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Monday 19 Feb 2024 | Actualizado a 09:39 AM

Puñalada a la industrialización

La Constitución del Estado Plurinacional volvió a los orígenes de lanacionalización

José Pimentel Castillo

/ 2 de mayo de 2023 / 08:30

La Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) ha declarado que no tiene capacidad (financiera) para comprar los concentrados de estaño de la Empresa Minera Colquiri para fundirlos; el Ministerio de Minas autoriza a Colquiri la exportación de sus concentrados, la prensa informa sobre el inicio de la venta. Estas acciones contradicen la política económica del Gobierno de “industrialización y sustitución de importaciones” y reafirma la matriz primaria exportadora.

Esta es una acción que preanuncia la liquidación de la empresa estatal de fundición, la única fundidora en el país, con el trillado argumento de la ineficiencia estatal en la administración empresarial. La deuda de Vinto de cerca de $us 100 millones a los proveedores de concentrados y de 80 millones a la Comibol por pago de impuestos son mayores que sus activos, en lenguaje común, quiebra técnica.

La fundición de estaño fue una lucha del pueblo boliviano, luego de la nacionalización de las minas. El modelo Patiño enseñaba la indivisibilidad de la cadena productiva, la lucha de los mineros comprometía su aporte para su concreción, los debates en universidades y toda instancia de confrontación de ideas reafirmaban su urgencia y conveniencia: el MNR se resistió a concretar las fundiciones, mientras que la dictadura militar lo hizo, pero poniendo su sello: sacó las fundiciones del ámbito de la Comibol y se adueñó de ellas. En 1965 se creó la Corporación Nacional de Fundiciones; en 1966, con el gobierno del general Ovando, se creó la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) y en enero de 1971, con el gobierno del general J.J. Torres, inició sus operaciones. En agosto, Banzer dio el golpe de Estado regresivo.

Pronto ENAF entró en servicio de la camarilla militar, sirviendo a la empresa privada, cobrándole $us 500 por tonelada tratada, mientras que a la Comibol le cobraba 800; su capacidad instalada de 20.000 toneladas/año jamás fue alcanzada: el sector minero, sin inversión ni renovación tecnológica, cada vez disminuía más su producción; sin embargo, ENAF amplió su capacidad con la planta de baja ley. Se dividió a la clase obrera sacando a los metalurgistas del seno de la federación de mineros, para convertirles en una aristocracia obrera; solo con la conquista de la democracia volverían a su seno. En 1980 la empresa comenzó a dar pérdidas, el inicio para su condena en 1985 y su privatización en 1993.

En el actual Gobierno se cambiaron cuatro gerentes en Vinto, pero el problema no es de personas, sino de la estructura de la empresa. La fundidora está diseñada para dar un servicio, refinar el estaño a una pureza de 99%, esto le da derecho a que se le pague el costo del servicio, sin embargo, la fundidora se apropia del mineral, pagando el valor del mismo, que supera con creces su capital de operación. Esta aberración, permitida en un gobierno militar, choca con cualquier administración eficiente y sostenible.

Cuando nacionalizó Vinto el gobierno del MAS-IPSP —no se cambió la estructura definida en la ley minera vigente—, su capital de operaciones fue el metal que se encontraba en el circuito, lo cual fue insuficiente el primer año y ya debía $us 13 millones a Huanuni. Así se vendía el metal fundido y compraba los concentrados de estaño. Para la compra se hace una liquidación provisional al momento de la entrega y una final cuando se verifica la calidad del mineral, con los precios del mercado internacional a la fecha. Sin embargo, los precios no son estables, cambian en el tiempo que lleva desde la recepción, fundición, transporte y embarque en puerto, periodo que lleva cerca de un mes: la fundición gana si el precio sube y pierde si baja. Esto ocurrió en 2008, cuando el precio del estaño bajó de $us 14 a 5 la libra fina, perdiendo Vinto más de $us 10 millones. Desde esa vez no se ha solucionado el déficit, su insolvencia ha sido cubierta con fideicomisos, préstamos a corto plazo que mueven la cadena productiva, pero no solucionan el problema estructural; al contrario, se lo ha encubierto, haciendo aparecer utilidades que no toman en cuenta obligaciones con terceros, alentando inversiones e incrementos salariales.

El problema no es nuevo, en plena dictadura la federación de mineros planteó el contrato toll por el cual la Comibol, sin perder la propiedad del mineral, pagaba el costo de fundición y luego entraba por su riesgo en el mercado de minerales, esto es vital para la industria minera, pues le permite entrar directamente en el sistema financiero internacional.

La Constitución del Estado Plurinacional volvió a los orígenes de la nacionalización integrando la cadena productiva en la empresa corporativa, donde la fundidora cobra el costo de tratamiento más una utilidad razonable y la Comibol encadena el circuito; la ganancia es para las empresas que participaron y la propia casa matriz. Esto aún no se concreta, dejando que la inercia técnico-burocrática lleve a la quiebra a las empresas estatales. ¿Podrá la EMV administrar las nuevas fundidoras de zinc?

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Oro blanco

Sin embargo, no se dice nada de la industrialización del litio, que es el objetivo del Estado Plurinacional

José Pimentel Castillo

/ 6 de febrero de 2024 / 10:50

Cuando en 2008 el presidente Evo Morales, el ministro de minería, la presidencia de la Comibol y la bancada del MAS-IPSP de Potosí escuchamos su clamor de la Frutcas (Federación de Campesinos del Altiplano Sur) “Ahora es Cuando” para comenzar la explotación del litio, la respuesta fue de satisfacción y compromiso: Manos a la obra.

La tarea no fue fácil. El tema, la explotación e industrialización del litio, era nuevo para el mundo minero de Bolivia. Recuerdo a los pioneros que se asentaron en Llipi, un solar alejado de la civilización, sin agua ni luz, viviendo en carpas, enfrentando a una naturaleza arisca que cuida sus tesoros, con temperaturas entre los 19 y -20 grados, con vientos huracanados, un sol en picada; verlos con melenas no lavadas y la barba crecida nos retrotraía a los viejos mineros aventureros, su motivación no era el lucro, sino consolidar la Revolución Democrática y Cultural.

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A los tres años se tenía cuantificadas las reservas del salar, se construyó el campamento para albergar a 150 personas, las piscinas de evaporación, los laboratorios, las plantas piloto para la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio. Los gastos efectuados por la Comibol llegaron a $us 19 millones, siendo el costo de la planta piloto de 4 millones. El siguiente paso era encarar la fase industrial: Evaporíticos firmó contratos con las firmas CAMC y Maison/CMEC, por un total de $us 288 millones para la construcción de las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio, mientras Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) asumía el compromiso de construir la infraestructura, caminos, red eléctrica, construcción de las piscinas y dotación de agua; el financiamiento estaba garantizado con un crédito del Banco Central. La planta de cloruro de potasio se entregó en octubre de 2018 y la entrega de la de litio se preveía para 2020.

En 2010 se elaboró la estrategia de la industrialización de los recursos evaporíticos en la cual se tenía como objetivo la construcción de plantas de hidróxido de litio, hidróxido de magnesio, la obtención de materiales catódicos y finalmente la fabricación de baterías; este esfuerzo requiere el concurso de varios sectores como minería, para la provisión de los ánodos y conductores: cobalto, níquel, cobre; la química básica, para ácidos sulfúrico y clorhídrico; hidrocarburos, para el suministro de envases, de hecho, se construirían 43 unidades productivas en torno al litio. Se creó el centro de investigación de La Palca, con laboratorios y una planta piloto para material catódico y otra para la fabricación de baterías. Sus productos fueron probados y comprados, entre otros, por la fábrica de autos eléctricos Quantum. En esta etapa se vio la necesidad de recurrir a alianzas con empresas con conocimiento, capital y mercado asegurado; así se firmó un contrato con ACI Systems de Alemania, para encarar la fase de industrialización; se preveía la obtención de hidróxido de litio en 2019 y de baterías en 2022.

La crisis de 2019 llevó a romper el contrato con ACI Systems y el gobierno de facto paralizó el proyecto en la búsqueda de un método “más eficiente y rápido”, olvidando que solo faltaban dos años para la producción industrial. En noviembre de 2020, el nuevo gobierno introdujo el concepto de extracción directa del litio (EDL) e YLB, postergando sus tareas de concluir el proyecto de la industrialización, lanzó una convocatoria para la aplicación de esta tecnología. Hasta febrero de 2023 se firmaron tres convenios para la producción de más de 100.000 toneladas de carbonato de litio, con una inversión de $us 2.800 millones; estos contratos comprometían la explotación de los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa; pero a casi un año de firmados los convenios, en diciembre de 2023 y enero 2024 se informó de la suscripción de dos nuevos convenios para la instalación de plantas pilotos con las mismas empresas de 2023, para la verificación de la tecnología, que supuestamente en 2021 eran las mejores. La producción comprometida, dentro de dos años, llegaría a 16.000 toneladas y la inversión a $us 500 millones.

Por otro lado, el 26 de enero se lanzó otra convocatoria para aportar nuevas tecnologías en siete salares. Naturalmente son múltiples los deseos de comprar el carbonato de litio de la planta industrial, cuya inauguración fue ampliamente publicitada, pero este año solo producirá 4.000 toneladas.

Sin embargo, no se dice nada de la industrialización del litio, que es el objetivo del Estado Plurinacional, distinto al extractivismo del capitalismo de Estado, que medra de la naturaleza y no se preocupa de darle un valor agregado. En su primera fase, al transformarse en material catódico, el carbonato de litio duplica su valor y, siendo parte de la batería, se eleva a 10. La venta directa del preciado carbonato de litio traería divisas necesitadas, sin embargo, el objetivo aquí debe ser la industrialización del litio, y no su venta como materia prima.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Incertidumbres y certezas

El oro nos pone ante el dilema de vida o muerte, hay que defender la vida de los hombres y la naturaleza

José Pimentel Castillo

/ 25 de enero de 2024 / 07:15

En el primer mes del año asoma la incertidumbre. Los problemas no resueltos en la gestión pasada crearon un escenario de alta conflictividad; La Razón lo puntualiza: “Ante críticas por prórroga al menos dos magistrados renuncian”; “Las RIN llegan a los $us 1.709 millones, similar a 2005”; “Montenegro: en la economía informal hay $us 10.000 MM”; “Arce se arropa en el Pacto de Unidad y critica la división”; “Un prorrogado Huarachi en la COB recibe apoyo moral”; “Vinto pide a Huanuni y Colquiri pagar $us 951 por t tratada”; “Lima desahucia a Evo como candidato; él dice que no se rendirá”; “Biodiésel ahorrará $us 450 millones anuales al país”; “El Gobierno instruye austeridad en gastos en entidades públicas”; “Medio Tipuani está bajo el agua, hay 600 familias afectadas”; “CBC invertirá $us 100 MM para emplazar planta piloto de litio”; “Andrónico convoca a reunión para allanar el camino de las judiciales”.

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La postergación de las elecciones judiciales marca un tensionamiento previsible, la situación ha sido creada por intereses políticos confrontados, interferencia de poderes y finalmente negligencia. El Ejecutivo se lava las manos, achacando a la Asamblea Legislativa Plurinacional, olvidando que la cabeza de ella es el Vicepresidente, miembro del Ejecutivo. La solución es simple, pero difícil de aceptarse, convocatoria consensuada de la Asamblea, no hay otra.

El proceso de cambio tiene un titular, las organizaciones sociales, en particular las del área rural, son ellas las que han dicho “votemos por nosotros mismos”; a fuerza de duras luchas este anhelo se coronó con el triunfo del MAS-IPSP en 2005. Su fuerza estuvo en la estructura nacional que tienen, la cohesión de su discurso: anticapitalista y anticolonial, y un liderazgo indiscutible. La función gubernamental las ha debilitado y ha dado paso a su cooptación; el proceso de cambio se frustra si las organizaciones sociales —incluida la COB— no recuperan su autonomía, logren su unidad y erijan un liderazgo, el actual u otro, para desarrollar estas tareas.

El ministro Lima hace de vocero del TCP y tribuno del Poder Electoral y no precisamente de justicia, que es reconocer los derechos de todos y todas. El principal argumento interpuesto para la buscada inhabilitación de Evo Morales es la declaración de la CIDH, la que se dirige al entorno latinoamericano y no solo a Bolivia, así no aplica para que Lula no pueda volver a presentarse a elecciones luego de una pausa; además nuestra Constitución es clara, dos gestiones continuas. No hay tal entuerto.

Escasez de divisas. Uno de los éxitos del modelo económico fue el crecimiento de las exportaciones, cinco veces: lo paradójico es que no hay divisas, la permisividad con el sector privado hace que éste envíe sus ganancias a los paraísos fiscales o simplemente no las devuelven al país, mientras las empresas estatales cargan con las obligaciones nacionales. Sin mayores vueltas, la obligatoriedad de entrega de las divisas al Banco Central resolvería el problema, sin embargo, para esto se necesita decisión y voluntad política. Más allá de esto, ciertamente hay que aumentar la capacidad exportadora del país; el litio era una esperanza, sin embargo, la gestión se ha avocado a firmar convenios que no dan resultado. La empresa china CBC acaba de firmar un nuevo contrato para instalación de una planta piloto para la producción de 2.500 toneladas de carbonato de litio; en 2022 se comprometieron a instalar una planta de 150.000 toneladas. ¿Es que los convenios no son obligatorios?

La pelea entre las empresas estatales las muestra como feudos, consecuencia de la inexistencia de un ente matriz y director de la cadena productiva minera; la situación actual llevará a la quiebra a las empresas. Si bien Vinto debe a Huanuni y Colquiri $us 90 millones y $us 25 millones, respectivamente, cada una debe más de $us 50 millones al Estado. Urge la integración de las empresas en una corporación minera metalúrgica.

La sustitución del diésel por el biodiésel ahorrará $us 400 millones por año, pero se dejará de exportar $us 250 millones de aceite de soya por su utilización en el proceso, ya que las plantaciones de palma negra, sorgo, morococo, no existen. Lo mejor sería prohibir la importación de automotores que funcionan con diésel y gasolina, y facilitar el ingreso de eléctricos y a gas.

El oro nos pone ante el dilema de vida o muerte, hay que defender la vida de los hombres y la naturaleza; pero, ante todo, defender la riqueza del país. Requerimos un esfuerzo nacional para la explotación racional, la seguridad de los trabajadores y habitantes de las regiones productoras y el beneficio de todos/todas los bolivianos, el oro lo garantiza.

Así el año se pinta difícil, pero los problemas no son insolubles, simplemente hay que recuperar el ajayu plurinacional, ser amplios y ponerse a trabajar.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Loas o acciones

La planta de carbonato de litio es una frustración, los afanes innovadores negaron lo avanzado

José Pimentel Castillo

/ 9 de enero de 2024 / 10:24

La pertinencia de un modelo se demuestra por los resultados y éstos no son solo producto de la concepción correcta en el contexto concreto, sino fundamentalmente la forma cómo se la viabiliza. El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) es una respuesta de la sociedad boliviana a partir de su lucha contra el modelo neoliberal: excluyente, especulador del mercado, concentrador del excedente y cipayo a los mandatos de las grandes potencias. Es un cambio en la manera de concebir la construcción de la sociedad, no como la suma de individuos, sino de comunidades en su territorio, buscando su vivir bien.

 Este modelo, que cautivó con su acción redistributiva de los excedentes creados con base en la renta petrolera, se fue agotando con el declinar de ésta: por lo dubitativo de la gestión gubernamental, incapaz de exigir inversión a las transnacionales y timorata para remplazarlas; por la exacción a las empresas estatales para las subvenciones en un esfuerzo nacional, liberando al sector privado; manteniendo el libre comercio exterior que permite la fuga de divisas, por todo ello, paradójicamente se han quintuplicado las exportaciones pero no hay dólares. Las divisas que ingresan al Banco Central las generan las empresas estatales y las remesas de bolivianos y bolivianas en el exterior; la economía comunitaria va desapareciendo; la producción cooperativista no ayuda a superar las desigualdades sociales, al contrario, encubre la más dura explotación del trabajador y la naturaleza, alentada por transnacionales encubiertas en prestadoras de servicios y comercializadoras, convirtiéndose en la principal fuente del saqueo del país.

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Hoy un ruido asoma, nos pone en el dilema de afirmar si estos sonidos estentóreos son los de su ocaso o del parto que no logra vida plena. En efecto, lo recorrido no muestra una línea continua de acciones que concreten lo buscado, tal vez la urgencia de la gestión, más riqueza, nos hizo perder de vista cómo lograrlo, llevando a la exclusión de las fuerzas del pueblo, que son inagotables. Se trata de identificar objetivos deseados, capaces de lograrse con esfuerzo, no hay otra manera de ir creando la fe en su capacidad de conducción. Lo otro es delegar a un técnico que hará los esfuerzos requeridos y tal vez logre lo buscado, pero un fracaso solo pone una mancha negra en su hoja de vida, mientras para el pueblo será una verdadera decepción, creando las bases del qué me importa, es decir su exclusión de la gestión.

Veamos un ejemplo. La planta de carbonato de litio es una frustración, los afanes innovadores negaron lo avanzado; no se preparó la mina, en este caso piscinas, mientras se concluía la planta; el bochorno fue grande, se despidió al gerente; desde hace tiempo en la planta no hay sindicato, los comunarios han sido marginados de la gestión y la gente que inició el proyecto fue despedida; ¿quién podía dar la alerta, sin ser tildado de dinosaurio? Las pérdidas son cuantiosas, el desprestigio es mayor para la empresa pública.

Otro ejemplo es el de Huanuni y Vinto. El proceso de nacionalización unificó a todos, la absorción de más de 3.500 nuevos trabajadores imponía el aumento de la producción, así se planteó la construcción de un ingenio que trate 3.000 toneladas de mineral diarias, a la vez que se construía un nuevo horno de fundición para duplicar su producción. En total, una inversión de $us 120 millones que, al presente, luego de cinco años de haberse concluido las plantas, no dan réditos; esto por desidia, por anteponer los intereses personales, seccionales y hasta regionales sobre los nacionales. Las dos empresas están en quiebra técnica y no se inmuta nadie. El desprestigio se profundiza.

YPFB se queda sin gas y sin mercado, cunde el pánico; los únicos que no se pronuncian son los trabajadores, parece que tienen ganado el paraíso; el camino que le queda es disponer del poco gas que se tiene para el consumo interno y la industrialización de los polímeros, para obtener una gama de fibras plásticas; la planta de urea es un ejemplo a seguir de la cadena de valor. Si no es así, ¿para qué tenemos empresas estatales, llamadas estratégicas?

El MESCP merece, más que loas, una reivindicación, ser participativo, englobar a todos los actores en el rol que les corresponda, invertir soberanamente en la cadena de valor de los recursos naturales, desarrollar los recursos humanos en este empeño contra el atraso tecnológico; nuestra lucha es por construir una sociedad avanzada y justa.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Llave en mano

El Sillar nos enseña que es preciso el seguimiento de las obras, no solamente de parte de los actores involucrados

José Pimentel Castillo

/ 26 de diciembre de 2023 / 10:43

El recurrir a este modo de contratación es un reconocimiento de la falta de capacidad para acometer una obra deseada; es una forma correcta de encarar el problema, sin embargo es preciso determinar claramente los objetivos que se espera.

El primero es solucionar el problema que nos aqueja: en el caso de El Sillar, superar un tramo deleznable del camino; el segundo, el enriquecimiento de los conocimientos, habilidades y manejo de recursos materiales por nosotros desconocidos. Son estos objetivos que tienen que estar claramente especificados en el documento base de contratación, para lo cual se debe tener un conocimiento preciso de lo que se quiere.

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Así se debe tener, previamente, un estudio de situación; para el caso, estudios geológicos, climáticos, etc., que necesariamente tienen que ser de conocimiento de la parte contratante; puede que sean insuficientes, lo que requerirá complementarlos para tener un conocimiento exacto y dimensionar la magnitud de la obra; con base al entendimiento de la problemática, se buscará las soluciones técnicas más adecuadas. Como se ve, la parte contratante —el país— no puede tener un rol pasivo, sus exigencias buscan una solución óptima, logrando superar nuestra ignorancia, con el deseo imperativo de acumular conocimientos.

No se trata del conocimiento técnico-científico que se imparte en la academia, sino, ante todo, su aplicación en la vida real; para ello, es necesario ligar la acción de investigación de nuestras universidades con el desarrollo del país; es de lamentar que sobre el caso de El Sillar no se haya pronunciado ninguna de las múltiples carreras de ingeniería civil existentes en el país, tanto públicas como privadas. La superación de nuestro atraso no es un problema del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad boliviana, por lo cual es necesario crear puentes entre la universidad y cada una de las instituciones que encaran los problemas del desarrollo.

Para garantizar la correcta ejecución de estas obras se contrata una supervisora, empresa del mismo nivel que la contratista, para corregir y avalar las acciones que se tomen; por su parte, el contratante —el país— establece la supervisión para hacer el seguimiento y, en su caso, corregir para lograr lo que busca; es sobre este punto que busca acumular conocimiento, por lo cual no se puede cargar a una sola persona esta tarea, se tiene que volcar un ejército que mire y oiga en todo el proceso: ésta es la diferencia entre satisfacernos con tener el resultado concreto y el deseo de seguir avanzando.

La historia de nuestro país está regada de frustraciones, los elefantes blancos de la época de las dictaduras: Karachipampa, San Jacinto, hilandería Santa Cruz, etc., o recientemente el ingenio Lucianita de Huanuni, el horno Ausmelt de Vinto, la planta de carbonato de litio. Los problemas de estos casos son múltiples, pero tienen un denominador común: no se piensa en el desarrollo del país, ni en la experiencia ni el conocimiento acumulado, sino en el interés particular. A esto se debe que no logre encadenar la cadena productiva minera en el caso de Huanuni y Vinto, o se niegue lo avanzado y comprometido con la planta de carbonato de litio, para experimentar otros caminos desconocidos.

Sin embargo, hay ejemplos que nos satisfacen en cuanto a los servicios que prestan: el teleférico en la Paz, el satélite Túpac Katari y la planta de urea en Bulo Bulo, nadie niega que son un éxito, felicidades; pero es necesario hacer un balance, cómo su concreción ha hecho avanzar al país en las nuevas técnicas de su área, por ejemplo, del transporte masivo y ramas conexas: mecánica, electricidad, electrónica, etc. Lo propio, cuánto hemos avanzado en la aeronáutica espacial y las comunicaciones satelitales o qué esperanza tenemos de ampliar la petroquímica en nuestro país. Es en esta etapa que tiene que surgir la relación de empresa y universidad, para que el conocimiento no se quede en la etapa empírica y asuma su condición de ciencia capaz de ser universalizada.

La constatación de nuestro atraso tecnológico llevó a que el anterior gobierno del MAS concediera 100 becas anuales para el perfeccionamiento profesional; no conocemos una evaluación, es de esperar que estén contribuyendo los becarios al país y no asuman la conducta colonial: “que eso ya lo han desarrollado las potencias y solo hay que comprar, ¿para qué investigar?”

El Sillar nos enseña que es preciso el seguimiento de las obras, no solamente de parte de los actores involucrados, sino de instancias de la sociedad civil, especialmente las universidades y los directos beneficiarios: los ciudadanos comunes y sus organizaciones; al final, democracia directa y participativa.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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La empresa estatal

No basta pues el propósito, la declaración, el eslogan o la propaganda para plasmar un modelo

José Pimentel Castillo

/ 12 de diciembre de 2023 / 09:32

El proceso de cambio tiene como matriz la economía plural, con cuatro actores: el Estado, el privado, la economía comunitaria y el sector cooperativista. A partir de la propiedad de los medios de producción y la dirección de éstos, se puede decir que el Estado, la economía comunitaria y el cooperativismo son economías sociales, pues los propietarios y quienes ejercen el control de la producción son entes colectivos. La propuesta es un deseo, la realidad es otra.

Las economías comunitaria y cooperativa parten del principio de asociación libre para el desarrollo productivo, donde se desecha la explotación del hombre por el hombre y se busca una distribución equitativa del excedente económico. En ese sentido, desde el Gobierno se han dado pasos importantes como es la dotación de las tierras comunitarias de origen y de áreas mineras, y una tributación favorable a las cooperativas. Sin embargo, los propios actores han posibilitado la enajenación de tierra y minas por agentes privados; así se ha negado el propósito de incorporar a la producción a miles de ciudadanos, buscando una mayor equidad social. Como la asociación es consciente y voluntaria, es de esperar que desde su seno surja la voz que resuelva el ser o no ser de un sistema de producción colectivista.

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La tarea de las empresas estatales es crear excedentes económicos para la ampliación del aparato productivo y contribuir al logro de la igualdad social. La generación de excedentes requiere de eficiencia en la gestión administrativa, que se deriva de la introducción de tecnología adecuada y una racional utilización de los recursos materiales y humanos. La desnaturalización de este principio es la negación de su existencia y su futuro previsible es el cierre.

La transición del modelo neoliberal a uno de planificación estatal no solo está determinada por la titularidad del dueño —nacionalización—, sino implica hacer cambios estructurales en las empresas, un camino no trillado, pero necesario para cumplir el objetivo. Esta situación, que parecía comprendida cuando se dictó la Ley de la Empresa Pública, de hecho hasta hoy está dormida, tal vez en parte porque en sus principales propuestas estaba la responsabilidad penal por los resultados de la gestión. Hoy se arrastran males congénitos que no rompen con las estructuras organizativas heredadas del pasado neoliberal. Ejemplifiquemos:

En el proceso de privatización, la función de YPFB era garantizar la exportación de gas al extranjero, convirtiéndose en reguladora; las labores de exploración, producción y refinación eran delegadas a sus socios, que se llevaban la torta. La nacionalización de los hidrocarburos significó un mayor beneficio para Bolivia; protestaron las empresas, pero mantuvieron los contratos, siguen con la tuición de los campos petroleros, sin que hagan nuevas inversiones. Esta realidad se ha pretendido subsanar con YPFB-exploración, que no tiene la capacidad necesaria —y en campos desconocidos—; más de $us 3.000 millones invertidos no dieron los resultados esperados. La baja alarmante de las exportaciones nos debe llevar a la conclusión que solo debemos valernos de nuestras fuerzas. YPFB tiene que controlar toda la cadena productiva, ser eficiente y dotarse de instrumentos de una empresa moderna y que no espere nada de las transnacionales que son sus competidoras.

La empresa Yacimientos de Litio Bolivianos, creada por el proceso de cambio, tuvo un desarrollo de lo pequeño a lo grande, con considerables avances; sin embargo, las nuevas administraciones quisieron borrar lo avanzado y se buscó nuevos caminos con los “que saben y dominan”; cayeron en el espejismo, hasta hoy no se concreta nada. Obligados a retomar el viejo proyecto, los daños son enormes, ante todo por el tiempo perdido (time is money); la empresa estatal tiene que ser autónoma y responder por los resultados planificados.

La Corporación Minera de Bolivia, emblema de la nacionalización porque con sus recursos se cambió Bolivia, se ha quedado con la herencia neoliberal: vive de las rentas del alquiler de las minas que le dio el pueblo boliviano para dar excedentes al país, el canon que cobra es menor que los de la época neoliberal, transgrede la Constitución al poner en marcha contratos que no son de conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero sobre todo dejó de ser la encargada de dirigir toda la cadena productiva minero-metalúrgica: sin producción, ¿para qué sirve?

No basta pues el propósito, la declaración, el eslogan o la propaganda para plasmar un modelo, es necesaria la acción concreta de los responsables de la conducción del Estado que la viabilicen y el ojo atento de los forjadores de la esperanza: el pueblo organizado.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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