El Gobierno continúa buscando con urgencia que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto de ley para la compra y venta de oro de las reservas internacionales: “Ley del oro”. Aunque se empeña en comunicar que este proyecto es para el fortalecimiento de las reservas, lo cierto es que el objetivo principal es la venta de oro físico, que permita la captación de dólares para hacer frente al exceso de demanda de divisas derivada de las importaciones, necesidades del pago del servicio de deuda externa y requerimientos de los bancos privados.
Actualmente, hay dos leyes vigentes que permiten al Banco Central de Bolivia (BCB) comprar oro de los mercados financieros internacionales (Ley 1670 de 31/10/1995), y de las cooperativas y empresas mineras estatales (Ley 175 de 11/10/2011). Bajo ese marco, el proyecto de Ley 219-22/23 (“Ley del oro”) se concentra en la venta del oro, buscando que el BCB amplíe sus operaciones de colocación del metal en los mercados financieros internacionales, por medio de operaciones de inversión, depósitos en custodia, conversión en divisas e instrumentos de cobertura; asimismo, el proyecto da al directorio del ente emisor una mayor discrecionalidad y dominio en sus decisiones de venta del oro, sin la obligatoriedad del seguimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa.
Si el proyecto de “Ley de oro” llegara a aprobarse en estos días, es muy probable que las 42,5 toneladas de oro de reservas internacionales bolivianas —las cuales se encuentran en bancos privados extranjeros— se conviertan en dólares para hacer frente al exceso de demanda de divisas (escasez de oferta). De hecho, desde 2015 el flujo de oferta de divisas es menor que el flujo de demanda, lo que ha generado una situación de escasez. En 2015 la escasez de divisas registraba $us 1.869 millones y en 2021, $us 738 millones; asimismo, según el último boletín mensual del BCB, entre enero y septiembre de 2022, la brecha negativa de divisas se calcula en $us 642 millones. En consonancia con estos flujos netos negativos, el stock de reservas internacionales en divisas del banco central ha ido descendiendo continuamente, de $us 13.586 millones en noviembre de 2014 a $us 372 millones en febrero de 2023.
El Gobierno, ante la permanente escasez de divisas, debía haber evitado que las familias, empresas y bancos generaran expectativas negativas sobre la fortaleza del boliviano y vigencia del sistema cambiario. Sin embargo, el BCB y el Ministerio de Economía han tomado medidas en sentido contrario, incurriendo en errores de política económica: el tratamiento de la “Ley del oro”, el tipo de cambio preferencial para exportadores (que permite al BCB aumentar el precio de compra de dólares de Bs 6,86 a Bs 6,95 por dólar) y la autorización a los bancos privados para la utilización de sus reservas de encaje legal ($us 240 millones) como inyector de liquidez, han hecho que la población vea señales de escasez de dólares. Asimismo, la batería de medidas de política económica ha dejado al público en una situación de desconfianza sobre la fortaleza del boliviano, que se ha manifestado en un aumento de la demanda de dólares, presionando al boliviano hacia su depreciación, y dejando en una situación frágil al actual sistema de tipo de cambio fijo.
Para evitar que el país llegue al borde de una devaluación, cuyas consecuencias serían muy dolorosas y costosas para la población, se recomienda al Gobierno, por un lado, que modere sus ambiciosos programas de gasto e inversión pública, y endeudamiento externo; y, por otro, procurar que los bancos no disminuyan sus reservas de encaje legal en moneda extranjera, ya que el freno de la creciente demanda de dólares del Gobierno y sistema bancario (actualmente más del 80% de la demanda total) liberarían divisas a favor de la acumulación de las reservas internacionales que garantizarían la permanencia del actual sistema de tipo de cambio fijo. Para ello, es imprescindible que se hagan ajustes sobre el modelo económico, renovando el equipo económico actual por otro que reciba mayor confianza de parte de los ciudadanos.
Fernando Torrejón Flores es doctor en Economía y profesor de Economía Aplicada.