La Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) ha declarado que no tiene capacidad (financiera) para comprar los concentrados de estaño de la Empresa Minera Colquiri para fundirlos; el Ministerio de Minas autoriza a Colquiri la exportación de sus concentrados, la prensa informa sobre el inicio de la venta. Estas acciones contradicen la política económica del Gobierno de “industrialización y sustitución de importaciones” y reafirma la matriz primaria exportadora.
Esta es una acción que preanuncia la liquidación de la empresa estatal de fundición, la única fundidora en el país, con el trillado argumento de la ineficiencia estatal en la administración empresarial. La deuda de Vinto de cerca de $us 100 millones a los proveedores de concentrados y de 80 millones a la Comibol por pago de impuestos son mayores que sus activos, en lenguaje común, quiebra técnica.
La fundición de estaño fue una lucha del pueblo boliviano, luego de la nacionalización de las minas. El modelo Patiño enseñaba la indivisibilidad de la cadena productiva, la lucha de los mineros comprometía su aporte para su concreción, los debates en universidades y toda instancia de confrontación de ideas reafirmaban su urgencia y conveniencia: el MNR se resistió a concretar las fundiciones, mientras que la dictadura militar lo hizo, pero poniendo su sello: sacó las fundiciones del ámbito de la Comibol y se adueñó de ellas. En 1965 se creó la Corporación Nacional de Fundiciones; en 1966, con el gobierno del general Ovando, se creó la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) y en enero de 1971, con el gobierno del general J.J. Torres, inició sus operaciones. En agosto, Banzer dio el golpe de Estado regresivo.
Pronto ENAF entró en servicio de la camarilla militar, sirviendo a la empresa privada, cobrándole $us 500 por tonelada tratada, mientras que a la Comibol le cobraba 800; su capacidad instalada de 20.000 toneladas/año jamás fue alcanzada: el sector minero, sin inversión ni renovación tecnológica, cada vez disminuía más su producción; sin embargo, ENAF amplió su capacidad con la planta de baja ley. Se dividió a la clase obrera sacando a los metalurgistas del seno de la federación de mineros, para convertirles en una aristocracia obrera; solo con la conquista de la democracia volverían a su seno. En 1980 la empresa comenzó a dar pérdidas, el inicio para su condena en 1985 y su privatización en 1993.
En el actual Gobierno se cambiaron cuatro gerentes en Vinto, pero el problema no es de personas, sino de la estructura de la empresa. La fundidora está diseñada para dar un servicio, refinar el estaño a una pureza de 99%, esto le da derecho a que se le pague el costo del servicio, sin embargo, la fundidora se apropia del mineral, pagando el valor del mismo, que supera con creces su capital de operación. Esta aberración, permitida en un gobierno militar, choca con cualquier administración eficiente y sostenible.
Cuando nacionalizó Vinto el gobierno del MAS-IPSP —no se cambió la estructura definida en la ley minera vigente—, su capital de operaciones fue el metal que se encontraba en el circuito, lo cual fue insuficiente el primer año y ya debía $us 13 millones a Huanuni. Así se vendía el metal fundido y compraba los concentrados de estaño. Para la compra se hace una liquidación provisional al momento de la entrega y una final cuando se verifica la calidad del mineral, con los precios del mercado internacional a la fecha. Sin embargo, los precios no son estables, cambian en el tiempo que lleva desde la recepción, fundición, transporte y embarque en puerto, periodo que lleva cerca de un mes: la fundición gana si el precio sube y pierde si baja. Esto ocurrió en 2008, cuando el precio del estaño bajó de $us 14 a 5 la libra fina, perdiendo Vinto más de $us 10 millones. Desde esa vez no se ha solucionado el déficit, su insolvencia ha sido cubierta con fideicomisos, préstamos a corto plazo que mueven la cadena productiva, pero no solucionan el problema estructural; al contrario, se lo ha encubierto, haciendo aparecer utilidades que no toman en cuenta obligaciones con terceros, alentando inversiones e incrementos salariales.
El problema no es nuevo, en plena dictadura la federación de mineros planteó el contrato toll por el cual la Comibol, sin perder la propiedad del mineral, pagaba el costo de fundición y luego entraba por su riesgo en el mercado de minerales, esto es vital para la industria minera, pues le permite entrar directamente en el sistema financiero internacional.
La Constitución del Estado Plurinacional volvió a los orígenes de la nacionalización integrando la cadena productiva en la empresa corporativa, donde la fundidora cobra el costo de tratamiento más una utilidad razonable y la Comibol encadena el circuito; la ganancia es para las empresas que participaron y la propia casa matriz. Esto aún no se concreta, dejando que la inercia técnico-burocrática lleve a la quiebra a las empresas estatales. ¿Podrá la EMV administrar las nuevas fundidoras de zinc?