La guerra en Europa del Este; los cada vez más graves y frecuentes desastres naturales ocasionados por el cambio climático; el inmanejable nivel del endeudamiento externo de varios países de África y América Latina; las diversas manifestaciones de la desigualdad, y la profunda incertidumbre sobre el futuro, son los principales componentes de lo que se denomina la policrisis global, abordada con diferentes matices y recursos retóricos en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aparte de eso, los jefes de Estado se han referido largamente a los problemas particulares de cada país. En conclusión, se puede afirmar que éste no es el foro para lograr acuerdos vinculantes, aunque los encuentros bilaterales pueden haber logrado algunos entendimientos de diferente alcance. En todo caso, las urgentes reformas del Consejo de Seguridad y de los organismos financieros multilaterales no se adoptarán en una instancia compuesta por cerca de 200 entidades políticas. En cambio, las decenas de agencias especializadas y las comisiones regionales constituyen organismos de indudable relevancia para el desarrollo humano en su sentido más amplio, y en muchos casos sus operaciones no son obstaculizadas por las confrontaciones geopolíticas de la actual coyuntura.

En cuanto a la participación de los países latinoamericanos y caribeños en el evento mencionado, se constata una vez más que no hay una visión compartida ni una posición regional concertada respecto de los temas de la agenda internacional, lo que se traduce en una paulatina pérdida de relevancia de la región latinoamericana, en contraste con el papel destacado que ejerció en los asuntos internacionales luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década de los años 80, en que la crisis de la deuda externa y los programas de ajuste estructural del Consenso de Washington comprometieron el liderazgo regional respecto de un Nuevo Orden Económico Internacional propuesto en la década de los años 70, considerando obviamente que en esos años de la Guerra Fría existió cierto margen para iniciativas no alineadas.

Las relaciones internacionales hoy son ciertamente mucho más complejas en términos de la distribución del poder económico, tecnológico, financiero, militar, y ya no hay condiciones para un ejercicio hegemónico con pretensiones universales.

Así vistas las cosas, considero que existen dos temas en los cuales los países de América del Sur podrían explorar la posibilidad de adoptar iniciativas relevantes a partir de enfoques pragmáticos de cooperación a geometría variable.

En primer lugar, por razones de principios y de genuino interés de la mayor parte de los países suramericanos, sería importante avanzar en un programa compartido de protección de la Amazonía, para evitar la deforestación, con un enfoque de sostenibilidad equitativa y justa, con la participación de gobiernos, empresas, organismos financieros, entidades científicas, comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil. En los meses pasados se han dado pasos importantes en esa dirección, que se irán perfeccionando en el camino hacia la reunión de la COP30 en 2025 en Brasil.

En segundo lugar, dada su tradición minera, los países andinos deberían aprovechar la expansión de la demanda de metales tecnológicos para la transición energética, tomando en cuenta que ningún país por sí solo está en condiciones de asegurar los beneficios inherentes al nuevo ciclo minero internacional, mientras que un régimen regional común podría establecer las condiciones de una relación equitativa entre países proveedores, países procesadores y países ensambladores de la cadena de valor de los paneles solares, los parques eólicos y los vehículos eléctricos, soslayando así el extractivismo depredador y el conocido intercambio desigual de tipo neocolonial.

 Horst Grebe es economista.

El fin del actual ciclo del gas en Bolivia ha sido anunciado oficialmente por el propio Presidente de la República, aunque no se descarta un retorno de nuevas exportaciones en caso de que resulten favorables las inversiones en exploración previstas para los próximos años con la participación de Petrobras.

Los recursos naturales no renovables tienen un trayecto cíclico en la economía internacional, motivo por el cual es los países exportadores más exitosos adoptan diversas previsiones de ahorro fiscal genuino durante la expansión cíclica para compensar la caída de ingresos cuando el ciclo pasa de su fase expansiva a su fase recesiva. No es lo que ocurrió por cierto en el país, puesto que cuando disminuyó la producción de gas a partir de 2015, se mantuvo el nivel de gasto público con los conocidos impactos acumulativos sobre el déficit fiscal, que luego derivaron en la actual crisis de la balanza de pagos.

Dicho esto, ahora me interesa abordar el examen de las opciones a mediano y largo plazo en relación con la inserción internacional del país, a partir de una diversificación de la canasta exportadora con la incorporación de exportaciones con cada vez mayor valor agregado.

Como es sabido, las opciones que se encuentran por de pronto en el debate consisten en la agropecuaria (soya y carne vacuna), el oro y el litio.

La ampliación de la producción soyera y ganadera en las tierras bajas del Oriente requiere necesariamente una gran expansión de la frontera agrícola mediante la deforestación de los bosques amazónicos, con los efectos conocidos de desertización, pérdida de biodiversidad, así como severos daños ambientales concomitantes. Peor todavía si se permite oficialmente la utilización en gran escala de semillas genéticamente modificadas para aumentar los rendimientos agrícolas.

En cuanto al oro, es altamente cuestionable que se impulse la expansión de una minería destructiva del medio ambiente, abusiva con los habitantes ribereños de las cuencas amazónicas del norte de La Paz y el Beni, que ocasiona además la contaminación con mercurio, que es sumamente nocivo para la salud tanto humana como animal.

En cuanto a las perspectivas del litio extraído de los salares de Uyuni y Coipasa, parece recomendable adoptar una estrategia integral fundada en conocimientos científico- tecnológicos de nivel mundial, puesto que Bolivia está lejos de ser el único país potencialmente abastecedor de litio en el propósito encaminado internacionalmente a la reducción de los gases de efecto invernadero mediante la sustitución de las fuentes de energías fósiles con energías renovables, lo que incluye cambios en la industria automotriz, la generación de energía eléctrica mediante tecnologías eólicas (parques de molinos de viento) y tecnologías solares (planchas de celdas solares de muy diversas escalas). A tales efectos, se necesitarán enormes cantidades de litio, níquel, manganeso y cobalto, además de ciertas tierras raras.

Una opción poco considerada hasta ahora consiste en la ampliación de la minería sostenible en el Occidente del país, en particular la que se refiere a la extracción de la plata, cuya demanda internacional aumentará significativamente pari passu con las transformaciones globales de la industria electrónica, la producción de diversos tipos de baterías y la difusión de la inteligencia artificial.

En tal contexto, un nuevo orden minero permitiría al país participar con grandes beneficios propios en el enorme proceso de transformación energética global. A tal efecto, es sin embargo imprescindible adoptar una estrategia cada vez más alejada del extractivismo depredador, que despliegue en cambio iniciativas productivas que utilizan tecnologías de frontera, evitan la contaminación ambiental, generan empleos de calidad y contribuyen al desarrollo social en sus entornos geográficos.

 Horst Grebe es economista.

El Grupo BRICS ha dado un paso importante en dirección a la reconfiguración del orden internacional en su reciente Cumbre de Johannesburgo (África del Sur). En efecto, las decisiones que más han sido destacadas por los medios internacionales en los días pasados consisten en: (i) la invitación a dos países africanos (Egipto y Etiopía), dos reinos árabes (Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos), un país de Asia (Irán) y un país de América del Sur (Argentina) para que se incorporen como miembros plenos al grupo a partir del 1 de enero de 2024; (ii) el establecimiento de los principios rectores, estándares, criterios y procedimientos para la incorporación de nuevos miembros en el futuro, y (iii) la decisión de examinar a partir de dichos criterios la incorporación de países que ya han presentado su solicitud formal, entre los que se menciona a Argelia, Bangladesh, Bolivia, Cuba, Honduras, Indonesia, Nigeria y Venezuela.

Hasta el momento de escribir esta columna no se conocen los criterios que se concertaron para los seis primeros países invitados, ni los que se aplicarán en el futuro. Ha tenido que ser una negociación ciertamente difícil, puesto que son conocidas las rivalidades y divergencias entre los cinco países miembros, agravadas por lo demás con los problemas derivados de la invasión de Rusia a Ucrania, el debilitamiento reciente del crecimiento de China, las ambiciones de Brasil respecto de un sitio permanente en el Consejo de Seguridad y el claro avance de India en términos demográficos, tecnológicos y de su larga tradición de no alineamiento, entre varios otros aspectos.

Tendrán que llevarse a cabo todavía muchas negociaciones en el futuro para que el Grupo BRICS adquiera capacidades concretas de contribuir con eficacia en las soluciones a los grandes temas de la agenda internacional, tales como el combate al cambio climático, que se está manifestando en estas fechas con singular intensidad en forma de enormes incendios y sequías de extensos territorios inutilizados para la siembra y el pastoreo, así como el calentamiento de las aguas oceánicas, la imparable deforestación de los bosques amazónicos, y muchas otras manifestaciones del calentamiento global.

En segundo lugar, ocupa un lugar destacado en la agenda pública internacional el número cada vez mayor de migrantes y desplazados, sea por motivos de la guerra y la violencia en sus países de origen o sea por carencias humanas severas en términos de alimentación, vivienda y seguridad.

En tercer lugar, es evidente que el sistema financiero internacional, tal como es administrado en la actualidad, no está en condiciones de suministrar los recursos que se comprometieron para apoyar a los países en vías de desarrollo para el cumplimiento de las metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ni tampoco para financiar la renegociación de la deuda de los países más pobres y de los de desarrollo medio.

Respecto de este componente de las relaciones internacionales existen las más variadas propuestas de reforma, incluyendo el anuncio reciente del presidente Biden sobre reformas al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuya oportunidad no cabe duda que constituye una respuesta ante el creciente número de países que acuden a la convocatoria del Grupo BRICS, o los países que buscan su incorporación a la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China, o los que desean incorporarse al Nuevo Banco de Desarrollo, y, por último, los que proponen mecanismos alternativos de pagos internacionales en monedas diferentes del dólar estadunidense.

Todo este corrobora la necesidad de profundas reformas del orden internacional en sus diferentes aspectos, y eso ocurrirá probablemente a lo largo de procesos y etapas enmarcadas en las constelaciones geopolíticas que se vayan estableciendo en el tiempo.

Horst Grebe es economista. 

A dos años de la conmemoración de la Independencia en agosto de 2025, y de la realización de las elecciones generales después, es conveniente reflexionar sobre las trayectorias que conducen hacia dichos eventos. Los avances sociales y políticos a lo largo de los 200 años pasados no son menores, puesto que se han superado las peores exclusiones y discriminaciones prevalecientes en el momento de la fundación de la República, se han ampliado paulatinamente los derechos de ciudadanía y se ha avanzado en los postulados de igualdad de género en la educación, el acceso a la salud, la paridad en la participación política y la condena de diversas discriminaciones, que todavía subsisten en la cultura de la sociedad boliviana. Falta sin duda mucho todavía para que los preceptos igualitarios se conviertan en realidad efectiva, pero en eso consisten precisamente las asignaturas pendientes para el futuro.

La intensa urbanización y la emergencia de nuevas capas medias con un nuevo tipo de necesidades y aspiraciones tampoco debe desdeñarse, puesto que, no obstante todas las insuficiencias todavía existentes, no cabe duda de que el ejercicio de derechos ciudadanos tiene hoy un alcance muy superior al pasado. Sin embargo, es necesario considerar que los modos en que ha ocurrido la inclusión en los tres últimos quinquenios, han traído consigo una grave desinstitucionalización en la superestructura del sistema estatal. También en este aspecto quedan importantes asignaturas pendientes, que necesitan resolverse de alguna manera antes de las elecciones generales de 2025.

Muy prematuramente se han iniciado algunas campañas proselitistas sin que estuvieran resueltos algunos requisitos imprescindibles para la realización de las elecciones en octubre de 2025. En efecto, está pendiente la cuestión de la reforma de la Justicia, y así también la realización del Censo de Población y Vivienda, de cuyos resultados depende la distribución de los recursos fiscales a los departamentos y municipios mediante un pacto fiscal, así como la asignación de los escaños legislativos de acuerdo con la distribución territorial de la población en las circunscripciones electorales correspondientes.

Resulta a todas luces inconveniente que ambas cuestiones sean contaminadas por las pugnas internas dentro del MAS y el sectarismo en las tiendas opositoras, que acarrean perjuicios institucionales y políticos respecto de los resultados electorales.

Además, no hay duda alguna de que la turbulencia política es altamente perjudicial para el objetivo de lograr algunos acuerdos y consensos conducentes a la adopción de una estrategia nacional de respuestas a la crisis económica, que está instalada en el país por más que se quiera negar su existencia.

Ninguna de las cuestiones mencionadas puede llevarse a cabo con resultados medianamente satisfactorios sin la participación y un amplio compromiso de los actores políticos, económicos, de la sociedad civil y de las entidades de la información y comunicación pública. No se trata obviamente de un conglomerado de organizaciones en un único espacio de deliberaciones al estilo de las conocidas cumbres del pasado, ni tampoco de un concurso de propuestas dogmáticas elaboradas desde diferentes trincheras ideológicas.

Se trata, en cambio, de intentar una aproximación a un diagnóstico compartido sobre la situación nacional, de donde se derive una red de iniciativas a geometría variable según los diversos temas que forman parte de la agenda democrática frente a la crisis interna, y que tome en cuenta las repercusiones de la inestabilidad internacional agravada por los desastres que ocasionan el cambio climático, la guerra en Ucrania, las pugnas geopolíticas entre las dos superpotencias, así como el declive comprobado de la democracia en América Latina.

Horst Grebe es economista.

El acceso a la información pública es un derecho ciudadano que forma parte del conjunto de preceptos relacionados con las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión. Para adoptar decisiones en los diferentes aspectos de su vida, los ciudadanos necesitan contar con información fidedigna y oportuna relacionada con el ámbito nacional, y en una forma creciente también sobre asuntos internacionales. La agregación y divulgación del cúmulo de información existente en diferentes fuentes nacionales e internacionales en términos de interpretaciones, crónicas y evaluaciones, es una de las principales funciones del sistema de medios de comunicación en sus diferentes modalidades de organización. De esta manera, las libertades de prensa y opinión también son requisitos relevantes para que los ciudadanos cuenten con el respaldo informativo suficiente para saber de las cosas del mundo y para administrar sus intereses, entre otras decisiones de su vida cotidiana.

Estas consideraciones pretenden llamar la atención sobre la importancia de contar con información apropiada respecto de las grandes transformaciones de todo tipo que ocurren en el mundo en esta época, trayendo aparejadas elevadas dosis de inestabilidad e incertidumbre sobre el futuro. Baste mencionar en esta ocasión dos aspectos que modifican profundamente las certezas del pasado. Se trata de la invasión de Rusia a Ucrania, por una parte, y del cambio climático que se ha acelerado en los últimos meses, por otra.

La guerra en Ucrania constituye un conflicto geopolítico que ya ha dado lugar a una modificación del orden internacional surgido del fin de la Guerra Fría y de la implosión de la Unión Soviética y los países del socialismo real de Europa Oriental entre 1989 y 1991. El tablero geopolítico está en plena reconfiguración de alianzas, de redireccionamiento de flujos financieros y de nuevas rutas de abastecimientos militares, energéticos y de alimentos.

Por su parte, el calentamiento global, en cuanto componente principal del cambio climático, se ha acelerado en los últimos años de una manera tal que es probable que pronto supere el límite de 1.5 °C establecido en 2015 en la Conferencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los desastres naturales, inundaciones, sequías y otras calamidades recientes tienen ese origen. La Amazonía cumple una función esencial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el aumento de la deforestación con miras a expandir la frontera agrícola para la producción de soya y la ganadería perjudica ciertamente la lucha global contra el cambio climático.

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Hago referencia a estos temas en vista de que la próxima semana se llevará a cabo en Bruselas la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Se sabe que la cuestión de la Amazonía ocupará un lugar importante en las intervenciones de los presidentes de Brasil y Colombia.

Resulta conveniente señalar que en el contexto de la fragmentación del orden internacional ya se ha consolidado el orden climático global en términos multilaterales, mediante las reuniones periódicas de la Conferencia de las Partes, que se caracterizan por una amplia participación de actores estatales, organizaciones internacionales y representaciones de organizaciones de la sociedad civil. Es en estas Conferencias de las Partes donde se negocian los compromisos nacionales de los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero y su contraparte de financiamiento para los países del grupo más pobre del Sur Global.

Todos estos temas necesitan información y acuerdos del Estado con los actores económicos y las organizaciones de la sociedad civil en el país.

Horst Grebe es economista.