Las calificadoras de riesgo son empresas privadas encargadas de valorar cualquier activo financiero, sea público o privado, y el posible riesgo de impago. Según su valoración ponen una nota o calificación a cada activo desde el seguro “AAA” o triple A hasta el impago “C, D”. Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch abarcan el 95% del mercado mundial calificando el llamado riesgo país.
Entre los más importantes activos financieros están los llamados bonos soberanos, emitidos por los países para conseguir financiamiento externo a tasas según el mercado de bonos y de la apreciación que tengan sobre su economía. El diferencial entre el interés del bono soberano de un país y el interés del bono soberano “libre de riesgo”, como serían, en teoría, los bonos del Tesoro de EEUU a un plazo de 10 años, se denomina prima de riesgo país y es un indicador del riesgo de impago. En el caso de Bolivia, según Bloomberg, el riesgo país boliviano de un nivel de 567 a principios de año creció hasta los 1.900 para después derrumbarse 600 puntos al bajar el 21 de abril a 1.280. Al 26 de mayo el riesgo país de Bolivia estaba en 1.274 puntos, por lo que se ubica en el cuarto lugar de la clasificación de los bonos más riesgosos, siendo el riesgo promedio de la región 440 puntos.
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Estas calificadoras además hacen su seguimiento de los indicadores económicos de un país y emiten periódicamente sus valoraciones (rating actions). Así, en marzo de 2023, una de esas empresas calificadoras como Moody’s rebajó las calificaciones de Bolivia a Caa1 desde B2 y las colocó en revisión para rebaja, señalando que: “La caída de las reservas internacionales líquidas ha precipitado un shock de confianza que ha socavado la estabilidad macrofinanciera. Sin una acción rápida y significativa para revertir la situación y restaurar la estabilidad, la capacidad del soberano para pagar su deuda está en riesgo”.
En la región, el nivel de calificación de Bolivia, según Moody’s, estaría en situación de impago: Argentina (Ca), Ecuador (Caa3), El Salvador (Caa3) y Venezuela (C). Sin embargo, según Standard & Poors y Fitch, se mantiene Bolivia en situación “altamente especulativa” con su calificación B-, junto con Ecuador y Venezuela, a diferencia de Argentina (CCC-) y El Salvador (CC+), que permanecen en nivel C de impago.
Si uno empieza por el principio, la definición de la prima de riesgo que se hace respecto al bono del Tesoro de EEUU, calificado sin riesgo, resulta paradójica en los momentos actuales cuando se habla de la posibilidad o amenaza del impago debido a la disputa del Gobierno y la Cámara de Representantes respecto a subir el techo de la deuda pública del Tesoro de EEUU, de $us 31,4 billones. Las acciones de las bolsas caen mientras las negociaciones por el techo de la deuda están en impasse y los inversores están exigiendo una prima más alta por los bonos estadounidenses por mayor riesgo de impago.
Si bien casi todos los años el show era el mismo, ahora la posición de los republicanos es más dura al exigir la reducción de los “gastos discrecionales”, pero por supuesto no lo gastos militares ni la ayuda militar a Ucrania que sigue prometiendo Biden. Empero, según Bloomberg, “que se llegue al techo de la deuda no quiere decir, necesariamente, que vaya a haber un default”, puesto que las veces en las que no se han llegado a acuerdos, como pasó en 2011, termina habiendo problemas operativos para el gobierno. Según Reuters, Washington estaría bajo una fuerte presión para seguir haciendo pagos sobre los bonos estadounidenses, que sustentan el sistema financiero global.
Lo paradójico es que con cualquier otro país al borde del impago, el 1 de junio, las calificadoras de riesgo ya le habrían rebajado del nivel triple A que tiene EEUU y puesto en el nivel C. Solamente Fitch advirtió, como posibilidad, la de cortar su calificación y lo puso en perspectiva negativa, aunque se autoadvierte que el riesgo de impago es muy bajo o poco probable.
Bloomberg tituló el domingo 28 de mayo: “Casa Blanca y republicanos llegan a un acuerdo tentativo para evitar el impago de EEUU que incluye un aumento del límite de deuda de dos años y un acuerdo de créditos de dos años que mantiene el gasto no relacionado con la defensa más o menos en los niveles actuales”.
(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista