En un escenario económico global caracterizado por la volatilidad de los precios del petróleo, Bolivia ha adoptado una estrategia crucial al mantener la subvención a los carburantes. Este compromiso se ha vuelto aún más relevante al observar la evolución del precio del barril de petróleo a lo largo de los años.
En 2005, el precio promedio del barril de petróleo era de aproximadamente $us 57. En 2023, en un contexto cambiante, el precio del barril ha superado los $us 75. Esta variabilidad demuestra la importancia de la subvención para preservar la estabilidad económica interna de Bolivia, actuando como un amortiguador esencial para proteger a la población de las consecuencias negativas de los cambios bruscos en el mercado.
La subvención a los carburantes desempeña un papel crucial en aliviar la carga económica sobre la población, especialmente a los sectores de bajos ingresos; ésta permite mantener precios asequibles para los combustibles, lo que tiene un impacto directo en el costo de vida, garantizando la accesibilidad a servicios esenciales.
Este impacto se refleja claramente en la tasa de inflación instalada en el país, un indicador clave que evidencia la eficacia de las políticas gubernamentales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta noviembre de 2023 la tasa de inflación acumulada alcanzó un modesto 1,48%, en marcado contraste con las cifras de 3,10% y 4,50% registradas en las naciones vecinas de Perú y Brasil, respectivamente. Pero, ¿qué significa esa cifra para los bolivianos?
La subvención a los carburantes ha respaldado la actividad económica interna al reducir los costos de producción y transporte, fomentando un entorno empresarial saludable y sostenible, que por varios años se ha visto traducido en precios más estables tanto en bienes como en servicios para la población en general.
A pesar de las preocupaciones planteadas por algunos críticos sobre el impacto de la subvención en las finanzas públicas, es esencial reconocer que los beneficios sociales y económicos a largo plazo superan estos desafíos. Un ejemplo de este equilibrio se evidencia en la situación de Bolivia, donde, según datos de la CEPAL, en 2020 el diésel se cotizaba a $us 0,542 por litro, considerablemente más bajo que en países vecinos como Perú ($us 0,888) y Brasil ($us 0,669). En 2022, cuando el precio del barril de petróleo alcanzó un promedio anual de $us 95, Bolivia mantuvo el precio del diésel en $us 0,542, mientras que en Perú aumentó a $us 1,149 y en Brasil a $us 1,258. Este enfoque estratégico no solo demuestra la capacidad de la subvención para mitigar los efectos de la volatilidad del mercado petrolero, sino que también resalta la importancia de la inversión gubernamental en el bienestar de la población y la estabilidad económica como una prioridad estratégica irrenunciable.
La subvención a los carburantes en Bolivia no solo alivia la presión financiera sobre los ciudadanos, sino que también respaldan el crecimiento económico y la estabilidad apoyando el aparato productivo y creando así un fundamento sólido para el desarrollo sostenible. En este contexto, mantener esta política se presenta como una decisión prudente y necesaria para salvaguardar el bienestar de la población.
Viviana Maldonado es economista.