Durante muchos años, pero especialmente en los últimos tres, los conservadores han advertido sobre los peligros de un sistema de justicia penal que es demasiado reacio a encarcelar y mantener a personas peligrosas. La ley es la ley. Las violaciones de la misma deben ser procesadas. Somos, y debemos seguir siendo, la tierra de la justicia igualitaria, no la justicia social dictada por las fijaciones ideológicas de estadounidenses enojados. Estos mismos conservadores deberían tratar de ser consistentes cuando se trata de la acusación federal de Donald Trump.
Es sorprendente leer la acusación de 37 cargos del gran jurado, con sus representaciones de un expresidente que trata la ley con el desdeñoso desdén de un capo de la mafia, pero sin la preocupación de un catedrático por cubrir sus huellas. Es aún más sorprendente escuchar lo que algunos de los miembros de la comunidad legal que han sido defensores de Trump tienen que decir al respecto.
Nada de esto influirá en la base de Trump porque nada los influirá a ellos. No importa que fueran los más indignados en 2016 por el supuesto mal manejo de documentos clasificados por parte de Hillary Clinton. O los más disgustados por la conclusión del entonces director del FBI, James Comey, de que “ningún fiscal razonable” presentaría cargos contra ella. O el “Enciérrenla” más vigorosamente animado en la convención republicana de ese verano.
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Pero, ¿qué pasa con los conservadores más tradicionales que saben que las elecciones de 2020 no fueron robadas, que el 6 de enero fue una desgracia para la historia, que Trump es un afortunado perdedor en serie cuyo narcisismo sin fondo sigue costando a los republicanos ganar el Senado y las carreras para gobernador, que toda su presidencia fue un viaje de placer borracho con un conductor imprudente dando vueltas a gran velocidad, que su renominación como candidato republicano le daría al presidente Biden su mejor oportunidad para la reelección y que otra presidencia de Trump sería una orgía de política mezquina retribución y formulación de políticas imprudentes que harían que su primer mandato pareciera, en comparación, responsable y dócil? Son, con pocas excepciones, en decúbito supino.
Sus excusas para Trump han recorrido toda la gama. Hubo afirmaciones legalmente inexactas sobre la Ley de Registros Presidenciales, que no le da a Trump el tiempo que quiera para devolver los documentos al archivero de los Estados Unidos. Existía la idea de que Trump se aferró a los documentos porque era un acaparador o que tenía poca idea de lo que contenían o que los secretos que contenían no eran serios. Los cargos de la acusación indican poderosamente lo contrario.
Sigue siendo cierto que el enjuiciamiento federal de Trump, junto con su posible condena y encarcelamiento, será un momento fatídico en la historia de Estados Unidos. Mucho más fatídico hubiera sido la falta de procesamiento. Si Trump puede estar por encima de la ley, en un caso de este tipo, entonces habremos perdido el estado de derecho.
En cuanto a consideraciones más amplias de justicia, tanto de tipo legal como cósmico, el idioma inglés está bien provisto de frases para ocasiones como esta.
(*) Bret Stephens es columnista de The New York Times