Las complicaciones en el ámbito económico- financiero han puesto en debate la política petrolera. Existe un desfase entre el crecimiento del costo de la subvención a los combustibles, que garantiza la estabilidad económica, y el abastecimiento nacional. La caída en la producción de hidrocarburos líquidos, el aumento del consumo, la subida del precio internacional del petróleo y la parálisis de la sustitución de la gasolina por el gas han creado esta situación.
Luego de cuestionamientos del expresidente Evo Morales, el Ministro de Economía respondió rápidamente que se trataba de la herencia de gestiones pasadas, ya que las inversiones habían ido disminuyendo a partir de 2014. Analizando las cifras expuestas, en el periodo 2006-2019 la inversión en hidrocarburos fue la mayor de todos los sectores: el gobierno presupuestó un total de $us 7.548 millones, pero la empresa estatal del petróleo (YPFB) solo ejecutó $us 4.378 millones. De estas cifras podemos sacar dos conclusiones: el Estado le otorgó grandes recursos, pero la empresa del petróleo no tuvo la capacidad de gastarlos, y no hay resultados que suplan el agotamiento de un recurso no renovable. No es el Gobierno que ha fallado, sino quienes lo ejecutan.
En realidad, no hubo una transformación de YPFB. Al igual que todas las empresas estatales se mantuvo el carácter autónomo de sus empresas subsidiarias, se le relevó de responsabilidades civiles y penales en el ejercicio de la función pública. Se rompió la norma que impedía ganar más que el presidente, aunque no garantizó la eficiencia del personal altamente calificado. Se mantuvo la política de apostar a la inversión privada, reconociendo los gastos de exploración, con los mismos resultados: muy pocos. El último megacampo (Aquio-Incahuasi), que inició su producción en 2016, a la fecha se encuentra en declinación.
La autonomía de las subsidiarias no ayuda a crear un espíritu corporativo, al contrario, alienta la competencia a costa del bien colectivo: suben los gastos de refinación y del transporte; la exploración, encargada a privados, no garantiza resultados; así todos ganan, menos la casa matriz. La explicación lacónica de que no hay petróleo no explica el porqué se emprendió un proyecto sin una evaluación que aminore los riesgos de una tarea aleatoria, sin una clara política estratégica. El Estado Plurinacional ha establecido la categoría del servidor público, para identificar el compromiso del funcionario con el pueblo y su proyecto liberador; por eso todo el personal, más allá de sentir las esperanzas del pueblo, debe asimilar, defender y poner en práctica las enseñanzas de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Sergio Almaraz.
En enero de 2022, el Ministro de Hidrocarburos y Energías anunció la importación de petróleo crudo para alimentar nuestras refinerías paradas y reducir en algo la importación de gasolina y diésel subvencionados por el Estado. Se habló de un ahorro de $us 150 millones en la gestión, para lo cual se liberaba a YPFB del gravamen aduanero, del pago del IVA y los gastos administrativos, y se le habilitó para realizar el despacho anticipado. Sin embargo, la operación no se concretó, el 31 de diciembre de 2022 el presidente de YPFB anunció la importación de 182.500 barriles de petróleo crudo desde la Argentina por medio del ducto operado por YPFB Transporte: reiteró la conveniencia económica de la operación, con la recuperación de gasolina. diésel, asfalto, queroseno, gas licuado y aceites.
El 26 de marzo, el presidente de YPFB informó que se importó apenas 12.000 barriles de crudo y 56.000 de diésel por el ducto Yacuiba- Santa Cruz; además anunció la habilitación del oleoducto Sica Sica-Arica para la importación del crudo y su procesamiento en las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, señalando que así se ahorraría $us 500 millones al año. Es de suponer que, de arrancar esta nueva iniciativa, la ganancia para el país sería enorme, por cuanto se ahorraría la refinación del petróleo en el exterior y el transporte por carretera, se recuperaría la producción de combustibles, y con los subproductos se podría iniciar la era de la petroquímica, en este caso, en el occidente donde se consume el 60% de los combustibles, para producir plásticos y fertilizantes. Además de reducir sustancialmente el costo actual de la subvención a la gasolina y el diésel.
Faltaría un cambio estratégico: si no somos precisamente un país petrolero, habría que buscar convenios a largo plazo y precios estables, para garantizar los proyectos a emprenderse. El presidente Arce, con la diplomacia soberana antihegemónica del Estado Plurinacional, ha afianzado lazos con países como Venezuela, Rusia e Irán, deseosos de abrir mercados. Un ejemplo es Petrocaribe, donde Venezuela otorga un precio preferencial y crédito a largo plazo. Una relación de Estado a Estado, con la aprobación y fiscalización de la Asamblea Plurinacional es más beneficiosa y transparente que un contrato con privados.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.