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Friday 1 Mar 2024 | Actualizado a 06:54 AM

Ciudadanías

Farit Rojas

/ 27 de noviembre de 2023 / 09:48

La Constitución Política del Estado (CPE) boliviana de 2009 establece, en su artículo 144, que todos los bolivianos y bolivianas son ciudadanos desde el nacimiento, sin embargo, ejercerán la ciudadanía desde los 18 años. La ciudadanía consiste en concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público y en el derecho a ejercer funciones públicas.

Sin embargo, la ciudadanía, en un Estado plurinacional, tiende también a pluralizarse y, en consecuencia, es posible hablar de ciudadanías. Conforme a lo señalado, en el artículo 11 de la CPE, Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, esta última se ejerce en las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) y consiste en la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios. Entonces, el ejercicio de derechos de ciudadanía para ciudadanos de pueblos indígenas consiste en la práctica de sus normas y procedimientos propios como parte del derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 2 de la CPE.

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Bajo este contexto, las ciudadanías plurales comenzaron a practicarse en 2010, cuando se eligió por primera vez a 23 asambleístas departamentales indígenas a través del ejercicio de sus normas y procedimientos propios: 2 en Chuquisaca, 5 en La Paz, 2 en Cochabamba, 1 en Oruro, 5 en Santa Cruz, 3 en Tarija, 4 en Beni y 1 en Pando. Esta práctica se incrementó en 2015, cuando la cantidad de escaños “especiales” para las autoridades indígenas departamentales subió a 25, puesto que se asignó tres escaños a las NPIOC del departamento de Pando, tras la puesta en vigencia del Estatuto Autonómico Departamental. En este proceso, además, se eligió por primera vez a tres asambleístas regionales indígenas en la autonomía regional del Gran Chaco, en el marco también de la puesta en vigencia de su Estatuto Autonómico

En 2021, además de los 25 escaños para asambleístas departamentales y tres regionales, se asignaron por primera vez en la historia cuatro escaños para concejales indígenas en los municipios de San Lucas en Chuquisaca; Cajuata en La Paz; Yapacaní y El Puente, estos dos últimos en Santa Cruz. Todos ellos fueron elegidos conforme a sus normas y procedimientos propios, es decir, en el ejercicio de los derechos de una ciudadanía plural.

Si bien es aún una parte pequeña de práctica de democracia comunitaria si pensamos que a la fecha existen cinco autonomías indígenas en práctica con estatutos vigentes (Charagua Iyambae, Raqaypampa, Uru Chipaya, Salinas, Kereimba Iyaambae, Jatun Ayllu Yura) existen más de una docena en camino, podríamos decir que las ciudadanías plurales en pocos años se profundizarán.

(*) Farit Rojas es docente investigador de la UMSA

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‘Political questions’

Farit Rojas

/ 19 de febrero de 2024 / 10:15

Si se concibe a la Constitución como una realidad jurídica normativa, solo los tribunales, y en particular el Constitucional, serían los únicos llamados a su aplicación. Pero si se concibe a la Constitución como una realidad que, además de su dimensión estrictamente jurídico normativa, posee una dimensión política, entonces, existen cuestiones políticas que van más allá de la actuación de los tribunales, en particular, más allá de las actuaciones del Tribunal Constitucional y que precisan de la puesta en práctica del principio prudent self restraint (autorrestricción prudente) que inhiba a los tribunales a pronunciarse. Pero, ¿cuándo una cuestión es política y escapa al control de los tribunales?

Para responder esta pregunta, el derecho anglosajón ha desarrollado la doctrina de las political questions, perfilada por la Corte Suprema de EEUU en el caso Baker vs Carr de 1962, bajo los siguientes supuestos: a) si el tema trata de una acción o una tarea o un poder encomendado por la Constitución a otro órgano; b) si para el tema se carece de estándares apropiados en el ámbito jurídico para su resolución; c) si la decisión sobre el tema solo se basa en fundamentos políticos y no judiciales, por carecer de normas jurídicas explícitas que lo permitan; c) si se trata de una decisión que representa una falta de respeto hacia otros poderes constitucionales; d) si se trata de una decisión política ya tomada pero que busca de manera poco usual el apoyo judicial y; e) si se trata de situaciones embarazosas, pues se emiten otros pronunciamientos distintos por otros órganos constitucionales. Si alguno de estos supuestos se cumple, estamos delante de una cuestión política.

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La doctrina de las cuestiones políticas puede resumirse en tres argumentos, el primero señala que es posible que el poder de los tribunales sea menos idóneo que el poder de otros órganos como el legislativo o el ejecutivo; el segundo señala que el tipo de razonamiento político es distinto del razonamiento judicial, pues el primero se basa en la conveniencia y la oportunidad, mientras que el segundo se basa en razonamientos, subsunción, derechos y reglas positivizados que buscan una solución para un caso concreto; y finalmente, el tercer argumento señala que no hay un solo guardián de la Constitución, sino una pluralidad de guardianes, siendo tanto o más valiosos los otros órganos constitucionales conformados de manera democrática, mucho más si se percibe un creciente rechazo de la población a la intervención de los tribunales.

La doctrina de las cuestiones políticas es un claro intento de no politizar (o no hacerlo en extremo) la administración de justicia y la justicia constitucional en particular, revelando que un componente básico de la administración de justicia es la confianza.

(*) Farit Rojas es abogado y filósofo

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Paralaje

Farit Rojas

/ 5 de febrero de 2024 / 10:32

Imaginemos una moneda, la misma tiene dos caras, dos extremos en suma irreconciliables, pero que hacen en sí a un mismo objeto: la moneda. Esta separación irreconciliable es la que está en juego en la idea de paralaje.  

Paralaje refiere al aparente desplazamiento de un objeto, a partir de su deslizamiento de posición sobre un contexto, causado por un cambio en la posición de observación que brinda una nueva posibilidad de visión. Esto quiere decir que sujeto y objeto están inherentemente mediados, están íntimamente relacionados, o, dicho de otro modo, están constituidos el uno por el otro, de modo que un desplazamiento en el punto de vista del sujeto refleja siempre un desplazamiento en el objeto mismo. Como las dos caras de una moneda, por eso podemos hablar de una amabilidad malvada, o de una pureza sucia. Una brecha que presenta dos caras lejanas y antagónicas.

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Una forma sencilla de comprender la idea de paralaje la podemos encontrar en la idea de lo plurinacional. Hay una manera de comprender lo plurinacional desde la teoría política desarrollada por pensadores occidentales como Will Kymlicka o Miguel Caminal, y otra manera compleja pensada por las organizaciones sociales indígenas y campesinas, como la tesis de la CSUTCB de 1983. Entre lo plurinacional de Miguel Caminal y lo plurinacional de la tesis de la CSTUCB hay un abismo, una brecha irreconciliable, pues no hay, a primera vista, ningún territorio o dominio compartido entre Caminal y la CSTUCB, aunque ambos traten una misma cosa. El Estado Plurinacional de Caminal es tan distante del Estado Plurinacional de la CSTUCB, pero —y éste es el dato interesante— en algún momento ambos concurren, se relacionan y se tensionan.  

Para Caminal, lo plurinacional es una manera de gestionar el flujo de poder entre iguales. El Estado plurinacional de Caminal proviene del modelo westphaliano, de una soberanía interna y externa, y que se encontraría en transformación por el arribo de la integración europea, pero que no posee ningún conflicto civilizatorio de fondo. En el segundo caso, en el de la tesis de la CSUTCB, lo que se está discutiendo es un modelo civilizatorio y culturalmente distinto, atravesado por una herida colonial y, en consecuencia, buscando una enunciación compleja de Estado Plurinacional. Para los indígenas de la CSUTCB este Estado no es parecido a ningún otro Estado moderno europeo.

Pero, decíamos que en algún momento ambas enunciaciones concurren, se relacionan, no de manera absoluta, continua o definitiva, sino de manera intermitente, porosa y de constante retorno.

El Estado plurinacional en Bolivia es lo moderno como alternativa a la modernidad, lo que se construye para el futuro pero que viene del pasado. Este 7 de febrero la Constitución cumple 15 años de construcción en paralaje.

(*) Farit Rojas es abogado y filósofo

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Idiomas oficiales

Farit Rojas

/ 22 de enero de 2024 / 07:30

Bolivia, en tanto país con pluralismo lingüístico, reconoce 37 idiomas oficiales, el castellano y los 36 idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.

Esta enumeración se encuentra en el artículo 5 de la CPE, que establece que el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben usar al menos dos idiomas oficiales, siendo uno de ellos el castellano. Asimismo, el artículo 234, en su numeral 7, señala como uno de los requisitos para el acceso a la función pública hablar al menos dos idiomas oficiales. Además, la disposición transitoria décima señala que este requisito —de hablar al menos dos idiomas oficiales para el desempeño de funciones públicas— será progresivo.

Muchas veces se pretende encontrar en el artículo 5 de la CPE, que enumera los idiomas oficiales de Bolivia, el número de pueblos indígenas que existirían en Bolivia; al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) realizó la siguiente aclaración en su sentencia SCP-0007/2019, del 13 de febrero de 2019: «De acuerdo a los datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre el Censo de Población y Vivienda del 2012, dio como resultado del ejercicio del derecho a la autoidentificación cultural, del total de declaraciones de pertenencia a Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinas (NPIOC), se tiene un número de ciento veintidós pertenencias culturales declaradas, datos que todavía no fueron analizados cualitativamente por las instituciones competentes a fin de determinar el número de identidades culturales existentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, la cifra nos da una idea de la gran diversidad cultural que existe, más allá de las treinta y seis naciones o culturas que se asumen de una errada lectura del art. 5 de la CPE, puesto que, la citada disposición constitucional refiere a los idiomas oficiales y no así al número de naciones en el Estado» (sic).

De acuerdo con el TCP, tampoco se puede aseverar que sean 122 naciones y pueblos indígenas, sino que solo se trata del dato que el INE habría dado para el Censo de 2012. Pero la certeza que nos da el TCP es que el artículo 5 no trata del número de naciones, sino de idiomas que se hablan en Bolivia, y muchos de estos idiomas se extienden por toda Latinoamérica; así existen muchas naciones y pueblos indígenas que hablan el quechua, pero que tienen otro etnónimo.

Farit rojas T. es docente investigador de la UMSA.

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‘Obiter dicta’

Farit Rojas

/ 8 de enero de 2024 / 10:40

Los elementos básicos de una sentencia constitucional son tres: la ratio decidendi, la obiter dictum y el decisum. Como son términos en latín podemos traducirlos a la razón para la decisión, lo dicho sea de paso y la decisión. Su origen se encuentra en la doctrina del derecho anglosajón denominado stare decis et non quieta moveré, que se traduce como estar a lo decidido y no mover lo ya establecido, lógicamente se refiere a estar a lo decidido por los tribunales como el tribunal constitucional, es decir, a los criterios, razonamientos e interpretaciones que emiten los tribunales para resolver casos concretos, los cuales constituyen jurisprudencia constitucional de obligatoria observancia por todos, en particular por los órganos de poder del Estado a momento de aplicar la Constitución.

La ratio decidendi está directamente relacionada con el decisum, pues se trata de las razones explicadas en detalle que llevan a tomar la decisión, en éstas se encuentran las reglas y razonamientos aplicados por el tribunal y son considerados por la doctrina constitucional como fuente primaria de derecho para casos posteriores, pues se trata del principio que los tribunales deben honrar en sus decisiones previas como precedente vinculante (stare decis). Se los identifica a partir de la decisión, pues son los argumentos indispensables e insustituibles que llevan al decisum.

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Otra consideración poseen los llamados obiter dicta —plural de obiter dictum— que son los razonamientos y afirmaciones que no forman parte del proceso de formación interna de la decisión. Se los llama también argumentos doctrinales ex abundantia o ad pompam vel ostentationem, es decir, dichos para pompa y ostentación, pero que no se relacionan con el caso en cuestión. Generalmente se los identifica porque no constituyen la ratio decidendi, es decir, son cosas dichas de paso o de manera gratuita o incidentalmente y que no se relacionan con el asunto jurídico que se está resolviendo y, por ello, no poseen relación directa con la decisión. No son estrictamente relevantes para la resolución del caso, siendo posible su omisión pues no le restan fuerza persuasiva a la sentencia.

Los obiter dicta no son vinculantes para casos posteriores pero sí revelan las intenciones del juzgador que, si se dan determinadas situaciones, estos argumentos y razonamientos podrían, o no, ser tomados en consideración, pero como no lo son en el caso presente, son solo cosas dichas de paso.

El artículo 203 de la Constitución Política del Estado boliviana señala que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y siguiendo la doctrina constitucional este artículo se refiere a la vinculatoriedad de la ratio decidendi y en particular del decisum.

(*) Farit Rojas es docente investigador de la UMSA

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Sobre la reforma judicial

Farit Rojas

/ 11 de diciembre de 2023 / 07:26

Una pieza central en la administración de justicia es la confianza, si la ciudadanía no confía en las instituciones de administración de justicia, no confía en quienes trabajan en estas instituciones, ningún intento de reforma judicial será idóneo, y éste es un conflicto que puede encararse como un problema no de legalidad sino de legitimidad, es decir no solo jurídico sino y ante todo político.

Entendamos por legalidad a aquello relacionado o conforme a la ley en su aspecto formal, y por legitimidad a aquel consenso voluntario para aceptar la autoridad y la ley. Cuando decimos que la crisis no es de legalidad sino de legitimidad queremos decir que no se trata de cuantas reformas a las leyes se realicen o de cuantas sentencias interpretativas de la Constitución y de la ley se den a conocer, sino que el problema de fondo radica en que está ausente ese consenso voluntario para aceptar la ley o para aceptar la sentencia o la declaración constitucional que interprete la norma, es decir, está ausente la confianza en las instituciones de justicia.

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Una crisis que golpea la legitimidad no puede resolverse exclusivamente en el plano del derecho y, en consecuencia, no es un problema que convoque únicamente a juristas. En casos de crisis de legitimidad y confianza el derecho pierde su contacto con la realidad y empieza a experimentar un exceso de legalidad en lo formal. Es decir, que a menor legitimidad mayor cantidad de propuestas de reformas y también mayor desesperación por llevar estas reformas a cabo.

Giorgio Agamben decía que “el intento de la modernidad de hacer coincidir legalidad y legitimidad, buscando asegurar por el derecho positivo la legitimidad de un poder, es —como resulta del indetenible proceso de decadencia en el que han entrado nuestras instituciones democráticas— absolutamente insuficiente”. Entonces, un programa de reforma de la justicia no debe concentrarse únicamente en desarrollar más leyes o en esperar una sentencia del tribunal constitucional, sino que debe partir con un balance de lo que es necesario para que las instituciones de justicia sean legítimas, independientes y aspiren a realizar la justicia. Es decir, un sinceramiento de la justicia que se quiere. Y este no es un problema jurídico. Es más, el razonamiento jurídico, en particular el positivista, lleva a proponer más leyes y más reformas, pretendiendo que el problema es de papel.

La crisis de legitimidad es en el fondo un asunto político que tiene que ver con el uso que se hizo de las instituciones de justicia en el pasado inmediato y el que se quiere hacer hoy. Recuperar la confianza precisa de la participación de toda la comunidad política para encontrar un camino de soluciones a corto y a largo plazo que postulen una reforma judicial responsable.

(*) Farit Rojas es docente investigador de la UMSA

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