En 1971, Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar en oro, perdiendo el poder de regulador a los grandes bancos centrales, y generó desde 1973 la globalización especulativa, es decir, el eurodólar, los petrodólares y la ola de créditos a deudores soberanos potencialmente insolventes. Consecuentemente, en 1975 se creó las «organizaciones calificadoras reconocidas en escala nacional» (NRSRO, en inglés), donde emergió el oligopolio rentable en favor de las calificadoras de riesgo (CR) Moody´s, S&P y Fitch.

Al respecto, ninguna de las CR explica en sus informes el detalle de criterios para calificar, por ejemplo, cuando las instancias evaluadas no contestan todo el cuestionario, se ignora qué preguntas quedan fuera, ni cuáles han permitido sacar conclusiones. Las CR tampoco están obligadas a divulgar informaciones y compartir datos con otros analistas del mercado. En rigor, las calificadoras gozan de algunos privilegios, por cuanto, en casi todas las demandas radicadas por evaluaciones erróneas o sesgadas, las agencias invocan la libertad de opinión para salir indemnes.

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Las agencias calificadoras de riesgo son fuertemente cuestionadas por su falta de objetividad y el sesgo ideológico que las guía, a cuyo efecto, en un escenario óptimo, la tarea de los EEUU sería poner las finanzas al servicio de la producción, el comercio y el empleo. Dicha labor es indispensable en la actualidad, cuando existe un escenario mundial con ralentización de la economía, altas presiones inflacionarias y tasas de interés elevadas.

Lamentablemente, ese escenario no existe debido a que las CR generan especulación e información sesgada. Es importante recordar al lector que, en años pasados, sobre lo sucedido en las hipotecas subprime (2008), el Senado estadounidense concluyó que dos importantes CR ayudaron a los bancos a ocultar los riesgos de inversiones que estos promocionaban poco antes de que estallara la crisis financiera en EEUU. Asimismo, en octubre de 2022, específicamente Moody´s anunció la mejora en un escalón de todas las calificaciones Deutsche Bank, debido a su mejora financiera; sin embargo, cinco meses después, el mencionado banco se desplomó, arrastrando a otros bancos europeos. 

Entonces, ¿las CR están efectuando un trabajo objetivo?, o ¿existe otros tipos de intereses? En el caso boliviano, Moody´s recientemente cambió de perspectiva de «ratings en revisión» a «negativa». Este aspecto no es casualidad, es causalidad, y lo explico en un artículo publicado en este prestigioso medio, con el título No es casualidad, es causalidad (marzo de 2022). Por lo que esta calificadora no ha tomado en cuenta las variables macroeconómicas positivas que se han logrado gracias al modelo económico social, comunitario y productivo, reinstaurado desde noviembre de 2020. 

Según Moody´s, la baja de calificación responde a los riesgos crediticios en curso asociados con la alta exposición de Bolivia a los shocks políticos y económicos internos, así como los persistentes riesgos fiscales y externos a la baja en ausencia de políticas que aborden de manera efectiva los desafíos crediticios subyacentes.

Una vez más, esta calificadora emite opiniones sesgadas, por cuanto el país demostró un crecimiento económico por encima del endeudamiento externo, aspecto que garantiza la capacidad de pago de la deuda y fortalece la confianza en la economía boliviana. La administración responsable de las finanzas públicas bajo el liderazgo del presidente Luis Arce se traduce en una gestión sólida de la deuda externa, la cual desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad financiera, bajo el enfoque de endeudamiento sostenible, permitiendo el desarrollo económico y social, así como la consolidación de las bases de la industrialización.

(*) Fernando Chuquimia es especialista financiero

El libro La crisis del neoliberalismo, de Duménil G. y Lévy D. (2014), expone la gran contracción del Modelo Neoliberal (MN) que comenzó en 2007, en el contexto de la globalización a principios de los años 80. Esta fase del capitalismo enriqueció a las clases más altas, en desmedro de empobrecer al resto de la población, además de provocar disminución de la inversión en industrias nacionales, ocasionando deudas insostenibles con alta dependencia de financiamiento de recursos extranjeros.

Asimismo, en dicho texto los autores analizan la última crisis de la historia del capitalismo y reflexionan sobre los diferentes cambios que tendrá que asumir el MN si quiere asegurar su supervivencia, tales como: limitar el libre movimiento de capitales, reterritorializar la industria, regular el libre comercio, invertir en educación e investigación, y crear impuestos a los grandes ingresos, entre otros.

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En Bolivia, durante 20 años (1986-2005) se aplicó el MN bajo los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, con políticas ortodoxas en las que el mercado desempeña el papel fundamental en la economía, reduciendo drásticamente la participación del Estado. En dicho periodo no se alcanzó el desarrollo económico esperado y tampoco se mejoró la calidad de vida de la población, al contrario, los niveles de pobreza continuaron elevados y la brecha entre ricos y pobres se amplió.

Al respecto, dentro de las principales medidas neoliberales destacan: el establecimiento del libre mercado, la liberación de exportaciones, la libre contratación laboral, además de medidas como la reducción del déficit fiscal a través del proceso de relocalización de trabajadores mineros, disminución de salarios; reducción de la participación del Estado en la economía a su mínima expresión, beneficiando al capital extranjero mediante la privatización de las empresas públicas y de los recursos naturales.

Es necesario hacer notar al lector que el MN y sus políticas afectaron negativamente al país, ocasionando inestabilidad en el crecimiento económico, elevados niveles de desempleo y pobreza extrema, desigualdad de la distribución del ingreso, inexistencia de políticas monetaria y fiscal por la elevada dolarización y los persistentes déficits fiscales, congelamiento y reducción de salarios, niveles bajos del ahorro nacional, altos índices de mora y de endeudamiento público.

Sorprendentemente, el expresidente Sánchez de Lozada presentó un proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) para cambiar el país. El documento, cuyo denominativo es La Constitución de Todos, es nada más y nada menos la vieja CPE de 1967 y sus reformas posteriores, donde primaba un Estado colonial, republicano y neoliberal. En otras palabras, la propuesta pretende sentar las bases para un futuro próspero y justo en Bolivia, mediante el retroceso de nuestro país.

Pues bien, este tipo de proyectos que son apoyados por extranjeros y por bolivianos que no quieren el progreso económico y social del país, deben ser defendidos a capa y espada por opinadores, señalando que el actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) está agotado y es un embuste, tal como lo señaló Antonio Saravia en un medio de prensa, lo cual es una falacia, y la información vertida en materia económica es tergiversada. Obviamente, qué se podría esperar de alguien que aún tiene esperanza en Goni, con una ideología donde el Estado no tiene un rol en la economía y solamente se debe proteger la propiedad privada.

Finalmente, en contrarruta al MN, el MESCP administra la economía boliviana de manera soberana, permitiendo retornar a la senda del crecimiento económico sostenido, con reducción de la deuda externa, con una inflación baja y controlada, así como un sistema financiero sólido y bolivianizado. Además, en un contexto internacional adverso, se destaca la alta inversión pública, el incremento del ingreso, la reducción de la pobreza extrema, la disminución del desempleo y de la desigualdad económica.             

(*) Fernando Chuquimia es especialista financiero

Últimamente la población boliviana está sufriendo el “Efecto Pigmalión”, hace referencia a una definición falsa de la situación, que despierta un nuevo comportamiento en las personas y hace que la falsa concepción original se vuelva verdadera. En otras palabras, somos víctimas de la “especulación”.

Primero fue el supuesto desabastecimiento de gasolina, que fue consecuencia de especulaciones, ocasionando una sobredemanda en las estaciones de servicio de Santa Cruz y de otras regiones del país. Al respecto, las autoridades gubernamentales demostraron que la importación y la producción de líquidos en las refinerías están garantizadas para los consumidores de carburantes.

Continuamente fue la falsa escasez de dólares, lo cual generó una irracional e inusual compra de estas divisas por parte de los agentes económicos. Este comportamiento llama la atención, debido a que nuestro país tiene una “economía bolivianizada”, es decir que se prefiere usar la moneda nacional para comprar y vender bienes y servicios, también para ahorrar y endeudarse.

Como medida para frenar la especulación, el Banco Central de Bolivia puso a la venta $us 240 MM para satisfacer la compra de estas divisas, a un tipo de cambio de Bs 6,96 por dólar, adicionalmente se dispuso $us 91 millones para su venta en las instituciones financieras. No obstante, muchas personas afectaron sus ahorros por el temor sembrado por gente inescrupulosa, por cuanto tuvieron que adquirir dólares a un precio más caro.

Seguidamente, otra mentira generada fue el quiebre del Banco Fassil, donde muchos consumidores financieros fueron inmediatamente a hacer largas filas, atemorizados con perder su dinero. El ente regulador señaló que dicho banco se encuentra en un proceso de regularización. Asimismo, se debe aclarar que Bolivia cuenta con un sistema financiero que protege a la población mediante instrumentos para solucionar contingentes de las instituciones en caso de ser intervenidas y liquidadas, permitiendo devolver hasta el último centavo de los ahorristas.

Hasta aquí, el lector se habrá dado cuenta de que los agentes económicos están continuamente atacados por la especulación, generando en ellos una sensación de escasez y por ende una sobredemanda de bienes, en desmedro de sus bolsillos. Y para rematar, se suman opinadores económicos y medios de comunicación, en un rol de provocar y expandir zozobra en las familias bolivianas.

No es casualidad que a los hechos señalados se sumen las recientes declaraciones de autoridades de Estados Unidos (EEUU) sobre su interés en el litio boliviano y que la calificadora Fitch Ratings haya adelantado su informe que anualmente emite en septiembre, contemplando la situación de las reservas internacionales, sin considerar la recuperación de la estabilidad económica en el país, después de la pandemia del COVID- 19 y la crisis internacional iniciada en 2022.

Entonces, ¿cuál es la causalidad de estos hechos motivados por grupos de personas que recurren a la especulación, además de la influencia de autoridades e instituciones foráneas? La respuesta es simple, es desestabilizar la economía mediante la desconfianza, incertidumbre e inseguridad en la población. Y la verdadera causa de fondo es el interés sobre el litio por parte de EEUU, y más aún que Bolivia firmó un convenio con un consorcio chino para la instalación de plantas para su extracción.

Finalmente, debemos reconocer que nuestro país es destacado internacionalmente por su desempeño económico, demostrando crecimiento económico con baja inflación, con reducción del desempleo, pobreza y del déficit fiscal, además de contar con un sistema financiero sólido. Por lo que luchar contra la especulación y la desestabilización económica es deber de todas las familias bolivianas, si es que no queremos ser “el patio trasero”.

Fernando Chuquimia es especialista financiero

En tiempos como los actuales es fundamental opinar con conocimiento de causa y respetando las opiniones distintas, más aún en temas económicos; sin embargo, este aspecto no siempre ocurre como lo demuestra el efecto Dunning-Kruger, en el cual las personas cuanto menos saben, más creen saber, e intentan muchas veces imponer sus ideas como verdades absolutas.

Dicho efecto es un sesgo cognitivo, donde las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobrestimar esas mismas habilidades, capacidades y conocimientos. Como resultado, estas personas suelen convertirse en ultracrepidianos: gente que opina sobre todo lo que escucha sin tener idea, pero pensando que sabe mucho más que los demás.

Por otra parte, están los analistas, que son personas con la capacidad intelectual y académica, con experiencia laboral para profundizar algún tema y dar su punto de vista técnico, sin defender intereses propios. En este sentido, el objetivo de este artículo es reflexionar sobre hechos que causan los opinadores e incluso muchos analistas con la habilidad de alterar e interpretar los números a su antojo, con el fin de comprobar sus hipótesis a toda costa. He aquí algunos ejemplos en materia económica:

a) Gabriel Espinoza, exdirector de Banco Central de Bolivia (BCB), en enero de la presente gestión señaló que el Decreto Supremo 4850 ejercerá mayor presión tributaria sobre los contribuyentes y encarecerá los bienes muebles con la “creación de un nuevo impuesto a la renta personal”, como si se tratase de una transacción con fines comerciales. Claramente la aseveración es falsa, por cuanto, la creación, modificación o eliminación de impuestos debe efectuarse mediante ley, en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE).

b) Jaime Dunn, especialista en temas económicos y financieros, en la gestión 2022 expresó que “el modelo económico boliviano había caducado, y, que la situación económica de Bolivia es un tema muy complejo, con diversas aristas y pocas certidumbres”. Contrastando con la realidad económica, se evidencia una total falacia en lo enunciado por Dunn, considerando que la economía boliviana al tercer trimestre de 2022 creció en 4,3%, acompañado de estabilidad de precios y reducción de la tasa de desempleo y de la pobreza, devolviendo la certidumbre y seguridad a la población; en 2021 se obtuvo un crecimiento del 6,1%, después de un decrecimiento de -8,7% registrado en 2020.

c) Juan Antonio Morales Anaya, expresidente del BCB, en un artículo titulado ¿Estamos saliendo adelante? (2022) pone en tela de juicio el comportamiento de distintos indicadores económicos, y defiende a capa y escudo las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestando que las mismas deben ser consideradas en la administración actual de la economía boliviana. Morales no recuerda que, en periodos neoliberales y con imposiciones del FMI, el crecimiento económico en 1999, 2000 y 2001 apenas era de 0,4%, 2,5% y 1,7%, respectivamente. La inversión pública ejecutada en el periodo 1992- 2005 alcanzaba en promedio $us 590 millones. Asimismo, el ingreso del país estaba prácticamente hipotecado, en 1987 el 99% del PIB estaba endeudado.

d) Joshua Bellott Sáenz, opinador económico, en 2022 señaló en un medio de prensa que la Gestora Pública (GP) podría hacer desaparecer los ahorros de toda la vida de los asegurados, además que el Estado ya habría dispuesto de los recursos de los fondos de pensiones y que ingresaron al sistema bancario para otorgar préstamos. Aclarar que en el marco de la CPE y la Ley 065, los fondos del Sistema Integral de Pensiones son patrimonios autónomos que no pueden ser dispuestos por ningún gobierno, y se administran de forma independiente. Estos recursos tienen como único destino la inversión para generar rendimientos que posteriormente financian el pago de pensiones y beneficios de la seguridad social de largo plazo.

El lector también debe saber que existen analistas económicos que hacen el rol de profetas, tal es el caso de Gonzalo Chávez, o como él se hace llamar “Nostradamus Chávez”, que lamentablemente no acierta a ninguna de sus predicciones. Finalmente, si la persona es analista u opinador está en la obligación de brindar información fidedigna, a fin de no generar zozobra en la población boliviana, con datos falsos, erróneos y sin sustento técnico.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

Sin duda alguna, 2022 tuvo un escenario de crisis mundial, por la guerra Rusia-Ucrania y las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19, con caída de la actividad económica, encarecimiento de los principales alimentos, materias primas y energéticos, incidiendo en niveles de inflación mundial no vistos en los últimos 40 años. Para frenar la inflación las potencias mundiales incrementaron las tasas de interés, con créditos financieros inaccesibles, ralentizando la expansión económica.

En el caso boliviano, desde noviembre de 2020 se reinstauró el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), se implementaron medidas económicas y sociales para la reconstrucción y la reactivación de la economía (y oferta), sin descuidar la salud de la población mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

Producto de las acertadas políticas económicas y sociales, y la administración responsable con soberanía de las finanzas públicas, la economía en 2022 tuvo un buen desempeño, que fue distinguido por instituciones internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, The Economist Intelligence Unit, BBC Mundo, Sputnik y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a pesar de la coyuntura mundial compleja.

En 2022, el crecimiento económico al primer semestre fue 4,1%, por la demanda interna (inversión y consumo), donde se destacan las actividades de transporte, almacenamiento, servicios básicos, construcción, minería, establecimientos financieros, manufactura, entre otros. La inversión pública, al tener un efecto multiplicador en la economía, también juega un rol importante en el crecimiento, y más aún considerando que permitirá fortalecer la matriz productiva para la industrialización con sustitución de importaciones, a través de los sectores productivo e infraestructura; el nivel de ejecución entre noviembre 2021 a octubre 2022 ascendió a $us 2.448 millones.

La tasa de desempleo se redujo a 4,2% al tercer trimestre de 2022, lo que se traduce en la inserción de más de 1,3 millones de personas al mercado laboral. A julio de 2020, esta tasa había subido al 11,6%. Con relación a la inflación, registra 3% a noviembre de 2022, siendo la segunda tasa más baja a nivel mundial. Respecto a las exportaciones, Bolivia rompió récords, a octubre de 2022 el nivel alcanzó a $us 11.573 millones, incidiendo positivamente en la balanza comercial con $us 825 millones.

Como reflejo del crecimiento económico, a noviembre de 2022 la recaudación tributaria ascendió a más de Bs 54.142 millones. El sistema financiero se mostró estable y fortalecido, el ahorro tuvo un importe de $us 32.217 millones, la mora registró el 2,3% y la bolivianización penetró el 99% de los créditos y el 86% del ahorro financiero. La información respalda el buen desempeño de la economía en 2022; no obstante, el paro cívico de 36 días afectó negativamente con una pérdida económica de más de $us 1.296 millones.

Para 2023, Bolivia perfila mantener la estabilidad económica, una inflación controlada con énfasis en los proyectos de industrialización con sustitución de importaciones. Es un año para consolidar la reconstrucción de la economía con una tasa de crecimiento positivo (4,86%), estabilidad de precios (inflación de 3,57%) y un modelo que irá sustituyendo las importaciones gradualmente para generar un sector productivo con industrialización en química básica, industria farmacéutica, entre otros proyectos de inversión productivos, de infraestructura y sociales, que suman $us 4.006 millones.

Bolivia en 2023 está retornando a la senda del crecimiento sostenido, con estabilidad de precios y con un sistema financiero sólido y bolivianizado. Con la continuidad del MESCP se prioriza la demanda interna, el incremento del ingreso, la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo y de la desigualdad, por cuanto la administración de la economía es efectuada de manera soberana.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.