En nuestra gastronomía boliviana existe un plato llamado “falso conejo”, que recibe su nombre debido a que en realidad se trata de carne de res y no de conejo. Sin embargo, el propósito de este artículo no es hablar de gastronomía, sino más bien de política y ética. Recientemente se ha revelado información documentada que indica que el Alcalde de La Paz y varios concejales habrían presentado certificados falsos ante el Órgano Electoral Plurinacional para poder ocupar sus actuales curules en el Ejecutivo y el Concejo de La Paz.
Si esto es cierto, estaríamos frente a un grupo de “falsas autoridades” que presuntamente habrían cometido el delito de “uso de instrumento falsificado” en dos oportunidades (art. 203 del Código Penal): primero, para habilitarse como candidatos, y luego para jurar como autoridades electas. De ser así, los ciudadanos paceños habríamos sido engañados, al igual que las autoridades electorales. De comprobarse el “uso de certificado falsificado” se habría burlado la buena fe del Estado generando un daño económico; pero también se habría embaucado a los electores presentando perfiles que no cumplían los requisitos. En otras palabras “nos habrían tomado el pelo” o “nos dieron gato por liebre”.
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El Órgano Electoral Plurinacional es el llamado a investigar de oficio respecto a la veracidad y legitimidad de los certificados, y de comprobarse este hecho delictivo tendría que determinar las acciones que correspondan, pues no se pueden cerrar los ojos ante tal violación de la norma y burla hacia los electores.
Más allá de las sanciones penales establecidas, la consecuencia más grave es la desconfianza que generan en la sociedad las actuaciones de estas autoridades. Si falsifican un certificado, es imposible creer en su transparencia y honestidad y, por el contrario, es más fácil creer que sus actos están envueltos en corrupción y oscuridad.
Puede ser que estas autoridades tomaron como máxima de comportamiento la frase de Maquiavelo “el fin justifica los medios”, considerando la ética como estorbo para el logro de objetivos y ambiciones personales a como dé lugar. Si estas autoridades ediles, que ejecutan, proponen y elaboran leyes municipales, no son capaces de cumplir requisitos básicos para su elección, entonces podrían estar recurriendo al engaño para aparentar algo que no es cierto.
Será que conociendo ese pecado original ¿los paceños podremos tener certeza de que los proyectos de ley no son consecuencia de la “piratería” o que sus rendiciones de cuentas no son “chutas”? ¿Podremos creer que sus promesas son verídicas o que sus informes son reales? Quizás encontremos respuesta en el refrán “en boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso”.
La palabra «político» en nuestra sociedad a menudo tiene connotaciones negativas y se asocia con el engaño y la corrupción. Este caso de autoridades que presuntamente presentaron certificados falsos solo refuerza esa creencia popular y socava aún más la confianza en la política como una actividad destinada a servir a la comunidad en lugar de a uno mismo.
Este presunto caso de las «falsas autoridades» en La Paz nos recuerda la importancia de la ética y la transparencia en la política. Si los líderes electos no pueden cumplir con los requisitos básicos para ocupar un cargo público sin recurrir al engaño, entonces ¿cómo podemos confiar en su capacidad para tomar decisiones justas y equitativas en beneficio de la comunidad?
La desconfianza hacia los políticos y la percepción de corrupción en la política son problemas persistentes en nuestra sociedad. Por ello, no podemos permitir que los casos como este sigan ocurriendo impunemente. Es esencial que se investigue a fondo este caso y que se tomen medidas para garantizar la integridad y la transparencia en nuestro sistema político.
Los ciudadanos tienen derecho a saber que sus representantes están comprometidos con servir a la comunidad de manera ética y honesta.
(*) César Dockweiler es economista especialista en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas