Haciendo un análisis crítico de la gestión 2023, es increíble cómo varios miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) antepusieron sus intereses políticos a las necesidades del pueblo al bloquear y sabotear proyectos de ley importantes para mantener la estabilidad económica del país.
En el primer trimestre, el ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sectores de la oposición se contrapusieron a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. Alegaron que el Gobierno pretendía gastar las reservas para satisfacer la demanda de dólares, lo que desató un fuerte conflicto, que se suscitó a pesar de que la esencia de dicha norma era reforzar las reservas internacionales mediante la adquisición de, al menos, el 10% de todas las exportaciones anuales.
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El sabotaje a la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado es otro claro ejemplo de obstaculización legislativa. Enviado en agosto, este crucial proyecto fue finalmente aprobado en noviembre, dejando en espera Bs 6.455 millones destinados a gobiernos municipales, universidades públicas y gobiernos departamentales durante ese periodo. No obstante, más allá de la dilación, las disposiciones adicionales del PGE reformulado, establecidas para desburocratizar las modificaciones presupuestarias de las gobernaciones y municipios, ampliar el Fondo al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, regular las empresas de tecnología financiera y coadyuvar en la lucha contra las ganancias ilícitas, fueron objeto de críticas y observaciones, a pesar de su innegable beneficio para el país.
Finalmente, la «joya de la corona» en este lamentable episodio fue el tratamiento y la aprobación del PGE 2024. A pesar de haber sido enviado en octubre, su debate tuvo lugar recién durante diciembre de 2023, con plena conciencia de que el 22 de diciembre marcaba el inicio del receso legislativo. Este proceso estuvo marcado por observaciones tanto del bloque radical del oficialismo como de la oposición. Paradójicamente, el PGE 2024 se encuentra aprobado y en vigencia, pero no gracias a la voluntad de los asambleístas de la ALP, sino a la Constitución Política que establece que la ALP tiene un plazo de 60 días para aprobar el proyecto del PGE, y superado este periodo se considera aprobado. La aprobación de este presupuesto implica la asignación de Bs 65.558 millones a diversas instancias, fortaleciendo áreas como el sector productivo, educación, salud, seguridad social y cultura, entre otros.
Por todo ello, con un anhelo ferviente, esperemos en que este año los miembros de la ALP reconsideren sus perspectivas y asuman un compromiso más enérgico para impulsar el crecimiento y desarrollo de la nación. Resulta imperativo dejar atrás actitudes que, lamentablemente, no solo obstaculizan este proceso, sino que también perjudican de manera directa a los ciudadanos. Exigimos un cambio tangible y urgente que refleje el compromiso real con el bienestar de la sociedad.
(*) Ariana Quiroz es economista