El Gobierno extremista y fascista de Israel es el patrocinador de todos los crímenes cometidos por los colonos contra el pueblo palestino y contra los lugares sagrados islámicos y cristianos.
Los últimos ataques en la zona coinciden con la llegada del sagrado mes del Ramadán y la proximidad de la Semana Santa. El pasado domingo, un grupo de colonos extremistas asaltaron la iglesia del Santo Sepulcro que se encuentra a los pies del Monte de los Olivos, cerca de la Basílica de Getsemaní en la Jerusalén ocupada, con el objetivo de dañar la tumba de la Virgen María que se encuentra en el interior de dicha iglesia. Este ataque no fue más que una extensión de una serie de seis ataques que han sido perpetrados en lo que va del año y dirigidos a lugares sagrados cristianos en Jerusalén. Desde principios de este año, los colonos han estado practicando estos ataques de manera sistemática e intencional. Destacar el ataque de un colono que irrumpió en el edificio de la iglesia “prisión de Cristo”, en la Ciudad Vieja de Jerusalén ocupada, rompiendo y destruyendo parte de su contenido y tratando de prenderle fuego; atacó el altar y también el cementerio de la iglesia rompiendo cruces. Asimismo, el Patriarcado Armenio también fue objeto de un intento de asalto escribiéndose frases racistas en sus paredes. Además, decenas de colonos asaltaron la bendita Mezquita de Al-Aqsa desde la Puerta de los Magrebíes custodiada bajo la estricta protección de la policía de ocupación y realizaron recorridos provocativos alrededor.
El asalto repetido a la Mezquita de Al-Aqsa y los continuos ataques a las iglesias constituyen una violación del derecho internacional y de los derechos humanos que garantizan la libertad de culto y no permiten la violación o usurpación de los lugares sagrados.
Además de estas agresiones, dos miembros del parlamento israelí, miembros del partido United Torah Judaismo, Moshe Gafni y Jacob Asher, presentaron un proyecto de ley para prohibir “compartir el pensamiento cristiano o hablar sobre la fe cristiana en Israel”, que probablemente pueda convertirse en ley en el entorno político actual con una coalición de Gobierno integrada por miembros ortodoxos y ultraortodoxos. Según esta ley, la pena por compartir el pensamiento cristiano sería de un año de prisión, pero si éste se comparte con un menor de edad (menor de 18 años), la pena será de dos años de prisión.
El exembajador de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional Sam Brownback advirtió que el nuevo proyecto de ley “plantea una amenaza significativa a la libertad de expresión, los derechos humanos y la libertad religiosa”.
Lo que está ocurriendo en el Estado de Israel es el crecimiento del fascismo y del racismo contra el pueblo palestino. El objetivo político de este gobierno quedó evidente hace unos días en el comunicado de su primer ministro, donde afirmó que “Cisjordania y Jerusalén son parte de la tierra de Israel» y que nadie tiene derecho a imponerles lo que deben hacer.
Las medidas que está tomando el Gobierno israelí en cuanto a la promulgación y legislación de leyes coloniales más racistas, así como las declaraciones de incitación al odio emitidas por más de un funcionario de la coalición gobernante israelí, se traducen de forma directa y diariamente en violaciones y crímenes de las fuerzas de ocupación, y las milicias de los colonos, confirmando que el Gobierno israelí, como de costumbre, niega cualquier acuerdo firmado con la parte palestina bajo los auspicios internacionales, incluidos los recientes entendimientos en Aqaba el pasado 26 de febrero y de Sharm el- Sheikh el pasado 19 de marzo, que son una prueba concluyente de la falta de un socio de paz israelí y de la ausencia de negociaciones políticas y de paz en el programa del gobierno de ocupación de extrema derecha.
A la luz de estas prácticas se requiere la intervención del Vaticano, de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y las iglesias del mundo; se requiere una acción urgente para detener todas las prácticas israelíes racistas y extremistas, es de gran importancia la intervención internacional para detener la ocupación y la intrusión de los colonos en Jerusalén y sus lugares sagrados, es absolutamente necesario que el Secretario General de las Naciones Unidas cumpla con sus deberes y active el sistema de protección internacional para el pueblo palestino, islámico y cristiano y garantizar la aplicación de las leyes internacionales pertinentes.
Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia.