Retrospectivamente, de la nacionalización se ve solo la fecha, el acto, es decir, el acontecimiento, todo el proceso que representó la síntesis de ese momento queda registrado en la fotografía; si no se alimenta generacionalmente la memoria, el proceso se disuelve y el hecho histórico se convierte en intrascendente.
A casi 17 años del 1 de mayo de 2006, para la última generación de votantes es solo referencia, pero para la generación que nos tocó ser parte del proceso y estar en el momento, es nuestra identidad indefinida en el tiempo, pero no necesariamente es nuestro presente, ese dilema muchas veces representa el extravío histórico.
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La resistencia a la privatización y la capitalización fue derrotada, los sindicatos de asalariados redujeron su lucha a defender algunos derechos o la fuente laboral, la propiedad de la empresa estatal dejó de ser lo sustantivo, se impuso el neoliberalismo.
El enfrentamiento contra la empresa y el Estado, en ese orden, implicó para la subjetividad inicialmente minera un reencuentro con la patria, eso fue la masacre de Navidad en 1996, en Amayapampa (norte de Potosí), ese hecho criminal fue la manifestación fáctica de la importancia y el privilegio que tiene una empresa multinacional sobre el derecho al trabajo y a la vida del pueblo. La sangre minera no se regó en la masacre, sino empezó a sembrar el sentido de propiedad en el pueblo sobre los recursos naturales.
La “guerra del agua”, que en los hechos fue la guerra por el derecho al agua en Cochabamba, en 2000, fue el triunfo del pueblo sobre el gobierno y el parlamento, sobre su aparato represivo, porque se derrotó al estado de sitio y se expulsó a la multinacional. No solo se impidió la privatización del agua, sino el agua se constituyó en “derecho humano” y la fuente de los sistemas de vida (humana, animal y vegetal); el agua es parte de la Madre Tierra y no puede ser lucro privado.
Las marchas campesinas y cocaleras por “tierra, territorio, coca y soberanía” sintetizan en la frase una ruptura con el republicanismo capitalista servil, tiene la dimensión de expresar y sentirse legítimamente como un pueblo propietario y no inquilino de su patria.
La movilización urbana, barrial, sindical aymara de El Alto en octubre de 2003, clausuró el neoliberalismo como estatalidad y la nacionalización se constituyó en el factor identitario de la política desde lo nacional popular.
La nacionalización es un proceso que se construye como fuerza moral, como revolución intelectual, como interpelación al sentido de ejercer el poder; es el tiempo de la rebeldía contra el orden impuesto violentamente como normalidad institucional, la nacionalización está más allá de la recuperación de la propiedad, es reconstruir en el ideal colectivo de la movilización la condición de ser “el” sujeto soberano como pueblo, de ahí se vierte la sabia y la energía que escriben activamente la historia.
En las elecciones nacionales de 2002, políticamente el pueblo tiene su expresión electoral a través de indígenas anticoloniales y antimperialistas: El Mallku y Evo; en 2005 concurrimos a los comicios dejando de ser alternativa electoral para constituirnos en opción de gobierno; el triunfo democrático no es un resultado electoral, es la manifestación democrática del pueblo reconstituido en sujeto soberano que decide y que ya no delega su representación a la partidocracia de derecha.
La diferencia con las otras nacionalizaciones: en la revolución de 1952, Paz Estenssoro y el MNR no decidieron la nacionalización de la minería y la reforma agraria, estas decisiones fueron impuestas por obreros y campesinos; el general Ovando nacionalizó el petróleo en 1969 para diferenciarse del general Barrientos y por la influencia de Marcelo Quiroga Santa Cruz; el general JJ Torres nacionalizó en 1971 la mina Matilde, el día que se anunció el surgimiento de la Asamblea Popular. La nacionalización es la razón de su tiempo, para trascender tiene que materializarse; el valor social, político e histórico está en su origen y destino, y en el liderazgo que posibilita los alcances de su realización.
La nacionalización de 2006 se materializó en el tiempo constituyente, ello implica que su dimensión está más allá de la recuperación de la propiedad, no está dentro la lógica del capitalismo de Estado para apropiarnos solo del excedente, está inscrito dentro la refundación del Estado, a El Alto constituido como sujeto político de incidencia nacional, a lo indígena popular como el actor hegemónico del poder, a los recursos naturales como fuente de soberanía nacional, nuestra nacionalización es trascendental en su dimensión práctica anticapitalista y anticolonial.
Ese es el sentido de nuestra nacionalización como proceso, es un presente que tiene historia y horizonte, es el valor moral, político, social de la estatalidad y hegemonía plurinacional.
(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda