A la deriva está el establishment de la cruceñidad, su institucionalidad fragmentada, sin liderazgo, sin agenda regional, dando pataleos de ahogado para salir a la superficie y subsistir.

El comienzo de siglo los sorprendió con el derrumbe de sus paraguas políticos: Banzer de ADN, Goni dek MNR, en menor medida Paz Zamora del MIR, que les posibilitaron ser el “modelo exitoso” dentro el centralismo neoliberal; sin sus instrumentos políticos de poder, reconstruyeron su estrategia cuyo titular central empezó a ser el Comité Cívico pro Santa Cruz (CCpSC).

Para oponerse al avance de lo nacional popular y su propuesta de Asamblea Constituyente (AC), impusieron al gobierno de Mesa, con huelga y cabildo de por medio, la convocatoria a la elección de prefectos como paso previo a la autonomía, para así condicionar la futura AC a la estructura regionalizada de poder.

El establishment comprendía el tiempo político, por ello que su estrategia partía por reconfigurar la estructura de poder a partir de lo departamental. En las elecciones de 2005, sabiendo de su derrota, todas las derechas concentraron sus figuras políticas en las prefecturas y senaturías, principalmente para condicionar al nuevo gobierno que estaría liderado por un indígena antioligárquico y antineoliberal que abanderaba la AC y la nacionalización.

Lea también: Fraude monumental: Auditoría a la OEA

Lograron organizar y liderar la extinta “media luna”, subordinar bajo su tutela a toda la derecha política, a la empresa privada y mediática, universidades públicas y privadas, a la Iglesia con su cardenal con la tesis autonómica, enfrentar a un departamento (La Paz) contra una ciudad (Sucre), poner en vilo la unidad territorial, desestabilizar al gobierno indígena popular de izquierda incluso con posibilidades de derrocarlo; fue el tiempo de su gloria y éxtasis, se sentían propietarios del oriente, del valle y abanderados de la nueva República federalista.

Creyeron que su naturaleza regionalista, racial y capitalista era una predestinación divina al que debíamos subordinarnos, porque eran la encarnación de la buena nueva al estilo de Bolsonaro en Brasil o Milei en Argentina.

La violencia como método y fin que emplearon para imponerse a sus sociedades complejas y abigarradas tuvo el límite de la rebelión regional interna y la fortaleza del indígena que lideraba al gobierno nacional, fueron derrotados por la movilización popular y por la democracia, su tesis autonómica se redujo a una consigna reiterativa como enunciación en los actos cívicos para justificar su gloria, y que no supieron hasta ahora explicar su derrota.

Su otro momento de gloria, más como revancha que ideal regional similar a la autonomía, fue anunciar a los cuatro vientos el fraude, liderar la violencia con la incorporación de policías y militares, presionar por la renuncia del presidente indígena, la instalación del gobierno de facto y la frustrada restauración oligárquica del poder.

Sin más fuerza que su voto local y corporativo, se reorganizaron distribuyendo roles. Camacho se apropió de la gobernación cruceña, Calvo se proclamó líder del CCyPS, el proyecto se redujo al atrincheramiento personal.

Para evitar la enunciación de su deriva, impusieron con más capricho que convicción la lucha por el Censo, sin más argumentos que el que crecieron en habitantes desde el último censo de 2012, algo que es lógico y real; en su debilidad pidieron auxilio al rector de la universidad e inventaron un Comité Interinstitucional, parafraseando la metafísica popular de El Papirri terminaron donde empezaron, sin cambiar la fecha del Censo pero con un saldo trágico de muertes, violencia, pérdidas económicas. Para matizar su derrota, aprobaron el epitafio de su deriva, decidieron redefinir su relación con el Estado e impulsar el revocatorio del presidente Arce.

La puerta que abrieron no fue hacia la avenida federal, sino hacia el patio trasero melancólico para cobijarse en la seminaritis improductiva del debate sobre su nueva relación con el Estado, y el presidente del CCpSC, Larach, convertido en el tramitador de respuestas del tribunal electoral para conocer los requisitos del revocatorio.

La deriva del establishment se agudiza, perdieron a quienes desde el púlpito religioso azuzaban a los feligreses cívicos para pelear contra el mal que vive en la Casa Grande; perdieron a su guía moral, la nobleza eclesial, porque ahora están más preocupados en explicarnos que los pastores que vinieron allende de los mares bendecidos por la corona de Su Majestad cayeron en el pecado terrenal y no cometieron delitos penales.

Sin más fuerza que su soberbia, los que leyeron la proclama en el cabildo anunciando la nueva era para Santa Cruz y la destitución del Gobierno mediante referéndum, comunicarán las excusas de su derrota; sin duda que inventarán al responsable de su fracaso, será el Gobierno totalitario y el Estado centralista que les impidió cumplir con el mandato del cabildo.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

El Informe Final (IF) de los auditores internacionales de la OEA demuestra el fraude monumental de la auditoría. El acuerdo entre el canciller Diego Pary y Luis Almagro establece que se entregará “un informe… por los canales diplomáticos”, la auditoria se iniciará el 1 de noviembre de 2019 y “tendrá para desarrollar sus labores en terreno 12 días.”

El primer elemento para mencionar es que la OEA no presentó “un informe”, sino dos, el Informe Preliminar (IP) y el Informe Final (IF), y no fue por canales diplomáticos, sino que lo publicó en su página web en la madrugada del 10 de noviembre, es decir, el trabajo de campo fue solo de nueve días. La publicación del IP fue en el momento político preciso: la Policía amotinada, Camacho en La Paz, las capitales tomadas por grupos urbanos y la sentencia penal/política del IP (págs. 12, 13) es precisa: “se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó el cómputo final… El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral”; esta conclusión afirma que hubo fraude.

Lea también: Fraude monumental: voto ‘chuto’ en el exterior

Pero, el IF se encarga de desnudar las verdades del IP. En su página 12, describe que el trabajo de campo en Cochabamba estaba programado para el 8 de noviembre; el equipo auditor no pudo realizar el trabajo y se “replegó hacia La Paz por la convulsión social”. Para el “9 de noviembre estaba previsto el trabajo en: Chuquisaca, Oruro, Potosí y Santa Cruz” y no pudieron viajar a esos departamentos. Punto seguido el IF expresa que el IP, “con base en lo trabajado, el día 9 de noviembre, se dieron a conocer los hallazgos preliminares”.

Esta descripción del trabajo de campo que realizaron es reveladora, primero que el informe lo realizaron en nueve días, segundo que solo hicieron revisión de las actas, porque eso es el trabajo de campo en cuatro de los nueve departamentos, en La Paz, Pando, Beni y Tarija, es decir, con la revisión de cuatro departamentos llegaron a concluir que hubo “fraude monumental”. El equipo internacional estaba integrado por 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, identificaron “un procedimiento altamente irregular en 86 centros de votación de 47 municipios”, de los siguientes departamentos: seis en Potosí, Cochabamba 24, seis en Chuquisaca, siete en La Paz, dos en Santa Cruz, dos en Oruro. Esta descripción es propia de Hollywood, resulta que no hicieron trabajo de campo en cinco departamentos en los que están 40 municipios donde hubo manipulación de actas a favor del MAS.

Leyendo con más detalle la comedia trágica del fraude, encontramos que en los 47 municipios identificaron 226 actas, que suman un total de 38.001 votos, de los cuales 34.718 están a favor del MAS. Esta identificación no es casual, la diferencia entre Evo y Mesa fue de 648.439 votos, que representan el 10,57%. La Constitución establece que se declara ganador al candidato que obtenga el 50% más un voto, o supere el 40% y tenga una diferencia de 10% con relación al segundo; se superó ese porcentaje exigido por la Constitución, ese 0,57% son cerca de 40.000 votos. Casualmente la OEA identifica actas que suman el número de votos que se requería para declarar ganador al MAS en primera vuelta.

Lo trágico para la OEA es que en 2019 el MAS obtuvo el 91% de votos en estos 47 municipios, pero comparando la votación en las 226 actas de las mismas mesas de los 47 municipios en las elecciones de 2020, el MAS obtiene el 96,6%. Lo cómico es que el jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, el excanciller de Costa Rica Manuel Gonzales, en 2019 expresó que no “podía validar estos resultados por ser irregular”. Gonzales volvió a presidir la delegación electoral en 2020, manifestando que el “triunfo del MAS y Arce es legítimo”

El IF termina sepultando las afirmaciones mamarrachas de los defensores del fraude monumental, en las páginas 81 y 82 del IF: “Al digitar las actas (equipo auditor de la OEA) y al tener en cuenta las observaciones que estas incluyen (Anexo 7), se tomó nota de la cantidad de votos asignados a cada partido político en el cómputo oficial (TSE), coincidió en 34.495 imágenes de actas (TREP) que representa el 99,8%.” Es decir, los auditores digitaron todas las actas electorales, incorporaron las observaciones que hicieron partidos políticos, cívicos, etc., y que están consignadas en el Anexo 7; compararon con las actas del cómputo del TSE y las imágenes que son del TREP, y la similitud es casi del 100%.

Los tres artículos que publicamos sobre algunas y no todas las observaciones y contradicciones del IP y del IF de los auditores internacionales de la OEA, demuestran la inconsistencia de las conclusiones.

Es tiempo, y en homenaje a los y las mártires, de las y los detenidos injustamente, que el Órgano Electoral invite a universidades de prestigio internacional para que hagan una auditoría a la auditoría de la OEA con todo el material que se dispone, para superar este hueco criminal a la democracia y la fraseología falsa del fraude monumental, que justifica a un gobierno de facto y los crímenes de lesa humanidad.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

Siguiendo la línea argumentativa del “fraude monumental” expresada por Carlos Mesa en base al informe de la OEA y sus conclusiones, evaluemos la siguiente conclusión que es taxativa y penalmente sancionable.

La segunda conclusión del Informe Preliminar (IP) de la OEA publicado en la madrugada del 10 de noviembre de 2019 es sobre el voto en el exterior.

El IP concluye (pág. 13): “De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas en Argentina, el 38% presentan inconsistencia con el número de ciudadanos que sufragaron.

Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice.” Esta conclusión de los expertos internacionales de la OEA significa fraude, indica de manera taxativa que lo detectaron en 66 actas de las 176, porque ese número representa el 38%, y que se incorporó de manera irregular, por lo tanto ilegal, a ciudadanos bolivianos en el padrón electoral de Argentina para que puedan sufragar, obviamente a favor del MAS.

Esta conclusión “irrebatible”, aun sin prueba, del 10 de noviembre, tenía que ser validada, explicada y documentada en el Informe Final (IF) que fue presentado el 5 de diciembre de 2019 en Washington, por Luis Almagro.

En el IF (pág. 7) concluyen que: “Se registraron al menos 37 actas del voto en el exterior que presentan inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron”, en el pie de la página 5 del IF: “En el Anexo 9 se incluyen las actas de estas 37 mesas. Las listas de electores habilitados, cuyas copias están en poder del equipo auditor, no son publicados en este informe para salvaguardar los datos personales de las y los electores habilitados”. Anótese que en el IF no se habla de 66 actas, sino solo de 37; lo que se esperaba es que el IF, sin necesidad de presentar el nombre e identificación de las personas habilitadas ilegalmente en el padrón electoral del exterior, tendría que detallar cuántos ciudadanos fueron inscritos ilegalmente en cada una de las 66 mesas identificadas, es decir, cuántos chutos votaron, pero en ninguna de las 95 páginas del IF y en el Anexo 9 encontramos este dato sustancial.

En el IF, en el “cotejo con copias químicas, hojas de trabajo y lista de índice” (pág. 59), concluyen: “Se procedió a realizar un filtro del universo de actas electorales del extranjero, seleccionando aquellas en que algún partido político obtuvo un porcentaje del 90% o superior de los votos. Ello derivó en la identificación de 115 actas electorales que favorecían al partido oficialista en esa magnitud”. Nótese que no se describe en esta conclusión la adulteración del índice del padrón electoral, sino que identificaron actas que tenían una “alta votación electoral a favor del partido oficialista”. En el IF identifican 17 actas (pág. 59), línea más abajo describen: En “el acta 1305, se observó que la firma y huella correspondiente a un jurado electoral no se corresponde del puño y letra con la firma inserta en el listado de votantes”.

Revisamos el Anexo 9, que son las pruebas documentales que presentaron los auditores internacionales de la OEA, y encontramos las fotografías de 37 actas electorales: Buenos Aires 16, La Matanza 4, Lomas de Zamora 4, Berazategui 4, La Plata 2, Maipu 1, San Carlos 1, San Rafael 1, Jujuy 1, Salta 2 y uno ilegible; en ninguna de las actas explican qué irregularidad encontraron, tampoco se acompaña la explicación de cuántas personas fueron habilitadas ilegalmente en el índice del padrón electoral, y no adjuntan la imagen del acta 1305, tampoco explican si las otras firmas del jurado electoral y delegados de partido político son legítimas.

La línea de tiempo de los informes determina la intensidad y su efecto político dramático, el IP se hizo público en la madrugada del 10 de noviembre de 2019, la folklórica colección de opositores entre políticos, analistas, cívicos, plataformas, curas, etc., coreaban al unísono el fraude y la alteración del padrón electoral, por ello exigían airadamente la renuncia del presidente indígena anticolonial y antimperialista, porque estaba robando lo más preciado: la democracia y la libertad.

El 5 de diciembre en Washington, el enviado del gobierno de facto Tuto Quiroga, el embajador ante la OEA de Goni, Mesa (2002-2004) y de Áñez (2019-2020) Jaime Aparicio, recibieron el informe de Almagro con una sonrisa de satisfacción, pero contrariamente a lo anunciado a todos los vientos, el fraude monumental, el IF no valida las conclusiones penales del IP porque no presenta una sola prueba de la habilitación ilegal de ciudadanos en el exterior.

El IP impuso la narrativa del fraude, lo que sucedió después es la legitimación de la violencia, las masacres, los asesinatos extrajudiciales, detenciones para validar el poder, el IF ya no tiene valor porque el acto principal ya se consumó: asalto al gobierno e instalación del gobierno de facto con la bendición de la Conferencia Episcopal.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

En el decurso de la historia política hay acontecimientos que crean a sus personajes, pero también existen hombres y mujeres que construyen coyunturas, la diferencia está en que los primeros son efecto temporal y subsisten mientras el acontecimiento tiene algún valor, los segundos son los que lideran horizontes y están por encima de los acontecimientos.

Es este tiempo, el momento imprescindible para superar la retórica y la fraseología como apariencia de la política, devolverle a la disputa política la dimensión ideológica como concepción, nos obliga ineludiblemente a la autoidentificación como conciencia superando la simple autojustificación como sobrevivencia.

En 2019 asistimos a la crisis de la democracia representativa, cuando se violentó la Constitución imponiendo un gobierno de facto e instituyendo la violencia como método y esencia del poder, el acontecimiento fue el “fraude” bautizado por la OEA, Camacho y compañía, y rebautizado por Mesa como “fraude monumental”; esta trama creada produjo su retórica discursiva y la fraseología como la forma pública de presentación.

La trama del acontecimiento como verdad fáctica empieza el 20 de octubre a las 23.30 con un tuit de la OEA exigiendo al TSE que “explique por qué paralizó el TREP de su sistema y que es necesario que el proceso de publicación del cómputo se desarrolle de manera fluida”. Treinta minutos después, Mesa publicó un video por sus redes sociales expresando que “se trata de manipular un resultado que obviamente nos lleva a segunda vuelta”, al día siguiente, la OEA difundió un comunicado haciendo conocer que “oportunamente, dará un informe con recomendaciones de cara a la segunda vuelta”.

El libreto es: denunciar desde los observadores internacionales de la OEA la manipulación del cómputo electoral con la paralización del TREP, posicionar la segunda vuelta validando la propuesta de Mesa.

El paso inicial del monumental fraude está en el TREP, en el informe preliminar (IP) del equipo internacional de auditores de la OEA publicado el 10 noviembre, con referencia al TREP (págs. 3 y 4) en 12 puntos describe las observaciones al funcionamiento de este sistema; en ninguno logra identificar la interdependencia entre el TREP y el cómputo electoral, y la conclusión es que “no es posible dar certeza de los resultados del TREP”. Con referencia al cómputo oficial (págs. 4, 5 y 6), en 14 puntos describe las observaciones al sistema informático del cómputo, pero contrariamente no informa sobre el computo electoral que se desarrolló en los nueve TED con presencia de los partidos y veedores de la OEA, tampoco hace referencia cómo la “manipulación” del TREP afectó al cómputo, y concluye que “al cúmulo de irregularidades observadas, no es posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados”.

Pero, contradictoriamente, en la primera conclusión del IP (pág. 12) sentencia: “se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema, como del cómputo final”.

En el informe final (IF) presentado el 5 de diciembre en Washington, sede la OEA, con referencia al TREP y al cómputo, desde la página 13 a la 56, el vínculo entre ambos sistemas está referido a la utilización de actas del TREP, pero del exterior, que luego fueron validadas por las actas físicas que llegaron al país. Concluyen: “no es posible por parte del equipo auditor garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados” (pág. 53).

Obsérvese que los dos informes no logran explicar desde el punto de vista jurídico e informático la interdependencia entre ambos sistemas, es más, el IF no ratifica la conclusión del IP que originó el golpe de Estado.

Por qué no pueden demostrar la interdependencia de ambos sistemas: el reglamento de las elecciones de 2019 (art. 52) define al TREP como un sistema de información previa al cómputo que realizarán los TED y no es vinculante, es decir, el TREP es un sistema de información que sustituye los informes en boca de urna que desarrollaban los medios de comunicación, pero no sustituye el cómputo electoral; son dos sistemas independientes, el TREP se alimenta de las imágenes fotográficas de las actas electorales, en cambio, el cómputo es un acto público con presencia de delegados nacionales e internacionales con base en las actas físicas. Esta última afirmación es la razón por la cual la OEA y los voceros criollos no pueden y no podrán demostrar cómo la supuesta manipulación del TREP alteró el resultado del cómputo.

La fraseología: “Pararon el TREP para manipular los resultados”, “me robaron la presidencia”, “monumental fraude”, es la retórica discursiva de un personaje que es hijo de los acontecimientos, está para estar en la fotografía, acompaña su oratoria de autovictimización épica, es su forma de vida.

En los próximos artículos tocaremos las otras conclusiones del IP y IF de la OEA.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

La certeza es la deriva, contradictoria afirmación de una realidad que fueron construyendo sus actores en el devenir de este tiempo. Se consideran la totalidad hegemónica como síntesis del departamento y el faro nacional, más allá de ellos lo que existe como opción es solo sumarse a la lumbrera del establishment de la cruceñidad. Tal es esta realidad que el país está condicionado a girar en el engranaje cívico.

Cuando hablan lo hacen a nombre del departamento, cuando determinan una medida de presión lo hacen a nombre de Bolivia y cuando convocan a los políticos de las derechas, lo hacen a nombre de la democracia; millones de bolivianas y bolivianos estamos condicionados a la táctica y estrategia diseñada en el comiteísmo por el bien de nuestras familias, de nuestra fe, de la propiedad privada y de nuestro futuro.

Son en sí mismo la razón, convocan a cabildos para dar lectura al decálogo, con la aclamación de los feligreses luego de afirmar que el país ya decidió. Los que no acatan este mandato son declarados enemigos de la democracia y del pueblo.

Cuando ingresaron al Palacio con la Tricolor y la Biblia expulsaron la wiphala, a los ateos, a los indígenas, recuperaron la República, la democracia, le devolvieron el púlpito del poder a sus propietarios e instalaron el paraíso terrenal.

Es la narrativa que les permite autoconsiderarse como los predestinados a abanderar cualquier bandera, con la única condición que sea opuesta a lo que huela a indígena, originaria, campesina, popular y de izquierda.

Con el recuerdo corto enumeraremos esa predestinación. Calvo, sucesor o heredero de Camacho en el comité cívico, en febrero de 2020 ofició de ser garante de la “revolución de las pititas” y convocó a Santa Cruz su santa sede a toda la crema política de las derechas, asistieron Jeanine, Murillo, Mesa, Tuto, Camacho, Ortiz, parecía la convención de los republicanos de Trump, el objetivo tener una sola candidatura electoral, la fórmula de esa decisión no pasaba por un mínimo ensayo democrático, sino por una orden cívica. Por el resultado de esa orden llegamos a la conclusión que todos asistieron para salir en la foto.

Los indios, obreros, vecinos, agrupados en la confederación de campesinos, la COB y las juntas vecinales de El Alto decidieron movilizarse para que se cumpla un principio de nuestro Estado y sociedad: la democracia, pero al clásico estilo de la dictadura de los años 70 o del moderno bolsonarismo —Calvo y Murillo—, acudieron a la represión, a la descalificación y los acusaron de ser responsables de la muertes por la pandemia y los calificaron de ser bestias humanas; sobre los indígenas que fueron vejados, golpeados en mayo de 2007 en Sucre por autoridades políticas, académicas y cívicas, al momento de ser éstas indultadas por sus crímenes penales y raciales por Jeanine, ésta calificó a los indígenas humillados como “salvajes”, al igual que a los vecinos aymaras de El Alto que marchaban por su wiphala, los consideraron “hordas delincuenciales”.

Calvo convocó a todo el movimiento cívico a Sucre en 2023 para sacar a patadas de la Fiscalía a Lanchipa, acudieron al llamado los de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, fueron un grupo que apenas logró bloquear una esquina, quemaron llantas, pintarrajearon las paredes de la “ciudad blanca” y por las noches, como denunciaron los vecinos, los jóvenes rebeldes terminaban consumiendo alcohol y droga; Calvo se esfumó en el anonimato.

Ante su derrota electoral impulsaron que las damas religiosas de la élite cruceña, a nombre de la democracia, fueran a orar de rodillas a los cuarteles para pedirles a los militares que tomen el poder e impidan que jure a la presidencia al binomio que el pueblo eligió democráticamente.

El pasado año llevaron a su pueblo a un suicidio económico con una huelga por el Censo de 36 días. ¿Qué lograron? Que se ratifique mediante ley lo que el Gobierno propuso, el Censo será en 2024, ahora Zvonko Matkovic le refriega en la cara a Eva Copa y le dice que habrá censo gracias a su lucha.

Sus últimos cabildos les aprobaron lo que ellos urdieron: nueva relación de Santa Cruz con Bolivia y revocatoria de mandato presidencial, es una bandera sin mástil y que está arreada y que solo flamea en sus entrevistas mediáticas. Hoy se aferran a la Gobernación utilizando a Camacho como símbolo de su resistencia para administrar los recursos públicos como su propiedad y convierten a Larach en heredero de la deriva.

Santa Cruz es la expresión de lo plurinacional, el establishment es la síntesis del núcleo oligárquico de la cruceñidad y no de lo plural, están llevando a la deriva al departamento más poblado, porque nunca oyen a lo popular, al migrante nacional, se ven a sí mismos, creen que son la Patria al igual que la oligarquía minera, como dice Almaraz, su desprecio por nuestra Bolivia Plurinacional alimenta su colonialismo racial.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.