Descender la última cuesta del año nos hace cargar con todo el peso del camino recorrido, el cúmulo de responsabilidades propias de esta época y la inevitable cuenta regresiva de propósitos por cumplir antes de despedir 2023. El ritmo acelerado que van tomando los días nos obliga a avanzar acortando el paso, sabiendo que las rodillas sufren más cuesta abajo y que viene bien detenerse a mirar por donde vamos.

A pocas semanas del fin de año, ya es un hecho que 2023 será el año más cálido jamás registrado, con un aumento en torno a 1,4°C por encima de la media preindustrial, según el informe provisional sobre el Estado del Clima Mundial de la Organización Meteorológica Mundial. Desde junio, el planeta ha experimentado una racha prolongada de récords de temperaturas máximas mensuales que parece imparable, por la influencia del fenómeno de El Niño y el cambio climático.

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La Amazonía atraviesa una de las sequías más severas de los últimos tiempos, los niveles de los ríos y lagos han alcanzado mínimos históricos, mientras los glaciares de los Andes desaparecen a un ritmo dramático. En Bolivia, las aguas superficiales se han reducido casi en 40% en los últimos 20 años, mostrando una disminución más alarmante (65%) en el departamento de Santa Cruz, de acuerdo con un estudio reciente de RAISG y MapBiomas, que pone en evidencia su relación con la pérdida acelerada de bosques en este departamento, epicentro de la deforestación. 

La falta de agua ha dejado en situación crítica a más de 170 municipios de ocho departamentos que se declararon en desastre, según información del Videci. La intensa sequía, combinada con altas temperaturas y fuertes vientos, favorecieron la propagación de incendios forestales en cerca de 3,5 millones de hectáreas de bosques, pastizales y tierras agrícolas en el país, expandiéndose en áreas donde antes no ocurrían en esa magnitud. Si bien el balance total a la fecha no se acerca a la extensión de los incendios de 2019, lo sucedido entre octubre y noviembre ha estado muy por encima del rango histórico para esos meses, marcando una temporada atípica de incendios forestales, con consecuencias devastadoras para la biodiversidad y los medios de subsistencia de comunidades vulnerables. La contaminación del aire marcó otro récord por la intensa humareda de los incendios, alcanzando niveles extremos de hasta 313 del índice de calidad del aire en la ciudad de Santa Cruz, que provocaron la activación de la alerta roja sanitaria y obligaron a gran parte de la población a retomar el uso del barbijo y a quedarse en casa para resguardar la salud.

La crisis climática y ambiental ha encendido el debate público desde distintos frentes, poniendo el foco en el modelo de desarrollo y las políticas vigentes vinculadas al uso y gestión de la tierra, que no responden ni se adaptan a los desafíos actuales. Es alentador ver cómo se está formando una masa crítica que no está dispuesta a convivir con el deterioro progresivo de la naturaleza, pero aún parece difícil que se asuman verdaderas responsabilidades y acciones colectivas de manera cotidiana y definitiva.

Los hallazgos científicos y la evidencia reciente muestran que el cambio climático está avanzando a un paso mucho más rápido que el nuestro, llevando al límite a los ecosistemas. Estas semanas, los líderes de los países reunidos en la cumbre climática en Dubái, deben examinar el balance global de los progresos y retrocesos en la reducción de emisiones para encauzar la hoja de ruta hacia las metas que buscan evitar el calentamiento del planeta por encima de 1,5°C al 2030, mientras la ventana de oportunidad se está cerrando rápido.

Sin duda, un año complicado que ha puesto a prueba nuestra capacidad de resiliencia. Con todo, aún hay esperanzas para actuar. La naturaleza sigue siendo generosa en maravillas de la vida. Nos regala horizontes y arreboles para soñar en futuros posibles, prósperos y solidarios con nuestro entorno.

(*) Verónica Ibarnegaray Sanabria es directora de Proyectos de la FAN

El 26 de septiembre de 2011, el diario Página Siete titulaba: Muere un bebé en violento operativo. Era el título del reportaje firmado por la periodista Amancaya Finkel (+), que cubrió la intervención policial de la movilización indígena en Chaparina. El texto había sido editado y complementado por Raúl Peñaranda (RPU), entonces director del diario.

La “noticia” había sido desmentida por los hechos y el mismo gobierno de Evo Morales.

Dos años después, el 19 de agosto de 2013, el mismo matutino, ahora extinto, titulaba: Iglesia excomulga a cuatro ministros de Evo por estar a favor del aborto. Aludía así a los entonces ministros Amanda Dávila, Claudia Peña, Teresa Morales y Roberto Aguilar.

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Fue el acabose del director de Página Siete. Inmediatamente, la Iglesia Católica desmintió la “noticia”, el diario se disculpó y Peñaranda renunció. “El lunes hemos tenido un error con respecto la excomunión de cuatro ministros y el Gobierno usa ese pretexto para atacarnos, por el cual nos hemos disculpado”, alegó.

Otro titular que falseaba los hechos se refería a la “caída” del avión presidencial con restos de cocaína en Miami, Estados Unidos.

Son solo tres ejemplos de la impronta del periodista en el diario, que trascendió de su mano entre desmentidos y confrontación con el gobierno de Morales. Hasta que, de forma sorpresiva, cerró en junio reciente.

Ése el periodismo que promueve Peñaranda, que en más de 10 años se ocupó especialmente del periódico La Razón, al que pretendió —siendo accionista y director de Página Siete— estigmatizarlo con un libro de mentiras, atacarlo de forma recurrente desde sus editoriales y notas “periodísticas”, y señalar a sus periodistas. Más que un aporte a la investigación periodística, el libro de marras resultó una vil campaña de un socio de Raúl Garáfulic urgido de un mecanismo de competencia desleal.

En 2014, cuando el entonces procurador Héctor Arce acusó de “traición a la patria” a la directora de La Razón, Claudia Benavente, y al periodista del suplemento Animal Político Ricardo Aguilar (+), Peñaranda le dedicó una columna al diario de sus fijaciones:  Juicio a La Razón, ¿genuino o tramoya? No se esperaba menos, pero entonces era vicepresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), del que se suponía la defensa del gremio.

El caso judicial no se ha cerrado y todavía mantiene en vilo a la directora del diario derivado al Tribunal de Imprenta.

Ahora que Peñaranda preside la APLP no abandona su vieja costumbre. Acaba de atacar una vez más a La Razón, de mal ejemplo, en una entrevista con otro diario, en el que habló de la situación de Los Tiempos, al que, por cierto, su directorio lo despojó de un premio anual que otorga la APLP sin más argumento, ante el solo hecho de que el periódico cochabambino cambia de accionista mayor.

Proclama periodismo “independiente”, en coincidencia con la corporación mediática que coincide con sus preceptos y defenestra a los que no están en su línea, pero se cruza sin mayores reparos a la administración pública. Antes de llegar a la APLP, era funcionario del alcalde Iván Arias. Y dice ser independiente.

Ahora que los colegas de Página Siete están en desgracia, porque Garáfulic y sus socios escaparon de sus responsabilidades, conviene recordar que hace poco el presidente de la APLP se mantenía en la masa societaria.

Algo se trae el hombre, por eso intenta “diferenciarse” otra vez del periodismo que no mintió sobre Senkata o Sacaba ni mató a nadie, menos excomulgó la verdad.

Nosotros no profesamos su máxima de “que la realidad no te arruine una buena historia”; nosotros comulgamos con que “la realidad es mucho más increíble que la ficción”, como replicaban los colegas del extinto diario.

Vamos a defendernos, tenemos con qué: nuestra dignidad y nuestra ética.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

Pasé casi 32 años escribiendo para BusinessWeek y su revista sucesora, Bloomberg Businessweek, antes de unirme a The Times en 2021. Así que la semana pasada me sorprendió saber que el semanario que amo ya no será semanal. En un memorándum a los empleados, Bloomberg anunció que la revista impresa se reintroducirá el próximo año como un «producto mensual premium». La buena noticia es que el equipo detrás de la revista permanecerá prácticamente intacto. El memorándum decía que el personal intensificará su producción de audio, video y eventos y continuará enfatizando el “periodismo ambicioso de larga duración”; “larga duración” es un término artístico para “largo”. No se han anunciado despidos.

Entrevisté a Joel Weber, mi exjefe, que ha sido el editor de la revista durante los últimos seis años. Como prueba de que el producto tiene una gran demanda, señaló un nuevo programa de televisión y podcast de la marca Businessweek, así como un gran número de lectores de historias de Businessweek en el sitio web de Bloomberg y Apple News+.

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Es un pensamiento alentador. Aún así, el comienzo de una nueva era significa el fin de una antigua y atesorada. El primer número de lo que entonces se llamaba The Business Week apareció el 7 de septiembre de 1929, apenas siete semanas antes de la caída del mercado de valores que marcó el comienzo de la Gran Depresión. Desde entonces ha sido semanal. La economía estuvo desde el principio en el centro de la cobertura del semanario. The New Yorker, The Economist, People, The Week y algunos otros todavía están intentando publicarse como semanarios impresos, pero la lista de publicaciones independientes que aparecen cada semana se está reduciendo.

En esta era de comunicación casi instantánea, resulta ligeramente ridículo que la gente siga cultivando árboles, talándolos, fabricando papel, etc., etc. Los costos de impresión y envío por correo se han disparado en los últimos años. Y muchos lectores más jóvenes no han desarrollado el hábito de leer revistas impresas. (La circulación semanal auditada de Businessweek se redujo a 229.000 en el segundo trimestre, desde alrededor de 1 millón en su punto máximo).

El dilema para los editores de revistas impresas es que reducir costos al pasar a internet también reduce profundamente los ingresos, ya que los anuncios en línea son más baratos que los impresos. También es difícil cobrar tanto por las suscripciones digitales como por las impresas, me dijo Rick Edmonds, analista de negocios de medios del Instituto Poynter. Además, es más difícil destacar en la cacofonía de internet que cuando su publicación está en la mesa de café.

Dicho esto, el cambio de Businessweek a una frecuencia mensual es parte del amplio cambio en el periodismo hacia la publicación exclusivamente electrónica. Como me dijo Weber sobre Businessweek, «tenía más sentido invertir digitalmente que invertir en el producto impreso».

Bloomberg no ha dicho todavía si Businessweek cambiará su nombre una vez que se convierta en un nombre inapropiado. Shepard me dijo que cree que debería seguir siendo Businessweek en honor a sus raíces. Tiene razón: 20th Century Fox no cambió su nombre cuando cambió el siglo, ni tampoco 7-Eleven cuando sus tiendas comenzaron a permanecer abiertas toda la noche, y las tiendas de un dólar ahora cobran más de un dólar.

(*) Peter Coy es columnista de The New York Times

El título de este artículo no es de mi autoría, es la frase que pronuncio el político chileno Radomiro Tomic en el plenario nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en abril de 1973. Era un momento crítico en la historia de Chile, en que gobernaba Salvador Allende y enfrentaba una conspirativa oposición de los partidos de derecha. Se debatía cuál debería ser la postura del PDC. Había dos tendencias políticas: una de ellas lideradas por Tomic, de izquierda. Las corrientes de derecha en el PDC se impusieron y ese frente hizo causa común con los partidos de derecha opositores al gobierno del presidente Allende. Cinco meses después, el final de ese proceso es conocido y se manifestó por el golpe de Estado de Pinochet. La lección es clara: la alianza electoral con la derecha favoreció a la derecha, pero no al PDC.

¿Será que los acontecimientos políticos de la realidad boliviana comprueban ese fenómeno? Veamos episodios políticos de Bolivia.

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Corría finales de 1943 y el mayor Gualberto Villarroel, con apoyo de la oficialidad joven y el MNR, derrocaban al gobierno del general Enrique Peñaranda, militar de tendencia conservadora. El nuevo presidente representaba la corriente antiliberal de los oficiales jóvenes como David Toro y Germán Busch. Se inició un gobierno reformista que causó temor a las élites empresariales mineras, que no tardaron en organizar la Concordancia con los restos de los viejos partidos liberales. Por esa época existía el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), que tenía una representación en los medios intelectuales y obreros de más envergadura que el MNR. La Concordancia y el PIR establecieron una alianza y crearon un movimiento opositor que realizó diversas huelgas en las ciudades y finalmente derrocaron al gobierno de Villarroel en actos de barbarie política inéditos en la época. Entre 1946 y 1952, se inició el sexenio de gobiernos conservadores. El PIR terminó como expresión política y ganó la derecha.

El 21 de agosto de 1971 asumió el poder el general Hugo Banzer, con el apoyo del Frente Popular Nacionalista, una alianza entre el MNR y la FSB. Al expresidente Víctor Paz le gustaba decir a sus allegados que esta alianza sería de varios años, porque es como un matrimonio por interés, que son duraderos. Es increíble que un político sagaz, inteligente y de tan vasta experiencia política se equivocara tanto. En 1974 saldría del país exilado y el general Banzer permanecería en el poder.

Se puede abundar en otros ejemplos: la alianza entre el MIR y ADN para viabilizar el gobierno de Jaime Paz en 1989-1994. Después de ese gobierno comenzó un periodo de decadencia del MIR, cerrando su ciclo político como organización partidaria.

Todas estas referencias apuntan a darle una perspectiva a la reciente elección del presidente de la Cámara de Senadores en Bolivia. Es claramente una victoria de la derecha, cuyos intereses van contra los del pueblo trabajador, de la propiedad pública, de asociaciones gremiales, cooperativas y microemprendedores.

Esta victoria en alianza con la derecha tiene el propósito de producir caos en la economía y la inflación es su objeto más deseado, con la cual se afectaría el patrimonio de los pequeños emprendedores (transportistas urbanos, comerciantes de los mercados, productores agrícolas), Lo ocurrido en el Senado es una llamada de atención, la derecha puede volver al poder. Los sectores más lúcidos, organizados y combativos como la COB, la FSTMB, la confederación de campesinos, tienen posturas muy esclarecidas sobre el tema.

Una de las desesperaciones más grandes de los analistas económicos opositores es que a pesar de la actual situación en el mercado de divisas, Bolivia continúa creciendo con inflación controlada, lo que ha echado por tierra sus catastrofistas y fracasadas proyecciones económicas.

Los acontecimientos políticos que vienen a futuro estarán marcados por un enfrentamiento clásico entre derecha e izquierda y no debe perderse esa perspectiva. En esta etapa las organizaciones políticas del pueblo deben tener claridad política con respecto al rumbo estratégico, y desarrollar una movilización popular y combativa cada vez que la situación lo exija.

(*) Jaime Jordán Costantini es doctor en Economía y docente universitario

Hace un tiempo sostuve que el narcotráfico era más un problema de salud pública que de seguridad, tesis sobre la cual sigo convencido. No obstante, también creo que uno de los problemas más persistentes de Bolivia a lo largo de su historia, y en un grado mayor del que sufren otras sociedades subdesarrolladas, es el de su baja densidad estatal y la crónica debilidad de sus instituciones. Algo que la escuela liberal suele atribuir acríticamente a un supuesto déficit de cultura democrática, y que en última instancia nos deriva a posiciones incluso racistas, que sugerirían la inviabilidad de nuestro país por la ascendencia indígena de nuestro pueblo. Desde otro enfoque, sin embargo, resulta natural que una economía subdesarrollada repercuta, de una forma u otra, en una institucionalidad estatal atrofiada, aunque nuestro caso es, admitámoslo, algo vergonzoso.

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Al mismo tiempo, una de las conclusiones más polémicas a las que llega Peter Andreas en su libro cuyo título podría traducirse a Dosis letal: la historia de la guerra en seis drogas, es que el comercio de ciertas sustancias ilegales suele estar más relacionado con la construcción de estatalidad que con su subversión. ¿Cómo puede ser aquello posible? Depende de la experiencia de cada Estado, pero en líneas generales, aquello sucede cuando el Estado logra incrementar su recaudación fiscal gravando no solo la actividad ilícita directamente, sino sus ramas adyacentes (alguna vez fue necesario contar con papel higiénico para producir cocaína), cuando aumenta el tamaño y la eficiencia de su aparato de seguridad, y cuando fortalece su control sobre territorios, fronteras y población, tanto normativa como coercitivamente. Como él mismo admite en una conferencia, pensemos en la famosa tesis de Charles Tilly que sentencia: los Estados hacen la guerra y la guerra hace a los Estados.

El hecho es que el narcotráfico comienza a adquirir cada vez más gravitación no solo en Bolivia sino en casi toda Latinoamérica, con actores no estatales, los emprendedores de lo ilícito (como ironizó perspicazmente nuestro querido Al Azar, respecto al trato que se le dio a Marset en los medios), acumulando cada vez más medios de influencia y coerción que los propios gobiernos, al punto de dejar de ser un problema de salud pública o seguridad, sino de algo todavía peor: legitimidad. Ya es preocupante de por sí que un narcotraficante pueda tener mejores armas que nuestro ejército, y mucho más que los medios de comunicación le permitan intervenir políticamente a través de una entrevista. La hipocresía de quienes acusaban al Gobierno de promover un narco-Estado pero ahora vitorean al fugitivo Marset, no es un problema tan irrelevante como creen algunos, con una tolerancia que ya raya la permisibilidad irresponsable. Sus admiradores son, hasta cierto punto, cómplices del delito de su nuevo ícono.

Ahora bien, aunque el gobierno de Evo Morales impulsó ciertas iniciativas para fortalecer la presencia del Estado a lo largo de su territorio, como la modernización logística de las Fuerzas Armadas o la creación de la Ademaf, debe admitirse que todavía queda mucho por hacer en este sentido, tomando en cuenta que la densidad estatal, como llaman algunos a la capacidad del Estado para tener presencia efectiva en la vida de sus ciudadanos, depende menos de armas y patrullas que de servicios públicos, como saneamiento básico, salud, justicia y educación. Algo se puede hacer, sin embargo, aprovechando la actual coyuntura protagonizada por empresarios clandestinos, y lo diré sin vueltas: comprar mejores armas y equipos de control fronterizo (como drones), cobrar más impuestos a toda actividad sospechosa de coludir con actividades ilícitas y endurecer las leyes, sancionando particularmente toda forma de apología del crimen y mucho más si ésta también llama a la desestabilización de un gobierno constitucionalmente elegido.

Donde manda capitán no manda marinero, principio de autoridad.

(*) Carlos Moldiz Castillo es politólogo