La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha dispuesto el pago de $us 253 millones por el Estado boliviano a favor de la transnacional Glencore, por la nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio en Vinto, la anulación del contrato de alquiler de la mina de Colquiri y por la apropiación de 161 toneladas de estaño por la fundidora estatal.

El proceso de privatización destruyó el aparato productivo estatal, en particular de la minería, así las empresas transnacionales se adjudicaron las minas con futuro, entre ellas Comsur, cuyo propietario era Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni): obtuvo las minas Bolívar, Colquiri y Porco, luego compró la Empresa Metalúrgica Vinto a la quebrada Allied Deals. En Colquiri, el contrato era de alquiler, con una retribución de tan solo 7% de la producción bruta a favor de la Comibol.

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En 2003 cayó el gobierno de Goni, la indignación popular pedía justicia y resarcimiento a las víctimas; el gobierno de entonces no hizo nada para afectar el patrimonio del prófugo, al contrario, autorizó que los contratos mineros sean transferidos a la transnacional Glencore, con residencia en el país a través de la empresa Sinchi Wayra. Con el advenimiento del proceso de cambio (2006), el presidente Evo Morales anunció la reversión de las minas de Goni, causando la oposición de sus trabajadores. En vez de nacionalizar estas minas, se buscó la negociación para lograr una participación mayoritaria del Estado, negociaciones que concluyeron en 2013.

El 31 de octubre de 2006 se revirtieron los contratos de alquiler con los cooperativistas en la mina de Huanuni. El estaño producido por Huanuni era vendido a la fundidora de Vinto; la visión de integración de la cadena productiva en una corporación llevó a la expropiación de la fundidora (10 de febrero 2007). El 1 de mayo de 2010 se nacionalizó la fundición de antimonio, ubicada dentro de los terrenos de Vinto, utilizada como depósito: en éstos se encontraban 161 toneladas de concentrados de estaño, que la empresa estatal introdujo a su circuito.

El 20 de junio de 2012 se anuló el contrato de la mina Colquiri por problemas que creó Sinchi Wayra, al permitir que los cooperativistas ingresen a áreas de la empresa y se enfrenten con los trabajadores; se dio un plazo de 120 días a la Comibol para que se pague por la maquinaria e insumos de la empresa, que no cumplió.

A pesar de estos sucesos se continuó con la negociación de los contratos de asociación minera dispuestos por la Constitución para las minas de Bolívar y Porco, concluyendo el 22 de abril de 2013, cuando el Directorio de la Comibol aprobó el contrato con una participación del 55% de las utilidades para la empresa estatal, la inversión de $us 100 millones para duplicar la producción, teniendo vigencia desde el 1 de octubre de 2011.

El contrato fue aprobado por la Asamblea Legislativa y promulgada la Ley 386 el 22 de abril de 2013, la que, para sorpresa nuestra, no era el aprobado por el Directorio. En ese sentido se reclamó a la presidencia de la Comibol, que instruyó una investigación; el informe llegó a la conclusión que hubo modificaciones, particularmente la referida a la fecha de inicio del contrato, causando un daño a la Comibol de $us 20 millones. Ante la falta de acciones del Ejecutivo, para denunciar y reparar el daño, junto con el director Pedro Ticona presentamos una denuncia ante la Fiscalía, que la rechazó a pesar de la testificación de los miembros del Directorio. Se recurrió a la Procuraduría General del Estado, el Viceministerio de Transparencia, que no hicieron nada, también se llegó a la Contraloría, que ordenó una auditoría cuyo resultado no se conoce.

La modificación apresurada de lo aprobado por el Directorio dejó huecos que inviabilizó su aplicación; el 1 de octubre de 2018 se suscribió una adenda al contrato que superaba estos obstáculos, volviéndose a los términos originales; este documento, que modificaba una ley, debía tener el mismo rango para su aplicación, lo que nunca ocurrió. Mientras tanto se ha actuado obviando esta obligación, al extremo que se permitió que Glencore venda la empresa, sin antes superar este problema legal, ni mucho menos verificar si se cumplió el contrato.

Colquiri aumentó su ganancia de $us 4 millones que recibía con la privada a 30 millones el primer año. Vinto es la única empresa que ingresa dólares al Banco Central, en un monto superior a los $us 200 millones cada año.

Con este fallo, los ladrones de cuello blanco deben estar felices, sin que nosotros defendamos seriamente nuestros recursos naturales. ¡Basta!, un poco de dignidad nos obliga a hablar con voz alta.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

El 27 de agosto se inauguró en Catavi un monumento a Filemón Escobar; más allá de la celebración, está la historia.

Filipo llegó a Uncia en 1952 en busca de su familia; la necesidad le llevó a trabajar en la mina; su impresión era de asombro —estos mineros quieren producir más que la Patiño y trabajan casi gratis. A los dos años fue elegido secretario de Cultura del Sindicato de Siglo XX, como secretario general Irineo Pimentel y control obrero, Federico Escobar.

El golpe, preparado por el MNR, derivó en revolución. El torbellino revolucionario dejó las cosas volcadas: el ejército acuartelado, las minas en manos de los trabajadores, la tierra repartida por los sindicatos, la defensa del gobierno por milicias, crisis económica; la dirección la disputaban la COB y el MNR.

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Poner orden: el camino, la institucionalización de la revolución vía democracia representativa. El parlamento se tiñó de rostros cobrizos encorbatados, el gabinete de Siles Zuazo era señorial. Las medidas no se dejaban esperar: reorganización del ejército, código del petróleo Davenport, plan de estabilización monetaria Eder-Siles

Surgió la resistencia de los sindicatos de Siglo XX y Catavi, que habían cuidado los costos de producción, sobreviviendo con la pulpería; señalaban los problemas de la minería: la succión de los dólares baratos por los importadores y la necesidad de la fundición de estaño.

La comunidad de abril se hizo trizas: el MNR se dividió, el PCB volcó sus cuadros a las minas y captaron a Federico Escobar, César Lora retornó de Pulacayo e Isaac Camacho ingresó a trabajar. Enfrentaron juntos la lucha contra Siles; en Huanuni —enero 1959 —, los de Siglo XX-Catavi hicieron respetar los resultados de las elecciones sindicales, que ganó el sector de izquierda, hubo 11 muertos, entre ellos, tres “poristas”.

El gobierno de Paz-Lechín (1960-1964) fue proclamado por el sector de izquierda, para retomar las banderas de abril; contra lo esperado, siguió con la racionalización del Plan Triangular: para que los mineros lo aprobaran, se recurrió al destierro de la dirigencia de Siglo XX a Puerto Villarroel, entre ellos estaba Filipo. Los mineros rompieron con Paz, aprobando la tesis de Colquiri (1963), que sostenía que todo era mejor a Paz. La respuesta fue la detención de Pimentel y Escobar, los mineros respondieron, tomando rehenes a cuatro norteamericanos.

En 1964 Paz fue reelecto, la resistencia era generalizada, la represión en Oruro provocó dos muertos, el entierro con la presencia de mineros fue reprimido, los mineros de Siglo XX marcharon a Oruro y fueron detenidos en Sorasora, a la cabeza iban los “poristas”. El 4 de noviembre, el vicepresidente Barrientos dio un golpe, para hacer lo que Paz no hizo: rebajar los salarios, proscribir los sindicatos, ocupar las minas; la represión vino con presos, exilados, asilados, los “poristas” pasaron a la clandestinidad. El intento fue trágico, fue asesinado César Lora (1965), al año siguiente murió Federico Escobar.

En enero de 1967 Filipo fue desterrado a Puerto Rico; allí llegó la noticia de la Masacre de San Juan y la desaparición de Isaac Camacho; fue encarcelado junto a la dirigencia de la Federación de Mineros; con una huelga de hambre lograron la libertad en diciembre de 1968, en abril del año siguiente murió Barrientos.

Con Ovando se reorganizaron los sindicatos. La Federación de Mineros efectuó su XIV Congreso (1970) y aprobó la Tesis Socialista, en cuya redacción participó Filipo y fue electo dirigente de la FSTMB. El avance fue cortado por el golpe de Banzer —1971—, que lo sorprendió en Chile.

El septenio banzerista lo pasó en la clandestinidad, autocríticamente concluyó que las cosas se hicieron mal, planteó a la COB como órgano de poder, y emprendió nuevas relaciones, creó Vanguardia Obrera. Acompañó al líder campesino Genaro Flores como candidato a vicepresidente. Fue de la dirigencia de la COB que enfrentó a los militares que se aferraban al poder. Fue exiliado a España en 1981. La democracia se asentó en 1982, Filipo apoyó a que la UDP fuera gobierno; el gobierno de Siles, acorralado por el Parlamento y la deuda externa, acortó su mandato; Filipo volvió a las bases en 1984, siendo elegido secretario general del Sindicato de Catavi. En 1985 vino el DS 21060, Catavi propuso la tesis de que había que aguantar a toda costa la relocalización y Filipo volvió a la FSTMB. Le tocó dirigir la Marcha por la Vida que fue cercada y desmovilizada el 29 de agosto de 1986; la derrota llevó al desconocimiento de la dirigencia y la dispersión de los mineros. Filipo se alejó de los mineros para trabajar con campesinos e indígenas.

Vivir la gloria, sufrir decepciones, aferrarse a la esperanza, caer y levantarse, enfrentar la última batalla, aceptar la derrota y esperar el Pachacuti. Es la historia del mismo movimiento minero.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

En vísperas de la realización del XVIII Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), vale revisar su trayectoria y otear la esperanza que se tiene del evento.

La CSUTCB se fundó el 26 de junio de 1979 en el Congreso de Unidad convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), siendo su primer ejecutivo Genaro Flores. Sin embargo, la resistencia de los pueblos indígenas se retrotrae a la lucha contra el colonialismo; las figuras de Túpac Amaru, Tomás Katari y Túpac Katari reseñan el deseo de sacudirse del yugo español; Zárate Villca, Santos Marka Tola, Luis Ramos y otros defendieron los derechos de los indígenas campesinos durante los gobiernos oligárquicos.

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La Revolución de abril de 1952 logró la nacionalización de las minas y la reforma agraria; la toma de haciendas en el valle cochabambino aceleró la promulgación de la Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953.

La distribución de la tierra creó gratitud hacia el MNR, que la aprovechó para utilizar el voto campesino como pongueaje político; la misma práctica utilizaron los dictadores con el pacto militar-campesino. La coyuntura política en 1970 permitió que el movimiento campesino rompiera sus ataduras, creando el movimiento Katarista y los Independientes; al recuperarse la democracia se creó la Confederación Julián Apaza; estas tres tendencias construyeron la UNICA.

Emergen en la política el año mismo de su fundación, cuando apoyan la huelga general decretada por la COB contra el golpe de Natusch Busch, con el bloqueo de caminos; superado el conflicto, el bloqueo continuó contra las medidas económicas que golpeaban al sector campesino con la subida de los precios de los artículos de consumo y el transporte; la lucha fue exitosa, emergía un nuevo sujeto histórico: el campesinado.

En el gobierno de Siles Zuazo, para luchar contra el minifundio y el latifundio, la CSUTCB planteó la Ley Agraria Fundamental que instituía la producción agrícola asociada: comunitaria, de asociación y cooperativas y las Asociaciones de Desarrollo Agroindustrial. Creó la Corporación Agropecuaria Campesina (Coraca), para promover, apoyar y fiscalizar la autogestión de las unidades productivas. Este planteamiento no fue aceptado por el gobierno, llegándose al bloqueo, con el que lograron cinco decretos y cuatro resoluciones supremas, que paliaron el conflicto sin atender lo central.

El desastre de la UDP llevó a la implantación del modelo neoliberal, donde la ley del mercado determina la economía, se achicó el Estado, así se liquidó a los mineros y se debilitó a la COB; por su parte el movimiento campesino apareció dividido, por lo cual se convocó a su 1° Congreso Extraordinario en 1988, el cual sentenció: ante el fracaso de los partidos, el movimiento campesino debía contar con su instrumento político propio. La consigna tardó en madurar, mientras la lucha contra el neoliberalismo y su expresión en el agro —las leyes del INRA y de la Coca— se agudizaba, perfilando nuevos escenarios y liderazgos.

Con motivo de los 500 años del inicio de la colonización, se fue preparando la Asamblea de las Nacionalidades, el éxito de su convocatoria no logró el funcionamiento de este órgano de los pueblos indígenas, pero se convirtió en objetivo.

El Congreso Tierra, Territorio e Instrumento Político, realizado en marzo de 1995 en Santa Cruz, creó el instrumento político —Asamblea por la Soberanía de los Pueblos— que participó en las elecciones de 1997, logrando tres diputados.

La lucha interna en la CSUTCB llevó a la realización del 2° Congreso Extraordinario en 1998, donde se eligió a Felipe Quispe como su ejecutivo. Su gestión coincidió con las “guerras” del agua y del gas; su movilización, con el bloqueo de caminos, coadyuvó en 2003 a la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. En las elecciones de 2002, el bloque indígena-campesino se presentó dividido, por un lado el MAS-IPSP logró 22% y el MIP, un 6%.

El X Congreso y el XI de la CSUTCB ratificaron la línea de fortalecer el MAS-IPSP y plantearon un programa de gobierno que tenía, entre otros objetivos, la nacionalización del petróleo y la Asamblea Constituyente, consignas que le dieron el triunfo en 2005, siendo elegido presidente Evo Morales Ayma, representante de los cocaleros en la CSUTCB.

Los siguientes congresos hasta el XVII no delinearon medidas para aplicar los preceptos de la nueva CPE como la producción agrícola comunitaria, la limitación de la propiedad de la tierra, la defensa de la madre tierra, los derechos de las naciones originarias, la justicia comunitaria y la educación en los idiomas nativos, etc. Es en ese sentido que la CSUTCB ha acompañado a los gobiernos del MAS-IPSP, perdiendo la iniciativa política.

¿Podrá el XVIII superar el rol de acompañamiento y pasar a ser el conductor del proceso?

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Con el mismo título, Armando Ortuño (La Razón 29-07-23) plantea salir de la visión coyuntural de la captación de divisas, con alternativas novedosas y realistas, antes que por la venta del litio, y plantea hacer de este emprendimiento un puntal del desarrollo, si no nacional, por lo menos regional.

El síntoma preocupante de la economía hoy es la falta de divisas: a pesar de los récords de los ingresos por la exportación, no hay dólares. La visión tradicional de que el Estado debe generar y ponerlos a disposición general lleva a buscar nuevos emprendimientos extractivistas por parte del Estado, obviando la enorme fuga de éstos por el sector privado en la explotación de los minerales, el oro y la agro industria.

Así se plantea que la solución es la venta del carbonato de litio, pero los resultados que son lejanos, 2025-2027, no solucionan el problema inmediato; además relegan la política nacional de la industrialización de los recursos naturales, que condiciona su explotación a darle valor agregado vía la industrialización. La urgencia hace perder de vista el horizonte.

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En los debates últimos se ha demostrado que la industrialización del carbonato de litio aumenta su valor cuatro veces, cuando se los transforma a cátodos; 10, cuando se llega a baterías; así fácilmente, en teoría, el valor de $us 6.000 millones se trasforma sucesivamente, en $us 24.000 millones y $us 60.000 millones, desde luego una maravilla que se hará realidad si verdaderamente se trabaja denodadamente y no se pide que otros lo hagan. La industrialización es un objetivo estratégico de la nación y nos corresponde llevarlo adelante.

En el proceso de la industrialización, el carbonato de litio es un elemento más del conjunto llamado material catódico, que se compone de otros elementos como el níquel, el manganeso, el cobalto o el fluorofosfatado de litio, cuya explotación no se ha iniciado aún, a pesar que hace 70 años sabemos que existen en el país; esta labor no le corresponde a Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), es un problema de explotación y refinación del sector minero, que hoy mira para otro lado.

El salto a la fabricación de baterías es un paso que requiere otros componentes como los ánodos (cobre), el electrolito (hexafluoruro de litio), los conductores y el envase de plástico, producción que compromete a la Química Básica y a YPFB, que debe dar el paso en la producción de polímeros.

El Plan Nacional Maestro “Desarrollo de la Cadena Ampliada de la Industrialización de los Recursos Evaporíticos 2019-2030”, elaborado en la gestión del presidente Evo Morales, detalla las cuatro plantas que tiene que tener YLB y otras 20 para el conjunto de los requerimientos para la obtención de baterías, estableciendo la creación de 13.000 puestos de trabajo, 21% en forma directa y el 79% en industrias paralelas.

Este es el único camino del desarrollo soberano, largo, sinuoso, sacrificado, lleno de tensiones y zancadillas; porque de eso se trata una lucha contra el sometimiento imperial, que se opone y dificulta a nuestro desarrollo. Hoy se anuncia la puesta en marcha de la planta industrial de carbonato de litio, empezada en 2017, que producirá 15.000 toneladas; se anuncia una producción gradual por una serie de problemas no resueltos como la falta de provisión de agua y la no conclusión de todas las piscinas de evaporación, las denostadas piscinas, que, a pesar de todo, es lo único concreto que tenemos. Con esta puesta en marcha se puede obtener $us 650 millones de dólares por año, pero si se llega a fabricar el material catódico, su valor se elevaría a $us 2.600 millones, claro que para esto hay que poner en movimiento al Estado y a la misma sociedad. Pero, ante todo, hay que cambiar el rumbo de quienes hoy dirigen YLB, quienes han reducido su función a ser martilleros de la mejor propuesta para la obtención del carbonato de litio, olvidándose de la investigación y la labor práctica de poner en marcha el proyecto industrial, a la par que aumentan las reservas cuando el consumo actual es cero; la cuantificación de reservas y su certificación, en este caso, parecen tener el propósito de jugar en la bolsa de valores, que en nuestro caso no se puede por prohibición expresa de la Constitución.

La puesta en marcha de la planta industrial de carbonato de litio nos golpeará la conciencia por cada tonelada que se venda sin industrializar.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Con un despliegue espectacular de fuerzas policiales se intervino la explotación ilegal del oro en la comunidad de Miraflores, situada a orillas del río Madre de Dios; el resultado son 27 barcazas destruidas, 57 personas apresadas, decomiso de armas y mercurio, pero no se dice nada del objeto del delito, el oro. No es el primer operativo, anteriormente ya hubo otros, sumando a la fecha 88 detenidos.

¿Se solucionó el problema? De ninguna manera, sin embargo, el operativo develó la gravedad de la situación de la minería y en particular la del oro. Se observó lo fácil que es establecer una explotación minera en zonas alejadas y con una población con múltiples necesidades que, a cambio de un puesto de trabajo, se convierten en facilitadores del delito, acá comienza lo ilegal. ¿Hay contrato de trabajo? No, la explotación es a destajo, se les paga por rendimiento, el que se lleva la mejor parte es el dueño de la embarcación; se les expone a condiciones inhumanas de trabajo, expuestos a los daños del mercurio, trabajando de sol a sol, sin ninguna protección frente a accidentes en el trabajo. La Justicia les acusa de transgresores y no de víctimas. La participación del Ministerio de Salud se redujo a la preocupación por el uso del mercurio y no a la protección de la salud laboral que es su competencia, el Ministerio de Trabajo fue ignorado en el operativo. Al fin, la explotación del oro es un robo al pueblo boliviano, se atenta contra su patrimonio y la determinación de su uso, es decir es un atentado a la soberanía nacional, cuya custodia está en manos de las Fuerzas Armadas.

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La explotación de la minería es una maldición, se ha dicho en otrora, los resultados finales son pueblos fantasmas, mientras allende los mares se construyeron imperios. El punto nodal es la propiedad de los minerales. En la colonia eran los reyes que disponían de los territorios y la vida de los indígenas, a través de los encomenderos, naturalmente el destino de la riqueza era el imperio español; en la República, con la libertad del mercado, se creó la casta de los patriarcas de la plata y los barones del estaño que se emparentaron con la nobleza europea y el capital internacional; con el capitalismo de Estado, se traspasó los excedentes de las minas estatales al desarrollo del oriente, creando una “burguesía nacional”.

La lección fue asumida por la Asamblea Constituyente Plurinacional, que en el texto constitucional delinea los objetivos del aprovechamiento de los recursos naturales: crear excedentes económicos para el desarrollo del país, y en el caso de la minería dispone la suscripción de un contrato de producción minera refrendado por ley. El contrato no traspasa la propiedad del yacimiento, es para la producción directa de quien lo suscribe; entre otras condiciones establece un plan de trabajo e inversiones, cumplimiento de las normas ambientales y sociales. La norma es universal y no excluye a las empresas estatales como Comibol y Cofadena. Lamentablemente, hecha la ley hecha la trampa, el proceso de adecuación de las viejas concesiones mineras a contratos se amplía cada año, mientras tanto pueden disponer los yacimientos para su explotación sin ninguna obligación, sino el pago de una patente.

El contrato por ley implica su cumplimento en todos los órdenes; Hacienda registra a un productor minero y le asigna un número de tributación, que si no tiene movimiento incumple el contrato y éste se anula; Medio Ambiente suscribe una ficha ambiental por la cual el operador se compromete a una serie de actividades para preservar el entorno; la contratación de personal está regulada por la Ley General del Trabajo, la salud con la afiliación a las Cajas, el seguro a largo plazo por la Gestora; el INRA define la propiedad del suelo y los permisos para el uso del subsuelo; el Ministerio de Trabajo registra y fiscaliza a las cooperativas; Defensa y el Ministerio de Gobierno evitan la depredación del territorio nacional; los municipios y las gobernaciones precautelan el cumplimiento de la normas, ambientales y tributarias, para un desarrollo armónico con la naturaleza y los habitantes de la región. Estas obligaciones suponen un esfuerzo mancomunado de todo el aparato del Estado.

Los recursos naturales son el único capital que tenemos para dar un salto para lograr una vida digna, se trata de una generosidad de la Pachamama, por lo que la política minera debiera ser una preocupación de todos y todas que estamos comprometidos con el futuro del país, particularmente de quienes están en el Gobierno.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero