Recientemente se publicó que más de $us 5.000 millones de las reservas se usaron para pagar deuda externa, lo cual no es correcto porque dicha cifra solo considera los pagos de la deuda externa y no los ingresos de crédito externo (desembolsos). Para tener una mirada completa de las reservas se debe tomar en cuenta los ingresos y salidas de dólares. No se puede mirar un solo lado de la moneda.

Entre 2013 y 2021, los ingresos por deuda externa alcanzaron $us 10.762 millones y el servicio de deuda externa alcanzó $us 4.717 millones. La resta de estos datos resulta en una transferencia neta positiva de $us 6.045 millones. Con estos datos no se puede concluir que las reservas disminuyeron por la deuda externa porque ésta genera entrada de divisas, así como salidas.

Mas allá de estas cifras es importante dejar en claro que la deuda no se paga con las reservas internacionales, sino con la generación de valor agregado (la riqueza generada) de un país. Por eso es mejor comparar los pagos de deuda externa con la producción (PIB).

Un indicador que evalúa qué tan pesados u onerosos son los intereses para el país es el ratio de los intereses de deuda externa respecto al PIB. Para el periodo de entre 2013 y 2021 este ratio estuvo alrededor de 0,24%, manteniéndose estable en este periodo. Esto significa que el pago de los intereses de deuda externa está suficientemente respaldado por la generación de riqueza.

En este sentido, las exportaciones de valor agregado también son un respaldo genuino de los pagos de la deuda externa, más que las reservas. Otro indicador correcto para la evaluación de la liquidez de la deuda pública es el ratio del servicio de la deuda pública externa del Tesoro General de la Nación respecto a las exportaciones de bienes y servicios.

En 2021, el mencionado ratio alcanzó 6,7%, el cual fue inferior al 10,1% registrado en 2020 y el 7% en 2019, mostrando por tanto liquidez sostenible para los pagos de la deuda externa. Al respecto, es importante resaltar que las exportaciones han estado creciendo los últimos años hasta llegar a $us 13.653 millones en 2022.

La esencia de la sostenibilidad de los ratios de liquidez de la deuda externa no solamente está basada en la generación de valor agregado y aumento de las exportaciones actuales, sino también en la generación de nuevos productos y exportaciones a futuro.

Al respecto, Bolivia tiene el litio, que podrá venderse a futuro en mayores cantidades, ya sea como materia prima o en forma de baterías de litio, y será un producto que aportará a la generación de divisas. Asimismo, se prevé la puesta en marcha de productos derivados del hierro del Mutún, entre otros proyectos generadores de divisas.

A esto se debe añadir que la deuda externa entre 2013 y 2021 ha desembolsado recursos para fortalecimiento del sector agropecuario en $us 525,6 millones. Esta inversión genera la mejora de ingresos a través de ventas al mercado interno y externo. Entonces, por este lado Bolivia tiene potencial para generar divisas ahora y en el futuro.

En conclusión, se puede decir que la deuda pública se paga con generación de valor agregado, con producción y exportaciones y no con las reservas internacionales. La situación actual de las reservas no es culpa del pago de la deuda externa. La caída de las reservas tiene otras determinantes, las cuales están relacionadas al contexto externo como la inflación internacional, el alza de las tasas de interés internacionales y la guerra entre Rusia y Ucrania. El servicio de la deuda externa no es depredador y está muy lejos de la situación de la deuda de Bolivia en las décadas de los años 70 y 80, tanto en términos cuantitativos y cualitativos.

Marco Gavincha es economista.

Recientemente, se ha insinuado que la deuda externa es insostenible. Sin embargo, parafraseando al economista argentino Calvo se podría decir que la sostenibilidad de la deuda es muy parecida a la honestidad, nunca se puede certificar por completo y las pruebas tardan en materializar.

Si bien la sostenibilidad es difícil de comprobar, se pueden recolectar algunas pruebas para dar luz sobre el asunto. Una deuda sostenible significa que un gobierno es capaz de pagar su deuda con ingresos futuros.

Al respecto, Bolivia para honrar su deuda externa necesita alrededor de 2% de su PIB, la cual es inferior al servicio de la deuda de la década de los años 70 cuando se necesitaba entre 10 y 15% del PIB. Por tanto, se puede decir que Bolivia es solvente para pagar su deuda externa.

Además, se puede añadir que una deuda es sostenible si la división Deuda/PIB o Deuda/Exportaciones son estables, declinan o son suficientemente bajos. A octubre de 2022, la deuda externa total alcanzó 29,9% del PIB, la cual es menor a gestiones anteriores. Por ejemplo, en 2020, la deuda externa alcanzó 33% del PIB. Por tanto, la deuda externa es sostenible porque está descendiendo.

La deuda externa igual es sostenible porque al 2022 la relación entre deuda externa y las exportaciones alcanzó, aproximadamente, 97%, lo cual es muy inferior al umbral del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 180%. Una vez más, la deuda externa es sostenible en este sentido.

La deuda externa boliviana es sostenible porque es una deuda a largo plazo, de hecho, Bolivia no tiene deuda externa a corto plazo, lo cual implica que las necesidades de financiamiento son bajas. Una deuda de largo plazo ayuda a minimizar riesgos de iliquidez. Al respecto, en 2021 el servicio de la deuda externa con relación al nivel de exportaciones alcanzó, aproximadamente, 7%, el cual fue inferior al umbral de referencia del FMI, 15%.

Los anteriores datos muestran que la deuda externa es sostenible y todavía hay un espacio para aumentarla si fuese necesario. En este sentido, Bolivia podría calificar para incursionar en el mercado internacional de bonos verdes, sociales y sostenibles.

De acuerdo con el informe de Climate Bonds Initiative, Encuesta sobre bonos soberanos verdes, sociales y sostenibles, El poder transformador del mercado, países como Bolivia pueden adquirir deuda externa si aplican a ciertas características como la promoción de inversión en infraestructura de transporte público que usa electricidad. Según el informe, otro gasto elegible financiado por deuda externa es la inversión en pesca sostenible.

Al respecto, Bolivia es pionero en el transporte público con energía eléctrica en el sistema de teleféricos. De igual manera, está desarrollando pesca sostenible con sustitución de importaciones en el lago Titicaca. En el mismo sentido, está promoviendo incentivos tributarios a la importación de bienes de capital y autos eléctricos. Por su parte, los municipios también podrían dar incentivos para promover que las familias usen menos sus autos y más los buses públicos eléctricos, con financiamiento externo, lo cual sería innovador.

Muchas de estas medidas reducirían posibles daños ambientales y disminuiría la subvención a los hidrocarburos. En el caso de las plantas piscícolas sostenibles se profundizaría la sustitución de importaciones.

Los indicadores recientes de solvencia y liquidez de la deuda externa denotan sostenibilidad, pero no se debe bajar la guardia. Lo peor sería dictar un alto abrupto a la deuda externa y generar un parón económico como de 2020. Lo importante de la deuda externa es el uso de los recursos externos. Por ejemplo, se podría adquirir deuda externa para disminuir la contaminación y promover la estabilidad económica sin perder de vista la justicia social.

Marco Gavincha Lima es doctor en Ciencias Económicas

Recientemente el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, declaró que “en Santa Cruz, el que manda es el cruceño, el que vive y trabaja y la ha hecho grande. No vamos a permitir que nadie de otro lado venga a querer imponer nada en Santa Cruz”, aludiendo a las supuestas malas políticas nacionales del Gobierno y olvidando todo el valor generado por el Gobierno central históricamente en Santa Cruz.

Algunos como el señor Calvo también piensan que el sector agroproductor privado es eficiente, productivo e innovador y que el gobierno es malo, inepto e ineficiente.

Al respecto, Mariana Mazzucato, economista, tiene un libro llamado El valor de las cosas, el cual es una voz “diferente” en el terreno de la economía. El libro plantea ideas sobre cómo los gobiernos crean riqueza y cómo los grandes monopolios privados extraen los frutos de lo que siembran los gobiernos.

La autora pone en duda las historias de éxito de los empresarios privados altamente productivos que día a día generan millones de dólares; Google, por ejemplo. Mariana hace notar que el internet, el GPS, la pantalla táctil, SIRI y el algoritmo que utiliza esta empresa, han sido financiados por instituciones públicas. Es el gobierno el que arriesga, crea valor e innova, y Google la que genera ganancias.

En el contexto boliviano esta lectura es provocadora porque nos obliga a pensar en todos los esfuerzos del sector público en el sector empresarial agroproductor, entre otros.

En 1952, el Estado comenzó la construcción de la carretera Cochabamba- Santa Cruz, conectando por primera vez estos dos departamentos. A partir de esa carretera se abrieron las puertas para producir y sacar alimentos hacia el occidente del país y el extranjero.

Entre 1953 y 1994, el Estado propició la dotación de tierras, de las cuales el 51% son de Santa Cruz. Después, estas tierras fueron la base para obtener créditos productivos en los sectores del algodón y la soya.

Entre 1987 y 1997, el Estado boliviano trabajó las normas en la Comunidad Andina que establecen tratamiento especial y diferenciado a las exportaciones bolivianas, incluyendo a las exportaciones de soya. Resultado de estas gestiones, las exportaciones de soya y sus derivados hacia la CAN acumularon $us 17.576 millones entre 1990 y agosto de 2022.

Actualmente, el Estado otorga subvenciones a los precios de la gasolina y el diésel por un valor de $us 688,9 millones. Esto facilita a que exista estabilidad en los precios del transporte y en los costos de producción, incluyendo al sector agroproductor de Santa Cruz, que paga Bs 3,72 por litro de diésel, cuando a nivel internacional sobrepasa los Bs 8.

A pesar de los esfuerzos estatales, Santa Cruz no ha cambiado sustancialmente la dirección de su camino. La participación de la producción manufacturera sin alimentos en 1990 era 11%, y en 2019 continuó siendo 11%.

Sin embargo, Santa Cruz tiene potencial para la diversificación productiva. Para esto es necesario mayor participación del Estado en la economía, tanto a nivel central como local. A Santa Cruz le hace daño endiosar a sus empresas privadas y sus élites como la fuerza innovadora de su economía, arrinconando al torpe Estado para lo básico.

La realidad es que el sector agroproductor de Santa Cruz se ha caracterizado por recibir todo en bandeja de plata y hoy quiere declararse heredero de las joyas de la abuela olvidando los esfuerzos del Estado. Esta visión está perjudicando a Santa Cruz y por eso se requiere una dosis de un Estado más activo, con inversión estratégica para cambiar el timón de su economía extractivista.

Marco Gavincha es economista.

En los últimos días, algunas instituciones han observado el artículo cuarto de obligatoriedad en la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, argumentando que vulnera las autonomías departamentales, municipales y universitarias. El artículo textualmente dice: “El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025… es de ejecución y aplicación obligatoria por parte de las siguientes entidades: a) Órgano Legislativo, b) Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas, c) Órgano Judicial, d) Órgano Electoral, e) Tribunal Constitucional Plurinacional, f) Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, g) Entidades Territoriales Autónomas, h) Universidades Públicas…” Al respecto, se puede notar que la obligatoriedad no implica pérdida del derecho a la autonomía.

Una muestra clara de esto es lo que pasó con la Ley 786 de 2016, sobre Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, donde su artículo cuarto establece el mismo texto que la Ley 1407. En el quinquenio 2016-2020, tanto las entidades territoriales autónomas como las universidades públicas no perdieron ni un milímetro en sus gestiones autónomas. Todas las instituciones funcionaron y ejecutaron actividades de manera normal y por esta razón las autonomías no corren ningún riesgo el próximo quinquenio.

Una de las posibles razones para la mala interpretación del artículo cuarto de obligatoriedad podría radicar en el desconocimiento del proceso de planificación nacional. Puesto que la Ley 1407 del PDES 2021-2025 solamente establece lineamientos generales sobre la visión de país del gobierno de turno, por ejemplo, reducir la pobreza. Usualmente los lineamientos generales de un PDES son de consenso general y tienen un respaldo político otorgado en las elecciones nacionales.

Y es que la planificación es un método para producir un “cambio” en el curso tendencial de los eventos, el cual tiene tres gradas importantes: el escalón de arriba es la planificación del desarrollo (PDES), la grada del medio es la planificación estratégica institucional y más abajo se encuentra la planificación operativa (POA). El PDES da el norte de país que queremos alcanzar y los POA concretizan acciones de manera autónoma para alcanzar los objetivos del proyecto país. Cada institución (departamental, municipal y universitaria) tiene el derecho a elegir qué objetivo seguir más y qué objetivo seguir menos de acuerdo con la realidad que vive cada institución.

La Ley 1407 es el paraguas general para que las alcaldías, las universidades públicas y el resto de instituciones públicas puedan proponer y descolgar acciones concretas en sus procesos de planificación para lograr un país con menos pobreza, menos desempleo, menos feminicidios, más crecimiento económico, más microempresas productivas y más industrialización con sustitución de importaciones.

Marco Gavincha es economista.