En estos últimos días se observaron filas de vehículos en distintas estaciones de servicio de combustibles líquidos (más conocidos como surtidores), ante lo cual se comenzó a hablar sobre un desabastecimiento de diésel y gasolina. Autoridades gubernamentales atribuyeron este suceso a especulaciones, por otro lado, analistas retomaron el debate sobre esta medida y las acciones que se deberían realizar.

La idea de eliminar la subvención al diésel y la gasolina comenzó a tomar fuerza en redes sociales, algunos analistas propusieron también focalizarla, es decir, que solo sea para vehículos destinados a actividades productivas, transporte público y/o personas con escasos recursos. De esta forma se garantizaría la sostenibilidad de las finanzas públicas y no generaría distorsiones en el mercado, pero, ¿es el mejor camino?

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La subvención permite que en Bolivia paguemos Bs 3,72 por el litro de diésel y Bs 3,74 por el litro de gasolina. En un escenario extremo donde se elimine la subvención pagaríamos Bs 8,88 por el diésel y Bs 8,68 por la gasolina, de acuerdo con la información a noviembre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). ¿Estaríamos dispuestos a pagar estos precios?

Eliminar la subvención provocaría un incremento generalizado de precios, porque afectaría directamente a los costos de producción y del servicio de transporte. El productor (o empresario) tendrá que destinar una mayor cantidad de dinero para la compra de diésel para su maquinaria, lo mismo sucede con el servicio de transporte pesado, porque de igual manera estos vehículos necesitan diésel para su funcionamiento. Por otro lado, los choferes que se dedican al transporte público en áreas rurales y urbanas, gastarán más en la compra de gasolina. Estos aumentos en los gastos de estos sectores se replicarían, en menor o mayor magnitud, en otras actividades.

En la gestión 2010, en el gobierno de Evo Morales, se eliminó la subvención de algunos combustibles. Esta medida generó disconformidad de diferentes sectores, y por ello se tuvieron numerosas manifestaciones y movilizaciones de la población boliviana que exigía retroceder al gobierno en su decisión. Después de varios días de conflictos, las autoridades dieron un paso atrás y la subvención continuaría.

Ahora, imaginemos que el Gobierno de turno decide eliminar totalmente, o parcialmente, la subvención, ¿se aceptará la medida? Entonces, ¿qué se debe hacer? La solución no es sencilla, quitar la subvención puede ser el camino fácil para mejorar las finanzas públicas, pero es pertinente considerar el efecto que tendría sobre la población, principalmente para aquellas familias y personas de escasos recursos.

La política del Gobierno apuesta por la sustitución de importaciones, en este caso los combustibles, para lo cual se están ejecutando las plantas de biodiésel y la producción de etanol. Dos plantas de biodiésel (en Santa Cruz y La Paz) cuentan con tecnología FAME (biocombustible elaborado a través de la transesterificación de aceites vegetales) y una (en Santa Cruz) con tecnología HVO (de vegetal hidrotratado), con las cuales se espera cubrir la demanda interna. Por otro lado, el etanol comenzó a utilizarse como un complemento a la gasolina, para reducir los volúmenes de importación.

Esta política (sustitución de importaciones) es gradual considerando que, a partir del inicio de operaciones de las plantas, se espera que la producción de biodiésel se incremente progresivamente y así ir reduciendo paulatinamente las importaciones. Es también por esta razón que para la siguiente gestión continuará la subvención a los combustibles, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto General del Estado 2024 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para garantizar la estabilidad de precios en el territorio boliviano.

Las propuestas de un eventual cambio en la política (reducción parcial o eliminación total) deben ser evaluadas responsablemente y considerar el impacto social. Sin embargo, tomando en cuenta lo sucedido en 2010 y el efecto que podría tener, ¿debemos eliminar la subvención?

(*) Iván Machicado Quiroga es economista