Solo 833.115 firmas, ¿cómo leemos el número?
Rubén Atahuichi
Imagen: La Razón
El país ya está inmerso en el proceso previo —de registro de postulantes— de las elecciones judiciales, inicialmente previstas para el 5 de noviembre. Inscrita en la Constitución, la forma de elección por voto popular ha sido cuestionada de forma recurrente, especialmente por la ilegitimidad de los magistrados y consejeros electos con escasa votación en los dos anteriores comicios para la materia.
A ese problema, amerita sumarle las graves deficiencias en la administración de justicia del país, que no ha variado con el mecanismo de elección, como se preveía. Y también los procesos fallidos de reforma judicial vía Asamblea Legislativa, como se propuso al llegar al Gobierno el ministro de Justicia, Iván Lima, cuyo primer intento fue una “comisión de notables”, que no tuvo éxito; luego, una cumbre política que no prosperó. Para justificar el fallido proceso, la autoridad arguyó que la reforma judicial es una empresa continua y progresiva, que va acompañada de programas del Gobierno sobre la materia y los derechos humanos, además de leyes vigentes y nuevas con esos fines.
El estado de situación de la justicia en el país ocupó incluso la atención de organismos internacionales en los últimos años, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); el relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Jueces, Diego García-Sayán, y, recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a su turno hicieron un diagnóstico y recomendaciones al respecto, incluso un gran acuerdo nacional.
La misma realidad de la justicia, a la luz de los ciudadanos, obliga la necesidad de una reforma judicial. Ya es recurrente hablar de los procesos burocráticos para la denuncia, la falta de resguardo de los derechos, la investigación o la sentencia justa, la carga judicial, el abuso de la detención preventiva, las trabas en la lucha contra la violencia a las mujeres, el hacinamiento en las cárceles o la injerencia política.
Hasta ahí, la conclusión es que sí hace falta una reforma judicial, estructural e integral. ¿Cómo hacerlo? He ahí el problema, los desacuerdos y las contradicciones.
Desde hace varios meses el colectivo llamado Juristas Independientes promueve la reforma judicial. Se planteó un referéndum para la modificación de la Constitución en materia de justicia, especialmente, en relación con la elección de magistrados y consejeros por voto popular, y tropezó con las normas y la adhesión escasa para su propósito de la consulta: solo 833.115 firmas de los 1,5 millones necesarias con relación al padrón electoral.
Para justificar el fracaso, sus promotores dijeron ayer que “la transformación de la justicia no tiene plazo calendario en la medida en que debe realizarse indefectiblemente hoy o mañana”. Ni fallaron sus impulsores ni quienes le han puesto la firma a ese propósito.
Sin embargo, es posible hallar algunas razones de ese fallido intento y tienen que ver con los matices políticos de la campaña.
Para empezar, es difícil creer que el colectivo de juristas sea independiente, considerando su pasado en la gestión pública y política, incluso su oposición a la hegemonía política actual, más allá de su derecho de interpelar la situación de la justicia del país. Basta ver la lista de sus miembros.
La adhesión de políticos como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jeanine Áñez o Rómulo Calvo le resta independencia al objetivo razonable de la acción. Ayer, su comunicado resaltaba también la adhesión de la Conferencia Episcopal, de la Fundación Jubileo, algunas organizaciones no gubernamentales y la Asociación Nacional de Periodistas (sic), que en 2019 jugaron gravitante en la caída del gobierno de Evo Morales y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez.
Su proceso coincidió con el desarrollo de las judiciales y, como dijo el diputado Marcelo Pedrazas, su propósito fue boicotear a título de independientes las elecciones.
Finalmente, sus tiempos, sus discursos, su legitimidad y su musculatura no fueron suficientes para encarar un referéndum.
¿Cómo se lee esto? Un intento político fallido de contrarrestar y afectar al gobierno de Luis Arce; un ensayo de movilización política que reduzca la capacidad de acción de los sectores conservadores del país, como el paro de 36 días que en 2022 ahogó a Santa Cruz.
Rubén Atahuichi es periodista.