Voces

Wednesday 29 May 2024 | Actualizado a 13:24 PM

Entornos digitales como reto en procesos electorales

Volveremos, de alguna manera, a una dinámica que como ciclo completo se había fisurado en las pasadas fallidas elecciones de 2019

Verónica Rocha Fuentes

/ 16 de junio de 2023 / 08:00

Con seguridad las personas particularmente interesadas en las temáticas electorales están al tanto de que el próximo año comienza el extendido calendario electoral que nos llevará rumbo a las elecciones generales de 2025, que incluye (y se inicia) con la convocatoria a las elecciones primarias dentro de las nueve organizaciones políticas que están al día de hoy registradas ante el Tribunal Supremo Electoral y que tendrán la posibilidad de presentar candidaturas vice/presidenciables en la siguiente contienda electoral nacional. Con este hito arrancarán varios meses de actividades electorales que adquirirán mayor detalle sobre su desarrollo e implementación en cuanto el respectivo calendario electoral sea aprobado y entonces se irá clarificando el escenario sobre el cual votarán las y los bolivianos.

Será pues el inicio formal de una carrera que como resultado reconfigura el mapa político por periodos meridianamente regulares. Volveremos, de alguna manera, a una dinámica que como ciclo completo se había fisurado en las pasadas fallidas elecciones de 2019, que tantas consecuencias sociopolíticas y democráticas dejaron en la sociedad boliviana. Con todo esto, lo que de alguna manera queda por sentado es que este venidero ciclo electoral tiene el potencial de constituirse en una oportunidad para ir subsanando al menos algunas de las agendas de avance técnico electoral que quedaron pendientes (o, más propiamente, suspendidas) en lo que significa el proceso acumulativo de su avance e implementación.

Lea también: La construcción discursiva del Family Fest

Uno de ellos, qué duda cabe, estará relacionado con cómo se afrontarán los cambios que genera el tránsito de buena parte de las actividades y escenarios electorales a entornos digitales; por listar algunos, nos estaríamos refiriendo a: elecciones primarias, campañas, algunas actividades de administración electoral, entre otros. Pero, sobre todo, la dinámica de intercambio informativo y deliberativo entre actores de la sociedad que implica todo el tránsito del proceso electoral y se vuelve un escenario con muchas vulnerabilidades cuando los procesos desinformativos y los discursos de odio (devenidos acoso y violencia política en el marco electoral) entran en esta escena.

En las pasadas elecciones generales (tanto las fallidas como las que generaron los resultados que llevaron a constituir el Gobierno actual), varios de los actores que entraron en escena en lo que fue el intento por combatir los procesos desinformativos coincidieron en que el principal blanco de estas operaciones fue, precisamente, el ente electoral. Pasados varios años de ese momento, poco se sabe respecto a cómo se va a gestionar este proceso que con el paso de los años solo se ha complejizado. ¿Por dónde encontraremos algunos indicios para ir disminuyendo la batalla simbólica cuando buena parte de la base de plataformas de interacción entre ciudadanos/as (redes sociodigitales) existen bajo un modelo de negocios cuyo éxito está en la generación de acción, interacción y entretenimiento, cueste lo que cueste? Plataformas/espacios que empresarialmente entienden perfectamente que el odio vende y no parecieran interesados en interlocutar con Estados y/o políticas locales que, además, existen casi marginalmente, en el caso boliviano? ¿De qué manera se va a articular un diálogo entre los diversos actores sociales e institucionales que definen y establecen lo que son discursos de odio o procesos desinformativos con énfasis en procesos electorales? ¿Quién tendrá la capacidad de complejizar esta temática, de tal manera que ir moderando tanto riesgo para la institucionalidad electoral y democrática sea también una opción simultánea a un proceso electoral? Preguntas. Y tiempo que corre en contra.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Familias: sentidos en disputa

Uno primero se remonta a la discusión que se generó alrededor del Código de Familias que fue promulgado en 2014

Verónica Rocha Fuentes

/ 17 de mayo de 2024 / 11:18

A mediados de esta semana se celebró el Día Internacional de las Familias a nivel global. Valga la ocasión para rememorar un par de momentos en el pasado de mediano y corto plazo en Bolivia, en los que se intensificó la batalla cultural con foco en este tema.

Uno primero se remonta a la discusión que se generó alrededor del Código de Familias que fue promulgado en 2014. Entonces corrían tiempos en los que el proyecto que encabezó el MAS-IPSP había logrado proponer soluciones a algunos problemas socioeconómicos y el gobierno contaba con una nutrida legitimidad que le permitió adentrarse durante esos años en algunos de los temas más culturales de nuestra sociedad, en clave de desarrollo normativo del texto constitucional garantista que había sido aprobado mayoritariamente en 2009.

Lea: De cloacas y lodazales

Entonces, incluso dentro del mismo MAS-IPSP se libró una pugna de sentidos entre las posiciones conservadoras y progresistas que compartían partido y gobierno en ese momento (estas posturas habían quedado bastante develadas en 2010 por el tema del derecho a elegir). Y, claro, de manera externa al gobierno, no quedaron exentas las voces desde iglesias varias y organizaciones que, con el foco territorial en Santa Cruz, defendían sus posturas conservadoras ante lo que se entiende como familia (entonces así, en singular).

De ahí que el resultado del debate puntual sobre este tema —mediado por una Asamblea Legislativa Plurinacional que aún representaba estas posturas y, sobre todo, funcionaba como tal— terminó dando como resultado una normativa que finalmente plantea, hasta el día de hoy, una visión diferente de la estructura de familia, del derecho de filiación, de la emancipación y de la asistencia familiar, entre otros asuntos.

Por el otro lado, así sea a nivel local y se haya visibilizado de forma intempestiva, el pasado 2023, en fechas similares a las de hoy, existió también un momento político en el que una concepción más conservadora de lo que se entiende por familia retomó la palestra política y discursiva a nivel local. El denominado Family Fest (evento que se organiza a lo largo del globo con el objetivo de “recuperar” la noción de “familia natural”) tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz y fue apoyado por la Gobernación del departamento. Entonces, el evento tuvo una para nada desdeñable concurrencia, pero sobre todo inversión de recursos que lo amplificaron en varios niveles. Fue la ocasión en la que Agustín Laje estuvo en Bolivia para decirle a nuestra sociedad que las políticas que amplían derechos para las mujeres buscan la “demonización de los hombres”. Este año, la llegada del Día de las Familias parece haberle pisado los talones (y los bolsillos) a una Gobernación que con el liderazgo de Creemos (ala camachista), en 2023 avanzaba decididamente hacia la implementación de normativa y políticas (en consecuencia recursos) de corte conservador.

Por el momento, por las desafiantes pugnas de poder que atraviesa la Gobernación y la Asamblea Legislativa Plurinacional de Santa Cruz, esa intentona neoconservadora parece haber pasado a un segundo plano, lo que no significa que el sentido cultural respecto a cómo la sociedad y el Estado entienden a las familias dejará de ser una importantísima asignatura por disputar desde la política. Pero su funcionamiento cotidiano seguirá siendo una experiencia personal, vital, identitaria y cambiante, multiplicada por todas sus posibilidades y cada una de las vivencias; cuya bandera —ya se ve— será levantada desde la política institucional solamente cuando los intereses de cambio y/o preservación cultural estén amenazados.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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De cloacas y lodazales

Sin una información y un periodismo de calidad, no se puede contar con una ciudadanía crítica que participe activamente en política

Verónica Rocha Fuentes

/ 3 de mayo de 2024 / 07:19

Producto de la apertura de una investigación judicial basada en informaciones de medios digitales a Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, es que éste comunicó la semana pasada que se tomaba unos días para reflexionar en torno a si aún valía la pena continuar a la cabeza del gobierno español cuando los ataques llegan a los seres más queridos; dejando así a la ciudadanía en vilo durante cinco días. El lunes de esta semana inició con el tan esperado anuncio no solo por este país, sino por varios otros del mundo: la noticia fue internacional. En éste, Sánchez señaló que seguiría a la cabeza del gobierno y denunció aquel secreto a voces que padecen las sociedades en los últimos años: la política se ha vuelto un lodazal.

Consulte: Palabras que pesan

Luego del anuncio, varias han sido las reacciones. A Sánchez, que se le conoce por ser un político que sobrevive a varias embestidas políticas, la oposición de derecha le ha criticado por el dejo de victimismo que tuvieron estas acciones y la oposición de izquierda, que no haya anunciado medidas concretas para darle batalla a este escenario político contaminado. Asimismo, desde ambos lados señalan haber sido víctimas anteriormente de estas sucias prácticas que combinan desinformación y juzgados. Esto aunque es claro que, al menos en el caso español, esta época de cloacas y lodazales coincide con la emergencia de portales de desinformación como Ok Diario o partidos políticos de ultraderecha como Vox. 

Lo que ocurrió en España se constituye en uno de los más importantes hitos en comunicación política en habla hispana de los últimos años. Más aún, cuando en el centro del hecho político se encontró, precisamente, un fenómeno atravesado por ella. La pregunta que queda es: ¿cómo se va a gestionar hacia adelante una democracia habitada por una política con las características actuales gracias, en buena parte, a la dinámica comunicacional contemporánea? Como pocas veces se había visto anteriormente, resulta más que determinante para la salud y preservación de la democracia lo que desde la comunicación se proponga.

Que en la actualidad la desinformación vestida de periodismo y la construcción discursiva de posverdad se hayan vuelto moneda corriente en la comunicación, y que el descrédito y el atrincheramiento tribal le hayan ganado terreno al intercambio de argumentos en lo político, están resultando ser un fenómeno político cuya magnitud está modificando radicalmente la percepción de la ciudadanía respecto a la importancia de vivir en democracia. Dando como resultado nuevas generaciones que creen hacer política desde la antipolítica (es decir, rechazándola), oponiéndose —sin matices— a todo aquello que tenga apariencia de institucionalidad y atrincherándose en sus identidades como proyecto de vida y futuro individual. 

La comunicación política para la democracia lo viene advirtiendo desde hace décadas: sin una información y un periodismo de calidad, no se puede contar con una ciudadanía crítica que participe activamente en política, generando una democracia saludable. Lastimosamente, con los años lo que es contrario a esta premisa ha ganado terreno y hoy acudimos a un escenario informativo plagado de desinformación y malas prácticas periodísticas (además de su crisis existencial), y todas las consecuencias que esto implica. Sumado —cómo no— a la instrumentalización de jueces y juzgados (porque a esas prácticas no se les puede llamar Justicia) que solamente van consiguiendo la tergiversación de la política, la degradación de la vida pública en democracia y la erosión del tejido social. ¿Le suena familiar?

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Palabras que pesan

Resulta curioso el momento en el que emerge esta propuesta de modificación legislativa

Verónica Rocha Fuentes

/ 19 de abril de 2024 / 07:11

La verdadera controversia en torno a lo que el presidente del Senado declaró el miércoles está más relacionada con el trasfondo de su postura más que con ella en sí misma. En el caso del presidente Rodríguez, lo ocurrido esta semana implica un hito en la construcción comunicacional de su personalidad política como una de las figuras sobre las cuales se está vertiendo una enorme cantidad de expectativas de liderazgo nacional. Al final, quiérase o no, que una de las más importantes figuras políticas del país haya emitido un criterio con ese alcance nos permite (aunque no de la manera deseada) volver a poner sobre la mesa de la agenda nacional un tema latente, irresuelto y urgente: la violencia contra las mujeres.

También lea: Una carrera de obstáculos

Para darle algo de contexto a la declaración sobre la cualidad “antihombres” que tuviera la Ley 348 contra la violencia contra las mujeres, huelga decir que tuvo lugar en medio de una sesión camaral en la que se trataban modificaciones a la misma. Respecto al estilo comunicacional del presidente Rodríguez, un poco por decisión y otro poco por circunstancia, está claro que, hasta ahora, ha optado por una imagen pública de bajo perfil, con algo de presencia en actos propios del cargo y de la pertenencia a su partido político, pero con poca densidad discursiva. Se trata de una opción legítima de administración de su comunicación política, pero ello, por supuesto, hace que sus posturas manifiestas y polémicas adquieran mayor peso y resonancia. A esto se le suma que existe una real necesidad de conocer las posturas políticas de la tercera persona más importante del Gobierno nacional, pues empieza a ser insuficiente una comunicación que por buscar la neutralidad ante las corrientes internas de su organización, lo sea ante temas nodales de disputa política en la actualidad.

En el otro lado, resulta curioso el momento en el que emerge esta propuesta de modificación legislativa y la posición, esta vez, ya no solo del presidente Rodríguez, sino además de sus colegas parlamentarios del masismo durante este mismo impasse: concretamente Patricia Arce y Daniel Rojas. La primera presentó la propuesta de modificación de la norma bajo el discurso de que su objetivo es que la misma proteja de igual manera a hombres y mujeres. Esta comprensión invisibiliza el hecho de que la violencia contra las mujeres es un penoso hecho estructural y tira por la borda la actual vigencia de una sociedad patriarcal. Y el segundo acude (en entrevistas televisivas) al uso de datos elaborados a conveniencia y provenientes de organizaciones emergentes como la Casa del Hombre o la Federación Nacional de Víctimas de Denuncias Falsas que, vaya casualidad, en sus recientes movilizaciones (de hace menos de una semana) solicitaban modificaciones a la ley en “beneficio” de quienes ahora se consideran las nuevas víctimas (los hombres) y no así de las alrededor de 430.000 mujeres que denunciaron violencia durante la vigencia de esta norma.

Es una verdadera lástima que el tema vuelva a palestra de esta manera, sobre todo cuando anteriormente ya se había entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional una nutrida agenda de propuestas de modificación a la Ley 348, pero buscando, sobre todo, proteger de mejor manera a las mujeres sin dejar de lado —cómo no— la discusión en torno a la mejora de la gestión de las acusaciones falsas que son pocas y no debieran alcanzar a empañar el espíritu de la norma. En el trasfondo de lo ocurrido esta semana en la ALP existe un aire antifeminismos y antiderechos, y ese es —al final del día— el hecho que debiera ponernos en alerta. Pues, las cosas son claras y no se debe permitir su distorsión: la Ley 348 no enfrenta a mujeres con hombres, la ley busca proteger la vida de las mujeres.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Una carrera de obstáculos

Cuatro veces ha debido flexibilizar la normativa el Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Verónica Rocha Fuentes

/ 5 de abril de 2024 / 10:05

Así se puede calificar lo que se le viene al MAS-IPSP y que desde ya atraviesa estas semanas, en las que se ubica, más que lo usual, en el centro de la atención mediática y política del país. Es cierto que muchas veces se ha cuestionado la centralidad noticiosa que de manera continua adquiere la figura de Evo Morales y la del MAS. Pero, en esta ocasión, se puede alegar que al estar en juego la viabilidad electoral de la sigla del partido más grande del país, los hechos en torno a la carrera que transita para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Organizaciones Políticas son relevantes sobre todo en su relación con el desgastado sistema de partidos del país. No es poca cosa.

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Ya que se trata de hechos relevantes para el sistema político, corresponde también preguntarse por qué es recién hasta ahora que, contrarreloj (e incluso contra la pared, dirán algunos), esta organización busca los caminos para salir de su propio laberinto. Y, ojo, no es el único partido que corre contra el tiempo; se sabe que de 10 partidos políticos, solo tres han cumplido hasta la fecha con lo establecido respecto a directivas. Huelga señalar que el plazo que hoy se maneja como de máximo cumplimiento: 7 de mayo, es un plazo establecido en una cuarta ampliación, el verdadero plazo feneció hace dos años. Cuatro veces ha debido flexibilizar la normativa el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conminando a quienes pugnan por ofrecer proyectos colectivos al país a que cumplan la normativa. Algo similar a lo que pasa con la actualización de los estatutos de las organizaciones, cuyo plazo extendido por tercera vez culminará también a inicios de mayo.

Apelo al dato porque da cuenta del nivel de flexibilidad con la que la institucionalidad electoral viene intentando que el cúmulo de organizaciones políticas cumpla con lo que estableció la norma hace seis años. Bien podría decirse que también el TSE lleva mucho tiempo intentando sortear obstáculos y salir del laberinto que implica “jalar” a la mayor parte de organizaciones políticas del país a que cumpla la norma. De ahí las conminatorias, exhortaciones y ampliaciones que terminan debilitando su capacidad para dar cumplimiento a la ley.

Además de ello, es inevitable caer en cuenta, y por lo tanto imposible de no apuntar, que una buena parte de las acciones institucionales que ha tenido que adoptar el TSE en sus recientes acciones, provinieron de una intervención judicial. El efecto simbólico de esta intrusión es el incremento de la presión sobre la institución electoral y el efecto material es el de mantener al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como una instancia administrativa y no jurisdiccional en temas electorales (como le es asignado en la CPE, pero casi no ha sido puesto en práctica).

Buena parte de los partidos políticos, pero el MAS-IPSP en el centro —por su peso en el sistema de partidos—, tienen una responsabilidad no solo con sus proyectos de país y militancias, sino también con la institucionalidad democrática del país, que necesitamos en pie para sortear adecuadamente el periodo electoral que se avecina. Y la responsabilidad tiene que ver con cumplir la normativa sin presionar a que el árbitro determine a conveniencia las formas que están ya escritas en leyes, reglamentos y estatutos. Pues esto solo significa seguir comprimiendo la ya debilitada institucionalidad, en detrimento de los clásicos mecanismos políticos: como ser el diálogo, la negociación y la concertación. 

Es complejo que empiece a parecer mejor idea zafar de lo que se está convirtiendo un problema: la democratización interna dentro de las organizaciones políticas (es decir: primarias). Pues este fracaso daría cuenta de que en vez de ampliar la democracia, tenemos que contraerla porque nuestra realidad política nos impide, en este momento, gestionarla en su bondadosa amplitud.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Más preguntas sobre la participación

Lo que hoy transita la sociedad boliviana es un profundo proceso de desafección hacia la institucionalidad política

Verónica Rocha Fuentes

/ 22 de marzo de 2024 / 09:42

De un primer número de 715 profesionales que se presentaron a la convocatoria para las elecciones judiciales, ya sabemos que 340 continúan en carrera, algo menos de la mitad. En un reportaje que presentó La Razón el pasado domingo, se daba cuenta que, salvo que algún número experimente un cambio ligero en la actual etapa de impugnaciones, solo un 27% de las postulaciones que están actualmente habilitadas son de mujeres. Este es un número bajo por donde se le vea y lejano del 50% o más que los esfuerzos del movimiento de mujeres y la normativa han venido logrando en los últimos lustros. Otro dato, más preocupante aún, es el que señala que existen cinco departamentos en el país (Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni y Potosí) en los que actualmente no existen suficientes candidatas mujeres al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que la lista final enviada al Órgano Electoral Plurinacional, en lo que respecta a esta institución, sea paritaria. Ante esta realidad, le toca a la Asamblea Legislativa Plurinacional dar continuidad a este proceso encontrando la manera de que este hecho no signifique un retroceso para los derechos de las mujeres.

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Aunque esta regresión podría tener lugar en las candidaturas finales que figurarán en la papeleta correspondiente a autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, es cierto que la participación de mujeres en este proceso está disminuyendo. Estos son los datos que la Coordinadora de la Mujer ha brindado: el proceso de 2011 contó con 57% de candidatas mujeres; el de 2017, con 44% de ellas y éste de 2024, contó (en un inicio) con 32% de postulaciones de este tipo.

Estos decidores datos dan cuenta de que mientras, por un lado, se trata de fortalecer y avanzar en los objetivos que configuran la democracia paritaria intercultural (uno de ellos, la paridad numérica en candidaturas para cargos electos), la realidad muestra que, por el otro lado, al menos en lo que respecta a las elecciones judiciales, la motivación de las mujeres por participar en estos procesos va disminuyendo paulatinamente. Se trata de un dato riesgoso.

Múltiples estudios dan cuenta de que la vida de las mujeres en cargos públicos es muy distinta a la de los hombres. Implica sortear constantemente obstáculos que van desde el trabajo de cuidados, pasando por la cultura machista de la sociedad (que nos encasilla en roles preestablecidos), concluyendo en la dolorosa realidad del acoso y la violencia política, la cual se establece casi como una normalidad para las que deciden ingresar a la vida pública.

No es un secreto para nadie que lo que hoy transita la sociedad boliviana es un profundo proceso de desafección hacia la institucionalidad política. Buena parte de las nuevas generaciones ya no ven en la política su potencia transformadora, ni le dan a la democracia su valor igualador. Así, toca entender que le asignan otra valoración y un nuevo significado a la participación política como tal.  Con sus propias particularidades, este proceso judicial empieza a mostrar síntomas de ello y la participación de las mujeres empieza a dar cuenta de que los obstáculos, junto con las sociedades, se transforman y lastimosamente, en este caso concreto, se multiplican.

Queda pendiente pues el desafío de engranar adecuadamente lo que son los históricos desafíos de la participación política de las mujeres junto con los nuevos desafíos de la participación política en general. Y, a partir de ello, generar las nuevas preguntas y trazar las nuevas rutas por las que se seguirá transitando el horizonte hacia la democracia paritaria intercultural.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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