La célebre economista francesa Esther Duflo, condecorada en 2019 con el premio Nobel de Economía, plantea una situación curiosa e importante para la humanidad: primero, los recursos destinados a políticas sociales son muy limitados y deben ser utilizados de forma muy eficiente; segundo, se sabe muy poco sobre los resultados e impacto de los programas sociales, porque se desconoce el grado de influencia de otras políticas que se ejecutan de forma simultánea; y tercero, muchos de los programas los formulan gobiernos de manera intuitiva. Por tanto, es difícil no preguntarse ¿por qué pagar a las personas para que hagan lo que es bueno para ellas mismas?
Duflo responde a esta pregunta señalando la importancia que guardan los detalles, es decir, conocer cuáles son las motivaciones y aspiraciones de los individuos beneficiarios de algún programa, por lo cual un incentivo gubernamental puede llegar a representar un ahorro para el mismo y mejoras en la calidad de vida de la población, existiendo evidencia empírica aplicada en las investigaciones de la economista.
Lea también: Nueces paranoicas y empresa pública
En Bolivia existe una política muy parecida en su esencia, denominada Bono Juancito Pinto (BJP), cuyo pago ya se anunció para el próximo octubre, que beneficiará a cerca de dos millones de estudiantes de colegios fiscales y de convenio. Instituido en octubre de 2006 y ejecutado hace 17 años ininterrumpidos, se orienta a un sector muy importante: la educación.
Este beneficio contribuye a la política pública de erradicación de la pobreza extrema y la exclusión de las personas, familias y comunidades, siendo una transferencia monetaria condicionada anual a los estudiantes del sistema fiscal, que tiene por objetivo crear condiciones que incentiven la matriculación, promoción y reducción de la deserción escolar; siendo importante mencionar que su financiamiento se realiza a través de las utilidades obtenidas por empresas públicas o con participación estatal, así como el TGN.
Con relación a esto se tienen algunas estadísticas importantes de la educación pública hasta 2022, que muestran una tasa de deserción escolar decreciente de 1,95%; la tasa de promoción fue del 94,27%, retornando al promedio observado en las últimas 10 gestiones; así como el incremento de estudiantes inscritos que fue de 2.646.169, se incrementó el número de años promedio de estudio a 10,13 años y la tasa de asistencia escolar mejoró situándose en 93,89% en 2021.
Asimismo, investigaciones realizadas a nivel nacional afirman la existencia de distintos grados de influencia del bono sobre las tasas de abandono, matriculación, promoción e incluso mejoras en la asistencia de la población femenina a centros educativos, aspectos que definitivamente mejoraron las condiciones educativas presentes para evitar en un futuro la transmisión de pobreza intergeneracional, así como mejorar las circunstancias para la movilidad social.
Entrevistas realizadas a beneficiarios y sus familias revelaron que, si bien el bono no es suficiente para cubrir todos los gastos anuales en educación, generalmente se destina a la compra de material escolar o costear el uniforme; existiendo excepciones cuando se adquieren juguetes o comida (en ocasiones en el hogar se percibe que se recibe un premio en lugar de un incentivo). De cualquier modo, estos hechos corroboran la investigación de la economista Duflo, que explica que no existe evidencia que demuestre que las transferencias condicionadas de este tipo sean malgastadas en actividades o productos que dañen el entorno familiar.
En efecto, nos encontramos ante un ejemplo boliviano en el cual se optimiza la inversión de recursos en los estudiantes, con el objetivo de que mañana se mejore el acervo de capital humano.
(*) Horacio Valle es economista