Apropósito de los dinosaurios en el sistema universitario público de Bolivia que han generado un debate nacional sobre la caducidad de la legislación universitaria, quiero advertir que existen, también, dinosaurios neoliberales cuyas ideas caducas están en periodo de extinción, es decir, en el cretácico.

Estos personajes no hacen sino recitar las viejas consignas del siglo pasado: “reglas fiscales”, “austeridad”, “privatización”, “liberalización”, “inversión extranjera directa”, etc. La única variable que no encaja en su credo es la inflación porque, actualmente, los precios no solo son estables, sino, además, esto ha sido reconocido y valorado por distintos medios y organismos internacionales.

Quizá uno de los representantes más icónicos de esta banda en extinción es el señor Gonzalo Chávez, que no desaprovecha la oportunidad para aferrarse a sus creencias anacrónicas. Reclama que no lo pueden rebatir con datos. Refresquemos un poco la memoria de su pasado como director de Política Económica y Social del ministro de la “privatización” de las empresas públicas Samuel Doria Medina —político de derecha y aliado del gobierno de facto de Áñez—. Aquel periodo, entre 1989 y 1993, estuvo marcado por constantes y crecientes déficits fiscales; ¿será que estos déficits atormentan tanto a Chávez, como pecado para el purgatorio, que no puede sino repetir ad infinitumque los déficits son malos? Sin embargo, eso no fue lo peor, durante ese periodo la desigualdad medida por el índice de Gini pasó de 0,49 en 1989 a 0,52 en 1993. No hay secreto ni subjetividad en estos datos, por esos resultados el modelo neoliberal fracasó; lo realmente alarmante es que exista una miopía histórica —en Chávez y otros— que quiere negar la realidad y se aferra a las viejas y añejas recetas.

A su vez, los neoliberales insisten en su ataque irracional a las empresas públicas, su argumento dice que “el Estado es ineficiente”; el mismo argumento lo utilizaron Samuel Doria Medina y el caudillo de los neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada para privatizar las empresas públicas estratégicas en los años 90. La realidad es una bofetada a este fundamentalismo de mercado. Las empresas públicas estratégicas, incluyendo las nacionalizadas, generaron utilidades desde 2006; en 2021 las utilidades ascienden a Bs 2.800 millones, recursos que garantizan los bonos sociales para las familias y la reinversión para la industrialización. En 2020, durante el gobierno de facto, se registraron los primeros números negativos, no solo por la pandemia sino, también, por la ideología neoliberal que solo enfocó la política económica en las empresas privadas y el mercado externo. Además, este credo saboteó la gestión de las empresas públicas para forzar una ineficiencia que daría argumento a la privatización; esto sucedió, particularmente, con la planta de urea de YPFB y con la aerolínea BoA.

Por cierto, en 2020 el señor Chávez decía a viva voz que estas medidas económicas del gobierno de facto iban por la “línea correcta”, enfatizando que el déficit en balanza de pagos era una señal, junto al déficit fiscal, de un manejo inadecuado de la economía en la gestión del expresidente Evo Morales. Si esto es cierto, retomando el periodo 1989-1993, efectivamente el señor Chávez se aplazó como director de Política Económica y Social porque cerró el periodo con un déficit en balanza de pagos de $us 368 millones que, sumados a los constantes y crecientes déficits fiscales, no son sino un autogol.

La realidad es que un modelo económico tiene vitalidad cuando responde a las energías colectivas de una sociedad, por eso el modelo neoliberal pensado para otras realidades fracasó. En efecto, el modelo económico boliviano que tanto atacan se ha adelantado a este tiempo demandante de justicia social y de alternativas al neoliberalismo desde la realidad y las necesidades de la población boliviana; este modelo permitió salir de la pobreza a más de 4 millones de personas entre 2006 y 2019. Pero, en el provinciano cretácico los dinosaurios neoliberales aún no se han enterado del meteorito que ha hecho que incluso los países del G7 e instituciones como el FMI hayan abandonado las viejas recetas del Consenso de Washington.

Ariel Ibáñez Choque es economista, crítico de la economía y la sociedad capitalista.

“La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”, escribió Cortázar como contraargumento al pesimismo existencial de Oliveira —protagonista de La Rayuela— frente a la vida. En efecto, la esperanza es la fuerza que hoy moviliza a la humanidad en defensa de la vida. La esperanza colectiva no es una emergencia espontánea o un maná divino, es el horizonte que resulta de la movilización social. Efectivamente, ante la crisis general y la pandemia, la defensa de la vida está inmersa en los movimientos globales de lucha contra la desigualdad y la pobreza, el racismo y la discriminación, la privatización de los bienes públicos y comunes, el deterioro de los ecosistemas y el calentamiento global, la explotación, el patriarcado, etc.

La esperanza ha vuelto a ser patrimonio de las bolivianas y los bolivianos. Tras grandes movilizaciones sociales en 2020 para la recuperación de la democracia, las energías colectivas están enfocadas en la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica. La tasa de crecimiento económico estimada para Bolivia en 2021 asciende a al menos 5%, lo que expresa la energía colectiva y la movilización social que alimentan un horizonte esperanzador. La sociedad boliviana ha reencontrado el entusiasmo por el futuro con justicia social.

Hoy, la esperanza colectiva en Bolivia es resultado de políticas económicas en defensa de la vida mediante vacunas gratuitas de acceso universal contra el COVID- 19, el apoyo a la reconstrucción productiva como fuente de trabajo y sustento de las familias, y la asistencia con bonos sociales de las personas más vulnerables. La esperanza ha vuelto con la reconstitución del modelo económico de crecimiento y redistribución de la riqueza que, además, en su segunda fase está orientado a la Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI). La ISI ofrece la tasa de interés más baja de la historia —0,5% anual— para que pequeños, medianos y grandes productores industriales y agropecuarios reactiven sus actividades industrializando Bolivia.

La justicia social es otra dimensión importante de la esperanza colectiva. La política económica en 2021 no ha descuidado esta dimensión. De hecho, Bolivia ha reforzado la progresividad del sistema tributario con la devolución de impuestos a los ingresos bajos y la aplicación de impuestos a las grandes fortunas. Ante la crisis actual, el viejo mundo está discutiendo profundamente la desigualdad y, por ejemplo, el impuesto a los megamillonarios; en ese sentido, Bolivia se ha adelantado a los debates mundiales, y hoy es paradigma del cambio. Así, la esperanza colectiva de las bolivianas y bolivianos es que la recuperación económica será justa y los beneficios serán redistribuidos progresivamente.

El 2022 es una gestión de muchos retos para la humanidad, aún está pendiente el acceso masivo a las vacunas contra el COVID-19 en los países más pobres. Asimismo, el mercado mundial no es más el espacio de certidumbre institucional de las sociedades, es decir, es un momento liminal de búsqueda de alternativas críticas y heterodoxas, locales y/o nacionales. Por lo mismo, 2022 continuará movilizando las energías colectivas de los movimientos globales por la defensa de la vida. Bolivia ha hecho una lectura correcta de la situación, y ha encaminado una política económica enfocada a enfrentar ambos problemas cruciales. Por tanto, este año presenta un panorama positivo para Bolivia en la construcción de una “nueva normalidad” de recuperación, crecimiento y justicia social.

Ariel Ibáñez Choque es economista.

El Presupuesto General del Estado 2022 (PGE) está orientado hacia los retos pospandemia de todas las economías del mundo: la reconstrucción económica y el combate a la desigualdad en la distribución del ingreso. En efecto, la pandemia COVID-19 ha contraído las economías y ha profundizado los problemas de desigualdad y pobreza en el mundo.

El modelo económico boliviano se adelantó a la crisis actual porque, desde hace más de una década, se ha propuesto el crecimiento económico con justicia social. Asimismo, el modelo reconoce la necesidad de la redistribución de los excedentes generados por la explotación de materias primas enfocados a la industrialización para el crecimiento sostenible. Simultáneamente, para corregir la injusticia social, busca la redistribución de excedentes enfocados a la atención de la población vulnerable e históricamente marginada. Este modelo procuró un proceso inédito de más de una década de crecimiento económico con reducción de la pobreza y desigualdad en Bolivia.

De hecho, las distintas dimensiones del modelo económico boliviano se discuten en la actualidad entre los principales economistas del mundo. Por ejemplo, el economista francés Piketty que, habiendo estudiado los determinantes históricos de la desigualdad, propone un nuevo modelo económico con justicia social. Sin embargo, es de lamentar que existen economistas en Bolivia como Gonzalo Chávez que no han terminado de entender la novedad del modelo boliviano. Su novedad es que ha roto el circuito de fuga de excedentes hacia el capital transnacional que caracterizaba al modelo neoliberal primario-exportador.

El PGE es resultado del modelo económico boliviano, y busca retomar la senda del crecimiento sostenible con justicia social. Además, ante la crisis del mercado mundial como factor de estabilidad que ocasionó la pandemia, el PGE propone una nueva dimensión al modelo: “la industrialización por sustitución de importaciones (ISI)”. La ISI busca atender al mercado interno para dinamizar la demanda efectiva, el empleo y la producción mediante el cambio estructural. En ese sentido, el PGE prevé $us 5.015 millones para inversión pública; 42,5% para el sector productivo y 29,9% para infraestructura. Entre estos proyectos se encuentran, por ejemplo, la implementación de las industrias farmacéuticas y de química básica, y las plantas de biodiésel. Asimismo, esta inversión pública alienta a la inversión e iniciativa privadas creando un círculo virtuoso de crecimiento, efecto que los economistas denominan crowding in.

La dimensión social es, quizá, la de mayor relevancia del PGE en el contexto de pospandemia. Los bienes comunes representan una cuarta parte del presupuesto total, y salud y educación representan el 80% de estos recursos; esta participación garantiza la igualdad de oportunidades para toda la población. Además, para sostener y profundizar la redistribución de ingresos, el PGE garantiza Bs 6.739 millones para el pago de los bonos a la población más vulnerable e históricamente marginada. Asimismo, el PGE garantiza la subvención de servicios básicos, alimentos e hidrocarburos, velando el acceso de las familias bolivianas a estos bienes de primera necesidad.

Por tanto, el PGE busca el crecimiento económico con justicia social, enmarcado en el modelo económico boliviano que, en el contexto de pospandemia, se ha vuelto en un paradigma adelantado a la crisis mundial y los debates actuales.

Ariel Ibáñez Choque es economista.

Aun día de que el profesor Thomas Piketty publicara Time for social justice exigiendo mayor igualdad en tiempos de crisis en el mundo, el anacronismo provinciano de los neoliberales y anarcocapitalistas no tardó en relucir en Bolivia. Por ejemplo, el señor Mauricio Ríos García, pupilo de la escuela austríaca y de la ideología libertaria, con argumentos desordenados, descalificó la gestión gubernamental de los 100 primeros días del gobierno democrático y popular de Luis Arce. Saquemos a Bolivia de este denigrante provincianismo y con el chronos del sistema-mundo discutamos este cúmulo de argumentos.

En principio, no existe crisis estructural en Bolivia como Ríos quiere hacer creer. El modelo made in Bolivia fue exitoso porque procuró crecimiento económico con redistribución del ingreso. Ahora bien, como todo modelo no está exento del ciclo económico, actualmente estamos en crisis que responde a dos determinantes exógenos: i) la política económica recesiva durante el gobierno de facto y ii) la pandemia COVID-19. Por esto no es una crisis estructural, porque no responde a factores endógenos que impliquen la destrucción creativa de capital y patrimonio social; al contrario, se trata de encender la máquina no de jubilarla.

Entonces, para relanzar el ciclo hacia una nueva fase de expansión se requiere un plan. Ríos, junto con un cúmulo de opinadores, sostiene intransigentemente que no hay un plan en el actual Gobierno. Falso. Se tiene un plan de reconstrucción económica y profundización del modelo boliviano. El éxito del modelo boliviano radica en que emerge de la realidad local, de la forma primordial diría Zavaleta Mercado, para responder a la necesidad de coherencia política, económica e histórica de Bolivia en el mundo. Así, la reinstauración del modelo ya es un buen plan, aún más cuando se pretende relanzar una fase de recuperación del ciclo con la nueva industrialización por sustitución de importaciones.

No obstante, la ceguera de Ríos hacia el modelo económico responde a su migraña ideológica porque, desde su perspectiva, no existe otro plan que no sea el de las reformas estructurales hacia la propiedad privada, el mercado y el achicamiento o extinción del Estado; reformas fallidas. Esta ignorancia de la historia económica boliviana explica el porqué en la fase crítica del ciclo, cuando se requieren políticas expansivas de demanda efectiva, Ríos se pone de cabeza y propugna por políticas económicas contractivas ignorando que la crisis es exógena y no endógena.

Además, existe un plan de corto plazo en sintonía con los debates mundiales, no solo se ha focalizado la atención médica y la inmunización de la población, sino se ha devuelto el rol centrípeto de lo público y lo común para la justicia social. Entre otras medidas, la Ley de Emergencia Sanitaria garantizará el acceso equitativo a los servicios médicos de la población más necesitada, y las leyes de impuesto a las grandes fortunas y de reintegro del IVA refuerzan el carácter progresivo y solidario del modelo económico.

Ríos dice que el pedido del presidente Arce de “aguantar” es no tener un plan. En verdad, este señor no comprende la realidad de nuestro país, las familias necesitan trabajar. Aún existe una gran cantidad de población que vive del día a día, para ellos las medidas de política económica recesiva —que solo beneficiaban a los agroindustriales y banqueros—, y una cuarentena improvisada del gobierno de facto no fueron ni serán solución; ese no es un plan. El mejor plan es otorgar a la población más necesitada las mejores condiciones de acceso a la atención médica, y fomentar la demanda efectiva con medidas de redistribución e incremento de la inversión pública para la recuperación de la producción y el empleo en el corto plazo.

Por tanto, el reclamo de Ríos por nuevos proyectos e ideas no es sino la muestra de la inexistencia de proyectos alternativos al proceso de cambio nacional-popular. La derecha boliviana, llámese neoliberal o su vertiente anarcocapitalista, no ha podido reinventarse y ante la carencia de novedad cae en la demagogia.

Por último, cabe preguntar: ¿Por qué el señor Ríos no apareció en los primeros 100 días del gobierno de facto? ¿Por qué, siendo libertario, no se opuso y luchó contra la vulneración de los derechos individuales ante el terrorismo de Estado y los hechos de corrupción en la primera ola del COVID-19? ¡Qué mal plan!

   Ariel Ibáñez Choque es economista.