Hace un par de meses, salió un número de la revista Nueva Sociedad, publicación de amplia difusión en la región y enfocada en temas de política y democracia, dedicado a los gobiernos de Gustavo Petro, Gabriel Boric y Lula da Silva bajo el sugerente título de “los márgenes del cambio” y se refiere al debate acerca de una segunda ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Algunos le llaman “marea rosa”, otros le dicen (nuevo) “giro a la izquierda”. No me referiré a Colombia, Chile y Brasil, aunque un balance de esos casos es útil para reflexionar sobre el proceso político en la región y los retos que enfrenta el progresismo, término que denota una búsqueda de sentido, de identidad, de proyecto. Estas líneas van en esa dirección.
En esta fase del proceso político en la región, las fuerzas y partidos progresistas deben adoptar un formato de coalición flexible mediante alianzas electorales y acuerdos sustantivos con movimientos sociales y actores colectivos —portadores de nuevas demandas y propuestas alternativas— con la finalidad de realizar ajustes programáticos para impulsar un modelo de desarrollo ajeno al “extractivismo” y un esquema político distinto al “populista”. En términos organizativos es necesario que adopten un modelo decisorio de carácter colegiado y sin dependencia de liderazgos carismáticos para reforzar su adscripción a la institucionalidad democrática.
Es preciso que las fuerzas progresistas desplieguen una estrategia discursiva dirigida a ampliar su radio de convocatoria política adoptando una posición centrista para atenuar la polarización ideológica que actualmente predomina en la sociedad y se expresa en la irrupción de fuerzas políticas de carácter ultraconservador. La derecha ha ingresado a la disputa por la conducción cultural de la sociedad y dispone de apoyo social porque representa posiciones conservadoras asentadas en prejuicios y creencias religiosas. Así, invoca la defensa de la propiedad privada contra el “comunismo”, combate la “ideología de género” y el reconocimiento de las diversidades sexuales. Las fuerzas progresistas deben ingresar en esa disputa por la ciudadanía como sistema de derechos para resguardarlo y ampliarlo mediante una articulación con los actores colectivos movilizados a partir de sus códigos identitarios y demandas temáticas.
En el pasado, la centralidad del clivaje Estado/ mercado provocó que la lucha contra el neoliberalismo sea el principio dominante en el discurso de las fuerzas progresistas y se expresó en el impulso a patrones de desarrollo con centralidad estatal y basados en la generación de excedente económico a través de exportaciones. Este modelo es acusado de extractivista y, ante su persistencia, perdieron impulso aquellas alternativas de desarrollo basadas en los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Vivir bien). En esa medida, las fuerzas progresistas perdieron la capacidad para seducir a movimientos ecologistas, movilizar a sectores juveniles, incluso, mantener el apoyo del movimiento indígena.
Por otra parte, las fuerzas y los partidos de izquierda son anatemizados como “populistas” por su débil apego a la institucionalidad democrática. Principios como alternancia, pluralismo y Estado de derecho son esgrimidos por sus rivales para debilitar la imagen democrática de las fuerzas progresistas que se caracterizaron por impulsar la ampliación de la representación y participación de sectores subalternos. Esa caracterización se sustenta en la distinción entre democracia como igualdad, impulsada por los gobiernos progresistas, y democracia como libertad, esgrimida por sus detractores. Es importante evitar ese dualismo y percibir la relación entre libertad e igualdad como una dualidad, por ende, debe darse similar importancia a ambos sentidos de la democracia.
Fernando Mayorga es sociólogo. www.pieb.com bo/blogs/ mayorga/ mayorga