El nuevo año se inicia con la política atrapada en su versión más absurda. Mientras tanto, la economía sigue sumida en la incertidumbre. Más de uno me dirá “chocolate por la noticia”, pero la novedad es que el tiempo parece acabarse para una solución estructural del desequilibrio económico, habrá pues que aguantar con lo que tenemos a la mano hasta que las condiciones políticas se aclaren en las urnas.
Vengo insistiendo que la tarea histórica del gobierno de Arce era evitar la crisis económica que se perfilaba por la acumulación de desajustes internos y turbulencias externas que convergieron desde 2019. Para ello debía construir un puente financiero y macroeconómico, quizás temporal pero sólido, hacia un escenario más favorable para un reordenamiento macroeconómico y una renovación de los motores del crecimiento y del desarrollo social que se intuía que irían emergiendo entre 2025 y 2026.
Lo cierto es que el artefacto empezó a averiarse desde mediados de 2022, primero en su capacidad para tomar decisiones políticas, que es vital en el modelo boliviano, y luego por una seguidilla de tropiezos que erosionaron las expectativas económicas, presionaron aún más la capacidad fiscal, redujeron las reservas de divisas y desembocaron en la aparición de facto de un segundo mercado cambiario.
A esta altura del partido, es perezoso llorar por la leche derramada o buscar culpables, es más útil pensar en los retos para recomponer paulatinamente esas variables, porque está claro que es peligroso quedarse demasiado tiempo en semejante situación. Tampoco es sensato entrar en el festival de deseos perversos y predicciones apocalípticas que pululan en redes y medios. La lógica esa de desear que todo se vaya a la mierda para debilitar al Gobierno es francamente idiota.
La posibilidad de una gran recomposición que implica acciones difíciles pero necesarias requiere un apoyo popular, político y legislativo significativos, condiciones con las que ya no cuenta el actual Gobierno. Sustento que además debería estar acompañado por una hábil gestión política y comunicacional, aspecto que mejor ya ni comento porque me deprimo.
Más allá del voluntarismo, el problema es que el tiempo se está acabando para ello, a 18 meses del inicio de una elección que se intuye feroz, en la que el actual mandatario, al parecer, intentará su reelección y con el Gobierno entrampado en un conflicto político confuso con gente de su propia coalición y de todas las facciones opositoras, prácticamente no hay espacio ni incentivos para otro tipo de manejo que no sea un aguante financiero y una gestión al filo de la navaja.
Tampoco es el fin del mundo, el país vivió parecidas coyunturas, por ejemplo entre 2000 y 2006. Podemos ser buenos adaptándonos al bicicleteo. Pero hay riesgos. Por lo pronto, estamos vivos después de un 2023 dificilísimo, eso no es moco de pavo, y hay algunos elementos de resiliencia que la economía nos ha revelado en estos años que valdría la pena entender mejor para lo que viene. Creo además que el conocimiento íntimo de la maquina gubernamental de los muchachos del Presidente ayuda en la tarea de ir tapando huecos para sobrevivir.
Sin embargo, para resistir mejor hasta 2025, hay que hacer ciertas cosas. En primer lugar, no parece recomendable seguir intranquilizando al mercado informal de divisas, la mejor decisión fue dejarlo vivir, hacerse al loco, se lo necesita para que sus $us 10.000 millones (dato ministerial) se sigan moviendo sin demasiados costos transaccionales y evitando hasta donde se pueda que sus precios se alejen demasiado de las cotizaciones oficiales.
Para ello, habría que mandar a callar a algunos funcionarios de segunda que andan removiendo el avispero inútilmente para mostrar que pueden resolver a paraguazos algo para lo que se necesita cosas serias. Mientras, en el mercado formal habrá que seguir perfeccionando los mecanismos de racionamiento sin que frieguen demasiado a la actividad. La consigna sería calmar el juego, racionalizar la anormalidad, hasta que se encuentre un dispositivo claro y condiciones mínimas para resolver el lío.
En segundo lugar, parece igualmente inevitable algún dialogo con la Asamblea Legislativa que vaya más allá de las recriminaciones, una mejora de la ejecución de la inversión pública, mayor austeridad fiscal y ojalá alguna innovación en la diversificación de fuentes de financiamiento externo. Acciones que deberían ayudar a gestionar la restricción fiscal presionada por unas subvenciones que sostienen la estabilidad de precios, que parecen ya imposibles de reducir en periodo electoral. En suma, a la espera de una salvación quizás allá por el 2027-2028, de la cual hablaré en mi siguiente artículo, habrá que ocuparse de lo básico, del equilibrismo, compleja tarea. No basta hacerse al muertito.
Armando Ortuño es investigador social.