“Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo”, escribió Eduardo Galeano es su poema Los nadies. Esta realidad es constante en muchos lugares y circunstancias, especialmente cuando hace poco se vivió una crisis sanitaria de carácter mundial que tuvo repercusiones importantes.

El informe anual 2020 sobre salud universal y pandemia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que el COVID-19 hizo evidentes las desigualdades y obstáculos existentes para el logro de la salud universal, haciendo más susceptible a esta enfermedad a la población más vulnerable. Indicó que esta pandemia demostró que el sector salud requiere liderazgo y buena gobernanza e incluir al sector privado y sociedad civil, debiendo trabajar junto al gobierno el sector académico e industrial para producir y difundir tecnología, pruebas diagnósticas, opciones terapéuticas y vacunas, así como innovación digital.

En efecto, durante el período de la pandemia se generó a nivel mundial un período recesivo en la economía, aspecto que influyó en la disminución del poder adquisitivo de la población por efectos de la inflación, lo que generó retrocesos en materia de pobreza y ampliación de las brechas existentes, siendo que estos efectos negativos tuvieron un impacto menor en el país a diferencia del resto de la región.
Por citar un ejemplo, el cierre de escuelas significó la interrupción de programas de alimentación escolar, aspecto que incrementó la inseguridad alimentaria, generando efectos potencialmente nocivos en la salud a largo plazo como la productividad, desarrollo, funcionamiento conductual y aprendizaje de la población infantil y adolescente latinoamericana. Asimismo, se generaron sinergias negativas con otras epidemias preexistentes, documentándose la existencia de una mayor letalidad entre grupos de personas con mayor concentración de pobreza, reducción de la esperanza de vida y afectación simultánea de la salud física, mental y social.

Ante este panorama difícil, a pesar de la creación del Seguro Único de Salud (SUS) en 2019, aún existen prácticas en gran parte de la población como la aplicación de tratamientos sin previa consulta médica, así como tardanza en el tratamiento oportuno de enfermedades, lo cual es un efecto de las limitaciones de cobertura que enfrenta el sistema médico, especialmente en áreas dispersas como zonas periurbanas y rurales. Además, a pesar de la calidad de la industria farmacéutica boliviana, los medicamentos muchas veces resultan ser inaccesibles para la población, lo que inexorablemente deriva en el consumo de medicación de contrabando con todos los riesgos que implica esta práctica.

Ante este problema gravísimo y necesidad de atención urgente, con el objetivo de cubrir la demanda del territorio nacional, promoviendo el acceso a medicamentos de calidad a costos asequibles y al alcance oportuno de la población, además de complementar el SUS se creó la empresa estatal Laboratorio Industria Farmacéutica Boliviana (Lifab), que en una primera etapa se encargará de la producción de medicamentos genéricos con mayor demanda en el país, así como la investigación, desarrollo e innovación tecnológica para la producción de nuevos medicamentos de base química, además de los provenientes de la medicina natural.

Una de las ventajas de este proyecto es el aprovechamiento de materias primas que provienen del proceso de extracción de litio, toda vez que la base química será suministrada por las estatales YLB e IBQ, lo que permitirá reducir la importación de estos productos, generando beneficios en la balanza comercial, así como la reducción de costos que no solamente beneficiará a Lifab, sino que también se proveerá de estos insumos a la industria farmacéutica nacional, incrementando los niveles de competitividad, permitiendo la oferta de medicamentos a precios más accesibles, además de generar fuentes de empleo e investigación científica y desarrollo en colaboración con otros países de la región.

Finamente, no deja de llamar la atención las voces que protestan en contra de un proyecto que tiene potencialidades importantes, que seguramente enfrentará desafíos importantes, pero no debe perderse de vista que este proyecto no es del gobierno de turno o de un determinado partido político, sino que constituye un patrimonio de los bolivianos que permitirá incrementar la calidad y esperanza de vida, además de dar salud a quiénes son invisibles, a “los nadies”.

Horacio Valle es economista

La célebre economista francesa Esther Duflo, condecorada en 2019 con el premio Nobel de Economía, plantea una situación curiosa e importante para la humanidad: primero, los recursos destinados a políticas sociales son muy limitados y deben ser utilizados de forma muy eficiente; segundo, se sabe muy poco sobre los resultados e impacto de los programas sociales, porque se desconoce el grado de influencia de otras políticas que se ejecutan de forma simultánea; y tercero, muchos de los programas los formulan gobiernos de manera intuitiva. Por tanto, es difícil no preguntarse ¿por qué pagar a las personas para que hagan lo que es bueno para ellas mismas?

Duflo responde a esta pregunta señalando la importancia que guardan los detalles, es decir, conocer cuáles son las motivaciones y aspiraciones de los individuos beneficiarios de algún programa, por lo cual un incentivo gubernamental puede llegar a representar un ahorro para el mismo y mejoras en la calidad de vida de la población, existiendo evidencia empírica aplicada en las investigaciones de la economista.

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En Bolivia existe una política muy parecida en su esencia, denominada Bono Juancito Pinto (BJP), cuyo pago ya se anunció para el próximo octubre, que beneficiará a cerca de dos millones de estudiantes de colegios fiscales y de convenio. Instituido en octubre de 2006 y ejecutado hace 17 años ininterrumpidos, se orienta a un sector muy importante: la educación.

Este beneficio contribuye a la política pública de erradicación de la pobreza extrema y la exclusión de las personas, familias y comunidades, siendo una transferencia monetaria condicionada anual a los estudiantes del sistema fiscal, que tiene por objetivo crear condiciones que incentiven la matriculación, promoción y reducción de la deserción escolar; siendo importante mencionar que su financiamiento se realiza a través de las utilidades obtenidas por empresas públicas o con participación estatal, así como el TGN.

Con relación a esto se tienen algunas estadísticas importantes de la educación pública hasta 2022, que muestran una tasa de deserción escolar decreciente de 1,95%; la tasa de promoción fue del 94,27%, retornando al promedio observado en las últimas 10 gestiones; así como el incremento de estudiantes inscritos que fue de 2.646.169, se incrementó el número de años promedio de estudio a 10,13 años y la tasa de asistencia escolar mejoró situándose en 93,89% en 2021.

Asimismo, investigaciones realizadas a nivel nacional afirman la existencia de distintos grados de influencia del bono sobre las tasas de abandono, matriculación, promoción e incluso mejoras en la asistencia de la población femenina a centros educativos, aspectos que definitivamente mejoraron las condiciones educativas presentes para evitar en un futuro la transmisión de pobreza intergeneracional, así como mejorar las circunstancias para la movilidad social.

Entrevistas realizadas a beneficiarios y sus familias revelaron que, si bien el bono no es suficiente para cubrir todos los gastos anuales en educación, generalmente se destina a la compra de material escolar o costear el uniforme; existiendo excepciones cuando se adquieren juguetes o comida (en ocasiones en el hogar se percibe que se recibe un premio en lugar de un incentivo). De cualquier modo, estos hechos corroboran la investigación de la economista Duflo, que explica que no existe evidencia que demuestre que las transferencias condicionadas de este tipo sean malgastadas en actividades o productos que dañen el entorno familiar.

En efecto, nos encontramos ante un ejemplo boliviano en el cual se optimiza la inversión de recursos en los estudiantes, con el objetivo de que mañana se mejore el acervo de capital humano.

(*) Horacio Valle  es economista

La palabra nueces se traduce al inglés como nuts, pero también existe un término en inglés que dicta that guy is totally nuts, que traducido sería “ese tipo está totalmente loco”, algo cercano a paranoico. En este sentido y con el motivo referente a la publicación del título Solo ruido, nada de nueces, presentado en la última Feria del Libro de la ciudad de La Paz, es una oportunidad interesante para advertir algún grado de confusión del autor en diversos aspectos, como el apartado referente a los ingresos de las estatales, lo que llama mi atención y provoca a la reflexión.

El autor sentencia: “Se puede ver que las empresas públicas nacionales no solo vivieron de sus ingresos de operación, sino que recibieron recursos de transferencias y donaciones por parte del gobierno central que permitieron, en muchos casos, darle un respiro a las empresas cuyas cifras eran rojas a la hora de contabilizar los ingresos derivados de su actividad principal”, señalando además que entre 2011 y 2022 los recursos percibidos por las empresas públicas fueron de un orden del 77% por concepto de venta de bienes y servicios, mientras que los préstamos, transferencias y aportes estatales (de capital) representaron el 23%.

Ante este juicio imperioso, se debe precisar que los préstamos otorgados a las empresas públicas tuvieron como destino la ejecución de proyectos de inversión, es decir construcción y montaje de plantas, compra de maquinaria y materia prima para el inicio de procesos productivos, vale decir que los créditos otorgados a las firmas estatales no fueron recursos “para darles respiro”, sino para su implementación.

Concerniente a las transferencias otorgadas, algo que no advierte la publicación es que son realizadas por concepto de subvención a dos grandes sectores principalmente: a los alimentos y los hidrocarburos, ejecutadas por Emapa y YPFB, las cuales tienen repercusiones importantes en materia de estabilidad de precios y política de seguridad alimentaria, a través del apoyo a la producción agropecuaria y estabilización, así como abastecimiento del mercado interno.

La implementación de estas asignaciones, más allá del notable peso que representan en las cuentas gubernamentales, constituyen un beneficio importante en la población frente a los efectos negativos de la inflación, así como el apoyo a la producción y comercialización de productos nacionales.

Con relación a los aportes de capital, debe aclararse que estos recursos fueron destinados a la ejecución de proyectos de electrificación a nivel nacional, construcción de plantas de generación eléctrica, compra de acciones de empresas del sector eléctrico nacionalizadas, ejecución de proyectos de acopio, transformación y almacenamiento de alimentos y granos, construcción de plantas y adquisición de maquinaria de empresas de reciente creación, así como capital de operaciones para el inicio de actividades o bien para proyectos de ampliación, dejando el autor fuera de su análisis estos conceptos.

Por tanto, concluyo que estas omisiones derivan inexorablemente en la formulación de hipótesis sin fundamento en el análisis presentado en esa publicación, desmejorando de esta manera la reputación de las empresas públicas a la luz de la opinión pública al afirmar que, a través de préstamos, transferencias de recursos del TGN y aportes de capital, el Estado ha aplicado una suerte de remiendos al contexto financiero de dichas compañías para que puedan seguir existiendo, lo cual no resulta cierto, siendo importante que se apliquen medidas de reestructuración antes de que se materialicen escenarios como los conjeturados por el autor.

(*) Horacio Valle es economista