Edgar J. Mohn decía: “una mentira tiene velocidad, pero la verdad tiene resistencia”, esta frase se aplica perfectamente al entorno boliviano y a supuestos “analistas” acostumbrados a emitir criterios bastante tergiversados cuando de economía se trata; pero como menciona ese dicho, al final, la verdad prevalece.
¿Pero a qué viene lo señalado? En estas semanas se ha ido posicionando la idea de una escasez de dólares impulsada por políticos y “analistas” con un historial de desaciertos que no podemos ignorar y es necesario recordar.
Para este efecto, rememoremos dos ocasiones importantes y recientes en las que estas personas se equivocaron y usaron la mentira para causar malestar entre la población: la primera ocasión en 2021 y la segunda, en 2023.
Para el primer caso remitámonos a inicios de 2021, cuando se pretendió implantar la Ley del Impuesto a los Servicios Digitales, cuyo objetivo era que las empresas transnacionales que prestan servicios en el país, paguen tributos como cualquier boliviano lo hace, pero fueron tantas las mentiras que se dijeron que al final jamás se aplicó y fue dada de baja en la Asamblea Legislativa.
Como la estrategia de desinformación funcionó tan bien, los políticos de turno y algunos “analistas” vieron que opinar (y mentir) sobre impuestos a los servicios digitales sería una buena punta de lanza para perturbar la paz social.
Así, en noviembre de 2021, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió una norma administrativa con simples fines estadísticos (Resolución 102100000020, del 4 de noviembre), que fue usada por “analistas” e incluso algunos de mis docentes para anunciar que se estaban creando impuestos a los servicios digitales e incorporando nuevos contribuyentes.
No obstante, a más de dos años de su plena vigencia, las personas pueden evidenciar en los comprobantes de pago de Netflix, Uber, etc., que no figura ningún tipo de contribución a favor del Estado, es decir, se evidencia fehacientemente que ni estas plataformas ni sus usuarios tributan como tanto se profesó.
La segunda falacia que quiero hacer notar es la que aconteció a inicios de 2023 con el decreto 4850, oportunidad en la que los mismos políticos y “analistas” con mucha, pero mucha imaginación, crearon un discurso demasiado forzado para implantar la idea de que nuevamente se estaba creando un impuesto a los servicios digitales.
Algunos fueron más ocurrentes, decían que “se creó un impuesto a la renta personal” que “encarecerá los bienes inmuebles y muebles”, que es un “impuesto sobre impuesto”, y lo peor y digno de un meme, que “pagaríamos impuestos por cada transacción de pago electrónico o financiero (QR)”.
Pues bueno, a tres meses de la vigencia del decreto 4850, los ciudadanos y contribuyentes pueden evidenciar personalmente que no existe el susodicho impuesto a la renta, que no existen retenciones por transacciones financieras y que los bienes inmuebles y muebles no están pagando impuestos nuevos, demostrando claramente que todo lo dicho fueron mentiras.
Entonces, se evidencia que no hay un criterio responsable al momento de emitir este tipo de aseveraciones, y pese a que sí hay algunas personas que analizan la información de manera correcta, es la población en general la que sufre el costo social de las mentiras.
Ahora, son estos mismos “analistas” falseadores los que semanas atrás provocaron una especie de pánico colectivo con la noticia de una “escasez de dólares” y como consecuencia, la población en general salió a la compra innecesaria de esta moneda, causando la profecía autocumplida de escasez.
Por fortuna, esta situación está siendo controlada por el Banco Central y el Ministerio de Economía; no obstante, producto de esta especulación ya se dañó el bolsillo de la población; ahora estos “analistas” continúan emitiendo criterios económicos, y mi pregunta simplemente es: ¿les creemos o no les creemos?
Wilson Atahuichi es economista.