El tiempo de las intenciones ambiguas y voluntarias para la lucha contra el cambio climático ha concluido y la era de la rendición de cuentas y la atribución de responsabilidad internacional a los Estados por la protección de la Madre Tierra ha iniciado. Dos recientes hitos históricos ante tribunales internacionales lo confirman.
El primero, de diciembre de 2022, gestionado por una coalición de pequeños Estados isleños amenazados por el crecimiento del nivel del mar a causa de los efectos del cambio climático. Han solicitado una opinión consultiva ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Hamburgo) para que se determine las obligaciones específicas que tienen los Estados bajo el Derecho del Mar para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y sus efectos nocivos que resultan en el cambio climático, especialmente, el calentamiento del océano, el aumento del nivel del mar y su acidificación. Dicha opinión consultiva ha recibido una abrumadora cantidad de solicitudes de intervención de varios países parte de la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar, que hasta el 16 de junio podrán presentar su posición país y visibilizar su liderazgo ambiental en la causa de justicia climática más importante de nuestro siglo.
En la misma sintonía, hace pocos días, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica impulsando el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia a través de una opinión consultiva sobre las obligaciones específicas que tienen los Estados con respecto al cambio climático. El objetivo de esta iniciativa multilateral es doble. Primero, permitirá que todos los Estados participen en la construcción e identificación colectiva de los principios y reglas de derecho internacional que son obligatorios para los Estados para garantizar la protección del sistema climático frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Asimismo, la testera de la Corte Internacional de Justicia recibirá a los embajadores de todo el mundo para escuchar sus propuestas país para la construcción de una agenda colectiva para garantizar un medioambiente saludable y sostenible. Sur y Norte global debatirán en ambos tribunales un derrotero irreversible.
Cabe señalar que las opiniones consultivas son esenciales para la formación de obligaciones internacionales debido a su gran autoridad moral y jurídica. Específicamente, ellas permiten que la costumbre internacional pueda cristalizarse al explicitar las líneas rojas que los Estados ya no pueden cruzar impunemente. Un claro ejemplo de esta tendencia se encuentra en los numerosos casos de litigación ambiental ante tribunales nacionales donde se ha identificado y aplicado obligaciones no escritas que generan responsabilidad a Estados y corporaciones. Así en Milieudefensie c. Shell en Países Bajos se ha conminado a esta multinacional a reducir sus emisiones globales de carbono de sus niveles de 2019, en un 45% para 2030.
Sin duda, estas son oportunidades invaluables para que Bolivia reafirme su liderazgo pionero iniciado en las Conferencias Mundiales sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida de Tiquipaya, donde propuso la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Para aquel entonces, una idea imposible y criticada bajo los estándares conservadores de la geo-política occidental. Claro está que la gea-política del “vivir bien” tiene mucho que decir y pondrá a prueba nuevamente aquel discurso.
Franz Zubieta Mariscal es abogado especialista en Derecho Internacional. Twitter: @MariscalFranz.