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Saturday 2 Mar 2024 | Actualizado a 17:44 PM

Venezuela y EEUU crispan más sus relaciones

El gobierno de Maduro y la Asamblea Nacional rechazaron las amenazas de Estados Unidos

Alfredo Jiménez Pereyra

/ 8 de febrero de 2024 / 09:38

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar la inhabilitación, por 15 años, de la opositora María Corina Machado ha vuelto a crispar las maltrechas relaciones entre Caracas y Washington. El gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional (Parlamento) rechazaron las amenazas de Estados Unidos en los asuntos internos del país llanero, denunciando de flagrante intromisión.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, amenazó con aplicar más sanciones a Venezuela y aseguró «tener opciones a nuestra disposición».

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Kirby advirtió la semana pasada al gobierno de Maduro que tiene hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición en Barbados antes de que Estados Unidos tome decisiones sobre las sanciones que pretende aplicar contra Caracas.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las recientes inhabilitaciones políticas y ha alertado de que estas maniobras “son propias de regímenes autoritarios”.

Para contrarrestar estas posturas, el Ministerio para Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, repudió los intentos de chantaje e intromisión en los asuntos internos por parte del gobierno de Estados Unidos, los cuales, dijo, constituyen un ultimátum contra toda la sociedad venezolana. También el Parlamento rechazó de manera categórica cualquier injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana.

Ya a fines de enero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense indicó que hasta el próximo 13 de febrero autorizaba las operaciones que involucran a la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven), una estatal venezolana de extracción aurífera, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Con la licencia general número 43A, que sustituye a la 43 —emitida en octubre—, el Departamento del Tesoro ordena nuevamente cerrar todas las operaciones con la minera venezolana. En marzo de 2019, Minerven fue incluida a la lista negra de la OFAC, por lo que sus activos fueron bloqueados y se prohibió a los estadounidenses establecer relaciones comerciales con ellos.

Estos hechos se dieron justamente tras la develación, el jueves último, de una investigación periodística de la agencia The Associated Press que señala la existencia de una supuesta operación encubierta de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que se proponía, en 2018, construir casos de narcotráfico contra miembros del gobierno venezolano, lo que coincide con las recientes denuncias de conspiraciones que hizo públicas el presidente Maduro, que salpicaron a la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

The Associated Press tuvo acceso a un “memorando secreto” donde se detallaba una operación encubierta, que se extendería hasta 2019, basada en operaciones encubiertas que buscaban grabar ilegalmente y “construir casos de narcotráfico” contra los dirigentes del chavismo.

Según la agencia, este documento se redactó durante la campaña de “máxima presión” que llevó adelante Donald Trump durante su mandato (2017-2021), con la finalidad de deponer a Maduro a través de mecanismos como las sanciones, desconocimiento de sus instituciones, amenazas de intervención militar, entre otros.

El pasado 14 de enero, durante su mensaje a la nación en la Asamblea Nacional, Maduro responsabilizó a la DEA de estar detrás de un supuesto atentado fallido con drones en 2018 contra su integridad física.

La investigación de Associated Press señala también que con la finalidad de generar inestabilidad política en el país, en 2018 altos funcionarios de la DEA “conspiraron para desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narco-Estado”.

El analista español Fernando Casado afirma que “el expediente del narco-Estado fue una de las líneas de ataque contra Venezuela para justificar la imposición de unas sanciones económicas”, que fueron recrudeciéndose a partir de la llegada de Maduro a Miraflores, en 2014.

Es vox populi que con la finalidad de eliminar políticamente a jefes de Estado o expresidentes latinoamericanos que son contestatarios a las políticas estadounidenses, Washington recurre a acusaciones, sin presentar pruebas, de que ellos están implicados en el tráfico de drogas, ligados estrechamente a los cárteles del narcotráfico internacional.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

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‘Alto el fuego inmediato’ está lejos para Palestina

Soldados israelíes disfrazados de personal sanitario incursionaron en un hospital de Cisjordania

Alfredo Jiménez Pereyra

/ 22 de febrero de 2024 / 06:56

Por tercera vez consecutiva, el gobierno estadounidense vetó el martes en las Naciones Unidas un llamado a un «alto el fuego inmediato» en Gaza, ahondando el genocidio del que son presa millones de palestinos, desde octubre pasado, a manos del ejército israelí.

La resolución, elaborada por Argelia, exigía “un alto el fuego humanitario inmediato que debe ser respetado por todas las partes” y se oponía al “desplazamiento forzoso de la población civil palestina”.

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La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ya había anticipado el domingo que su país vetaría el proyecto de resolución porque quieren seguir apostando, en cambio, a la mediación en curso con Hamás e Israel.

Aunque el texto estadounidense incluye la palabra “alto el fuego” —que el país ha evitado anteriormente, vetando dos proyectos en octubre y diciembre que utilizaban el término—, no pedía que el fin de las hostilidades sea inmediato, según constató la agencia de noticias France Press, que tuvo acceso al documento.

Haciéndose eco de recientes declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, sometido a una creciente presión antes de las elecciones de noviembre en las que busca la reelección, el texto propuesto por Washington hace referencia a un “alto el fuego temporal en Gaza tan pronto como sea factible”, sobre la base de una “fórmula de liberación de todos los rehenes” retenidos por el grupo Hamás.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la implacable guerra que ya dura más de cuatro meses en Gaza no ha perdonado a los hospitales, a su personal ni a quienes se refugian allí, con un total de 350 ataques al sistema de salud en los que han muerto 645 personas.

Recordemos que la salud y otros servicios, como disponibilidad de agua, alimentos, electricidad, escuelas o comunicaciones, se desbarataron con la ofensiva militar de Israel, que siguió al ataque de la milicia islamista Hamás en el sur israelí el 7 de octubre del pasado año, en el que murieron 1.200 personas y 240 fueron tomadas como rehenes, según Tel Aviv.

Según agencias de las Naciones Unidas, en la Franja de Gaza se propagan enfermedades, cientos de miles de personas desbordan los atestados refugios y muchas sobreviven a la intemperie en la zona sur, mientras en el norte unas 300.000 personas corren riesgo de hambruna.

En su afán de continuar con este genocidio, el 29 de enero, soldados israelíes disfrazados de personal sanitario incursionaron en un hospital de Cisjordania para matar a un paciente y a dos acompañantes, acción que puede considerarse como un doble crimen de guerra.

La acción fue captada por cámaras instaladas en el hospital y ha circulado por redes sociales. Los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, explicaron que el asesinato de un herido indefenso que estaba siendo tratado en un hospital es un crimen de guerra.

A ese acto se añade el disfraz: aparentar ser personal médico hace que el ejército israelí haya cometido otro crimen de guerra, el de perfidia, que consiste en utilizar el engaño y traicionar la buena fe para obtener ventaja sobre el enemigo.

Con una vil justificación, el gobierno sionista señaló que las tres víctimas eran supuestos terroristas pertenecientes a distintas facciones palestinas. Sin embargo, los expertos afirmaron que, desde el punto de vista de la legalidad, lo máximo que podía haber hecho Israel en ese caso era simplemente detenerlos.

El veto estadounidense del martes se produjo en momentos en que Israel se prepara para una ofensiva en la sureña ciudad de Rafah, última de la Franja de Gaza que no ha sido invadida por tropas terrestres y donde se refugian alrededor de 1,4 millones de personas.

Beny Gantz, exministro de Defensa y miembro del Gabinete de Guerra de Israel, alertó recientemente que el ejército incursionará por tierra en Rafah antes del 10 de marzo —inicio del mes sagrado musulmán de Ramadán— si Hamás no libera a los más de 100 rehenes que aún retiene en el enclave palestino.

En un trabajo quijotesco, el secretario general de la ONU, António Guterres, reitera constantemente que es momento de que, “de una vez por todas”, haya un “compromiso total” por parte de la comunidad internacional para lograr una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir juntos y en paz.

Corresponde a las potencias mundiales tomar acciones inmediatas para detener el genocidio aplicado por el ejército sionista en contra de millones de palestinos que buscan vivir mejores días.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

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Noboa autoriza al Comando Sur operar en Ecuador

La presencia del Comando Sur es una estrategia geopolítica para evitar la presencia y participación de otros países en Ecuador

Alfredo Jiménez Pereyra

/ 26 de enero de 2024 / 06:45

Tras los recientes sucesos de violencia extrema e inseguridad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que las autoridades de Estados Unidos están dispuestas a colaborar en su “guerra” contra la criminalidad, que fue declarada la semana pasada por su gobierno.

Noboa anunció el martes que ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para incrementar la cooperación en materia de seguridad y defensa con el Comando Sur, perteneciente al Departamento de Defensa del país norteamericano, para hacer frente al crimen organizado.

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Las palabras de Noboa llegaron después de reunirse con el exsenador estadounidense Christopher Dodd y la general Laura Richardson, comandante del Mando Sur de Estados Unidos, un encuentro en el que también participó la ministra de Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

La posición de Noboa causó preocupación en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro había advertido la semana pasada sobre el peligroso accionar del Comando Sur de Estados Unidos, si permite que los militares estadounidenses tomen la dirección de las fuerzas de seguridad ecuatorianas.

En su mensaje anual desde la Asamblea Nacional venezolana, Maduro denunció que Washington pretende “volver a poner una base militar”, acción que significaría “una violación a la soberanía de Suramérica” y que, además, no sería una solución.

Aseguró que “crear caos en los países” de la región, usando a grupos criminales, es una “nueva estrategia” con la que Estados Unidos pretende “ocupar con el Comando Sur” estos territorios.

Desde Ecuador, el analista político Orlando Pérez recordó que en noviembre de 2023 el entonces presidente Guillermo Lasso, en una reunión gubernamental, sin consenso nacional y de espaldas al país, estableció otorgar a Estados Unidos algunos puertos de seguridad.

Pérez fue enfático al señalar que el acuerdo suscrito entre ambas naciones otorgaba garantías de inmunidad o “impunidad” a los militares estadounidenses para que actúen en territorio ecuatoriano.

Según el analista, Estados Unidos quiere instaurar bases militares con el pretexto que Ecuador tiene un alto índice de violencia, pero que esta violencia no es nueva, ya que data desde hace tiempo atrás.

El expresidente Lasso, en varias ocasiones clamaba un plan para Ecuador similar al Plan Colombia, que consta de ayuda militar y económica para enfrentar al narcotráfico.

El Plan Colombia instaurado desde inicios del 2000, con un presupuesto de más de $us 20.000 millones, no ha tenido los resultados deseados, puesto que la producción de cocaína, cultivos de la hoja de coca y la violencia interna no han cedido ni un milímetro.

Respecto a la “invasión del narcotráfico”, los últimos gobiernos ecuatorianos, que sometieron al país por completo al dominio de Estados Unidos, no pueden ignorar el rol de la DEA, la CIA u otros organismos estadounidenses en la administración mundial y regional del narcotráfico.

El gobierno de Noboa emplea muy seguido el término “terroristas” y asegura además que “defiende” al Estado del crimen que, según este mismo discurso, está siendo “atacado por narco-cárteles”.

Recordemos que hace seis años se inició un rápido desmontaje del Estado ecuatoriano. En 2018, el cambio del modelo económico hacia la restauración del neoliberalismo y sus expresiones concretas, realizado por el expresidente Lenín Moreno, supuso una drástica reducción del gasto social, austeridad pública, enorme retroceso en aspectos educativos y culturales, generando aumento de la pobreza y la delincuencia.

Como el neoliberalismo exige también libertades financieras para su tesoro más valioso, el capital, la desregularización financiera de par en par abrió las puertas a los dineros de las mafias, que se sintieron atraídas también por una economía dolarizada, o sea, más cómoda para el lavado de activos.

Así, Ecuador se convertía en un nuevo centro regional para la logística del narcotráfico y todo su abanico de otros rubros ilícitos de la economía latinoamericana.

El gobierno de Lasso solo profundizó este abismo, mientras que el de Noboa representa la misma línea privatizadora, antisocial y enemiga del Estado, que en estos días jura tanto defender, al extremo de pedir el ingreso de tropas estadounidenses.

La presencia del Comando Sur es una estrategia geopolítica para evitar la presencia y participación de otros países en Ecuador que intentan llevar inversiones económicas, productivas y sociales.

Ahora queda en manos de la Corte Constitucional de Ecuador aprobar o rechazar el acuerdo de colaboración militar con Estados Unidos.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

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Sectores sociales chilenos deben trazar estrategias

Los resultados del plebiscito son el fracaso general de toda la clase dirigencial

Alfredo Jiménez Pereyra

/ 11 de enero de 2024 / 07:44

El resultado del último plebiscito constitucional efectuado en Chile, el pasado 17 de diciembre, demuestra claramente que hubo dos perdedores: por una parte, el líder del Partido Republicano, el ultraderechista José Antonio Kast, puesto que éste se veía como un nuevo candidato presidencial con posibilidades reales de ganar la contienda electoral prevista para fines de 2025; y por otra, los movimientos sociales.

La consulta tuvo lugar cuatro años después de la gran revuelta social de 2019, que sacudió la hegemonía neoliberal establecida en el vecino país desde hace cinco décadas, y dos años después de la elección de Gabriel Boric.

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Recordemos que el primer plebiscito de septiembre de 2022 fue para “aprobar” o “rechazar” la propuesta de nueva Constitución redactada por una convención con representantes mayoritariamente antineoliberales y con participación de pueblos originarios, movimientos sociales y paridad de género. Se trataba de un proyecto que recogía décadas de luchas sociales y aspiraba a un Chile democrático sobre la base de amplios derechos sociales.

En la consulta de 2022, más del 62% de la población ya había rechazado una propuesta constitucional, pero en este caso una Carta Magna claramente de izquierdas, paritaria y feminista, que proclamaba un Estado “plurinacional” y reconocía nuevos derechos a los pueblos indígenas. Para muchas y muchos constituyentes, se trataba de superar —al menos en parte— el Estado subsidiario neoliberal y un modelo de desarrollo extractivista y ecocida, heredados del dictador Augusto Pinochet y sus “Chicago Boys”.

Por el contrario, el plebiscito del 17 diciembre fue redactado por un consejo de mayoría de extrema derecha, con el Partido Republicano a la cabeza, que profundizaba el régimen político de la Constitución de 1980 y restringía derechos sociales.

Los 50 integrantes del Consejo Constitucional, que fueron electos en mayo de 2023, estaban liderados por una mayoría relativa adscrita al Partido Republicano de Kast, una nueva extrema derecha que ha emergido con fuerza en los últimos tres años, que se ha erigido como fuerza del “regreso al orden” con un discurso abiertamente racista, antiinmigrante, patriarcal y ultraconservador.

En alianza con la derecha, el Partido Republicano creyó poder redactar una Constitución a su imagen y semejanza, la de los “verdaderos chilenos” en palabras de la presidenta del consejo, la muy reaccionaria y luterana fundamentalista Beatriz Hevia.

La principal amenaza para los sectores populares del vecino país es la emergencia exitosa de una fuerza política de extrema derecha que logre capitalizar las derrotas de los dos referendos.

Ante esta situación y a 50 años del golpe de Estado, por miedo, ignorancia o falta de convicciones, el gobierno de Boric desaprovechó la ocasión para poner en valor la propuesta del gobierno del entonces presidente Salvador Allende.

En un escenario de polarización política, cuando un gobierno progresista ha sido incapaz de cumplir su programa, no es descabellado visualizar un próximo gobierno de derecha o de extrema derecha, porque las principales figuras presidenciables en las encuestas sean Kast y Evelyn Matthei, advirtió el analista político Juan Pablo Cárdenas.

Los resultados del plebiscito son el fracaso general de toda la clase dirigencial, como su incapacidad de ofrecerle al país una nueva Constitución ampliamente respaldada por miles de chilenos, como era demandada.

Ahora, la izquierda y los movimientos sociales, feministas y populares, tienen la obligación de sacar lecciones estratégicas de los últimos cuatro años.

La izquierda y los movimientos sociales deben aprovechar este momento de cierres y aperturas para hacer una autocrítica constructiva sobre la dispersión organizativa que implican las luchas sectoriales, cada una en su ámbito o en su territorio, sin la construcción de un espacio común de disputa por el poder en torno a un programa transversal y de independencia de clase.

Este nuevo ciclo enfrentará a las izquierdas y los movimientos sociales al problema de la construcción partidaria, en cuanto desarrollo de una fuerza política capaz de dar golpes unificados en una dirección común. Esto requiere, en primer lugar, identificar las razones por las cuales la rebelión de octubre de 2019 fracasó en imponer por sus propios medios los términos de la salida a la crisis, y por las que tuvo que transmutarse en proceso constituyente acordado y diseñado por y desde el Congreso.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

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La guerra priva a niños palestinos de la Navidad

Organizaciones de derechos humanos y gobiernos progresistas constantemente denuncian el genocidio israelí contra el pueblo palestino

Alfredo Jiménez Pereyra

/ 28 de diciembre de 2023 / 07:23

Belén, en la Cisjordania ocupada, es conocida en todo el mundo como el lugar de nacimiento de Jesús. En Navidad suele ser muy bulliciosa, pero este año se han cancelado las festividades por el conflicto armado en la Franja de Gaza.

En el mundo entero, esta fecha es esperada con alegría y felicidad por millones de niños en todo el mundo, empero, esto no sucede en los territorios ocupados por Israel en Palestina.

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La escalada de las hostilidades entre el ejército israelí y Hamás está teniendo impactos catastróficos para miles de niños y familias. Según datos de Unicef, más de 5.000 infantes han muerto y miles han resultado heridos.

Desde el 7 de octubre, casi dos millones de personas en la Franja de Gaza han sido desplazadas, la mitad de ellas niños. No tienen acceso suficiente a agua, alimentos, combustible ni medicinas. Sus hogares han sido destruidos y sus familias destrozadas.

En la Franja de Gaza, donde Israel libra una cruenta guerra contra Hamás, los enfrentamientos e incursiones israelíes han causado la muerte de numerosos niños. Muchas veces los ataques se dirigen contra lugares públicos que suelen convertirse en refugios para civiles, como escuelas, hospitales, entre otros. Además de las vidas perdidas, decenas de miles de niños son heridos y algunos de ellos se convierten en discapacitados de por vida.

El informe de Unicef correspondiente a diciembre indica que, en el último mes, la Franja de Gaza ha sido testigo de las devastadoras consecuencias de la guerra en la población infantil, con un balance de 2.360 niñas y niños muertos y 5.364 heridos a consecuencia de los incesantes ataques, es decir, más de 400 niños muertos o heridos cada día.

En el informe, Adele Khodr, directora regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, denunció que la matanza y mutilación de niños, el secuestro de menores, los ataques a hospitales y escuelas, y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria son graves violaciones de los derechos humanos de la infancia.

“Unicef hace un llamamiento urgente a todas las partes para que acuerden un alto al fuego, permitan el acceso de la ayuda humanitaria y liberen a todos los rehenes. Hasta en la guerra hay reglas. Debemos proteger a los civiles, especialmente a los niños y las niñas, y hacer todo lo posible para evitar su sufrimiento en cualquier circunstancia”, pidió Khodr.

Según testimonios de palestinos colocados en las redes sociales, el ejército de ocupación israelí estableció, en las gobernaciones de Gaza, en el norte y el este, campos de detenciones donde cavó grandes agujeros y procedió a ejecutar a decenas de civiles, para luego enterrarlos con topadoras.

La ocupación también ejecutó a mujeres embarazadas que se dirigían al hospital Al Awda, en el norte de Gaza, enarbolando banderas blancas.

La Autoridad Palestina depende en gran medida de la ayuda internacional, los recursos económicos son escasos y los servicios públicos no abastecen a la población.

Por otro lado, informes de organizaciones no gubernamentales demuestran que Israel recurre a la fuerza para reprimir las manifestaciones pro-palestinas y no duda en utilizar gases lacrimógenos ni en disparar a la gente, aunque se trate de niños.

El ejército israelí consideró que las piedras eran proyectiles tan peligrosos como las balas. En consecuencia, si un niño tira una piedra a un militar israelí, éste puede responder con las armas y el niño podría ser castigado con hasta 20 años de cárcel.

Varias organizaciones de derechos humanos y gobiernos progresistas en el mundo entero constantemente denuncian el genocidio israelí contra el pueblo palestino.

En la red social X, el secretario general de la ONU, António Guterres, recientemente afirmó que el modo en el que Israel está desarrollando su ofensiva está provocando enormes obstáculos para la distribución de ayuda humanitaria dentro de Gaza.

Tras arduas negociaciones para evitar el veto de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad adoptó un texto que exige el envío “inmediato” y “a gran escala” de ayuda humanitaria al territorio palestino.

El documento evita llamar a un “alto el fuego”, una condición inaceptable para Israel y Estados Unidos, su gran aliado, pero pide “crear las condiciones para un cese duradero de las hostilidades”.

Recordemos que Israel declaró la guerra después de que milicianos de Hamás hicieran una incursión el 7 de octubre y mataran a unas 1.200 personas, además de tomar unos 240 rehenes. Israel ha prometido seguir peleando hasta que Hamás haya sido destruido y expulsado del poder en Gaza, y todos los rehenes hayan sido liberados.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

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Fans de Chayanne llevan cuatro años estafados

En nuestro país, los organizadores del concierto se resisten a devolver el costo de los tickets

Alfredo Jiménez Pereyra

/ 14 de diciembre de 2023 / 09:12

En esta sociedad existen personas o empresas que hacen de la estafa, el engaño, el estelionato, el robo, entre otros, sus modus operandi para alcanzar un fin contra la ciudadanía.

Hay dos clases de individuos bien definidos que se dedican a estas acciones: los embaucadores de “baja ralea” engañan con baratijas o falsas ilusiones. Acá encontramos desde los vendedores de remedios caseros, los leedores de la suerte o pitonisas que prometen cualquier cosa según la alineación de los planetas, los loteadores, los prestamistas, entre otros.

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Otros tipos de estafadores son los de “cuello blanco”. Son individuos que en su mayoría se diferencian de los primeros porque tienen un grado más alto en cuanto a su formación profesional o de educación. En este grupo están algunos abogados, policías, políticos, empresarios, entre otros.

En Cochabamba, a finales de los años 80 y principios de los 90 se crearon las denominadas “financieras”, entidades que estafaron millones de dólares a miles de personas en un lapso no mayor de cinco años. A nivel nacional esta práctica de engaño proliferó como hongos tras una copiosa lluvia de verano.

Muchos gerentes de estas financieras tuvieron que enfrentarse ante la Justicia recibiendo el peso de la ley, otros huyeron del país, mientras que otros se suicidaron o aparecieron muertos. Las personas que depositaron su dinero en estas financieras jamás recuperaron el ciento por ciento.

En la actualidad, un caso de estafa de tintes mayúsculos realizado por personas de “cuello blanco” se presentó en Cochabamba y afecta a cientos de personas de varias ciudades.

Este episodio de estafa se dio en 2019 con la preventa de entradas para la presentación en vivo, en Cochabamba y Santa Cruz, del cantante puertorriqueño Chayanne, prevista para marzo de 2020, en la gira latinoamericana denominada Desde el Alma Tour 2020.

El concierto fue aplazado por efectos de la pandemia del coronavirus, por lo que Chayanne decidió suspender, en ese año, todas sus presentaciones en Sudamérica. Por las denuncias y los reclamos que se dan en las redes sociales se habla de una estafa que fluctúa entre Bs 15 millones y 18 millones.

En una conferencia de prensa, a principios de 2019, los empresarios artísticos anunciaron con bombos y platillos la presentación de Chayanne después de casi 15 años de ausencia en el país.

Este anuncio despertó el interés en miles de fans del puertorriqueño, que no escatimaron esfuerzos por adquirir las entradas para el concierto que fluctuaban entre Bs 800 y 1.400, según las áreas destinadas para el show.

Los reclamos para la devolución de las entradas se realizaron ante el Viceministerio de Defensa del Consumidor sin que hasta el momento dé una solución a esta estafa.

En las redes sociales se denuncia que los organizadores del evento quieren devolver el 70% del costo de las entradas y quedarse con el restante 30%, aduciendo que han realizado gastos anticipados para el concierto.

En países como Colombia y Argentina, los promotores de presentar el espectáculo devolvieron el 100% del valor de las entradas a todos quienes las adquirieron en el sistema denominado preventa.

Pero en nuestro país, los organizadores del concierto se resisten a devolver el costo de los tickets porque dicen que “pagaron en los hoteles de Cochabamba y Santa Cruz” la estadía del cantante y de todo el personal que lo acompañaría en la gira sudamericana. También aducen que “han pagado la totalidad de un vuelo chárter” contratado para el artista.

Los estafados denuncian que realizaron las averiguaciones correspondientes en los hoteles y en la empresa aérea, y que fueron informados que no recibieron un solo centavo por concepto de reservas ni pagos.

Los miles de fans de Chayanne han recibido dos estocadas: no poder verlo en vivo y, por otra parte, han perdido su dinero porque han sido estafados por gente sin escrúpulos.

Llama la atención la posición del Viceministerio de Defensa del Consumidor, que en otros casos en el que se suspendieron algunos conciertos coadyuvó en la devolución de las entradas, pero en el caso específico de Chayanne, no lo hizo.

Ante esta situación, en las redes sociales se critica al viceministerio que tiene conocimiento del caso, pero no toma acciones legales para solucionar este problema.

A cuatro años de esta estafa, las autoridades judiciales y policiales ya deberían tomar cartas en el asunto para que este tipo de acciones no se repitan por el bien de la ciudadanía.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

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