Algunos de los hechos más destacados de este año fueron la desaparición de los dólares del sistema financiero y las colas temporales para la compra de combustibles. Ambos están vinculados por un mismo fenómeno: la formación de mercados negros.
Un mercado negro es un mercado no regulado. Se lo denomina con esa tonalidad debido a la naturaleza poco transparente y clandestina de sus transacciones. Se lo puede diferenciar de los mercados grises, donde no todas las transacciones están al margen de la legalidad o la institucionalidad vigente. Su aparición está estrechamente asociada a la escasez relativa de los bienes, cuando existen distorsiones de precios que incentivan a comprar y vender más allá del precio que equilibra el mercado formal, oficial o regulado.
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Si un producto es difícil de adquirir, los consumidores le otorgarán un mayor valor para poseerlo. La mayor disposición a pagar de unos, incentiva a que otros con menor costo de oportunidad —como el tiempo para hacer fila— lo acumulen en grandes cantidades —muy por encima de sus propias necesidades—, para luego revenderlo a un precio más alto. Estos nuevos oferentes son en realidad especuladores que llegan a conformar el mercado paralelo.
Cuando el BCB dejó de proveer dólares al sistema financiero con la misma regularidad que lo hacía —antes del ataque especulativo de febrero—, el mercado paralelo se encargó de suplir esta función, pero lo hizo a un precio más alto. El aumento del tipo de cambio informal refleja la escasez relativa, más no absoluta de la divisa estadounidense. Ello quiere decir que los dólares aún continúan circulando en la economía nacional, pero lo hacen a un costo alternativo más alto.
El hecho que las transacciones domésticas y financieras se realicen mayoritariamente en bolivianos y no en dólares —fenómeno conocido como bolivianización— evitó que la demanda transaccional de dólares sea una fuente adicional de presiones cambiarias. En cambio, la sobredemanda especulativa de dólares fue contenida, pero a un costo alto que derivó en la monetización del oro de las reservas. Ello contribuyó a contener la estabilidad cambiaria y que el dólar paralelo no se aleje a más de 10% del oficial durante el año.
Del otro lado está el mercado negro de combustibles, que tiene su propia estructura. A diferencia del dólar, la provisión de combustibles está monopolizada por el Estado a través de YPFB, que tiene control sobre toda la cadena. Una buena parte de la demanda también está concentrada en grandes consumidores —con un gran poder económico y de movilización—, organizados en gremios de transportistas, asociaciones de agroindustriales y cooperativas mineras legales e ilegales.
Por sorprendente que parezca, la aparición de este segundo mercado contribuyó a disminuir el contrabando de combustibles. Al incrementarse el precio interno no regulado, se redujeron los incentivos de algunos especuladores para reexportarlos. En su lugar, el contrabando de exportación fue desplazado por el mercado negro interno que provee a una parte de los grandes consumidores. Resultado: el costo de la subvención tendría que disminuir.
La regulación de precios también tiene sus límites porque distorsiona los precios relativos. Hace 10 años, un litro de gasolina valía 14% más que un litro de Coca Cola. Hoy la relación se ha invertido y una Coca Cola es 20% más cara que la gasolina. Revertir esta situación no quiere decir que se desregule de golpe los precios de la economía, como está ocurriendo en Argentina, porque elevaría los precios de toda la economía, generando un gran costo social.
La formación de mercados negros es consecuencia de que el Estado ha perdido su capacidad de fijar precios en mercados estratégicos. Si bien el Gobierno continuará definiendo la estabilidad del tipo de cambio oficial, ha cedido al mercado la iniciativa para que éste lo fije en el paralelo. En el mercado de combustibles la situación es parecida.
Para recuperar su rol regulador, debe incrementar la oferta de bienes. Esta acción se traduce en revertir la tendencia negativa de caída de reservas de gas y divisas, que no es una cuestión de cortísimo plazo. Frente a este dilema sobre política, una acción racional es financiar la política con un mayor endeudamiento externo. Afortunadamente, Bolivia cuenta con un amplio espacio fiscal para hacerlo. La pregunta es: ¿lo hará?
(*) Omar Velasco Portillo es economista