Si en algún momento Santa Cruz significó una opción de poder que hiciera frente al Gobierno nacional y cuyo liderazgo terminó incluso derrocando a uno, fue no solo debido a su deseo legítimo de desligarse del centralismo bajo el cual aún sigue planteado nuestro Estado Plurinacional, sino más bien con base en su institucionalidad regional. A reserva de que ésta se ha caracterizado por continuamente enarbolar un discurso conservador que le ha dado lucha cada vez que puede a la ampliación de derechos humanos que se batalla por asentar en el territorio nacional, lo cierto es que no se puede negar que se trata de un conglomerado de instituciones que tienen alta legitimidad en ese territorio y que constituyen la base material sobre la cual han podido plantear como alternativa su forma de ver y entender el país y el Estado desde Santa Cruz.
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Hoy, esta institucionalidad muestra sus heridas de cara al país. Y si bien se puede señalar que la misma está detonada por otra institucionalidad externa que se ha dedicado a presionar hasta el límite los mínimos institucionales sobre los cuales flota el Estado, no deja de ser cierto que la política regional, ante esta situación adversa para su institucionalidad, ha demostrado no tener la voluntad de usar la política como herramienta de diálogo y consenso interno y, por el contrario, está develando de cara al país las múltiples fisuras sobre las cuales se han erigido los actuales liderazgos cruceños.
Algo simultáneo ocurre en la pugna por el liderazgo dentro del Movimiento Al Socialismo. En ambos casos, lo cierto es que el anómalo trasfondo que alimenta estos conflictos es compartido y deviene de la ilegítima autoprórroga de las máximas autoridades del Poder Judicial y las resoluciones que le han regalado al país a horas de fenecer su mandato legal que concluyó junto con el año 2023.
En el fondo, ambos conflictos que están dominando la coyuntura nacional en este momento, provienen del desnaturalizado escenario institucional del Estado que se está generando debido a que el Parlamento nacional no pudo encontrar una salida política para la pendiente elección de autoridades judiciales. Desde entonces, que fue cuando la política nacional fue no solo vencida, sino luego reemplazada por fallos judiciales, todo lo que se viene para adelante se puede leer en clave de reemplazo de política por fallos judiciales. Podría tratarse de lawfare (guerra jurídica), pero está dando acelerados y peligrosos pasos hacia adelante para convertirse, en los hechos, en un escenario gobernado por las acciones de los jueces, como ya se ha ido viendo.
El inicio de esta segunda semana del año ha dado cuenta de que no existe ninguna voluntad de rectificación de este peligroso escenario que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha delineado y que el país entero ha repudiado: elección de una presidencia, designación de vocales para tribunales departamentales y respuestas a acciones de enmienda y complementación dan clara muestra de que no solo no existe voluntad de retroceso, sino además existe prisa de ejecución cuando de acciones vinculadas a la política se trata.
El nivel de deslegitimidad y desorden institucional que estas acciones están produciendo, sumado a la falta de generosidad y práctica política para encararlos de manera decidida desde las instituciones legitimadas por el voto popular, augura para el país un 2024 en el que si de nuestros liderazgos y autoridades depende, pareciera que estamos destinados a profundizar a niveles impensados la crisis múltiple que enfrentamos en 2019 y que habíamos, con el voto, solicitado ir solucionando y no así profundizando.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka