La educación y la salud son pilares fundamentales en el desarrollo económico de cualquier país, dado que también se constituyen en importantes elementos en el bienestar de la población. En ese entendido, en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado (CPE) se establece los fines y funciones esenciales del Estado, destacando, entre ellos, garantizar el acceso a la educación y a la salud, por lo que existe un compromiso constitucional de parte del Estado en estos sectores.

En cumplimiento a este compromiso constitucional, el Gobierno priorizó la asignación de recursos hacia esos sectores, lo cual se ve reflejado en el Presupuesto General del Estado (PGE). En lo que corresponde al sector de educación, el presupuesto destinado pasó del 10% (Bs 21.414 millones) del PGE consolidado en 2019 a un 10,8% (Bs 26.347 millones) para 2023. Estos recursos fueron direccionados a mejorar la remuneración de los maestros dentro del sistema fiscal, al mejoramiento de la infraestructura educativa, así como a la promoción de la educación superior, permitiendo el fortalecimiento del capital humano, y de esa manera, el mejoramiento de la productividad laboral.

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En ese sentido, una de las medidas más importantes implementadas por el Gobierno desde hace varios años es el Bono Juancito Pinto, el cual se constituye en un incentivo económico destinado a reducir la deserción estudiantil. En 2022, el número de beneficiarios de este bono se incrementó en 4,2% respecto a 2019, lo cual generó una importante reducción de la tasa de abandono escolar, del 2,7% en 2019 al 1,9% en 2022. Por su parte, la tasa de asistencia escolar pasó del 92% en 2019 al 94% en 2021.

En lo que refiere al sector salud, el porcentaje del PGE consolidado destinado pasó de un 9,2% (Bs 19.681 millones) en 2019 a un 10,1% (Bs 24.639 millones) en 2023. Gran parte de estos recursos se destinaron a la remuneración de los profesionales en salud, proyectos de inversión, el Seguro Universal de Salud (SUS) y a la implementación del Plan Estratégico de Lucha contra el COVID-19. Este último permitió afrontar la crisis sanitaria vigente en el país desde 2020, dado que se efectuaron importantes acciones como el diagnóstico masivo hasta la administración equitativa y gratuita de las vacunas, con la finalidad de restaurar la normalidad de las actividades económicas.

Además de las acciones realizadas en procura de afrontar la pandemia, se continuó con la implementación de medidas importantes como el Bono Juana Azurduy y el Subsidio Universal Prenatal por la Vida, que están destinadas a madres y niños menores de dos años; tuvieron buenos resultados, y estos se reflejaron en la disminución de la tasa de mortalidad infantil, de 43 decesos en 2005 a 20 decesos en 2021 por cada 1.000 nacidos. También, la tasa de mortalidad materna se redujo de 230 decesos en 2005 a 161 decesos en 2020 decesos por cada 100.000 nacidos vivos. A su vez, la esperanza de vida al nacer se incrementó de 64 años en 2005 a 74 años en 2022, consolidándose como uno de los mayores incrementos de este indicador en la región.

Entonces podemos decir que el Gobierno cumplió con su compromiso constitucional con la población boliviana, al destinar una importante cantidad recursos a los sectores educación y salud. Además de implementar medidas direccionadas a éstos, como los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, y el Subsidio Universal Prenatal por la Vida, que desempeñaron un papel crucial en el bienestar de la población al prevenir el abandono escolar y disminuir la mortalidad materna e infantil, respectivamente. Asimismo, se afrontó de manera directa y oportuna la crisis sanitaria, y se contribuyó en mejorar el acceso y la atención médica a la población con el SUS.

(*) Ángel Surco Chuquimia es economista

En las últimas semanas sucedió un fenómeno bastante inusual, pues hubo una alineación, pero no de estrellas, más al contrario, de (neo)liberales. Puesto que, de manera gradual y al parecer “planificada”, los (neo)liberales fueron saliendo a la luz con dos premisas: implantar la idea de que existe crisis en el país y que ellos tienen la “receta” para salir de esta.

Dicha “alineación” comenzó a inicios de junio, con el arribo al país desde Estados Unidos del señor Antonio Saravia, quien ganó popularidad por su vocabulario ordinario e irrespetuoso. Saravia, al estilo rock star, dio una gira por algunas ciudades de Bolivia, implantando la idea que el país está en crisis y que la solución vendría del enfoque (neo)liberal, pero al mismo tiempo, fue preparando el terreno para el regreso de un viejo conocido.

Ese viejo conocido no es más que el mismísimo Goni, actual prófugo de la Justicia boliviana y responsable de la masacre de octubre en 2003 en la denominada “guerra del gas”, la cual dejó como saldo 67 muertos y cerca de medio millar de heridos. De manera desvergonzada, Goni difundió desde Estados Unidos una propuesta denominada La Constitución de Todos que, en pocas palabras, plantea un retorno al tiempo de la República colonial y del neoliberalismo, puesto que tiene como objetivo la privatización de los recursos naturales, además de reducir el rol del Estado en la economía. Algo que también implícitamente el señor Saravia (que había llegado de Estados Unidos) propuso en su “tour por Bolivia”, ¿coincidencia? ¡no lo creo!

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Paralelamente, la fundación Jubileo publicó un documento en el cual también trata de insertar la idea de que “estamos en crisis”, haciendo énfasis en el incremento del gasto público, el déficit fiscal y la deuda, con lo cual asegura que hay un agotamiento del actual modelo económico. En mismo sentido, en la ciudad de La Paz, la fundación Vicente Pazos Kanki, en el lanzamiento de su libro (revista) 2023: Riesgo de crisis cambiaria, planteó la reducción del rol del Estado en la economía, dejar flotar al tipo de cambio (tipo de cambio flexible) y un ajuste fiscal a través de la reducción del gasto público. Estas propuestas las hicieron los expositores, entre ellos Juan Antonio Morales y Samuel Doria Medina, además que al evento también asistió Gonzalo Chávez, quien desde siempre estuvo tratando de implantar la idea de “crisis” y que él tenía la “receta” para contrarrestar aquello.

Algo similar sucedió en Santa Cruz la última semana de junio; la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) realizó el foro “La Bolivia que queremos”, con la participación de expositores pertenecientes a ciertos grupos empresariales, además que contó con la asistencia de Vicente Cuellar y Oscar Ortiz. En dicho foro también se trató de introducir la idea de que “estamos en crisis” y como “receta” plantean el apoyo al sector empresarial privado, en desmedro del Estado, similar a lo que Saravia, Goni, Jubileo y Vicente Pazos Kanki propusieron, ¿coincidencia? ¡no lo creo!

Para cerrar con “broche de oro”, la fundación Milenio sacó su Informe de Milenio sobre la economía de Bolivia 2023 en el cual, al igual que los demás, hizo énfasis en la reducción del gasto público, un supuesto estancamiento de la economía y un mal desempeño del sector externo, por lo que propuso como “receta” evaluar la continuidad del subsidio a los combustibles, de las empresas públicas y dejar operar libremente un mercado paralelo de divisas.

Esta alineación (neo)liberal no fue casualidad, fue algo planificado (al parecer en el norte), con el objetivo de crear “profecías autocumplidas”, la cuales consisten en instalar una idea en la población respecto a “hechos futuros”, generando expectativas que son fundamentales para que estas “profecías” se cumplan. En este caso, la idea que tratan de implantar los (neo)liberales en los bolivianos es que el país está en crisis y que su “receta” es la solución (algo que no es cierto).

Lo cierto es que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) sigue vigente, el país no está en crisis y se refleja en los indicadores económicos, como la tasa de crecimiento que fue del 3,5% en 2022, el saldo positivo en la balanza comercial en abril de 2023, la inflación acumulada del 0,8% a junio de 2023, la que se constituye como una de las más bajas de la región, y un nivel de deuda pública respecto al PIB de 29,3% hasta abril de 2023, que es sostenible al estar por debajo de parámetros internacionales.

(*) Ángel Surco Chuquimia  es economista

El fin de semana me encontraba con mi sobrino, quién veía Bob Esponja, un programa infantil que muchos lo vimos en nuestra niñez. El capítulo que observaba era cuando Calamardo enseñaba a tocar instrumentos musicales a los habitantes de la ciudad, es entonces que Patricio Estrella (un personaje que se destaca por ser gracioso y bastante tonto) le pregunta: «¿La mayonesa es un instrumento?», a lo que Calamardo, con una expresión fría, le responde: «No Patricio, la mayonesa no es un instrumento». Claramente la pregunta y/o afirmación de Patricio fue bastante tonta y carente de coherencia.

En ese momento, Patricio me hizo recuerdo a algunos “analistas” (los cuales yo tildaría de opinadores), principalmente a Antonio Saravia, debido a que, en las últimas semanas, estuvo empeñado (al igual que sus amigos Gabriel Espinoza y Gonzalo Chávez) en generar pánico en la población. En esta ocasión lo hizo afirmando que «estamos en crisis», y que eso se ve reflejado en el incremento en el precio del huevo.

Primero, es importante aclarar que el aumento en el precio del huevo se explica por palabras: «gripe aviar». La gripe aviar, también conocida como “influenza aviar”, es una enfermedad infecciosa de las aves, de origen vírico y altamente mortal. Si bien esta influenza apareció hace ya varios años, en los últimos meses sus focos crecieron sustancialmente en varios países de la región. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador declaró estado de emergencia zoosanitaria, tras detectarse el virus de influenza aviar en aquel país y se sacrificaron aves para evitar la propagación.

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Pero, dicha situación también se replicó en varios países de América, al grado de que el 17 de enero de 2023, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó la creciente detección de focos de influenza aviar en aves en 10 países de la región de las Américas. Días después, el 27 de enero de 2023, en Bolivia se declaró estado de emergencia nacional zoosanitaria luego de haberse confirmado la presencia de un caso de gripe aviar en una granja avícola en Cochabamba.

Al igual que en Ecuador y en los países en los cuales se detectó esta gripe, en Bolivia se optó por sacrificar aves para evitar la propagación de la influenza, dejando como resultado que, al 16 de mayo de 2023, aproximadamente 591.000 aves perecieron (entre afectadas por el virus y sacrificadas). Asimismo, el último brote se lo detectó el 30 de marzo de 2023 y en total se registraron 33 brotes de la influenza, de los cuales 19 fueron en granjas comerciales y 14 en aves de traspatio. De esas 19 granjas, 18 corresponden a aves ponedoras (de huevo) y solo una de producción de carne de pollo.

Es entonces que, al haber disminuido la cantidad de aves ponedoras, también se redujo la cantidad de huevos en el mercado, repercutiendo en un incremento en el precio de este alimento. Aquello también sucedió en varios países de la región que fueron afectados por esta gripe, como Ecuador, Perú, Argentina, entre otros. En estos países, entre marzo y abril, el huevo fue uno de los productos que más aumentó su precio en sus Índices de Precios al Consumidor (IPC). Pero, bajo la lógica de Saravia y otros opinadores, estas naciones “estarían en crisis porque aumentó el precio del huevo”.

Pues no es así, el precio del huevo no refleja si existe crisis o no en un país, la explicación de su incremento se debe al brote de la gripe aviar, la cual afectó la producción normal de este producto. Por lo que, al igual que Calamardo le respondió con un tono de voz bastante frío a Patricio, nosotros le respondemos a Antonio Saravia (y mediante él a los demás opinadores): “No Antonio, que el precio del huevo suba no significa que estamos en crisis”.

Bolivia no está en crisis y esto se ve reflejado en diversos indicadores económicos y sociales, como la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la cual en 2022 fue de 3,5%; el saldo positivo en la balanza comercial, la reducción del déficit fiscal a 7,1% del PIB, la tasa de desocupación urbana de 4,3% y la tasa de inflación acumulada que para abril de 2023 fue de -0,003%.

Retomando el tema del huevo, si bien se inició con el repoblado de las granjas afectadas, el proceso no es de la noche a la mañana, puesto que los pollitos bebes una vez iniciado el ciclo, requieren entre cinco y seis meses para desarrollarse y convertirse en aves ponedoras, por lo que la producción de huevo se regularizaría en ese tiempo como máximo.

(*) Ángel Surco Chuquimia es economista

El comportamiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN), recientemente llamó la atención de analistas y medios de comunicación dado que, al 24 de enero de 2023, registraron una cifra de $us 3.872 millones. Si bien es importante conocer las medidas que el Gobierno debe realizar para mantener estables las reservas y fortalecerlas, también es crucial que los bolivianos sepamos qué fue lo que pasó con las reservas, qué hicieron los gobiernos de turno con estas, ya que las RIN o “joyas de la abuela” no desaparecen por arte de magia.

Esta búsqueda de las “joyas de la abuela” se inicia el 12 noviembre de 2019. Cuando Jeanine Áñez asumía la presidencia, las RIN habían alcanzado, casi dos semanas atrás, un monto de $us 6.830 millones y en un año, disminuyeron a $us 5.251 millones, vale decir, disminuyeron en $us 1.579 millones, descontando el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), debido a que fue un crédito no aprobado por la Asamblea Legislativa del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero, en ese entonces, ningún analista o medio de comunicación consideró importante esta pérdida de las reservas. Ahora nos preguntamos: ¿qué pasó con éstas?

Si bien en 2020 se intensificó la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, el gobierno transitorio no implementó las medidas necesarias para afrontarla, era muy difícil encontrar pruebas rápidas, barbijos y otros insumos médicos, además que tenían precios elevados; tampoco había suficientes camas ni respiradores en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Aquello sucedió debido a que se adquirieron gases lacrimógenos y otros similares en lugar de priorizar los insumos médicos, y los que fueron adquiridos estuvieron envueltos en hechos de corrupción. El principal autor (Arturo Murillo) ahora se encuentra cumpliendo una condena cercana a los seis años en Estados Unidos, justamente por esta adquisición irregular de gases lacrimógenos.

Por otra parte, la política de subvención a los combustibles continuó durante el gobierno de Áñez, por lo que algunos podrían atribuir erróneamente la disminución de las reservas a las subvenciones. Pero, es importante aclarar que durante el gobierno transitorio el barril de petróleo registró precios bajos, lo cual repercutió en menores costos de importación y subvención de carburantes en comparación con la cotización actual. En ese entendido, si las “joyas de la abuela” no se destinaron ni a la lucha contra la pandemia, ni a la subvención de los combustibles, ¿dónde fueron?

Recordemos que en junio de 2020 se publicó en la Gaceta el Decreto Supremo 4267, que autorizaba la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de $us 450 millones para el financiamiento y ejecución del proyecto “Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por coronavirus”. Pero, a finales de agosto, salieron notas de prensa en las cuales se señalaba que $us 100 millones de estos recursos serían transferidos al sector agropecuario cruceño para “reponer las pérdidas causadas por los bloqueos suscitados en agosto”. El 16 de agosto de 2020, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) de ese entonces, Óscar Justiniano, cuantificó en $us 100 millones las pérdidas por las movilizaciones en el país. En pocas palabras, el gobierno de Áñez planificó una fuerte transferencia de recursos económicos a empresarios cruceños bajo el pretexto de ayudarlos a reponer las “pérdidas” causadas por los bloqueos.

Considerando los aspectos ya señalados, al parecer no es posible conocer el destino de las reservas o en todo caso, es probable que una parte se encuentre en los bolsillos de algunas exautoridades del gobierno de Áñez. Los que saben qué pasó con las RIN y deberían dar una explicación al pueblo boliviano son las exautoridades de aquel gobierno, las que se dedican a dar entrevistas y escribir en redes sociales, criticando el accionar de las actuales autoridades; ojalá dieran señales de dónde están las reservas que se perdieron en 2020.

Pero esto no acaba acá, continuaremos con la búsqueda de las “joyas de la abuela”, pero partiendo de un punto diferente, vamos a remontarnos al 8 de noviembre de 2020, cuando Luis Arce inició su mandato como presidente de Bolivia con un reto complicado, enfrentar las crisis sanitaria, económica y social por las cuales nuestro país atravesaba. En un siguiente artículo analizaremos el accionar del actual Gobierno para ver si allí podemos encontrar las “joyas de la abuela”.

Ángel Surco Chuquimia es economista.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a noviembre de 2022. Algo que llamó la atención fue que este indicador registró una variación mensual de 0,47% considerando que noviembre fue el mes más afectado por el paro cívico (en teoría), el cual tuvo como escenario principal la ciudad de Santa Cruz. Por lo que era válido pensar que este indicador debería haber registrado un aumento mayor. Entonces, ¿qué pasó con la inflación?, ¿también acató el paro?

Recientemente, Gonzalo Chávez puso nuevamente en duda la credibilidad del INE en redes sociales al usar términos como “rarito o sospechosito” (en lo que refiere a la inflación), sin realizar un análisis profundo para tener un panorama más claro.

Los efectos del paro (que inició el 22 de octubre) en el IPC ya se los apreció en el dato de octubre, cuando alcanzó 0,75% de variación mensual a nivel nacional y 1,13% en Santa Cruz. El paro continuó con cierta fuerza hasta la primera semana de noviembre y, a partir del 8 de noviembre (primer día de abastecimiento impuesto por el comité cívico de Santa Cruz), este comenzó a mermarse, pues ¡el pueblo cruceño quería y necesitaba trabajar!, por lo que es válido pensar que las altas tasas de inflación habrían tenido lugar durante la primera semana de noviembre y, posteriormente, se fueron mermando hasta cerrar con una inflación mensual de 0,47% (en noviembre de 2022). Ahora, para validar o no esta hipótesis, se necesitaría analizar el comportamiento del IPC y sus componentes de manera semanal, sin embargo, este se publica de manera mensual. Entonces, ¿las únicas alternativas serían suponer que la inflación se mitigó las últimas semanas de noviembre o creerle al opinador?

No, existe otra alternativa para entender lo que pasó con los precios durante noviembre. Previamente, es importante entender qué es el precio al por mayor y qué es el precio al consumidor. Para que un producto llegue desde el lugar donde fue producido hasta las mesas de los hogares, recorre un largo camino a través de los canales de comercialización, en un caso simple, pasa del productor al mayorista y de este al minorista del cual nosotros adquirimos nuestros productos. Entonces, si el productor sube el precio de la papa, el intermediario mayorista también lo hará, y se reflejará en que nuestra caserita aumente el precio de este producto.

El Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) realiza un monitoreo diario a los precios al por mayor en las ciudades capitales y los datos que estos recaban son de acceso libre. Al centrar la atención en cuatro productos: la carne de pollo, el tomate, la carne de res y la papa (los de mayor incidencia en la inflación mensual de octubre y noviembre de 2022), se evidencia que, a partir del 22 de octubre, el precio del tomate aumentó en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (principalmente), mientras que la carne de pollo aumentó en La Paz y Cochabamba. El precio de la carne de res aumentó a partir de los últimos días de octubre y la papa subió significativamente en Santa Cruz. Posteriormente, a partir del 8 de noviembre o en todo caso, desde finales de la segunda semana de noviembre, los precios de estos productos disminuyeron paulatinamente y se fueron estabilizando.

Los datos proporcionados por el OAP respaldan la afirmación de que los precios de diversos productos se fueron moderando a partir de mediados de noviembre (a pesar que en teoría el paro seguía en pie), lo cual explica que la inflación mensual de noviembre haya registrado un 0,47%, haciendo que sea la segunda más alta de la presente gestión. Los precios se fueron moderando debido a que, al levantarse el paro (de facto), todos los productos parados en los puntos de bloqueo ingresaron a los centros de abasto de golpe, generando una alta oferta y, frente a una baja demanda (debido a que la gente ya se habría abastecido), naturalmente, los precios tendieron a bajar.

Finalmente, es importante resaltar que, pese al paro en Santa Cruz del Comité Interinstitucional, a noviembre de 2022 Bolivia mantiene la tasa de inflación acumulada más baja de la región (3%), menor a la de Ecuador que registró una inflación de 3,6%; Perú 7,6%; Paraguay 8,3%; Uruguay 8,6%; Colombia 11,7% y Chile 12,5%. En ese entendido, para aquel opinador y sus fieles seguidores, es recomendable pasar menos tiempo en redes sociales y más tiempo viendo la realidad del día a día en las calles.

Angel Surco Chuquimia es economista.