Y como es de conocimiento, Bolivia recorrió un camino de transformación desde la creación del Estado Plurinacional. Este proyecto nació con el propósito de desmontar las estructuras coloniales que durante décadas afectaron a los sectores más vulnerables. La “revolución democrática y cultural”, que comenzó en 2006 con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), buscaba desafiar el modelo neoliberal y construir una sociedad con justicia social, basada en los saberes ancestrales y el respeto por los recursos naturales.

Un aspecto importante de conocer es que el país enfrentó diversas crisis a lo largo de los años, desde la interrupción del orden constitucional en 2019 hasta la pandemia del COVID-19 y los conflictos internacionales. Sin embargo, el MESCP demostró estar vigente, superando los obstáculos tanto externos como internos. Como resultado, la economía mantuvo un crecimiento sostenido, alcanzando un 2,3% al tercer trimestre de 2023. Además, se mantuvo la estabilidad de precios, cerrando 2023 con una inflación del 2,1%, constituyéndose como la segunda más baja de la región.

Lo cierto es que dicho desempeño contribuyó en la reconstrucción del país, reduciendo la tasa de desocupación y disminuyendo la pobreza al 36,37% en 2023. El compromiso del Gobierno con el bienestar de los más vulnerables se refleja en las acciones implementadas desde 2020. Asimismo, la industrialización es en una pieza fundamental para generar empleo e ingresos, tanto en las ciudades como en el área rural. La estrategia de sustitución de importaciones busca fortalecer la posición del país, y también mejorar nuestras condiciones en un contexto de cambios globales. En ese sentido, las inversiones en biodiésel, diésel ecológico y otras áreas contribuirán a reducir la dependencia de productos extranjeros en más de $us 1.300 millones anuales, beneficiando a los productores nacionales.

En momentos de dificultad, es importante recordar que la solución no radica en las recetas neoliberales, sino en profundizar nuestro modelo actual. La inversión productiva se presenta como el camino ideal para garantizar la estabilidad del país y, aunque enfrentamos desafíos y amenazas globales, es evidente que el país no se encuentra en crisis y que el MESCP continúa vigente, contrariamente a lo que algunos analistas con un enfoque político argumentan, ya que tienen la intención de debilitar la democracia y el modelo económico.

Y otro aspecto fundamental es reflexionar sobre el escenario global, marcado por conflictos y crisis medioambientales, representando desafíos significativos. Sin embargo, el Gobierno se mantiene firme en sus principios, rechazando medidas neoliberales y garantizando la soberanía sobre los recursos naturales. En ese sentido, se destaca la subvención como una forma de redistribución de los recursos, por lo que se continuará tomando acciones para prevenir el aprovechamiento ilegal de estas medidas de apoyo.

Sin embargo, es primordial llamar a la unidad y destacar la importancia de aprender de nuestra historia para así, evitar los errores del pasado. Además, considerando las acciones implementadas en el marco del MESCP, se espera una Bolivia próspera a futuro, enfocada en la cosecha de los frutos de las inversiones realizadas, reafirmando el compromiso con la construcción del Estado Plurinacional.

Indudablemente, se puede afirmar que Bolivia está experimentando un momento crucial en su historia, dado que mientras nos enfrentamos a los desafíos globales y nacionales, transitamos a la etapa de la industrialización con sustitución de importaciones en el marco del MESCP. En ese entendido, la apuesta por la industrialización, la sustitución de importaciones y la inclusión de todos los sectores de la sociedad son elementos clave en este camino hacia un futuro próspero y con justicia social.

Angel Surco Chuquimia es economista

Recientemente, algunos supuestos analistas económicos demostraron una vez más desconocer la metodología internacional de las cuentas nacionales y las finanzas públicas para el cálculo correcto de la contabilidad de la deuda pública. Es decir, se afirma equivocadamente que la deuda pública, hasta agosto, alcanza al 99% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto otros supuestos analistas aseguraron que ésta ronda entre el 70% y 80% del PIB.

Estos personajes parten de un cálculo errado denominado “doble contabilización” al sumar obligaciones del sector público con acreedores privados más las obligaciones que existen entre entidades públicas (cifras agregadas), es decir, la deuda del Tesoro General de la Nación (TGN) más la deuda de las empresas públicas con el Banco Central de Bolivia (BCB), y olvidan que estas últimas deudas se constituyen en un activo para el BCB (y a la vez un pasivo para el TGN y las empresas públicas) al interior de la cobertura pública.

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Esta falta de criterio técnico demuestra una vez más que no existe ningún tipo de investigación —como ellos afirman—, dado que su intención no es informar a la población, sino al contrario, confundirla y lanzar cifras equivocadas con intenciones políticas antes que académicas.

También es importante señalar que para conocer las cifras de la deuda pública en Bolivia no es necesario realizar una investigación profunda, dado que la información tanto de la deuda pública externa, la deuda pública interna como su consolidación son publicadas de forma recurrente por instancias como el BCB y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En efecto, para realizar un cálculo correcto se debe recordar el concepto de la “consolidación”, que se refiere a medir únicamente los flujos o saldos de las unidades que conforman la consolidación (sector público) frente a las instituciones fuera de dicha cobertura (sector privado). Así, la deuda pública total se ubica alrededor del 46% del PIB, y se encuentra en un nivel sostenible y por debajo de los umbrales internacionalmente aceptados como el Tratado de Maastricht (60%).

Otro “analista” señaló equivocadamente que existe un problema estructural de la deuda pública, la cual afecta al déficit fiscal, olvidando que este último indicador disminuyó gradualmente de 12,7% del PIB en 2020 (durante el gobierno transitorio) a 9,3% en 2021 y a 7,1% en 2022, atribuido a los mayores ingresos tributarios ante un mayor dinamismo de la actividad económica y control del gasto, a pesar que en 2022 los gastos destinados a las subvenciones se incrementaron significativamente.

Pese a esto último, el balance fiscal corriente mostró una recuperación favorable, dado que después de alcanzar la cifra más elevada de la historia de -6,1% del PIB (2020), ésta fue descendiendo paulatinamente a -1,8% en 2021 y a -0,2% en 2022, en medio de un contexto internacional desfavorable.

Por otro lado, es de conocimiento que el reciente endeudamiento público fue destinado principalmente a la inversión pública, que se traduce en un mayor número de obras en áreas de infraestructura, productivo y sociales a fin de atender a las demandas sociales de las diferentes regiones del país, como ser caminos, puentes, instalaciones de gas domiciliario, construcción de unidades educativas, de hospitales, de sistemas de riego, alcantarillado y varios proyectos productivos, entre otros.

Hoy en día, muchas regiones necesitan de estas obras; sin embargo, extraña que algunos asambleístas de las cámaras de Diputados y de Senadores desconozcan esto y limiten la aprobación de créditos externos con fines políticos, lo que afecta el avance de varios proyectos que son en beneficio de las regiones que ellos mismos representan.

(*) Angel Rafael Surco Chuquimia es economista

La educación y la salud son pilares fundamentales en el desarrollo económico de cualquier país, dado que también se constituyen en importantes elementos en el bienestar de la población. En ese entendido, en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado (CPE) se establece los fines y funciones esenciales del Estado, destacando, entre ellos, garantizar el acceso a la educación y a la salud, por lo que existe un compromiso constitucional de parte del Estado en estos sectores.

En cumplimiento a este compromiso constitucional, el Gobierno priorizó la asignación de recursos hacia esos sectores, lo cual se ve reflejado en el Presupuesto General del Estado (PGE). En lo que corresponde al sector de educación, el presupuesto destinado pasó del 10% (Bs 21.414 millones) del PGE consolidado en 2019 a un 10,8% (Bs 26.347 millones) para 2023. Estos recursos fueron direccionados a mejorar la remuneración de los maestros dentro del sistema fiscal, al mejoramiento de la infraestructura educativa, así como a la promoción de la educación superior, permitiendo el fortalecimiento del capital humano, y de esa manera, el mejoramiento de la productividad laboral.

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En ese sentido, una de las medidas más importantes implementadas por el Gobierno desde hace varios años es el Bono Juancito Pinto, el cual se constituye en un incentivo económico destinado a reducir la deserción estudiantil. En 2022, el número de beneficiarios de este bono se incrementó en 4,2% respecto a 2019, lo cual generó una importante reducción de la tasa de abandono escolar, del 2,7% en 2019 al 1,9% en 2022. Por su parte, la tasa de asistencia escolar pasó del 92% en 2019 al 94% en 2021.

En lo que refiere al sector salud, el porcentaje del PGE consolidado destinado pasó de un 9,2% (Bs 19.681 millones) en 2019 a un 10,1% (Bs 24.639 millones) en 2023. Gran parte de estos recursos se destinaron a la remuneración de los profesionales en salud, proyectos de inversión, el Seguro Universal de Salud (SUS) y a la implementación del Plan Estratégico de Lucha contra el COVID-19. Este último permitió afrontar la crisis sanitaria vigente en el país desde 2020, dado que se efectuaron importantes acciones como el diagnóstico masivo hasta la administración equitativa y gratuita de las vacunas, con la finalidad de restaurar la normalidad de las actividades económicas.

Además de las acciones realizadas en procura de afrontar la pandemia, se continuó con la implementación de medidas importantes como el Bono Juana Azurduy y el Subsidio Universal Prenatal por la Vida, que están destinadas a madres y niños menores de dos años; tuvieron buenos resultados, y estos se reflejaron en la disminución de la tasa de mortalidad infantil, de 43 decesos en 2005 a 20 decesos en 2021 por cada 1.000 nacidos. También, la tasa de mortalidad materna se redujo de 230 decesos en 2005 a 161 decesos en 2020 decesos por cada 100.000 nacidos vivos. A su vez, la esperanza de vida al nacer se incrementó de 64 años en 2005 a 74 años en 2022, consolidándose como uno de los mayores incrementos de este indicador en la región.

Entonces podemos decir que el Gobierno cumplió con su compromiso constitucional con la población boliviana, al destinar una importante cantidad recursos a los sectores educación y salud. Además de implementar medidas direccionadas a éstos, como los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, y el Subsidio Universal Prenatal por la Vida, que desempeñaron un papel crucial en el bienestar de la población al prevenir el abandono escolar y disminuir la mortalidad materna e infantil, respectivamente. Asimismo, se afrontó de manera directa y oportuna la crisis sanitaria, y se contribuyó en mejorar el acceso y la atención médica a la población con el SUS.

(*) Ángel Surco Chuquimia es economista

En las últimas semanas sucedió un fenómeno bastante inusual, pues hubo una alineación, pero no de estrellas, más al contrario, de (neo)liberales. Puesto que, de manera gradual y al parecer “planificada”, los (neo)liberales fueron saliendo a la luz con dos premisas: implantar la idea de que existe crisis en el país y que ellos tienen la “receta” para salir de esta.

Dicha “alineación” comenzó a inicios de junio, con el arribo al país desde Estados Unidos del señor Antonio Saravia, quien ganó popularidad por su vocabulario ordinario e irrespetuoso. Saravia, al estilo rock star, dio una gira por algunas ciudades de Bolivia, implantando la idea que el país está en crisis y que la solución vendría del enfoque (neo)liberal, pero al mismo tiempo, fue preparando el terreno para el regreso de un viejo conocido.

Ese viejo conocido no es más que el mismísimo Goni, actual prófugo de la Justicia boliviana y responsable de la masacre de octubre en 2003 en la denominada “guerra del gas”, la cual dejó como saldo 67 muertos y cerca de medio millar de heridos. De manera desvergonzada, Goni difundió desde Estados Unidos una propuesta denominada La Constitución de Todos que, en pocas palabras, plantea un retorno al tiempo de la República colonial y del neoliberalismo, puesto que tiene como objetivo la privatización de los recursos naturales, además de reducir el rol del Estado en la economía. Algo que también implícitamente el señor Saravia (que había llegado de Estados Unidos) propuso en su “tour por Bolivia”, ¿coincidencia? ¡no lo creo!

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Paralelamente, la fundación Jubileo publicó un documento en el cual también trata de insertar la idea de que “estamos en crisis”, haciendo énfasis en el incremento del gasto público, el déficit fiscal y la deuda, con lo cual asegura que hay un agotamiento del actual modelo económico. En mismo sentido, en la ciudad de La Paz, la fundación Vicente Pazos Kanki, en el lanzamiento de su libro (revista) 2023: Riesgo de crisis cambiaria, planteó la reducción del rol del Estado en la economía, dejar flotar al tipo de cambio (tipo de cambio flexible) y un ajuste fiscal a través de la reducción del gasto público. Estas propuestas las hicieron los expositores, entre ellos Juan Antonio Morales y Samuel Doria Medina, además que al evento también asistió Gonzalo Chávez, quien desde siempre estuvo tratando de implantar la idea de “crisis” y que él tenía la “receta” para contrarrestar aquello.

Algo similar sucedió en Santa Cruz la última semana de junio; la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) realizó el foro “La Bolivia que queremos”, con la participación de expositores pertenecientes a ciertos grupos empresariales, además que contó con la asistencia de Vicente Cuellar y Oscar Ortiz. En dicho foro también se trató de introducir la idea de que “estamos en crisis” y como “receta” plantean el apoyo al sector empresarial privado, en desmedro del Estado, similar a lo que Saravia, Goni, Jubileo y Vicente Pazos Kanki propusieron, ¿coincidencia? ¡no lo creo!

Para cerrar con “broche de oro”, la fundación Milenio sacó su Informe de Milenio sobre la economía de Bolivia 2023 en el cual, al igual que los demás, hizo énfasis en la reducción del gasto público, un supuesto estancamiento de la economía y un mal desempeño del sector externo, por lo que propuso como “receta” evaluar la continuidad del subsidio a los combustibles, de las empresas públicas y dejar operar libremente un mercado paralelo de divisas.

Esta alineación (neo)liberal no fue casualidad, fue algo planificado (al parecer en el norte), con el objetivo de crear “profecías autocumplidas”, la cuales consisten en instalar una idea en la población respecto a “hechos futuros”, generando expectativas que son fundamentales para que estas “profecías” se cumplan. En este caso, la idea que tratan de implantar los (neo)liberales en los bolivianos es que el país está en crisis y que su “receta” es la solución (algo que no es cierto).

Lo cierto es que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) sigue vigente, el país no está en crisis y se refleja en los indicadores económicos, como la tasa de crecimiento que fue del 3,5% en 2022, el saldo positivo en la balanza comercial en abril de 2023, la inflación acumulada del 0,8% a junio de 2023, la que se constituye como una de las más bajas de la región, y un nivel de deuda pública respecto al PIB de 29,3% hasta abril de 2023, que es sostenible al estar por debajo de parámetros internacionales.

(*) Ángel Surco Chuquimia  es economista

En las últimas semanas, algunos “analistas” se jactaban de que sus “vaticinios” supuestamente se cumplieron, afirmaron que el país está en “crisis” y prueba de ello es el incremento en el precio de la carne de pollo, pero, principalmente del huevo. En pocas palabras, asociaron directamente el aumento en el precio del huevo con la supuesta “crisis”. Recordando, algo similar sucedió hace un tiempo atrás, estos mismos “analistas” generaban pánico en la población, afirmando que “estamos en crisis” y que eso se reflejaba en el elevado precio de la papa.

Dicha lógica es carente de coherencia, puesto que el aumento en el precio de estos productos tiene una explicación específica. En su momento, el precio de la papa subió debido a los fenómenos climatológicos adversos suscitados en 2022, que afectaron la producción de papa generando un menor nivel de producción y, considerando la alta demanda de la población, el precio se elevó significativamente. Si bien, gran parte de la papa que se consume es de producción nacional, también se importa este producto de Perú, algo que ya no se pudo realizar con normalidad debido a los conflictos sociales en aquel país, lo que generó que el precio de la papa en su momento aumente todavía más.

Entonces, es incorrecto asociar el incremento en el precio de la papa a la supuesta “crisis”, cuando este fenómeno se debió a factores climatológicos y externos. Pero ahora no hablan de que el precio de la papa disminuyó considerablemente, uno puede ir al mercado y conseguir una arroba en Bs 60 o incluso Bs 40 (dependiendo el tamaño).

En lo que refiere a la carne de pollo y el huevo, el incremento en el precio de estos productos responde principalmente al brote de la gripe aviar o influenza aviar. Si bien ésta apareció hace varios años atrás, los focos de influenza crecieron sustancialmente en países de la región durante los últimos meses. El 17 de enero, la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la creciente detección de focos de influenza aviar en aves de 10 países de la Región de las Américas.

El 27 de enero, en Bolivia se declaró estado de emergencia nacional zoosanitaria luego de haberse confirmado la presencia de un caso de gripe aviar en una granja de Cochabamba, por lo que se optó por sacrificar aves para evitar la propagación de esta influenza. En total, se identificaron 33 brotes, de los cuales 19 fueron en granjas comerciales, de las cuales 18 corresponden a aves ponedoras (de huevo) y solo una de producción de carne de pollo; por ello, la producción de huevo fue la más afectada.

Otro factor que influye en el aumento del precio de estos dos últimos productos es el contrabando. Durante las últimas semanas se realizaron operativos de control y se detuvo varios camiones que transportaban una importante cantidad de huevo y carne de pollo hacia Perú. Por ello, el Gobierno intensificó los operativos de control en las localidades fronterizas con aquel país para evitar el contrabando, el cual fue generando desabastecimiento en el mercado interno.

En resumen, los incrementos que se observaron en los precios de estos productos se explican por factores externos como los fenómenos climatológicos, dificultades en la importación (en el caso de la papa en su momento), la gripe aviar y el contrabando (en el caso del huevo y la carne de pollo). Entonces, el aumento en el precio de estos productos no refleja la situación del país, no refleja si existe crisis o no.

Los economistas Carmen Reinhart (execonomista en jefe del Banco Mundial) y Kenneth Rogoff (execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional), profesores en Harvard, en su investigación This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises, señalan que existe crisis cuando: la inflación anual supera el 20%; la depreciación es mayor al 15%; cuando un gran número de instituciones financieras tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones de deuda o no las pagan; y cuando existe incumplimiento en el pago de la deuda y se entra en default o renegociación.

Considerando aquello, se puede afirmar que Bolivia no está en crisis. La inflación está controlada y se constituye como una de las más bajas en el mundo, el tipo de cambio es estable, el sistema financiero demostró ser sólido y solvente (pese a la intervención al banco Fassil) y la deuda aún se encuentra dentro de los umbrales máximos recomendados por organismos internacionales.

(*) Ángel Surco Chuquimia es economista