Las acciones ordenadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para irrumpir en la embajada mexicana en Quito para detener al expresidente Jorge Glas, han sido totalmente repudiadas en los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo.

En una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas de 1954 sobre el Asilo, Noboa no escatimó esfuerzos y mandó a un escuadrón especial, enmascarados y carros blindados para irrumpir en la legación diplomática mexicana a punta de armas de asalto para detener al exvicepresidente ecuatoriano.

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Glas, quien fue vicepresidente de 2013 a 2017, fue condenado por corrupción en Ecuador, pero había salido libre luego que un juez aceptara un recurso de habeas corpus por parte de sus abogados defensores.

Tras nuevas investigaciones en su contra, se refugió desde el 17 de diciembre en la embajada mexicana, país que le concedió asilo político el viernes 5 de abril, horas antes de su sorpresivo arresto.

La misma Convención de Viena establece que ningún Estado podrá invocar normas de derecho interno para incumplir el tratado. Un principio básico y universalmente respetado por los países democráticos.

El accionar del presidente ecuatoriano impresiona y retrotrae la política a épocas prosaicas de la convivencia entre naciones.

Semejante acción no se vio ni en la época tenebrosa cuando imperaba el Plan Cóndor, donde las hordas militares gobernaban a punta de fusil, arrestos, torturas y desapariciones en varios países de Sudamérica.

Noboa no solo destrozó el derecho internacional, también lo hizo con la ley ecuatoriana, artículo 482 del COIP (Código Orgánico Integral Penal). Convirtió a Ecuador en el país de la barbarie y lo arbitrario.

El artículo en cuestión reza: «Para allanar una misión diplomática o consular o la residencia de los miembros de las respectivas misiones, la o el juzgador se dirigirá con copia del proceso a la entidad encargada de las políticas de relaciones exteriores, solicitando la práctica de la diligencia. En caso de negativa del agente diplomático o consular, el allanamiento no podrá realizarse. En todo caso, se acogerá lo dispuesto en las convenciones internacionales vigentes en la República del Ecuador sobre la materia».

La reacción no se dejó esperar y amparado en el derecho internacional, el gobierno de México rompió relaciones diplomáticas con su par ecuatoriano, denunciando la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. Además, pidió suspender a Ecuador de la ONU en una denuncia que presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En la querella, México exigió “la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”. También solicitó “juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México”.

Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó como “improcedente” el operativo policial lanzado por el mandatario ecuatoriano.

Tratando de justificar lo injustificable, Noboa defendió su accionar en el que argumentó que tuvo que tomar decisiones excepcionales “para proteger la seguridad nacional” y añadió que su país “rechaza cualquier tipo de inmunidad a criminales, delincuentes, corruptos y narcotraficantes”.

Recordemos que el mandato presidencial de Noboa se extenderá hasta el 23 de mayo de 2025, que era el final previsto para el gobierno de Guillermo Lasso.

En los pocos meses de gobierno, Noboa, ávido de popularidad, se ha caracterizado de ingresar a la esfera de presidentes como el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele, este último caracterizado por las constantes violaciones de los derechos humanos en su lucha contra el crimen organizado.

A inicios de su gestión, Noboa catalogó a 22 bandas criminales de Ecuador como “terroristas”, y en medio de la tensa situación presentó el diseño de dos centros penitenciarios de máxima seguridad para albergar al menos a 1.400 reclusos, algo similar a lo realizado por su homólogo salvadoreño Bukele.

Queda claro que la política aplicada por Noboa genera escenarios bastante oscuros y preocupantes en un Ecuador donde las muertes violentas, secuestros, robos, extorsiones y atentados son cada vez más cotidianos.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

El recientemente elegido presidente de Rusia, Vladimir Putin, no tiene respiro ya que tendrá que seguir enfrentando la guerra en Ucrania, fuertes sanciones económicas impuestas por Occidente y el reciente ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall, en el suburbio moscovita de Krasnogorsk, que dejó un saldo de alrededor dos centenas de muertos.

Putin encabeza su quinto mandato, no consecutivo, consolidando así su posición en el poder durante 24 años; combinando períodos como presidente y primer ministro, está en camino de superar el récord de Joseph Stalin como el líder ruso que más tiempo ha estado en el poder.

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En agosto próximo, Putin cumplirá 25 años en el centro de la política rusa. Ser miembro y luego director de la KGB, su primer cargo público en 1990, le permitió ser director de relaciones internacionales de la ciudad de San Petersburgo. Nueve años después, sería elegido primer ministro del entonces presidente Boris Yeltsin, quien, acorralado por severas denuncias de corrupción y ante una galopante crisis socioeconómica, le dejaría interinamente la presidencia de la Federación Rusa.

Analistas políticos consideran que con la llegada de Putin al poder, Rusia vivió un refortalecimiento geopolítico, puesto que la fuerte respuesta de Moscú en la guerra contra Chechenia le permitió reordenar el complejo sistema político ruso, con 89 entidades federales, en torno a su figura y así sus primeras elecciones presidenciales con el 53% de los votos.

El analista político Roberto Covarrubias indica que su habilidad negociadora, su empeño de hacer de Rusia una nación poderosa y su mano firme en la toma de decisiones han permitido que los niveles de legitimidad nunca hayan sido verdaderamente cuestionados.

Hasta los más importantes señores de la guerra chechenos, musulmanes y separatistas, se han alineado a su liderazgo y han ido a Ucrania a combatir en su nombre, de indudable vinculación con el cristianismo ortodoxo ruso, una de las fuentes ideológicas de su nacionalismo panruso.

Tras los resultados electorales, una moscovita declaró a la agencia de prensa RIA Novosti que Putin es el líder indiscutible de la Rusia de hoy.

“Él es nuestro líder, la mayoría lo apoya y ahora, de hecho, la operación militar especial está en marcha, por lo que es mejor no cambiar de caballo en medio de la corriente”, indicaba.

Sin embargo, con el conflicto bélico contra Ucrania, iniciado hace tres años, las “sanciones” económicas contra Rusia no vinieron solo de la mano de los Estados. Decenas de empresas globales de todos los sectores de la economía, principalmente de origen estadounidense y europeo, realizaron un cese oficial de sus actividades en el país.

A partir de allí, Moscú se vio obligado a redefinir su proyecto estratégico. Con la operación militar especial sobre Ucrania, las relaciones comerciales entre la Federación de Rusia y los países de la Unión Europea ingresaron en un gigantesco black-out (apagón). A partir de allí, el propio Putin encabezó los esfuerzos para determinar una asociación “sin límites” con China, como ambos Estados rubricaron en un comunicado conjunto en febrero de 2022, pocos días antes de las operaciones rusas en el Donbás. Tal definición constituyó un verdadero giro económico hacia el Oriente, que incluye la ampliación de las relaciones económicas con la India y la reciente ampliación de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

La guerra en Ucrania abre nuevos frentes. En caso de confirmarse la participación de actores ucranianos o disidentes rusos en el atentado en Moscú, quedaría en Putin la decisión de sostener el conflicto en el frente como se encuentra ahora, afirmando que los civiles deben ser protegidos, o bien, responder al atentado pasando a considerar a estos como blancos válidos, lo que significaría un brutal escalamiento en el conflicto. En cualquier caso, el hecho es un enorme desafío a su liderazgo. El líder ruso calificó de sangriento y bárbaro el atentado terrorista y prometió castigar a los autores, organizadores y financiadores.

En un mensaje a la nación, Putin lanzó una dura advertencia contra los autores e ideólogos del ataque terrorista y prometió castigarlos donde se encuentren. La detención preventiva de varios acusados, fijada hasta el 22 de mayo, podrá ser prolongada a la espera de su juicio, cuya fecha aún no ha sido decidida.

Los opositores saben que las advertencias de Putin no son solo advertencias, sino que las cumple hasta hacerlas realidad, para bien o para mal.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

El “supermartes” en Estados Unidos cumplió con las expectativas, Joe Biden y Donald Trump se alzaron con sendas victorias, dejando así una revancha electoral entre ambos políticos para el 5 de noviembre próximo.

En los caucus estadounidenses no se esperaban grandes sorpresas. En el frente demócrata, con el presidente Biden postulándose prácticamente solo a la reelección, ni en el republicano, con Trump que se impuso en la mayoría de los estados a su rival Nikki Haley, su exembajadora ante las Naciones Unidas, quien tiró la toalla tras conocerse los resultados del “supermartes”.

Ambas victorias fueron apabullantes. Trump se adjudicó los 169 delegados en juego con más del 75% de los votos frente a un escaso 20% de Haley.

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Mayor fue el margen de Biden en una contienda en la que apenas tenía oposición. Con el 33% del voto escrutado llevaba una ventaja de 87 puntos. Un abismo dentro de un mero trámite que le convertirá, en cuestión de semanas, en candidato a la reelección por el partido demócrata.

Tras los resultados, las reacciones no se dejaron esperar y Trump salió a cantar victoria calificando a Biden como el peor presidente de la historia (un puesto que en realidad los historiadores le adjudican a él).

En tanto, la campaña de Biden lanzó un comunicado del presidente en ejercicio celebrando su victoria y atacando a Trump.

“¿Vamos a seguir avanzando o permitiremos que Donald Trump nos arrastre hacia atrás, hacia el caos, la división y la oscuridad que definieron su mandato?”, se preguntaron en filas demócratas.

El duelo revancha que se anticipa es el de Biden y Trump. Un candidato independiente, Robert F. Kennedy Jr., estará compitiendo, pero para algunos analistas su presencia en la boleta solo decantará votos.

Estos meses serán muy ocupados para Trump, ya que enfrentará varios procesos legales en los tribunales, incluidos los cargos penales por el intento de anular los resultados de las elecciones de 2020.

Trump niega haber actuado mal y dice que las acusaciones son políticas. Incluso si fuera condenado o encarcelado, podría permanecer en la carrera por la Casa Blanca.

El Tribunal Supremo le despejó aún más el camino en sus sueños de reelección. Los nueve magistrados que forman parte del alto tribunal votaron por unanimidad mantenerle en la papeleta electoral de Colorado, después de que ese estado aplicara en diciembre la sección tercera de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución para excluirle por su implicación en los actos de insurrección del 6 de enero de 2021.

A Trump también le llueven acusaciones y demandas como las relacionadas con el uso no autorizado de música en su campaña electoral.

Según una publicación de la revista Newsweek, el más reciente hecho ocurrió cuando Trump asistió a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). El 24 de febrero, Trump terminó su alocución, agradeció a la multitud y bailó la canción de 1966 Hold On, I’m Coming del dúo de R&B Sam & Dave, “pero existe una gran posibilidad de que no haya recibido permiso para usarla”, apuntó la publicación.

En 2022, al lanzar su campaña, Trump fue advertido públicamente por los representantes y herederos de la familia de la fallecida leyenda del R&B/soul Isaac Hayes de que tenía prohibido el uso del tema musical Hold On I’m Coming.

Asimismo, la discográfica y los herederos de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, fallecida el pasado año, han pedido al expresidente que deje de utilizar sus canciones durante sus actos políticos.

En un comunicado conjunto, los representantes de la artista califican de “indignante” que Trump haya usado en un mitin la canción Nothing Compares 2 U, el tema que catapultó a O’Connor al estrellato internacional en 1990.

Pero no es todo rosa también para los demócratas. Los sondeos indican que el republicano volvería a la Casa Blanca a partir de enero de 2025.

La última encuesta, publicada y elaborada por el Siena College para el diario The New York Times, arroja un panorama complejo para Biden, acuciado por su avanzada edad para el cargo, errores garrafales en sus discursos y su manifiesta impopularidad a raíz de su apoyo explícito a Israel en la guerra con Gaza.

Muchos votantes demócratas no le perdonan su inacción a la hora de lograr un alto al fuego para salvar la vida de miles de civiles inocentes, muchos de ellos niños.

Ante este panorama, el próximo 5 de noviembre saldrá el ocupante del Despacho Oval número 47 que dirigirá los destinos de Estados Unidos para el periodo 2025-2029.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

Por tercera vez consecutiva, el gobierno estadounidense vetó el martes en las Naciones Unidas un llamado a un «alto el fuego inmediato» en Gaza, ahondando el genocidio del que son presa millones de palestinos, desde octubre pasado, a manos del ejército israelí.

La resolución, elaborada por Argelia, exigía “un alto el fuego humanitario inmediato que debe ser respetado por todas las partes” y se oponía al “desplazamiento forzoso de la población civil palestina”.

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La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ya había anticipado el domingo que su país vetaría el proyecto de resolución porque quieren seguir apostando, en cambio, a la mediación en curso con Hamás e Israel.

Aunque el texto estadounidense incluye la palabra “alto el fuego” —que el país ha evitado anteriormente, vetando dos proyectos en octubre y diciembre que utilizaban el término—, no pedía que el fin de las hostilidades sea inmediato, según constató la agencia de noticias France Press, que tuvo acceso al documento.

Haciéndose eco de recientes declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, sometido a una creciente presión antes de las elecciones de noviembre en las que busca la reelección, el texto propuesto por Washington hace referencia a un “alto el fuego temporal en Gaza tan pronto como sea factible”, sobre la base de una “fórmula de liberación de todos los rehenes” retenidos por el grupo Hamás.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la implacable guerra que ya dura más de cuatro meses en Gaza no ha perdonado a los hospitales, a su personal ni a quienes se refugian allí, con un total de 350 ataques al sistema de salud en los que han muerto 645 personas.

Recordemos que la salud y otros servicios, como disponibilidad de agua, alimentos, electricidad, escuelas o comunicaciones, se desbarataron con la ofensiva militar de Israel, que siguió al ataque de la milicia islamista Hamás en el sur israelí el 7 de octubre del pasado año, en el que murieron 1.200 personas y 240 fueron tomadas como rehenes, según Tel Aviv.

Según agencias de las Naciones Unidas, en la Franja de Gaza se propagan enfermedades, cientos de miles de personas desbordan los atestados refugios y muchas sobreviven a la intemperie en la zona sur, mientras en el norte unas 300.000 personas corren riesgo de hambruna.

En su afán de continuar con este genocidio, el 29 de enero, soldados israelíes disfrazados de personal sanitario incursionaron en un hospital de Cisjordania para matar a un paciente y a dos acompañantes, acción que puede considerarse como un doble crimen de guerra.

La acción fue captada por cámaras instaladas en el hospital y ha circulado por redes sociales. Los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, explicaron que el asesinato de un herido indefenso que estaba siendo tratado en un hospital es un crimen de guerra.

A ese acto se añade el disfraz: aparentar ser personal médico hace que el ejército israelí haya cometido otro crimen de guerra, el de perfidia, que consiste en utilizar el engaño y traicionar la buena fe para obtener ventaja sobre el enemigo.

Con una vil justificación, el gobierno sionista señaló que las tres víctimas eran supuestos terroristas pertenecientes a distintas facciones palestinas. Sin embargo, los expertos afirmaron que, desde el punto de vista de la legalidad, lo máximo que podía haber hecho Israel en ese caso era simplemente detenerlos.

El veto estadounidense del martes se produjo en momentos en que Israel se prepara para una ofensiva en la sureña ciudad de Rafah, última de la Franja de Gaza que no ha sido invadida por tropas terrestres y donde se refugian alrededor de 1,4 millones de personas.

Beny Gantz, exministro de Defensa y miembro del Gabinete de Guerra de Israel, alertó recientemente que el ejército incursionará por tierra en Rafah antes del 10 de marzo —inicio del mes sagrado musulmán de Ramadán— si Hamás no libera a los más de 100 rehenes que aún retiene en el enclave palestino.

En un trabajo quijotesco, el secretario general de la ONU, António Guterres, reitera constantemente que es momento de que, “de una vez por todas”, haya un “compromiso total” por parte de la comunidad internacional para lograr una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir juntos y en paz.

Corresponde a las potencias mundiales tomar acciones inmediatas para detener el genocidio aplicado por el ejército sionista en contra de millones de palestinos que buscan vivir mejores días.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar la inhabilitación, por 15 años, de la opositora María Corina Machado ha vuelto a crispar las maltrechas relaciones entre Caracas y Washington. El gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional (Parlamento) rechazaron las amenazas de Estados Unidos en los asuntos internos del país llanero, denunciando de flagrante intromisión.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, amenazó con aplicar más sanciones a Venezuela y aseguró «tener opciones a nuestra disposición».

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Kirby advirtió la semana pasada al gobierno de Maduro que tiene hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición en Barbados antes de que Estados Unidos tome decisiones sobre las sanciones que pretende aplicar contra Caracas.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las recientes inhabilitaciones políticas y ha alertado de que estas maniobras “son propias de regímenes autoritarios”.

Para contrarrestar estas posturas, el Ministerio para Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, repudió los intentos de chantaje e intromisión en los asuntos internos por parte del gobierno de Estados Unidos, los cuales, dijo, constituyen un ultimátum contra toda la sociedad venezolana. También el Parlamento rechazó de manera categórica cualquier injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana.

Ya a fines de enero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense indicó que hasta el próximo 13 de febrero autorizaba las operaciones que involucran a la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven), una estatal venezolana de extracción aurífera, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Con la licencia general número 43A, que sustituye a la 43 —emitida en octubre—, el Departamento del Tesoro ordena nuevamente cerrar todas las operaciones con la minera venezolana. En marzo de 2019, Minerven fue incluida a la lista negra de la OFAC, por lo que sus activos fueron bloqueados y se prohibió a los estadounidenses establecer relaciones comerciales con ellos.

Estos hechos se dieron justamente tras la develación, el jueves último, de una investigación periodística de la agencia The Associated Press que señala la existencia de una supuesta operación encubierta de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que se proponía, en 2018, construir casos de narcotráfico contra miembros del gobierno venezolano, lo que coincide con las recientes denuncias de conspiraciones que hizo públicas el presidente Maduro, que salpicaron a la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

The Associated Press tuvo acceso a un “memorando secreto” donde se detallaba una operación encubierta, que se extendería hasta 2019, basada en operaciones encubiertas que buscaban grabar ilegalmente y “construir casos de narcotráfico” contra los dirigentes del chavismo.

Según la agencia, este documento se redactó durante la campaña de “máxima presión” que llevó adelante Donald Trump durante su mandato (2017-2021), con la finalidad de deponer a Maduro a través de mecanismos como las sanciones, desconocimiento de sus instituciones, amenazas de intervención militar, entre otros.

El pasado 14 de enero, durante su mensaje a la nación en la Asamblea Nacional, Maduro responsabilizó a la DEA de estar detrás de un supuesto atentado fallido con drones en 2018 contra su integridad física.

La investigación de Associated Press señala también que con la finalidad de generar inestabilidad política en el país, en 2018 altos funcionarios de la DEA “conspiraron para desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narco-Estado”.

El analista español Fernando Casado afirma que “el expediente del narco-Estado fue una de las líneas de ataque contra Venezuela para justificar la imposición de unas sanciones económicas”, que fueron recrudeciéndose a partir de la llegada de Maduro a Miraflores, en 2014.

Es vox populi que con la finalidad de eliminar políticamente a jefes de Estado o expresidentes latinoamericanos que son contestatarios a las políticas estadounidenses, Washington recurre a acusaciones, sin presentar pruebas, de que ellos están implicados en el tráfico de drogas, ligados estrechamente a los cárteles del narcotráfico internacional.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional