En varios países de América Latina hay expresidentes, exministros y exaltos personeros de gobierno que guardan detención o están siendo encausados judicialmente por delitos de corrupción. La mayor parte de los debates que esto genera, coincide en afirmar que el fenómeno es muy antiguo y se ha extendido tanto que resulta poco menos que imposible erradicarlo. Por esta vía se tiende a tolerar prácticas corruptas y finalmente a convivir con ellas, tal si fueran un mal incurable.

Por lo dicho, suena muy bien la frase: “cero tolerancia a la corrupción”, esgrimida en las campañas electorales. El problema es que, por agotamiento, por contaminación, por ausencia de principios éticos, o por lo que sea, estas palabras no se aplican, se quedan en el aire, como nada más que una bonita frase.

Es cierto que el tema viene de muy lejos, no es nada nuevo. Y lo mismo si advertimos su intensa propagación en determinados momentos.

Pero se equivocaron quienes suponían que la corrupción a lo grande era exclusiva del modelo neoliberal, ejecutada por funcionarios de cuello blanco. A la vuelta de muy poco tiempo de instaurado el gobierno de Evo Morales se produjo el escandaloso caso de Santos Ramírez, que motivó no solo su destitución, sino su encarcelamiento por 10 años. No ocurrió lo mismo, bajo el mismo régimen, en el caso del Fondo Indígena; solo detenciones preventivas esporádicas, investigaciones de nunca acabar y contraacusaciones que convirtieron en víctima al principal denunciante, Marco Antonio Aramayo. Estos dos casos resultan emblemáticos para ilustrar ambas posiciones. Intolerante con la corrupción el primero y tolerante y laxo, el segundo.

Una enérgica labor de fiscalización de parte de los órganos públicos, ensamblada con un eficiente control social, hubiera permitido afianzar la tendencia de rechazo radical a la corrupción y hubiera achicado la posibilidad de que la Justicia haga sus acostumbradas trapacerías para salvar a los corruptos.

A partir de la Constitución Política del Estado existe un abultado armazón legal para la lucha anticorrupción, entre otras leyes, la 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y el Código Penal vigente. Que esta legislación puede ser mejorada y complementada (tarea que la oposición se empeña en sabotear) es un asunto, pero que nadie diga que faltan mecanismos legales para perseguir y sancionar a los que incurren en corrupción, en verdad lo que falta es voluntad política para hacerlo. Con un enfoque integral proponemos examinar estos aspectos:

— Comete delito quien recibe coimas, pero también quien las otorga.

— No basta con decomisar artículos y objetos de contrabando, el o la contrabandista debe ir a la cárcel y los bienes incautados ser sometidos a estricto control, al igual que los vehículos denunciados por robo.

— Los altos funcionarios públicos, desde el Presidente para abajo, deben abstenerse de colocar a sus parientes en la administración pública.

— Todas las instancias del Estado deben proporcionar información actualizada y facilitar el acceso a ella de parte de la ciudadanía en general. Asimismo, responder de forma oportuna y completa a las preguntas que les sean formuladas.

— Hace falta reformular y reglamentar la labor de las Unidades de Transparencia, incluyendo sanciones drásticas para quienes no cumplan sus responsabilidades.

— Las organizaciones sociales, fundamento del proceso actual, deben renunciar a prácticas prebendales y lo propio las instancias de gobierno que las fomentan. Incurrir en ellas no solo revela falta de respeto mutuo, sino que también siembra las semillas de la corrupción y debilita la participación en el control social.

— El rol fiscalizador de la Asamblea Legislativa, inevitablemente revestido de confrontación política, necesita urgentes ajustes que lo hagan efectivo.

Si lo ocurrido en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no provoca un viraje hacia la cero tolerancia a la corrupción, nos esperan días amargos y borrascosos.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

La cuestión del litio es de la más alta importancia y sentimos que no se le está dando la atención que requiere. Pareciera que, infelizmente, el tema ha ingresado al ámbito de la politiquería menuda donde se disputan prebendas y espacios de poder y donde están ausentes las miradas estratégicas sobre el uso de los recursos naturales, sobre nuestra inserción en los mercados y otros aspectos clave para el desarrollo del país.

Hay un sordo debate entre las dos fracciones escindidas del partido de gobierno. Unos que desconocen o niegan deliberadamente los avances en la materia alcanzados entre 2006 y 2019 y ayudan a propalar el rumor de que “no se hizo nada en tantos años” y que “se gastó más de mil millones de dólares sin resultados”. Por supuesto, olvidan que ellos son corresponsables de todo lo que, mal o bien, se hizo o no se hizo en ese periodo. Tampoco recuerdan que en esos momentos les tocaba cumplir su rol fiscalizador desde el Parlamento, la Contraloría y otras instancias del Estado y asimismo brindar condiciones para un mejor ejercicio del control social. Se fiscaliza, hay que recordarles, no solo a los opositores sino a todas las ramas de la gestión pública; la fiscalización no es una herramienta barata para destruir oponentes. Pero, lo más grave es que en lugar de proporcionar información valedera y facilitar el acceso a las fuentes, se maneja el tema como elemento propagandístico en lo que ya parece una desaforada campaña electoral.

Puede leer: Industria del litio: El Presidente alerta de las ‘ambiciones extranjeras’

Los del otro bando, destacan los logros en el proceso de aprovechamiento de estos recursos, asumiendo que cualquier proyecto de tales características demanda entre 10 y 12 años para obtener resultados, más aún si el punto de partida es cero, en vías de comunicación, transporte, energía, agua potable y otros. Sostienen tener todas sus cuentas al día y estar dispuestos a someterse a cualquier tipo de auditoría. Muestran como uno de los ejemplos exitosos la puesta en marcha de una planta piloto de carbonato de litio que ya empezó a producir y habría logrado con creces recuperar la inversión realizada; precisamente esta prueba piloto sentó los fundamentos para la construcción de una planta de escala industrial que no se explican por qué el Gobierno actual no la pone en funcionamiento. Preguntan por qué en vez de enriquecer y ajustar el Plan Maestro que se venía aplicando, simplemente parece que lo hubieran descartado. También preguntan ¿por qué no se recontrata a personal profesional altamente calificado despedido en noviembre de 2019?

Y la interrogante que nos habíamos planteado a nosotros mismos: ¿Qué se hizo entre 1993 y 2006? La respuesta es muy simple: Nada, excepto nuevos estudios de universidades bolivianas por lo general asociadas a entidades extranjeras. Da la impresión de que el Salar de Uyuni ya hubiera sido investigado del derecho y del revés, pese a lo cual siguen existiendo vacíos enormes de información para la mayoría del público no especializado.

El primer intento en 1990 era un acuerdo con la Lithium Corporation (Lithco), gestionado por Paz Estenssoro por invitación directa, sin licitación alguna y como parte de la aplicación del modelo neoliberal en el marco del levantamiento de las reservas fiscales. El borrador de convenio con la Lithco le fue heredado al sucesor, Paz Zamora, quien no tuvo ni la fuerza ni la habilidad de llevarlo adelante. En 1993, fracasó el segundo intento de firmar un acuerdo con la misma empresa, luego de un cuestionado proceso de licitación. De ahí en más no ocurrió nada relevante.

Solo a partir de 2006 se retomó el tema y luego de algunos tanteos se definió una estrategia y en 2008 se dieron los primeros pasos concretos.

Es hora de realizar un balance abierto y honesto de lo avanzado. Tomar en cuenta, además, que podrían añadirse nuevas dificultades a la ya de por sí compleja cuestión: el tema medioambiental y las expectativas de las comunidades locales y de los pueblos de la región.

Carlos Soria Galvarro es periodista

El año 1997, a pedido de La Razón publiqué, con este mismo título, un artículo sobre el hallazgo de las fosa común con los restos de Ernesto Che Guevara y seis de sus compañeros, con énfasis en la posición en la que quedó colocado Gary Prado Salmón. Rescatando partes sustanciales de esa nota, de la cual nada hay que rectificar,  y añadiendo algunos elementos nuevos, que tampoco hacen variar mis puntos de vista de entonces, presento a los lectores los siguientes aspectos, con motivo de su reciente fallecimiento a los 84 años de edad.

Prado Salmón sostuvo siempre que capturó al Che, pero no fue su verdugo. ¿Qué razones tuvo entonces para negar reiteradamente que sus restos estuvieran enterrados en Vallegrande?

Confieso que por momentos llegué a pensar él poseía alguna información altamente reservada con base en la cual afirmaba rotundo que no había ningunos restos que buscar.

El único sustento para sus afirmaciones era un instructivo de los mandos militares que ordenaba cercenar las manos del Che para fines de identificación y luego quemar y esparcir los restos. No se quería una especie de santuario donde se venerara la memoria del comandante guerrillero.

Cremación imposible

Un primer elemento que me convenció de que la versión de Prado Salmón era deleznable lo obtuve hace varios años en el Cementerio General de La Paz, cuando indagué qué tiempo demandaba la cremación de un cadáver “fresco”: por lo menos 24 horas con una llama de 1.200 grados de temperatura, me dijeron. Conclusión: el Che no pudo ser quemado y esparcido como decía la historia oficial. No existía en Vallegrande nada parecido al horno crematorio paceño.

Entrevista a Gary Prado Salmón: Mantener con vida al Che habría sido un factor de irritación

También por varios años rondó por mi mente la sospecha de que el Che hubiera sido «esparcido» de todas maneras, sin la previa cremación. Es decir, arrojado a la selva desde un avión. Así por lo menos se procedió –según  varios testimonios– con Jorge Vázquez Viaña (El Loro), guerrillero herido y prisionero en Camiri.

Nuevos y viejos indicios

En el marco de la búsqueda febril de los restos, fines de 1995 y comienzos de 1996, un equipo de periodistas de la revista alemana Der Spiegel, sin medir gastos en un inusitado despliegue investigativo, pretendió obtener la primicia del hallazgo de los restos. Y estuvo muy cerca de lograrlo. Les sobraba dinero, pero les faltaba la pasión motivadora y, obviamente, la paciencia y profesionalidad del equipo de investigadores cubanos y argentinos.

Colegas que trabajaron con los alemanes deslizaron algunas importantes conclusiones una vez que la investigación fue suspendida. El Che estaría enterrado en las proximidades de Vallegrande. El sitio exacto lo sabían algunos militares que se negaron a revelarlo.

La información filtrada por los alemanes ratificaba una vez más la antigua versión de Edwin Chacón Aramayo, quien fue uno de los corresponsales de Presencia durante la época guerrillera: el Che y varios de sus compañeros estaban enterrados en las proximidades de la pista aérea de Vallegrande.

En la misma dirección apuntaba la afirmación del general Luis Reque Terán cuando la carrera de Historia de la UMSA y la Asociación de Periodistas de La Paz lo invitaron a un debate en ocasión de la presentación del segundo tomo de la serie El Che en Bolivia, en septiembre de 1993. Él dijo que los restos del Che, al igual que los de otros guerrilleros, estaban enterrados en algún lugar de Vallegrande, y para evadir respuestas comprometedoras añadió que los que sabían exactamente dónde ya habían fallecido.

Historias oficiales

Cuesta creer que en este caso Gary Prado haya mentido deliberadamente como creían los periodistas alemanes y como seguramente muchos lo creen todavía ahora. Por otra parte, es imposible no suponer que estaba en condiciones de llegar por sí mismo a las conclusiones acertadas, aun en conocimiento de que existían órdenes militares para la incineración.

Es muy sabido que no siempre las órdenes se cumplen, ni menos al pie de la letra. Prefiero suponer que fue víctima de la ofuscación, originada en su adhesión incondicional a la institución armada. Se aferró a una versión oficial cada vez más inverosímil bajo la creencia de que así contribuía a alejar el fantasma del Che.

Puede leer también: La impronta del Che que trasciende a la muerte de su captor

Todos los testimonios militares, del propio Gary Prado, y de oficiales de alta graduación como Saucedo Parada, Reque Terán, Arana Serrudo y Vargas Salinas, coinciden en admitir la ejecución del Che, sin ningún atenuante. En forma unánime desmienten la primera versión oficial que pretendía hacer creer que cayó en combate. En cambio, el paradero de sus restos se manejó como un secreto militar. Versiones convergentes sobre el lugar en que en definitiva se los encontró iban y venían, pero ninguna de fuente castrense responsable, hasta que Mario Vargas Salinas habló más de la cuenta y sus revelaciones fueron claves para el hallazgo.

La afirmación de Prado Salmón, de que los restos habían sido incinerados por personal militar anónimo en un lugar no precisado, siempre fue deleznable. Pero tenía la fuerza de quien lo decía: un protagonista principal de los sucesos. Ahora es solo un mal recuerdo. Los restos del Che fueron recuperados, identificados plenamente y regresaron a Cuba.

Traspiés

Existen suficientes elementos históricos para sostener que el entonces joven capitán no participó directamente en la ejecución de la escuelita de La Higuera, así lo sostuvo desde el primer momento y lo reiteró toda su vida. Nadie podría sindicarlo de la muerte del Che. Lo capturó, sí, en cumplimiento de sus deberes militares, como lo describe en su libro La guerrilla inmolada (Santa Cruz, 1987).

Sin embargo, en 2016 hubo un amago de polémica con el historiador Gustavo Rodríguez cuando éste se refirió a un Informe del Ejército estadounidense desclasificado en el que se sostiene que Prado habría ordenado la ejecución del Che (Department of Defense.pdf/Ernesto Che Guevara file, www.paperlessarchives.com, pp. 4-8). Revisado ese documento lo hallamos totalmente inconsistente; por ejemplo considera al minero de Huanuni Simeón Cuba, “Willy” en la guerilla, como agitador cubano solo en razón de su apellido.

Por «espíritu de cuerpo», por «lealtad a la institución» o por razones políticas, Prado Salmón siempre justificó los hechos tal cual ocurrieron. Suponía que no había más alternativa que eliminar al prisionero, que las autoridades de entonces obraron de la única manera que podían hacerlo.

Hay varios puntos discutibles en un ambiente de serenidad y tolerancia democrática, lejos de la agobiante doctrina de la «seguridad nacional» que los Estados Unidos insuflaron a los militares latinoamericanos. Pero, ese modo de pensar y ese lenguaje le salió a flote a Prado Salmón cuando, ya retirado como general, se involucró, o lo involucraron de forma arbitraria, en el embrollado caso del asalto al hotel Casa de las Américas del año 2009.

En resumen, por su carrera militar básicamente institucionalista y en pro de la democracia, por la entereza moral con la que enfrentó su temprana invalidez, por su actuación pública franca y abierta (no siempre aceptable para todos, claro está), considero que Gary Prado Salmón es una personalidad boliviana merecedora de un gran respeto.

Ola de conflictos, grandes o pequeños, espontáneos o artificiales, legítimos o truchos. En casi todos ellos aparecen con nitidez, las dos puntas del ovillo. De un lado los núcleos de una derecha recalcitrante y golpista anidada en el comiteísmo cruceño y del otro, el grupo radicaloide arrimado en el magisterio paceño. Resulta notable cómo se lanzan mutuos piropos, miden sus palabras y afinan sus consignas para posibilitar acciones conjuntas. No vale la pena ocuparse de los devaneos y mezquindades de unos y otros, tampoco volver a reafirmar antiguos y nuevos conceptos sobre el consagrado Día Internacional de los Trabajadores. Preferimos retomar un tema candente al que sentimos que no se le está dando la debida atención: el litio.

Uno. Ha llegado el tiempo del llamado “metal blanco”. El futuro del que se hablaba hace tres décadas ya está aquí. El género humano, si quiere salvar el planeta donde habita debe cambiar sus prácticas de consumo, entre ellas principalmente la producción de gases de “efecto invernadero” que genera la quema de combustibles fósiles: hidrocarburos y carbón. Con diferentes ritmos y en condiciones disímiles se está pasando al uso generalizado de la energía eléctrica que a su vez requiere de fuentes renovables de alimentación y, por supuesto, de acumuladores o baterías, tanto y más grandes como las que se usan en los artefactos electrónicos. Hasta ahora nada mejor que el litio para dichos acumuladores de energía.

Dos. Argentina, Chile y Bolivia (con la posible inclusión de Perú) conforman el triángulo sudamericano del litio, poseen las más grandes reservas y el mayor potencial productivo en la región y buscan incrementarlo aceleradamente. México es otro productor importante. Bolivia ha llevado la iniciativa de dar los primeros pasos para constituir una asociación de países productores de litio, a la manera de la OPEP (para el caso del petróleo). También se están produciendo algunos cambios dignos de tomar en cuenta: en México donde AMLO acaba de crear una empresa pública y en Chile, donde se abrió el debate para una mayor participación del Estado, pero manteniendo lo que Boric llama relación “virtuosa entre la empresa pública y la empresa privada”. En ese contexto y conocidas las advertencias del brazo militar del imperialismo (Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, fue muy clara al respecto), cualquier asociación defensiva refuerza el rumbo soberano en el tratamiento del tema y contrarresta las presiones que ya han comenzado a ejecutarse.

Tres. Los precios tienden al ascenso por la demanda creciente, pero dado el vertiginoso desarrollo de las tecnologías y los ingentes recursos que los grandes países invierten en la investigación sobre los recursos energéticos, el auge del litio podría ser relativamente breve (de 20 a 30 años). Por tanto, la cuestión de fondo no es quién tiene más litio en sus yacimientos, sino quién es capaz de extraerlo, procesarlo, aumentar su valor agregado y comercializarlo en el tiempo oportuno, que es ahora.

Cuatro. Hay dos sesgos peligrosos: la ignorancia o estupidez con que se manejan algunos dirigentes “potosinistas” en su afán de rechazar y oponerse a ciegas a cualquier iniciativa que venga del Gobierno central. Pero, también hay que ver con recelo las poses triunfalistas del ámbito oficial, más propaganda que información; y encima, como si estuvieran descubriendo nuevamente la pólvora, hacen hincapié en la nueva tecnología (cuyas bondades están todavía por verse) y silencian lo que hizo el anterior gobierno del MAS con otra tecnología pero con resultados concretos que ya aparecen en el rubro de las exportaciones nacionales, a partir de una planta piloto; tampoco informan cuándo se inaugura la planta de escala industrial ya construida y si se han tomado las medidas necesarias para garantizar su funcionamiento.

Cinco. ¿Qué se hizo en pro del aprovechamiento del litio entre 1990 y 2010? No queda otra, intentaremos averiguarlo. Entonces, ¡hasta la próxima!!

Carlos Soria Galvarro es periodista.

Vivimos tiempos de conflictos generalizados. Apreciación que se confirma reduciéndonos a la pequeñísima parcela de mundo que es Bolivia. Acá no estallan bombas ni cohetes teledirigidos pero, especialmente en la ciudad de La Paz, por obra del destino histórico “sede de gobierno”, todos los santos días hay explosiones de gases lacrimógenos, disparos de balines de goma, garrotazos a discreción y, del otro lado, lanzamiento a granel de ruidosos petardos acompañados de zapateos, estribillos y huelgas de hambre dignos de mejores causas. Un tira y afloja de nunca acabar. Gestión ministerial carente de liderazgo y de contundencia en sus acciones frente a una dirigencia irresponsable embotada de palabrería dizque “revolucionaria”, pero que ha sido capaz hasta ahora de arrastrar a un sector no pequeño de los docentes urbanos.

El caso es de antología. Los resabios arqueológicos de una corriente política sepultada por la vida, enquistados por décadas en el poderoso aparato sindical (sedes, edificios, movilidades, recursos para transporte, hoteles, viáticos, petardos, etc.). De tal modo, han llevado al magisterio a sumarse a posiciones abiertamente reaccionarias. Apoyaron a los golpistas de 2019 y en las presentes circunstancias hacen todo lo que está a su alcance para contribuir a la desestabilización promovida por la oposición derechista.

Es para no creer. No se sabe exactamente por qué rechazan la nueva malla curricular. ¿Quieren un pago extra para aplicar innovaciones de tecnología, ajedrez y otras, o coincidiendo con retrógrados ultramontanos se oponen al llamado “enfoque de género” y a tratar con franqueza los temas de sexualidad? Los principales miembros del entorno dirigente van a las mesas de diálogo no a debatir ni proponer soluciones o alternativas para normalizar las clases, van con la decisión tomada anticipadamente de rechazar la oferta gubernamental, sea cual fuere. Les importa un bledo el tremendo daño que con estas posturas ocasionan, por lo que resulta completamente demagógico el planteamiento de que el Estado pague, ahorita mismo, toda la deuda histórica con la educación boliviana.

Aunque tarde todavía, creemos llegará el día en que las bases del magisterio exigirán una severa rendición de cuentas a estos dirigentes, tanto por sus andanzas politiqueras como por el manejo de sus bienes materiales acumulados.

Pero no se crea que este es el único conflicto. El espectáculo protagonizado por los sectores del partido de gobierno es el mar de fondo que impregna el momento actual. No hay una confrontación de ideas o cuando menos de propuestas programáticas. Se trata de una pura y simple gresca por el control del poder. Coincidimos con quienes piensan que, de tal manera, el MAS está cavando su propia tumba. Como van las cosas, ni aunque se unieran a último momento podrían volver a ganar las elecciones. El desgaste es de unos y otros.

El uno abre la boca y la riega sin contemplaciones. El otro, por lo general callado, excepto en sus campañas (entrega de obras), en vez de buscar consensos que eviten la polarización, dispara como con escopeta abriéndose frentes simultáneos por todos lados: maestros, gremiales, periodistas, jubilados, etc.

En síntesis, se confirma que los líderes no estuvieron ni están a la altura de los procesos de cambio iniciados en 2006, tras un largo periodo de resistencia y construcción del bloque social. El instrumento político de ese conglomerado, hoy está mediatizado por las prebendas y carcomido por las trifulcas. Solo una enérgica movilización del eje originario, campesino, indígena, obrero y popular que recupere la iniciativa y ponga las cosas en su sitio salvaría del colapso al tan mundialmente apreciado modelo boliviano. Pero tal perspectiva no asoma por ningún lado, es nada más que un buen deseo. Y punto.

Carlos Soria Galvarro es periodista.