La guerra en Europa del Este; los cada vez más graves y frecuentes desastres naturales ocasionados por el cambio climático; el inmanejable nivel del endeudamiento externo de varios países de África y América Latina; las diversas manifestaciones de la desigualdad, y la profunda incertidumbre sobre el futuro, son los principales componentes de lo que se denomina la policrisis global, abordada con diferentes matices y recursos retóricos en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas.
Aparte de eso, los jefes de Estado se han referido largamente a los problemas particulares de cada país. En conclusión, se puede afirmar que éste no es el foro para lograr acuerdos vinculantes, aunque los encuentros bilaterales pueden haber logrado algunos entendimientos de diferente alcance. En todo caso, las urgentes reformas del Consejo de Seguridad y de los organismos financieros multilaterales no se adoptarán en una instancia compuesta por cerca de 200 entidades políticas. En cambio, las decenas de agencias especializadas y las comisiones regionales constituyen organismos de indudable relevancia para el desarrollo humano en su sentido más amplio, y en muchos casos sus operaciones no son obstaculizadas por las confrontaciones geopolíticas de la actual coyuntura.
En cuanto a la participación de los países latinoamericanos y caribeños en el evento mencionado, se constata una vez más que no hay una visión compartida ni una posición regional concertada respecto de los temas de la agenda internacional, lo que se traduce en una paulatina pérdida de relevancia de la región latinoamericana, en contraste con el papel destacado que ejerció en los asuntos internacionales luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década de los años 80, en que la crisis de la deuda externa y los programas de ajuste estructural del Consenso de Washington comprometieron el liderazgo regional respecto de un Nuevo Orden Económico Internacional propuesto en la década de los años 70, considerando obviamente que en esos años de la Guerra Fría existió cierto margen para iniciativas no alineadas.
Las relaciones internacionales hoy son ciertamente mucho más complejas en términos de la distribución del poder económico, tecnológico, financiero, militar, y ya no hay condiciones para un ejercicio hegemónico con pretensiones universales.
Así vistas las cosas, considero que existen dos temas en los cuales los países de América del Sur podrían explorar la posibilidad de adoptar iniciativas relevantes a partir de enfoques pragmáticos de cooperación a geometría variable.
En primer lugar, por razones de principios y de genuino interés de la mayor parte de los países suramericanos, sería importante avanzar en un programa compartido de protección de la Amazonía, para evitar la deforestación, con un enfoque de sostenibilidad equitativa y justa, con la participación de gobiernos, empresas, organismos financieros, entidades científicas, comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil. En los meses pasados se han dado pasos importantes en esa dirección, que se irán perfeccionando en el camino hacia la reunión de la COP30 en 2025 en Brasil.
En segundo lugar, dada su tradición minera, los países andinos deberían aprovechar la expansión de la demanda de metales tecnológicos para la transición energética, tomando en cuenta que ningún país por sí solo está en condiciones de asegurar los beneficios inherentes al nuevo ciclo minero internacional, mientras que un régimen regional común podría establecer las condiciones de una relación equitativa entre países proveedores, países procesadores y países ensambladores de la cadena de valor de los paneles solares, los parques eólicos y los vehículos eléctricos, soslayando así el extractivismo depredador y el conocido intercambio desigual de tipo neocolonial.
Horst Grebe es economista.