En tiempos como los actuales es fundamental opinar con conocimiento de causa y respetando las opiniones distintas, más aún en temas económicos; sin embargo, este aspecto no siempre ocurre como lo demuestra el efecto Dunning-Kruger, en el cual las personas cuanto menos saben, más creen saber, e intentan muchas veces imponer sus ideas como verdades absolutas.

Dicho efecto es un sesgo cognitivo, donde las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobrestimar esas mismas habilidades, capacidades y conocimientos. Como resultado, estas personas suelen convertirse en ultracrepidianos: gente que opina sobre todo lo que escucha sin tener idea, pero pensando que sabe mucho más que los demás.

Por otra parte, están los analistas, que son personas con la capacidad intelectual y académica, con experiencia laboral para profundizar algún tema y dar su punto de vista técnico, sin defender intereses propios. En este sentido, el objetivo de este artículo es reflexionar sobre hechos que causan los opinadores e incluso muchos analistas con la habilidad de alterar e interpretar los números a su antojo, con el fin de comprobar sus hipótesis a toda costa. He aquí algunos ejemplos en materia económica:

a) Gabriel Espinoza, exdirector de Banco Central de Bolivia (BCB), en enero de la presente gestión señaló que el Decreto Supremo 4850 ejercerá mayor presión tributaria sobre los contribuyentes y encarecerá los bienes muebles con la “creación de un nuevo impuesto a la renta personal”, como si se tratase de una transacción con fines comerciales. Claramente la aseveración es falsa, por cuanto, la creación, modificación o eliminación de impuestos debe efectuarse mediante ley, en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE).

b) Jaime Dunn, especialista en temas económicos y financieros, en la gestión 2022 expresó que “el modelo económico boliviano había caducado, y, que la situación económica de Bolivia es un tema muy complejo, con diversas aristas y pocas certidumbres”. Contrastando con la realidad económica, se evidencia una total falacia en lo enunciado por Dunn, considerando que la economía boliviana al tercer trimestre de 2022 creció en 4,3%, acompañado de estabilidad de precios y reducción de la tasa de desempleo y de la pobreza, devolviendo la certidumbre y seguridad a la población; en 2021 se obtuvo un crecimiento del 6,1%, después de un decrecimiento de -8,7% registrado en 2020.

c) Juan Antonio Morales Anaya, expresidente del BCB, en un artículo titulado ¿Estamos saliendo adelante? (2022) pone en tela de juicio el comportamiento de distintos indicadores económicos, y defiende a capa y escudo las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestando que las mismas deben ser consideradas en la administración actual de la economía boliviana. Morales no recuerda que, en periodos neoliberales y con imposiciones del FMI, el crecimiento económico en 1999, 2000 y 2001 apenas era de 0,4%, 2,5% y 1,7%, respectivamente. La inversión pública ejecutada en el periodo 1992- 2005 alcanzaba en promedio $us 590 millones. Asimismo, el ingreso del país estaba prácticamente hipotecado, en 1987 el 99% del PIB estaba endeudado.

d) Joshua Bellott Sáenz, opinador económico, en 2022 señaló en un medio de prensa que la Gestora Pública (GP) podría hacer desaparecer los ahorros de toda la vida de los asegurados, además que el Estado ya habría dispuesto de los recursos de los fondos de pensiones y que ingresaron al sistema bancario para otorgar préstamos. Aclarar que en el marco de la CPE y la Ley 065, los fondos del Sistema Integral de Pensiones son patrimonios autónomos que no pueden ser dispuestos por ningún gobierno, y se administran de forma independiente. Estos recursos tienen como único destino la inversión para generar rendimientos que posteriormente financian el pago de pensiones y beneficios de la seguridad social de largo plazo.

El lector también debe saber que existen analistas económicos que hacen el rol de profetas, tal es el caso de Gonzalo Chávez, o como él se hace llamar “Nostradamus Chávez”, que lamentablemente no acierta a ninguna de sus predicciones. Finalmente, si la persona es analista u opinador está en la obligación de brindar información fidedigna, a fin de no generar zozobra en la población boliviana, con datos falsos, erróneos y sin sustento técnico.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

Sin duda alguna, 2022 tuvo un escenario de crisis mundial, por la guerra Rusia-Ucrania y las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19, con caída de la actividad económica, encarecimiento de los principales alimentos, materias primas y energéticos, incidiendo en niveles de inflación mundial no vistos en los últimos 40 años. Para frenar la inflación las potencias mundiales incrementaron las tasas de interés, con créditos financieros inaccesibles, ralentizando la expansión económica.

En el caso boliviano, desde noviembre de 2020 se reinstauró el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), se implementaron medidas económicas y sociales para la reconstrucción y la reactivación de la economía (y oferta), sin descuidar la salud de la población mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

Producto de las acertadas políticas económicas y sociales, y la administración responsable con soberanía de las finanzas públicas, la economía en 2022 tuvo un buen desempeño, que fue distinguido por instituciones internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, The Economist Intelligence Unit, BBC Mundo, Sputnik y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a pesar de la coyuntura mundial compleja.

En 2022, el crecimiento económico al primer semestre fue 4,1%, por la demanda interna (inversión y consumo), donde se destacan las actividades de transporte, almacenamiento, servicios básicos, construcción, minería, establecimientos financieros, manufactura, entre otros. La inversión pública, al tener un efecto multiplicador en la economía, también juega un rol importante en el crecimiento, y más aún considerando que permitirá fortalecer la matriz productiva para la industrialización con sustitución de importaciones, a través de los sectores productivo e infraestructura; el nivel de ejecución entre noviembre 2021 a octubre 2022 ascendió a $us 2.448 millones.

La tasa de desempleo se redujo a 4,2% al tercer trimestre de 2022, lo que se traduce en la inserción de más de 1,3 millones de personas al mercado laboral. A julio de 2020, esta tasa había subido al 11,6%. Con relación a la inflación, registra 3% a noviembre de 2022, siendo la segunda tasa más baja a nivel mundial. Respecto a las exportaciones, Bolivia rompió récords, a octubre de 2022 el nivel alcanzó a $us 11.573 millones, incidiendo positivamente en la balanza comercial con $us 825 millones.

Como reflejo del crecimiento económico, a noviembre de 2022 la recaudación tributaria ascendió a más de Bs 54.142 millones. El sistema financiero se mostró estable y fortalecido, el ahorro tuvo un importe de $us 32.217 millones, la mora registró el 2,3% y la bolivianización penetró el 99% de los créditos y el 86% del ahorro financiero. La información respalda el buen desempeño de la economía en 2022; no obstante, el paro cívico de 36 días afectó negativamente con una pérdida económica de más de $us 1.296 millones.

Para 2023, Bolivia perfila mantener la estabilidad económica, una inflación controlada con énfasis en los proyectos de industrialización con sustitución de importaciones. Es un año para consolidar la reconstrucción de la economía con una tasa de crecimiento positivo (4,86%), estabilidad de precios (inflación de 3,57%) y un modelo que irá sustituyendo las importaciones gradualmente para generar un sector productivo con industrialización en química básica, industria farmacéutica, entre otros proyectos de inversión productivos, de infraestructura y sociales, que suman $us 4.006 millones.

Bolivia en 2023 está retornando a la senda del crecimiento sostenido, con estabilidad de precios y con un sistema financiero sólido y bolivianizado. Con la continuidad del MESCP se prioriza la demanda interna, el incremento del ingreso, la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo y de la desigualdad, por cuanto la administración de la economía es efectuada de manera soberana.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto; en este contexto, el Presupuesto General del Estado (PGE) se constituye en el instrumento más importante de la política fiscal para reconstruir y reactivar la economía boliviana, priorizando la asignación de recursos a la inversión pública, así como los gastos en los sectores de salud y educación, políticas sociales, alimentos, servicios básicos, entre otros programas de interés social y de necesidad poblacional.

El PGE se compone de dos grupos de cuentas; por un lado, los ingresos, que corresponden a la estimación de recursos que podrían ser captados por las actividades que realiza cada entidad, ingresos por recaudación tributaria, regalías, donaciones y otras fuentes financieras; y por el otro lado, los gastos, que constituyen las erogaciones recurrentes basados principalmente en la administración y operación de la institución pública, como ser sueldos y salarios, servicios básicos, materiales y suministros, impuestos, así como gastos destinados a proyectos de inversión orientados a la creación o adquisición de bienes de capital, como ser la compra de maquinaria, construcción de edificios, entre otros que contribuyen a la formación bruta de capital fijo.

En este contexto, el PGE refleja el impacto de la intervención del Estado en la economía boliviana, asumiendo con responsabilidad el papel protagónico para la implementación y aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), convirtiendo al sector estatal en planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero del país. El importe del PGE 2023 agregado asciende a Bs 317.129 millones y el consolidado, a Bs 243.950 millones, y tiene como objetivos: garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas; profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones; fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad; continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes; y consolidar la política de acceso universal y gratuito a la salud y educación.

La inversión pública registra un importe de $us 4.006 millones, de los cuales se destinarán $us 1.671 millones al sector productivo, para proyectos del sector agropecuario, industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía; $us 1.024 millones para el sector social, destinados a proyectos de educación, cultura, salud, seguridad social, deportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda; $us 959 millones para el sector infraestructura para los proyectos en comunicaciones, recursos hídricos y transportes; y $us 352 millones para el multisectorial.

Se garantizan los recursos económicos para dar continuidad a las políticas sociales como el pago del bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, el bono Juana Azurduy, además de la ayuda económica para las personas con discapacidad grave y muy grave. Asimismo, en el marco de la CPE se priorizarán los recursos para educación y salud, destinando Bs 26.347 millones (10,8% del PGE consolidado) y Bs 24.639 millones (10,1% del PGE consolidado), respectivamente.

Es importante resaltar que el PGE 2023 contempla la política de subvenciones a los hidrocarburos y alimentos en beneficio de la población, a fin de continuar con la estabilidad de precios en un contexto de presiones inflacionarias de origen externo, donde Bolivia se posiciona como una de las economías con más baja inflación a nivel mundial. Es así que dentro de los supuestos macroeconómicos del PGE 2023 se encuentra una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,86%, una tasa de inflación de 3,57%, un resultado fiscal de -7,49% y se mantendrá el tipo de cambio.

Finalmente, el PGE 2023 con base en el MESCP permitirá retornar a la senda del crecimiento económico sostenido, con una inflación baja y controlada; asimismo, se dará continuidad al proceso de industrialización con sustitución de importaciones. Y la política económica y social con redistribución de excedentes coadyuvarán al incremento del ingreso, la reducción de la pobreza extrema, la disminución del desempleo y de la desigualdad económica.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

El 8 de noviembre, se cumplieron dos años de gestión del presidente Luis Arce, quien fue elegido democráticamente con el respaldo mayoritario del pueblo boliviano (55,11%), recuperando de esa manera el orden constitucional, tras su ruptura y la toma de mando del gobierno de facto, debido a los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019.

Durante el gobierno de facto, Bolivia inició un periodo de incertidumbre con terribles impactos negativos en su economía y en la calidad de vida de la población, sumado a este escenario el arribo del COVID-19 y la pésima administración pública de ese gobierno, llevando a la economía nacional a una profunda crisis con un acentuado decrecimiento económico de -8,7%, que significó una pérdida de más de $us 4.000 millones; el déficit fiscal alcanzó el 12,2%, traducido en un pronunciado descenso de ingresos y retroceso de gastos de capital, desplomando la ejecución de inversión pública a 52,7%, de $us 3.769 millones (2019) a $us 1.784 millones (2020), y una tasa de desempleo que se incrementó a 11,6%.

Al ver un país con indicadores económicos negativos, los cuales se tenían en el viejo modelo neoliberal (1985-2005), indudablemente el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia implementó medidas económicas y sociales para la reconstrucción y la reactivación de la economía, con pilares basados en el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), sin descuidar la salud de las bolivianas y bolivianos mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

Para mitigar la crisis sanitaria, se asignaron recursos por un total de Bs 8.181 millones (2020-2021) para la adquisición de vacunas de inmunización masiva, pruebas de diagnóstico temprano, medicamentos, insumos y equipos para hospitales, así como la contratación de personal médico. La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) destacó los resultados obtenidos con la implementación y puesta en marcha del referido plan.

Entre las medidas efectuadas por el lado de la demanda, se resalta: restablecimiento de la inversión pública con $us 5.015 millones en la presente gestión y $us 3.323 millones en 2021; Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP) con Bs 1.500 millones en favor de los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos, para financiar proyectos de inversión para la sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos; Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) con Bs 2.000 millones; Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Bol-34 con $us 100 millones; creación de ítems para salud y educación; incrementos salariales, entre otras políticas de alto impacto económico y social.

Por el lado de la oferta se tiene: fortalecimiento y reactivación de empresas públicas; restablecimiento de límites de cartera para apoyar al sector productivo; refinanciamiento y/o reprogramación de créditos y periodo de gracia; apoyo al sector productivo y promoción de la política de sustitución de importaciones mediante el crédito SIBolivia con Bs 1.261 millones; Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional por Bs 150 millones para cubrir el 50% de la garantía de créditos SIBolivia; Fondo de Garantía para Créditos para el Sector Gremial por $us 10,23 millones; Programa Mujer BDP; Programa de Educación Económica- Financiera; ferias de servicios financieros; ley de incentivos tributarios para el sector agropecuario e industrial, entre otras medidas que permiten ampliar y mejorar la producción de bienes y servicios a nivel nacional.

Entonces, estos dos años de gestión del presidente Arce han permitido devolver a la población la esperanza y la estabilidad, por cuanto Bolivia está retornando a la senda del crecimiento económico sostenido, con reducción de la deuda externa, además de tener una inflación baja y controlada, así como un sistema financiero sólido y bolivianizado. Asimismo, la continuidad del MESCP tiene como resultado la priorización de la demanda interna, el incremento del ingreso, la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo y de la desigualdad, toda vez que la administración de la economía boliviana es efectuada de manera soberana.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

Recientemente, el “opinador económico” Joshua Bellott Sáenz, sin fundamento alguno, señaló en un medio de prensa que la Gestora Pública (GP) podría hacer desaparecer los ahorros de toda la vida de los asegurados, además que el Estado ya habría dispuesto de los recursos de los fondos de pensiones y que ingresaron al sistema bancario para otorgar préstamos a los ciudadanos bolivianos.

Al respecto, y con el objeto de informar a la población de manera responsable, es importante mencionar que, debido a la quiebra del sistema de reparto, con la Ley 1732, en Bolivia comenzó el sistema de capitalización individual, aspecto que dio lugar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) mediante un contrato que el gobierno de entonces lo estableció como “indefinido”, otorgando a extranjeros la administración de los aportes para la vejez. Durante la administración de las AFP, los asegurados soportaron pésimos servicios sin calidad ni calidez, escasos beneficios traducidos en capital individual reducido, baja rentabilidad y cobertura mínima a los trabajadores.

En consecuencia, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 065, se establece que el Sistema Integral de Pensiones (SIP) dejará de ser administrado por privados y debe ser transferido a una entidad estatal, “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”, recuperando de esta manera la soberanía que tienen los trabajadores sobre las contribuciones que realizan mensualmente para su jubilación, además de demostrar que el país es pionero en la innovación y administración de los recursos de la población, ante el fuerte cuestionamiento a las AFP en América Latina.

Por otra parte, los fondos del SIP son patrimonios autónomos que no pueden ser dispuestos por ningún gobierno, por cuanto se administran de forma independiente de los recursos de la GP, garantizando que no serán destinados a gastos operativos o administrativos.

A cuyo efecto, tienen como único destino la inversión para generar rendimientos que, posteriormente, financian el pago de pensiones y beneficios de la seguridad social de largo plazo; en este sentido, los aportes no pueden ser utilizados de manera discrecional o políticamente.

Para tranquilidad de los trabajadores, la normativa vigente establece mecanismos de control para garantizar los aportes, los fondos, las prestaciones y beneficios, por ejemplo, la fiscalización permanente de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la sujeción al control social, sometimiento a auditoría externa y sobre todo el control de cada uno de los asegurados, toda vez que únicamente son ellos los que pueden acceder a sus recursos para tramitar la pensión de jubilación.

En el marco de la profundización de la soberanía en la administración de la economía boliviana, una buena noticia para los jubilados es que, a partir de mayo de 2023, recibirán un ingreso adicional del 2% en sus boletas de pago, producto de la anulación de las cuatro comisiones que actualmente cobran las AFP (0,5% asegurados, 1,31% jubilados, 0,85% fondo de riesgo y 0,22% administración de portafolios) con relación a la única comisión que cobrará la GP (0,5%). Finalmente, y con base en los párrafos precedentes, se garantiza la seguridad de los aportes y se desmiente, en absoluto, lo manifestado por el opinador Bellott.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.