El mundo está cambiando desde un orden internacional hegemónico con predominio del enfoque neoliberal y su correlato de la eficiencia como prioridad, en dirección hacia nuevos acomodos impulsados por la primacía de la seguridad de los abastecimientos tecnológicos y militares en general.

Todavía no se ha instalado en forma un orden multipolar, pero ya se manifiestan algunos rasgos que señalan en esa dirección. El sistema multilateral de las Naciones Unidas está visiblemente debilitado, en particular debido a la incapacidad del Consejo de Seguridad de influir positivamente en el cese de las guerras en Ucrania y en el Cercano Oriente, y en el cumplimiento de las normativas internacionales en cuanto a la protección efectiva de la población civil. Las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra que ya se han perpetrado no cuentan con instancias de juzgamiento y castigo efectivo.

Las dos grandes potencias están en bandos diferentes en cuanto a los conflictos geopolíticos, lo que no les impide buscar entendimientos en lo que se refiere a sus relaciones económicas, comerciales y financieras.

En ese mundo desordenado al extremo, impulsado por transformaciones tecnológicas de alcance estratégico, económico e informático, ningún país por sí solo está en condiciones de proteger sus intereses nacionales de manera efectiva. Ocurre, sin embargo, que el orden mundial bipolar no es lo que se está configurando en esta coyuntura, ni tampoco se trata de un sistema Centro-Periferia como el que caracterizó la división internacional del trabajo en un largo trecho del siglo pasado.

Existen hoy varios países que pueden considerarse centrales por constituir polos de dominio tecnológico, innovación y apropiación de excedentes por encima del que se genera en sus propios territorios, así como existen países claramente periféricos en términos de que no retienen para sí el excedente que se genera en sus territorios.

Lo característico de la época estriba sin embargo en que entre medio está colocada una gran cantidad de países con características de semiperiferias, ubicados en América Latina, Asia y África. Lo que quiere decir que la división del mundo en un Norte Global y un Sur Global no es apropiada para ningún tipo de análisis riguroso, ni tampoco por supuesto la división Occidente y Oriente. Y obviamente mucho menos pertinente es considerar que la verdadera división del mundo corresponde a la separación entre países democráticos y países autoritarios.

Ningún esquema binario da cuenta cabal de las diversas relaciones en que se encuentran los 193 países que forman el mundo de hoy, que han establecido entre ellos una diversidad de agrupamientos regionales, militares, comerciales, por el tipo de producto que exportan, por aspectos religiosos y por muchas otras razones más.

Existen también algunos mecanismos de integración que se han construido sistemáticamente después de la Segunda Guerra Mundial y cuya membresía se ha ampliado por etapas, como es el caso de la Unión Europea. Tres aspectos explican el éxito de esta experiencia: la decisión de poner fin a las cruentas guerras del pasado; el liderazgo estable entre Alemania y Francia, así como la existencia de fondos de compensación para los países con menor grado de capacidad económica. Esto ha permitido cerrar las brechas de desarrollo internas en una magnitud notable.

La integración regional persigue, entre otros objetivos, aumentar la capacidad de negociación internacional del grupo. Es de lamentar que en América Latina fuerzas centrífugas de todo tipo hayan debilitado los mecanismos de integración regional y subregional que se han intentado en el pasado. Más allá de las diferencias existentes, algunos temas críticos justifican hoy en día un nuevo esfuerzo: la defensa eficaz de la Amazonía es uno de ellos.

Horst Grebe es economista.

El Censo de Población y Vivienda realizado ayer constituye el primer elemento del necesario proceso de autoconocimiento de nuestra sociedad, que debe ser completado en el futuro por una interpretación teórica desde las disciplinas demográficas, sociológicas y culturales. Las cifras censales constituyen en efecto la materia prima del trabajo científico de un amplio número de profesionales del sector público, de la academia y de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción social.

En ese sentido, los datos del Censo constituyen el más valioso instrumento de evaluación de los resultados de las políticas públicas ejecutadas desde el Censo anterior en materia de educación, salud y vivienda, pero asimismo de comparación con los respectivos indicadores de los países vecinos.

El Censo proporciona información estadística que le pertenece a los ciudadanos pero administra el Estado. Esa información necesita ser estructurada en términos de indicadores y agregados estadísticos que constituyen los vectores estratégicos sobre los cuales deben operar las políticas en los niveles nacional, departamental y municipal.

Además de su utilidad intrínseca respecto del conocimiento del nivel actual del desarrollo humano agregado en el país, la información censal es extremadamente útil para corroborar diversas hipótesis que han circulado recientemente en la opinión pública respecto de cuestiones como la migración interna, la concentración de la población urbana en pocas ciudades y la reducción consiguiente de la población rural.

Más allá de la constatación empírica de tales procesos, se requieren explicaciones razonables que proporcionen los lineamientos de una planificación integrada de las necesidades diferenciadas de servicios básicos, equipamientos educativos e instalaciones de salubridad, en los niveles departamentales y municipales.

Las cifras censales permitirán asimismo llevar a cabo una evaluación verificable de los resultados de las transferencias condicionadas en materia de niveles de pobreza y desigualdades en los ámbitos de la educación y la salud, así como el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad, y la infraestructura relacionada con las tecnologías informáticas y comunicacionales.

Todo esto se podría estructurar en un catálogo de brechas que será necesario atender ordenadamente en el futuro, tomando en cuenta que la reducción de las brechas requiere servicios, instituciones y recursos económicos, así como aptitudes y calificaciones profesionales pertinentes, lo que obviamente no puede ser llevado a cabo con eficacia por la acción del mercado, pero tampoco en exclusiva por entidades públicas. En cambio, la matriz de variables e indicadores que se estructure con los datos del Censo podría traducirse en un sistema estratégico de incentivos destinados a la promoción de diversos acuerdos y pactos sectoriales, en los que participe una combinación sinérgica de actores público, privados y sociales.

A tal efecto, es preciso redefinir y completar los alcances del pacto fiscal, que quedó pendiente de ejecutarse a continuación del Censo de 2012. La evidencia de las ineficiencias distributivas del centralismo debería dar lugar a una reasignación de competencias entre los diferentes niveles territoriales, en estricta concordancia con los recursos fiscales asignados de manera obligatoria y transparente. De esta manera podría adquirir un sentido renovado la definición constitucional de la organización territorial en términos de autonomías con potestades y competencias claramente establecidas.

Por último, a partir de los resultados censales será evidente la necesidad de adoptar una nueva distribución de escaños parlamentarios entre los departamentos, contemplando por supuesto el imprescindible rediseño de las circunscripciones electorales.

Horst Grebe es economista. 

A comienzos de año se podía afirmar que el país tenía tres grandes desafíos por delante: las elecciones judiciales, el Censo de Población y Vivienda y las elecciones primarias para definir los candidatos que participarán en las elecciones previstas para 2025. También estaba claro que la economía requería atención especial para enfrentar con eficacia la escasez de dólares y los problemas del abastecimiento de diésel y gasolina.

Las elecciones judiciales deberían haberse llevado a cabo en 2023, antes de que concluya el mandato constitucional de seis años de los altos magistrados del Órgano Judicial. La opinión pública sabía perfectamente que las elecciones de jueces mediante el voto popular no solucionarían la profunda crisis del sistema judicial, pero no había otra opción en vista del fracaso de las propuestas alternativas de reforma integral de la justicia. Había que conformarse por tanto con la realización de elecciones antes de fin de año. Es sabido que la preparación de la correspondiente ley de convocatoria fue demorada una y otra vez mediante innecesarias consultas que impidieron la convocatoria en el momento oportuno para cumplir con el reemplazo de los altos magistrados del Órgano Judicial. Antes de que concluya el año ocurrió sin embargo el hecho insólito de que los propios magistrados decidieron autoprorrogarse en franca violación de la Constitución Política del Estado y del principio universal de que un juez no puede fallar en favor de sí mismo.

En el curso de las semanas siguientes quedó demostrado que la disputa interna del MAS por la candidatura a las elecciones de 2025 no sería resuelta por procedimientos internos de esa organización política, sino que se trasladaría al ámbito de la justicia, y es por eso que la Asamblea Legislativa se enredó en una compleja negociación parlamentaria en que están involucradas: (i) la destitución de los magistrados autoprorrogados, (ii) la aprobación de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales y (iii) la aprobación de créditos del Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fonplata, Japón y Corea del Sur, por un monto de $us 795 millones.

La disputa respectiva se ha centrado a la postre alrededor de la secuencia en que se aprobaría cada uno de los tres aspectos, y esto en vista de que, para el Gobierno la prioridad son los créditos y la anulación de la destitución de los autoprorrogados, mientras que las bancadas de la oposición y de la fracción evista han hecho lo imposible por evitar la aprobación de los créditos antes de que se resuelva la destitución de los autoprorrogados y se convoque debidamente a las elecciones judiciales.

A la hora de escribir esta columna no está en absoluto resuelta la disputa en la Asamblea Legislativa, que tiene una composición política diferente en ambas cámaras, ni tampoco se han suspendido definitivamente los bloqueos de carreteras relacionados con demandas que favorecen a la fracción de Evo Morales en el MAS y a su correspondiente postulación como candidato en las elecciones de 2025.

La polarización política dentro del partido de gobierno ha alcanzado también a las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos, y eso no sería tan grave si es que no hubieran ocurrido los hechos bochornosos de todos conocidos. Por eso, no es exagerado afirmar que la Asamblea Legislativa ha quedado severamente dañada en su imagen pública y en su función primordial de primer poder del Estado y foro central de la deliberación política del país.

Es un resultado que despierta malos presagios respecto de las expectativas frustradas que se manifestarán cuando se entreguen los resultados del Censo el próximo 31 de agosto. No es probable que para entonces el Gobierno cuente con las capacidades institucionales suficientes para gestionar las discordias derivadas del Censo y de la insatisfacción económica creciente.

 Horst Grebe es economista

Varios acontecimientos recientes contribuyen a la percepción ciudadana de que la crisis económica se está acelerando con el consiguiente aumento de la incertidumbre y la inseguridad. El Gobierno insiste por su parte en negar la existencia misma de la crisis con el argumento de que en realidad la situación económica está mejorando a pesar de las dificultades del contexto externo. Frente a la maledicencia de opositores políticos y comentaristas adversos se argumenta que no se aprecia debidamente la estabilidad monetaria, la baja inflación y las bondades de la estrategia de industrialización mediante la sustitución de importaciones.

En defensa de los resultados de la política económica y de su propia gestión, el Gobierno despliega una costosa estrategia comunicacional y una permanente visibilización del apoyo que le brindan las dirigencias sindicales y de las organizaciones sociales. Un importante componente de su estrategia defensiva consiste además en la descalificación de Evo Morales como potencial candidato del MAS en las elecciones de 2025, para lo cual se ha instrumentado la inhabilitación de dicha candidatura por parte del Tribunal Constitucional.

La inadmisible y anticonstitucional autoprórroga de los magistrados de las cúpulas del orden judicial es el premio correspondiente al servicio político prestado, lo que ha dado lugar no solamente a la indignación de los más diversos liderazgos políticos y de la opinión pública, sino también al bloqueo de carreteras durante 16 días, con un altísimo costo económico, pero así también con el consiguiente debilitamiento institucional del sistema judicial y el daño reputacional de la gobernabilidad del país.

En el ámbito económico indudablemente no le beneficia al Gobierno el hecho de que las calificadoras de riesgo crediticio bajen la calificación del país. Acceder a nuevos créditos de organismos internacionales o colocar bonos soberanos en los mercados de capital resulta ahora sumamente difícil con dichas calificaciones, y no sirve de mucho argumentar que las agencias calificadoras no toman en cuenta todo un catálogo de variables e indicadores favorables que puede presentar el Gobierno, puesto que se trata en muchos casos de los mismos aspectos que destacan sin cansarse los expertos y analistas nacionales.

Algunos problemas económicos y fiscales son inocultables, tales como la escasez de dólares y de carburantes, la instalación de un mercado paralelo de divisas y el alza consiguiente del nivel general de precios, no obstante los esfuerzos administrativos para evitarlo. Tampoco se puede ocultar el balance comercial negativo en materia de hidrocarburos ni el déficit fiscal debido a la magnitud de los subsidios y subvenciones desde hace varios años atrás.

Dicho lo cual, es justo admitir que el entorno internacional es absolutamente adverso en esta coyuntura de nuevos acomodos de las relaciones internacionales en sus diferentes ámbitos geopolíticos, financieros, comerciales y tecnológicos. Y esto es tanto más grave para el país en la medida en que el entorno suramericano registra profundas divisiones ideológicas, quebrantos democráticos y sufre como ninguna otra región las calamidades del cambio climático.

Puede que en una perspectiva de más largo plazo América del Sur logre posicionarse mejor en los nuevos tableros del orden internacional, a partir de liderazgos renovados y un sólido marco institucional democrático que promuevan el aprovechamiento legítimo de sus recursos naturales y de la riqueza de sus culturas; pero eso no ocurrirá sin un esfuerzo concertado capaz de construir mercados de alcance regional, acuerdos para el desarrollo de la innovación, así como del establecimiento de cadenas regionales de suministros con participación de varios países a geometría variable.

Horst Grebe es economista. 

La agenda oficial de 2024 contempla al menos tres procesos que requieren consensos políticos formalizados, un acceso sin restricciones a la información pública y un seguimiento activo de la sociedad civil organizada. Se trata de las elecciones judiciales, el Censo de Población y Vivienda y las elecciones primarias de los partidos que concurrirán a las elecciones generales en agosto de 2025.

Como es sabido, el retraso de las elecciones judiciales ha derivado en un serio conflicto institucional con graves violaciones constitucionales, como consecuencia de las pugnas internas del MAS. Existen dudas fundadas de que la situación se pudiera remediar antes de que ocurran los otros dos procesos.

En cuanto al Censo de Población y Vivienda, conviene recordar que la decisión de realizar el empadronamiento el 23 de marzo y la presentación de los resultados correspondientes el 30 de agosto de este año, fue adoptada oficialmente luego de movilizaciones, huelgas de hambre y bloqueos de carreteras en varias regiones del país, desplegados por parte de comités cívicos, plataformas ciudadanas y organizaciones universitarias, en protesta por la falta de voluntad política de llevar a cabo la encuesta censal prevista para noviembre de 2022.

Los resultados de los censos de población y vivienda constituyen una herramienta fundamental para la planificación de las políticas públicas, así como para la identificación de las necesidades en materia de educación y salud. Desde la perspectiva de los intereses políticos y regionales, los resultados censales establecen el fundamento para que el Órgano Electoral determine la distribución de escaños parlamentarios, por una parte, y un pacto fiscal adopte la correspondencia entre la pauta de distribución de la coparticipación tributaria y el catálogo competencial de los departamentos y municipios del país, por otra.

Todas estas cuestiones involucran repartos políticos y fiscales a partir de consensos políticos previos de cumplimiento vinculante, habida cuenta de los desplazamientos demográficos ocurridos desde el anterior Censo de 2012, así como en razón de la contracción de recursos fiscales derivados de la caída de las exportaciones de hidrocarburos.

Las elecciones primarías que están previstas para noviembre de este año pueden interpretarse como un elemento en la reconfiguración del sistema político a partir de organizaciones de representación política formalmente constituidas, con capacidad de suscribir compromisos vinculantes en representación de corrientes de opinión verificables. Conviene señalar que los partidos constituyen una bisagra legítima entre los ciudadanos y el poder, en vista de que agregan demandas de la sociedad, educan políticamente a sus militantes y forman cuadros capaces de administrar políticas públicas y, algo muy importante, rinden cuentas públicas por el uso de los recursos que tuvieron a su cargo. La configuración de un sistema renovado de partidos constituye uno de los requisitos de la gobernabilidad democrática en el país.

Nada de eso forma parte de las prácticas políticas en la actualidad, pero es un requisito que debería cumplirse paulatinamente en los próximos meses, a fin de que en las elecciones primarias se establezcan efectivamente las candidaturas para las elecciones generales de 2025.

Los comentarios anteriores expresan la idea de que los tres procesos mencionados tendrían que interpretarse como componentes de una propuesta más amplia de reformas institucionales conducentes a fortalecer la gobernabilidad democrática. De ser así, los acuerdos alcanzados permitirían abordar la deliberación de otros pactos vinculantes destinados a consensuar formalmente una estrategia de nueva legitimidad para la estabilidad, la productividad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Horst Grebe es economista.