La Inteligencia Artificial (IA) es una disciplina de la informática que se enfoca en la creación de programas y de sistemas que pueden actuar sin intervención humana.
En los últimos meses, dado el éxito de una de sus modalidades —el ChatGPT—, ha habido muchos rumores acerca de qué trabajos pueden y qué trabajos (aún) no pueden ser desarrollados por la IA.
En el contexto de incrementos de tasas de interés de la Reserva Federal (FED), muchas empresas optaron por despedir personal para mejorar sus valuaciones de bolsa y muchas declararon estar sustituyendo personal por Inteligencia Artificial. Entre los más recientes ejemplos están los de IBM, que declaró estar sustituyendo 8.000 puestos de trabajo con IA; BT, el gigante británico de las telecomunicaciones, anunció que despedirá a 55.000 de sus 130.000 trabajadores y 10.000 de ellos serán remplazados por IA.
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En la misma línea, cada que pueden, las empresas señalan que están incorporando IA en sus reportes trimestrales de ingresos y los mercados parecen esperar esa señal para reaccionar positivamente.
Algunos medios de comunicación contribuyen a la alarma y señalan titulares que no son completamente exactos, como que “el 80% de los puestos de trabajo van a ser impactados por GPT”, haciendo referencia a una investigación de Open AI que, en realidad, dice que “el 80% de la fuerza de trabajo podría sufrir un impacto en el 10% de sus tareas por el uso de ChatGPT”.
O sea, es poco probable que la catástrofe anunciada por los grandes titulares se manifieste muy pronto.
Pero eso no debería anestesiar nuestra capacidad de análisis de lo que está sucediendo ahora; las empresas están en una frenética carrera para incorporar la IA en cada proceso productivo. Y los gobiernos deberían estar en la misma lógica, para cada proceso de servicio público.
Es probable que en algunos años más, nos sorprendamos con un grupo top de empresas innovadoras con servicios y productos de mayor calidad y gama, en los que finalmente se habrá incorporado la IA. Paralelamente, muchos procesos de control y otros procesos repetitivos podrían ser más o menos masivamente incorporados en los servicios estatales. Por ejemplo, bien usada la IA podría hacernos olvidar de la doble fotocopia del carnet de identidad en fólder amarillo.
Como quiera que sea, la adopción ya empezó, aunque sea de manera medio rudimentaria. Por ejemplo, escolares y universitarios ya están usando la IA —y específicamente chat GPT— para preparar sus tareas y deberes, a raíz de lo cual se necesitó una herramienta de IA para detectar respuestas de IA en las tareas. Y seguro alguna que otra empleada está usando la herramienta para facilitar su vida en estos momentos. Bien por ellos.
Como en todo, la adopción de estas herramientas no será ni muy rápida ni tan desastrosa como señalan. Pero la tendencia está ahí. Y la adopción temprana, para aquellos que se espabilan pronto, puede traer una serie de ventajas. Pero incluso delegar las tareas en una herramienta de IA implica cierto conocimiento y formación previos.
Como puede atestiguar cualquier amateur que haya ensayado sus primeros comandos con ChatGPT u otra herramienta similar, la clave está en dominar el lenguaje de los comandos que se le dan a la herramienta. Es decir que se abre todo un campo de conocimiento que de una manera muy laxa podríamos denominar la “ingeniería de los comandos”.
Paralelamente, también se abren opciones para nuevos oficios, a partir de la generalización de la adopción de la IA: preguntando a varias herramientas de IA, me indicaron que algunos nuevos oficios que podrían surgir son, por ejemplo, entrenador de herramientas de IA, moderador de contenidos, auditor de IA —que debería velar por eliminar sesgos, vulnerabilidades y debería velar por el cumplimiento de estándares éticos, entre otros—; analistas y asesores en IA podrían trabajar con empresas e instituciones para hacer una evaluación de la situación en la que se encuentran y todos los espacios posibles para introducir IA con el fin de facilitar la vida a consumidores y ciudadanos, solo para dar algunos ejemplos.
(*) Pablo Rossell Arce es economista