No podemos aguantar la risa irónica al asistir a las declaraciones de quienes conspiran contra el proceso de cambios revolucionarios. Argumentan cuidar al pueblo de un posible vacío de justicia, nada más sinvergüenza. Desde la invasión colonial tenemos un vacío de justicia, por eso la elección de magistrados con el voto popular fue y es un camino valioso e inédito para devolver al pueblo la reflexión, control y decisión sobre el mejor funcionamiento del aparato judicial. Si ha funcionado o no, es otra discusión, nada nace perfecto, se va desarrollando. Pero ahora llenarse la boca diciendo que los exmagistrados no renuncian porque no quieren dejar al pueblo con un vacío de justicia, es una gran mentira.
Si como organizaciones y movimientos sociales no hemos estado a la altura del desafío —que la historia nos reclama— y hemos dejado que la responsabilidad de la justicia, poco a poco, regrese a instancias de cuoteo de partidos y personajes políticos, es una desgracia para las organizaciones sociales. En la actualidad estamos peor, ya que los y las dirigentes de las organizaciones sociales perdieron la capacidad crítica de control social y se sumaron a las prácticas prebendales, fortaleciendo así criterios racistas y clasistas.
Desde que tengo uso de razón, si alguna vez hemos arrancado ciertas sentencias judiciales que en parte fueran favorables a nuestra búsqueda de justicia, fue en las calles y en la movilización popular. No fueron los tribunales, ni fueron los abogados y abogadas quienes nos dieron justicia, al contrario, para ellos y ellas, la chicana y la corrupción son su práctica y su ley. Repito fue la presión popular, y es eso lo que no tenemos que olvidar. Recordemos que el dictador García Meza entró a la cárcel por sus delitos de lesa humanidad gracias a la presión popular, que venía de la onda de recuperación de la democracia.
Pero por el contrario, en época del neoliberalismo, el dictador Banzer se recicló y para nada piso una prisión, muy al contrario, se lo habilitó para que sea candidato presidencial y fue presidente, esa es la paradoja gracias a la práctica de la democracia pactada entre partidos: un dictador fue presidente.
Tanto las prácticas de la democracia electoral como el aparato judicial, son armas en manos de los grupos que aún tienen los poderes en Bolivia, a pesar del proceso de cambios. Sin embargo, de ello —como pueblo— hemos creado posibilidades para dar caminos de esperanzas y eso es lo que está en juego y en peligro, gracias a las mezquindades.
Por eso me parece fundamental recordar que solo es y será la calle, junto con la lucha popular, las que restituyen derechos y garantizan justicia. Es solo con la movilización popular que nos podremos proteger de los abusos del poder. Pero eso es el mínimo resultado, la movilización popular debe llevarnos a recuperar el ajayu del proceso de cambios revolucionarios, para reflexionar y dejar ambiciones y mezquindades.
Julieta Paredes Carvajal es feminista comunitaria.