservas internacionales del mundo está en dólares, y no solo es una moneda fuerte para el comercio sino para las transacciones financieras y de capital.

Por tanto, mientras que algunos países en América del Sur, como Chile, están por los acuerdos de comercio e inversiones profundos, como en el caso del TPP-11, donde se da el libre tratamiento a la inversión extranjera, Brasil ya dio señales con un acuerdo de $us 10.000 millones, con el objetivo claro de aprovechar la inversión directa extranjera procedente de China y, además, cuenta con el Banco de los BRICS que hasta la fecha aprobó proyectos por un monto de $us 32.800 millones. Al medio, está Bolivia con 13 acuerdos de cooperación suscritos con Venezuela y con el Banco del Alba, que según su sitio web, “a octubre de 2019, el acumulado histórico de financiamientos del Banco del Alba (con fondos propios y de terceros) alcanzó la cifra de $us 421,22 MM, una magnitud que logra triplicar tanto su capital como su patrimonio”.

(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista

El último informe del FMI de abril sobre las perspectivas de la economía mundial, es muy similar a sus informes anteriores, con pequeños ajustes de entre -0,2 y 0,2 puntos porcentuales sobre sus proyecciones de crecimiento mundial, de los países avanzados y las economías emergentes y en desarrollo. Su mensaje central es que la inflación se está desacelerando poco a poco, pero el crecimiento económico se mantiene en niveles históricamente bajos y los riesgos financieros han aumentado.

El informe enfatiza que la recuperación de la actividad económica es difícil, escarpada y que está en un “punto del ciclo contractivo” donde cabría esperar más indicios de moderación en el producto y el empleo. En cambio, si bien la inflación ha disminuido, sique siendo persistente debido la inflación subyacente, que no toma en cuenta los precios de los alimentos y combustibles.

La realidad que no resalta con sus propias cifras es el de la estanflación, puesto que solo prevé que las economías avanzadas experimenten una desaceleración del crecimiento especialmente pronunciada, desde 2,7% en 2022 a 1,3% en 2023. Es así que de los países avanzados del Área del Euro, Alemania, que en marzo de 2023 estaba con una inflación del 7,4%, entraría en recesión este año junto con el Reino Unido y Suecia, que a marzo de 2023 estaban ya con una inflación superior al 10%. El Área del Euro, que está con una inflación del 6,9% a marzo, estaría en 2023 con un crecimiento del 0,8% junto con Suiza (que está con inflación de 2,8% a marzo). Para Dinamarca (que estaba con un 6,75 de inflación a marzo) prevé crecimiento cero.

El FMI no muestra directamente las causas que llevaron a la economía mundial a esta situación de crisis, y solo menciona de refilón que “Las perspectivas son de nuevo inciertas, rodeadas por las turbulencias del sector financiero, la elevada inflación, los efectos desatados por la invasión rusa de Ucrania y los tres años de COVID-19”. Es así que no aparece el factor determinante como la fuerte alza de las tasas de interés.

En cuanto a las medidas para enfrentar la crisis se centra en la inflación y después en las perturbaciones financieras para recomendar que “podría requerir una contracción de la política monetaria mayor o más prolongada de lo previsto actualmente”.

En el caso de la región de América Latina y el Caribe señala que si bien en 2022 el crecimiento de la región ha sido más firme de lo esperado, 2023 se caracterizará por una desaceleración económica, mas no una recesión, con excepción de Chile. Proyecta que el crecimiento se desacelerará de un notable 4% en 2022 a 1,6% este año.

Destaca que pese a la acción oportuna de los bancos centrales de la región, la inflación se ha mantenido elevada. Sin embargo, cabe recordarle al FMI que los bancos centrales de la región subieron incluso más rápido y a niveles más elevados sus tasas de política monetaria, que están en 11% en promedio, muy por encima del 3,8% en promedio en los países avanzados. La inflación en 2022, en promedio, estuvo por el 8,5%, pero con registros de Chile y Colombia por encima del 10%, sin contar el caso de altísima inflación de Argentina.

Es así que preocupa lo que el FMI llama los “desafíos para la política económica”, para bajar la inflación se necesita una orientación sostenida de política monetaria restrictiva y que ahora, la novedad del año, la política fiscal debe asumir una parte mayor de la carga, aunque con un poco de culpa de conciencia alerta que “esto puede resultar difícil en vista de las continuas tensiones sociales”.

Llama la atención que las recetas del FMI sigan siendo las mismas sin tomar en cuenta el contexto de las crisis, sus causas, sus características y sus efectos. Si esto fuera verdad, ya no se necesitarían sus famosos informes, que no varían ni de forma ni de contenido, aunque su directora-gerente recite palabras de Mandela sobre las colinas y la dificultad de subirlas y que después de una colina hay otra que sigue. En cambio, en la discusión académica y dentro del mismo FMI hay importantes cambios en los enfoques de la política fiscal y política monetaria que no han arribado a los niveles de decisión y ejecución y terminan en unos papeles de política (policy papers).

Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista.

Una economía pequeña y abierta como la economía boliviana, por más “blindada” que se crea o se suponga, no puede resistir por mucho tiempo una megacrisis que se prolonga desde los tiempos del COVID-19 en 2020, los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania, y el alza tremenda de las tasas de interés, la estanflación y la crisis bancaria reciente.

Oportunamente, alerté en mi artículo Los efectos de la guerra y las opciones de política, en LA RAZÓN, que: “El impacto más notorio en la economía boliviana de esta pluricrisis fue en el desequilibrio del sector externo, el cual se puede enfrentar con mayor endeudamiento externo, modificación del tipo de cambio y con uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Bolivia optó por las RIN, las cuales, en enero de 2020, antes de la primera crisis, eran de $us 6.374 millones y que, a enero de 2023, como resultado de la pluricrisis, cayó a 3.616 millones, mostrando una pérdida acumulada de $us 2.758 millones”.

La cereza de la torta fue el shock del bloqueo externo relacionado con la crisis del Perú y el bloqueo interno derivado de los problemas políticos que terminó con expresarse en el déficit comercial de $us 250 millones registrado en enero de 2023. Sin embargo, ese déficit fue el sexto mes consecutivo que marcó la reversión de los superávit comerciales mensuales que el país había registrado hasta agosto de 2022.

Desde el año pasado alerté sobre los efectos de la crisis y sobre el uso de las reservas de oro para dar una mayor liquidez en dólares. Lamentablemente, no se utilizó la misma Ley del Banco Central que le permite disponer inmediatamente las reservas de oro, aunque no pignorar, que significa dejar algo en prenda. En cambio, se envió todo un proyecto de ley que sigue durmiendo en la Asamblea.

Así, parte del problema de “liquidez” de dólares que se vive ahora es producto de no haber dispuesto oportunamente de solo una parte de las reservas de oro (una tercera parte equivale a $us 900 millones) para convertirla en “divisas”, pero eso sí, manteniendo el resto, puesto que actualmente está el oro con un precio alrededor de los $us 2.000 la onza troy fina, lo que debería haber sido una buena noticia para el país.

Recién cuando surgieron los problemas de “liquidez”, el BCB dispuso el uso de las tenencias de DEG, que según su comunicado del 15 de marzo, “como todos los activos externos que forman parte de las Reservas Internacionales administradas por el BCB, las Tenencias DEG son de libre disponibilidad del Ente Emisor”. La misma explicación debería haberse aplicado para el uso de las reservas de oro, ya que también son de libre disponibilidad.

Pero, adicionalmente Bolivia tiene capacidad para endeudarse, de obtener un mayor financiamiento externo, puesto que tiene un bajo nivel de endeudamiento, en torno al 30% del PIB, que es muy distinto a la época de la UDP con más del 100% del PIB. Lamentablemente, la aprobación de algunos créditos sigue en la Asamblea y no debería haber trabas políticas para los actuales y menos para los futuros créditos.

Por último, Bolivia es país miembro del FMI y le corresponde el pleno derecho de solicitar financiamiento para atender desequilibrios transitorios de su balanza de pagos que se expresan en la disminución de las reservas internacionales. Chile, Colombia y México, países con gobiernos no neoliberales, tienen actualmente acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF) “para hacer de frente de manera flexible a necesidades de balanza de pagos reales y potenciales”.

Es una línea diferente a los programas ordinarios del FMI, ya que no se desembolsan por cuotas y, además, no está sujeta “a condicionalidad ex post”, es decir, así no cumple una serie de metas estrictas.

Constituye una especie de buffer stock o seguro para hacer frente a los efectos de la desaceleración de la economía mundial, el shock adverso de precios de las materias primas, los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania y el alza de tasas de interés internacional. O sea, están diseñados justamente para esta megacrisis.

En consecuencia, hay que poner un nuevo blindaje acorde con los misiles de esta megacrisis y corregir oportunamente nuestros errores o tocar madera.

Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista.

Cuando se analizan los efectos de la guerra y su impacto en la economía boliviana es bueno precisar previamente que la economía global atraviesa por una conjunción de tres crisis; la inicial con el COVID-19 y sus prolongaciones en China que dislocaron las cadenas de suministro mundiales, aumentaron los costos de envío, contrajeron la oferta de suministros y generaron medidas de expansión fiscal para contrarrestar sus efectos negativos en las empresas y en la gente. El producto global cayó en 3,2% y cuando la actividad económica mundial se estaba recuperando, puesto que en 2021 creció un 5,9%, vino un segundo sacudón en febrero de 2022, hace un año, con la invasión de Rusia a Ucrania, el apoyo directo de los “aliados” y especialmente la proliferación de sanciones comerciales y financieras que generaron una nueva dislocación económica ahora en función de los intereses geopolíticos y económicos en juego.

La torta de la cereza la pusieron los Bancos Centrales de los países avanzados al subir simultáneamente sus tasas de interés ante el aumento de la inflación, la cual de 3,1% en 2021 trepó a un 7,3% en 2022, y que llegó en el caso de Europa a los dos dígitos al superar el 10% en los dos últimos trimestres de 2022.

La “normalización financiera” que reclamaba el FMI en realidad fue un descoordinado endurecimiento de las condiciones financieras que, junto con la revaluación del dólar, incentivó en los países en desarrollo salidas de capitales de corto plazo, depreciaciones cambiarias, caída de las Reservas Internacionales y aumento del spread de los bonos de la deuda.

El impacto más notorio en la economía boliviana de esta pluricrisis fue en el desequilibrio del sector externo, el cual se puede enfrentar con mayor endeudamiento externo, modificación del tipo de cambio y con uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Bolivia optó por las RIN, las cuales, en enero de 2020, antes de la primera crisis, eran de $us 6.374 millones y que, a enero de 2023, como resultado de la pluricrisis, cayeron a 3.616 millones, mostrando una pérdida acumulada de $us 2.758 millones.

Frente al desequilibrio en el sector externo por factores no controlados, el país podría recurrir a las instituciones financieras internacionales creadas expresamente para financiar desequilibrios de balanza de pagos, como el FMI y el FLAR, del cual Bolivia forma parte y es miembro activo con derechos y obligaciones.

En el caso del FMI, dentro de la diversidad de líneas de financiamiento o facilidades financieras, está la Línea de Crédito Flexible (LCF) creada el 24 de marzo de 2009 como parte de una profunda reforma de los mecanismos de préstamo del FMI, la cual “permite a los países beneficiarios utilizar la línea de crédito en cualquier momento para hacer frente de manera flexible a necesidades de balanza de pagos reales y potenciales. Los giros en el marco de la LCF no se escalonan ni están sujetos a condicionalidad ex-post, como ocurre con los programas ordinarios del FMI”.

El año pasado, el FMI aprobó un acuerdo de dos años para Chile de Boric en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto de DEG 13.954 millones ($us 18.500 millones; equivalente al 800% de su cuota). Que “reforzará temporalmente los buffers precautorios para Chile y brindará un seguro importante frente a una amplia gama de riesgos, como los derivados de una posible desaceleración brusca de la economía mundial, choques de precios de las materias primas, las repercusiones de la guerra de Rusia en Ucrania, o un continuo endurecimiento de las condiciones financieras internacionales”.

La cuota de Bolivia en el FMI es de 240,1 de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a $us 320 millones, por lo que un monto similar a 800% de la cuota seria de $us 2.400 millones, cercana a la pérdida de RIN asociada a los shocks externos producto de la pluricrisis.

La LCF la utilizan Chile, Perú, Colombia y México, que no son neoliberales.

Eso sí, se requiere reconocer el problema (que ya es parte del 50% de la solución), romper el velo ideológico y utilizar los mecanismos disponibles en función de los intereses del país.

* Esta es una versión corta del artículo que salió erróneamente en el suplemento El Financiero del domingo 5 de marzo bajo el nombre de Pablo Deheza y bajo el titulo “Los efectos de la guerra y la política”.

Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista.