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Saturday 20 Apr 2024 | Actualizado a 13:08 PM

Capitalismo vs desarrollo socioeconómico

El desarrollo socioeconómico se concentra en la planificación del desarrollo

Luis Ballivián Cuenca

/ 19 de febrero de 2024 / 09:56

Los impactos del capitalismo y de la doctrina del desarrollo socioeconómico han cobrado expectativas en las últimas décadas. Quienes mantienen que el capitalismo estaría llegando a su fin, lo relacionan exclusivamente con los efectos negativos de empresas multinacionales en el capital, la inflación y el desempleo. Por su parte, los desarrollistas progresistas aplican programas inspirados en el bienestar, la equidad, la inserción y la alta inversión pública.    

El capitalismo tiene su origen con la revolución industrial, cuando se experimentó el paso de la manufactura basada en el trabajo manual hacia la gran industria maquinizada. La consolidación del régimen capitalista acarreó el desarrollo de fuerzas productivas,  concentración de la producción, aplicación de maquinaria, ampliación de medios de comunicación, expansión del comercio internacional, fortalecimiento de lazos comerciales entre países y el inicio a la investigación tecnológica. Mucho después del despegue del capitalismo, surgieron escuelas y doctrinas respecto a la macroeconomía.

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El sistema capitalista tuvo que enfrentar dos crisis casi fatales, en 1930 y 2008. La Gran Depresión de 1930 fue no solo una catástrofe económica, también un fracaso intelectual para economistas que estudiaban la teoría de ciclos económicos. Durante 200 años, la ciencia económica ha enfrentado la controversia acerca de la función del sector público. La función del Estado en el desarrollo económico fue destacada por John Keynes, en su tratado Teoría General, donde atacó la tradición liberal de la economía sosteniendo que el Estado tiene la obligación de generar trabajo mediante la ejecución de obras públicas. En la década de 1950, Franco Modigliani y Milton Friedman desarrollaron la teoría del consumo, destacando la importancia de las expectativas en la determinación de las decisiones de consumo. En la década de 1960, los debates entre keynesianos y monetaristas giraron en torno a tres cuestiones: la eficacia de la políti¬ca monetaria frente a la fiscal, la curva de Phillips y el papel de la política económica. En 1970, la macroeconomía parecía un campo próspero y maduro. Sin embargo, la ciencia económica se encontraba en crisis por dos motivos: a mediados de los años 70, la mayoría de los países padecían una estanflación, situación que nunca fue advertida por macroeconomistas. La crisis económica financiera de 2008 puso en peligro el equilibrio mundial de la economía. Llegó al extremo que EEUU tuvo que emitir moneda por un monto de $us 780.000 millones para inyectarlos en la economía y paliar de esta manera la quiebra de instituciones financieras. Se otorgó el Premio Nobel de Economía 2008 a Paul Krugman, en mérito de haber combatido ferozmente la política económica de la administración republicana, anticipándose a la crisis de 2008. Krugman inició la batalla contra la ineficiencia y deshonestidad de gobiernos republicanos en su libro El gran engaño (2004). Sin embargo, el mayor daño ocasionado a la humanidad por el capitalismo ha sido inculcar el culto al dinero y el consumismo. Asimismo, es el causante de enfermedades fatales como la diabetes, la drogadicción, el sida, la obesidad y el COVID. En busca de su poder hegemónico, ha ocasionado guerras regionales y ha logrado aplicar sanciones económico-financieras a países que no “comulgan” con principios neoliberales.

El desarrollo socioeconómico se concentra en la planificación del desarrollo, que es un intento organizado, consciente y continuo de seleccionar las mejores alternativas disponibles para lograr metas específicas. Involucra cambio más crecimiento. La necesidad del cambio es importante, si es que no constituye su misma esencia. En Bolivia rige una economía mixta con alta inversión pública, donde la planificación del desarrollo ha significado la esencia doctrinal del bienestar social. La normativa, partiendo de la Constitución Política, contempla: el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011; el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020; la Agenda Patriótica 2025; el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y el Nuevo Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo. El desarrollo socioeconómico, vinculado al movimiento progresista, se enmarca dentro de los siguientes objetivos socioeconómicos: alto nivel de empleo; eficiencia; estabilidad económica; distribución equitativa de ingresos; crecimiento; control y manejo ambiental. 

(*) Luis Ballivián Cuenca es economista

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BRICS, alternativa al neoliberalismo

Luis Ballivián Cuenca

/ 9 de marzo de 2024 / 03:30

Ante la arremetida del capitalismo feroz hegemónico de EEUU y la UE, surgen los BRICS+​ como grupo, foro político y económico de países emergentes, en un espacio internacional alternativo al G7. ​Fue creado en 2010, conformado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tras la incorporación de este último país a la ya existente BRIC. El nombre está compuesto por las iniciales de sus Estados miembros, si bien a partir del 1 de enero de 2024 se sumaron Egipto, IránEmiratos Árabes UnidosArabia Saudita y Etiopía. El PIB de los BRICS representa el 37% del PIB mundial y el 46% de la población mundial. La tesis fue propuesta por Jim O’Neill, economista global en Goldman Sachs, quien escribió un ensayo titulado Building Better Global Economic BRICS (Construyendo mejores ladrillos económicos globales), haciendo un juego de palabras entre el acrónimo originado de Brasil, Rusia, India y China, y el vocablo inglés brick, que significa ladrillo.  Este término fue acogido rápidamente por analistas y académicos internacionales, pues resumía un concepto oportuno: el de los países muy poblados, con economías ascendentes, una clase media en proceso de expansión, un crecimiento superior a la media global y potenciales herederos del poderío económico limitado a los miembros del llamado G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y la Unión Europea). O’Neill declaró que en 2001, cuando el BRIC fue creado, no se consideró a México, pero que sin duda ese país tiene factores muy semejantes a naciones originales del BRIC.​ Por su parte, Corea del Sur tampoco fue originalmente incluida en el BRIC, a pesar de presentar un sólido crecimiento económico.                                                                                          

Mi interpretación de la importancia de los BRICS radica en la necesidad de crear una moneda internacional alternativa, sustentada por las reservas y los activos internacionales de los actuales países integrantes. Este proyecto podrá entrar en vigencia a partir de 2030, cuando los PIB y las reservas de los países BRICS superen los PIB y las reservas de los miembros del G7. Asimismo, hasta 2030 se incorporarán otros 10 o 20 países a los 10 vigentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y EgiptoIránEmiratos Árabes UnidosArabia Saudita y Etiopía). Sería ideal que entre las naciones potenciales a ser incorporadas se encuentren Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia y México. Mientras tanto, hasta 2030 los BRICS podrán fortalecer tratados comerciales y transacciones internacionales con monedas locales entre países, obviando el dólar. Asimismo, el Banco de Desarrollo BRICS, ya constituido, podrá asumir funciones de financiamiento de proyectos, fortalecimiento de reservas y asesoramiento comercial entre los Estados miembros.   

Luis Ballivián Cuenca es economista.

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El americano feo

Reflexión sobre la elección en EEUU, que tendría que interesarnos más de lo que creemos

/ 4 de noviembre de 2020 / 12:28

Probablemente, algunos de mi generación recordarán la película El americano feo, protagonizada por Marlon Brandon, donde se muestra la bipolaridad del estadounidense. Por una parte, los demócratas, defensores de los derechos humanos, de la democracia y la libertad. Contrapuestos a tales valores, los republicanos, amantes de la guerra, defensores de élites financieras, impulsores del complejo armamentista, racistas, desconocedores del deterioro ambiental y, lo que es peor, distorsionadores de la realidad en base a mentiras.

Los republicanos llegaron a asesinar a J.F. Kennedy, demócrata que intentó acabar con la guerra en Vietnam. Cometieron actos de corrupción (Watergate), invadieron sin razón países en Medio Oriente para defender intereses petroleros, lo que significó el ataque a las Torres Gemelas en 2001. La crisis económica financiera de 2008 y 2009 se origina en la administración republicana. Comenzó en el mercado inmobiliario de EEUU, cuando se revelaron vulnerabilidades en los mercados financieros en general y en las políticas de manejo de riesgo de entidades bancarias. Ocurrió debido a una ineficiente regulación del sistema financiero, sin priorizar la atención a debilidades, falacias y libertinaje del propio sistema, situación agravada por la gran concentración de riesgo crediticio, producto de innovaciones financieras del momento. Tuvo que ser un demócrata (Barack Obama) que solucionara semejante crisis, inyectando $us 780.000 millones en la economía, evitando la quiebra de instituciones y sistemas internacionales, asunto reconocido por Estocolmo, al haberle otorgado el Premio Nobel de la Paz en el año 2010.

Otro galardón académico recayó en Paul Krugman, profesor de Princeton University (y demócrata), más conocido por sus influyentes y polémicas columnas en The New York Times desde 1999. La Real Academia de Ciencias de Suecia le otorgó el Premio Nobel de Economía 2008, en mérito de haber combatido la política económica de la administración republicana, anticipándose a la crisis del 2008-2009. Krugman inició la batalla contra la ineficiencia y deshonestidad de gobiernos republicanos en su libro El gran engaño (2004). Posterior a la crisis de 2008, se convierte en crítico absoluto de Donald Trump. En numerosos artículos periodísticos publicados en The New York Times, El País y en nuestro matutino La Razón. En 2018 publica su libro Paul Krugman contra los zombis (los republicanos).

Trump es ‘el americano feo’ agravado, quien pone en peligro la propia estabilidad americana y mundial, con actitudes que mellan la esencia del americano de EEUU. Por suerte aparece el candidato demócrata Biden en procura de ganar las próximas elecciones, como último recurso para que EEUU se “libere” del monstruo político Trump.

Un artículo de Paul Krugman publicado en Cambio (agosto 2019) define a Trump como racista atrapado en el pasado, que utiliza lenguaje deshumanizante para referirse a gente que no es de piel blanca. Últimamente, Krugman confirmó el racismo de Trump en La Razón (26/6/2020), cuando sarcásticamente inicia su campaña electoral en Tulsa, ciudad donde existió la mayor masacre negra, la destrucción de una clase media negra emergente, que había surgido por el auge petrolero, en 1921.

 Otro artículo de Krugman, publicado en La Razón (24/6/2018), La caída del imperio estadounidense, reflexiona que estaríamos siendo testigos de un rechazo sistemático de valores estadounidenses tradicionales, que hicieron grandioso a EEUU, país que representaría la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho como principios universales. Actualmente, EEUU dista de tener el mismo dominio que tenía como potencia progresista de hace 70 años. Si el país se dirige a una guerra comercial, lo único que logrará es crear millones de trabajadores desplazados. Trump está destrozando valores de grandeza estadounidense, convirtiendo a este país en acosador, echando todo por la borda.

La “pulseta” que se avecina es incierta, especialmente considerando que la intención de Trump es “dominar” América Latina a cualquier costo. Esta actitud podrá ocasionar enfrentamientos sociales de gran magnitud, forzando la institución de gobiernos militares, tal como sucedió en la década 1970. Richard Black, senador por Virginia, demandó que el gobierno de Trump ponga fin a su política injerencista tanto en Venezuela, como en Bolivia. El legislador aseguró que el gobierno de Trump promovió el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales por el interés especial que tiene en sus grandes depósitos de litio (Internet).

Los resultados de las elecciones en EEUU tendrán considerables repercusiones en el mundo entero. Es posible que por primera vez en la historia de EEUU, el Consejo de Seguridad Nacional deba intervenir en pro de una paz social, declarando al ganador de las elecciones como presidente legítimo de EEUU, otorgándole todas las garantías constitucionales que demandan las circunstancias.

En Bolivia, la posible victoria del demócrata Biden permitirá emprender estudios internacionales que demuestren la inexistencia del supuesto fraude “fabricado” por la OEA en octubre del 2019. Adicionalmente, se podrán realizar investigaciones pertinentes a la participación de EEUU en el golpe de Estado ocurrido en Bolivia en noviembre de 2019, acudiendo a los 28 congresistas demócratas demandantes de realizar estudios que permitan señalar errores del estudio de la OEA respecto al supuesto fraude electoral en Bolivia.

(*) Luis Ballivián Cuenca es economista

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Refutar el fraude

El daño hecho por la OEA y su informe ´trucho´ fue devastador, en lo político, institucional, social, radical y económico

/ 7 de octubre de 2020 / 09:24

El 6 de septiembre, en este mismo suplemento se publicó mi artículo “Crítica a la narrativa del fraude”; allí me enfoco de manera técnica y puntual en trabajos realizados por instituciones de renombre como el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts de EEUU) y publicaciones del Washington Post y The New York Times. En esta segunda parte ahondo en lo político y lo social, motivado por las coincidencias con el requerimiento de 28 congresistas del Partido Demócrata de EEUU, realizado ante el Secretario de Estado de EEUU, en el sentido de que se revisen los informes de la OEA sobre los comicios en Bolivia en 2019; y exigir transparencia, imparcialidad y eficiencia en futuras misiones electorales de la OEA (La Razón 23/09/2020).

El daño ocasionado por el informe “trucho” de la OEA fue devastador, en lo político, institucional, social, racial y económico. En lo político, se logró quebrantar el proceso de cambio y perseguir a sus autoridades, lo que imposibilitó refutar el informe de la OEA, asunto que viola los principios básicos de cualquier proceso de auditoría. Los congresistas determinan que “las denuncias de fraude electoral de la OEA fueron aprovechadas por los opositores políticos del presidente Evo Morales para intensificar las protestas, reunir apoyo internacional y, semanas después, sacarlo del poder con apoyo militar”.

En lo institucional, los “hackers” de la OEA logran quebrantar la institucionalidad electoral boliviana, compuesta por la Ley 026, por el Tribunal Supremo Electoral, por instancias reglamentarias, operativas y técnicas reconocidas internacionalmente. Este quebrantamiento llega al extremo de encarcelar a vocales del TSE  y perseguir a supuestos responsables del fraude ficticio, mediante actitudes netamente golpistas. Al haber “borrado” lo institucional, la OEA asumió el papel de “Gestapo” con prerrogativas omnipotentes, con cierres definitivos de auditorías marginales, sin dar lugar a revisiones. Pero no contaron con la aparición de tres análisis y estudios internacionales que siembran dudas sobre la auditoría de la OEA, al extremo de erosionar su credibilidad (La Razón 27/09/2020). Al ser nombrado y posesionado el nuevo Tribunal Supremo Electoral, por un gobierno de facto, se crea un vacío de efectividad creíble. Al respecto, los congresistas determinan que, “dado que la OEA ha sido invitada a monitorear las próximas elecciones, instamos a la administración (de EEUU) a utilizar su voz en la OEA para abogar por una evaluación exhaustiva e independiente de las declaraciones e informes de la OEA”.

En lo social, los levantamientos sociales como producto del golpe de Estado resultan en más de 40 muertes y centenares de heridos. Además, se violan los derechos humanos y se da curso a persecuciones políticas, acoso y represión a militantes del MAS. A principios de 2020, 160 políticos del MAS fueron detenidos y 600 ex funcionarios estuvieron bajo observación. La Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard en su informe Nos dispararon como a animales encuentra abusos y violación de derechos humanos en Sacaba y Senkata, ocurridos en noviembre del 2019. En el estudio —realizado entre octubre 2019 y enero 2020— se identifican patrones desconcertantes de violaciones de derechos, identificados mediante 220 entrevistas realizadas a víctimas; familiares, activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, abogados, fiscales, médicos, investigadores, funcionarios de ministerios, policías y militares. Los congresistas determinan que “los comicios del 20 de octubre derivaron en protestas cívicas que fueron alimentadas por un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas para la dimisión de Morales y el informe de la OEA que apoyó el discurso de fraude. El Secretario de la OEA se apresuró a reconocer a la presidenta no electa, Añez, y aún no se ha pronunciado sobre el deterioro de los derechos humanos y la persecución de los opositores políticos”.

En lo racial, la interrupción del proceso de cambio despertó odios raciales de irrespeto recíproco. De acuerdo a Jorge Richter, “las fuerzas sociales vuelven a colisionar; el país nuevamente exterioriza la vena iracunda de un racismo” (La Razón 12/8/2020). La intención de interrumpir el proceso de cambio, era fundamentalmente cambiar la nueva Constitución, borrar la denominación de Estado Plurinacional y privatizar las empresas públicas que financiaban los bonos sociales. Renacen además, tendencia separatistas de la “media luna” con el slogan que Evo Morales debe desaparecer de todo contexto político, para lo cual la sigla del MAS debe ser borrada. Al respecto, los congresistas manifiestan: “Como probablemente sepa, las autoridades de facto que tomaron el poder tras la renuncia forzada de Morales, han promovido una agenda racista y anti-indígena y han desplegado al Ejército para reprimir violentamente las protestas, lo que resultó con muchos civiles asesinados y heridos”.

En lo económico, el PIB disminuye en crecimiento anual, las exportaciones se redujeron y las inversiones públicas y privadas experimentaron un decaimiento significativo, todo ello tan solo en 5 meses (antes de la pandemia). Uno de los enfoques analíticos que utilizamos los economistas se refiere al costo de oportunidad o a cuál hubiese sido la situación si no se interrumpía el proceso de cambio. En términos de crecimiento, Bolivia hubiese logrado alcanzar el 4.5%, con exportaciones ascendentes y con inversiones públicas planificadas. Otro aspecto digno de análisis en lo económico es que Bolivia hubiese podido enfrentar la crisis del COVID-19 con un gran respaldo económico, que hubiese permitido fortalecer el sector sanitario mediante medidas oportunas en respiradores, reactivos, centros médicos, asesoría cubana y disciplina social (como la paraguaya).

Los bolivianos hemos sido ultrajados, pisoteados y agredidos por poderes internacionales que utilizaron a grupos nacionales para interrumpir el proceso de cambio progresista. Refutar y rechazar el informe de la OEA representa una obligación de los bolivianos. De ser electo presidente el demócrata Biden en EEUU (muy probable) y de ser electo presidente de los bolivianos, Arce Catacora, se llegará a las últimas consecuencias para  demostrar que en Bolivia no existió fraude alguno en las elecciones de octubre 2019. De verificarse los errores del informe de la OEA, las consecuencias nacionales e internacionales serán escandalosas, en lo civil, social, económico y político.

(*) Luis Ballivián Cuenca es economista

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Crítica a la narrativa del ‘fraude’

El Informe de la OEA sobre las elecciones se basa en datos parciales y maneja la evidencia de modo tendencioso

/ 9 de septiembre de 2020 / 07:36

El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés), realizó el trabajo titulado Observando a los observadores: la OEA y las elecciones bolivianas de 2019 (Jake Johnston y David Rosnick, junio de 2020). Luego vinieron otros trabajos: Bolivia descartó sus elecciones de octubre como fraudulentas, Washintong Post (John Curiel y Jack Williams, febrero de 2020); Estudio de especialistas del MIT no encuentra evidencia estadística de fraude en las elecciones de Bolivia. (Antonia Laborde, marzo de 2020); ¿Hubo fraude en las elecciones de Bolivia? (Rodrigo Quiroga y Sol Minoldo, marzo de 2020); Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración. (Anatoly Kurmanaev y María Silvia Trigo, The New York Times, junio de 2020).

Por su importancia, se pasa a resumir las principales conclusiones del estudio del CEPR.

Las actividades de observación de la OEA en las elecciones generales de Bolivia en 2019 son el ejemplo de una misión de observación profundamente problemática cuya conducta deshonesta, parcial y poco profesional ha causado graves daños a la democracia del país.

El CEPR ha demostrado cómo los mismos datos en los que la OEA basó sus alegatos, contradecían claramente esos mismos alegatos.

Los autores del informe (de la OEA) tergiversan tanto los datos como la evidencia encontrada en su auditoría en un intento de reforzar aún más sus afirmaciones sobre una manipulación intencional por parte de las anteriores autoridades electorales de Bolivia.

El Informe de la OEA no proporciona ninguna evidencia que ciertas irregularidades hayan alterado el resultado de la elección o fueran parte de un intento deliberado de hacerlo.

El análisis de la CEPR se centra en las acciones de la OEA y en informes públicos sobre las elecciones bolivianas. La credibilidad de la OEA tiene enormes implicaciones de cara a las próximas elecciones bolivianas, así como para otros procesos electorales en todo el hemisferio. Una organización multilateral llamada a resolver una disputa electoral debe ser honesta, imparcial y creíble.

El estudio (del CEPR) muestra que la OEA no puso en práctica estos criterios en el caso de la crisis electoral boliviana de 2019. La narrativa de fraude que la OEA ayudó a promover fue un factor decisivo para que Evo Morales, el presidente democráticamente electo, tuviera que huir del país (a bordo de un avión enviado por México) meses antes de que terminara su mandato; otros funcionarios —incluidos ex miembros de la autoridad electoral de Bolivia— fueran encarcelados; un Gobierno de facto no electo asumiera el poder con el apoyo de militares, reprimiendo violentamente a las protestas, persiguiendo a los opositores políticos, y orquestando un cambio drástico en la política exterior de Bolivia.

El error del TSE al no ofrecer una explicación pública y clara sobre la decisión de interrumpir el TREP contribuyó en gran medida a la crisis electoral, dañó la credibilidad de la contienda y polarizó aún más una atmósfera política ya tensa. La responsabilidad también recae en líderes de la oposición política, quienes públicamente llamaron a no respetar los resultados si Morales ganaba. Esta situación abre el debate sobre la necesidad de que existan actores regionales independientes que puedan comprometerse de manera fiable en la resolución de las disputas. La OEA no es esa institución, como lo demuestran las acciones llevabas a cabo en Bolivia.

Los autores del Informe final de la OEA tergiversaron los datos y la evidencia encontrada en la auditoría, en su intento de sustentar sus afirmaciones (en el sentido) que se produjo una manipulación intencional por parte de las autoridades electorales de Bolivia. En ese sentido, el Informe Final de la OEA: a) está basado en análisis estadísticos inconsistentes y suposiciones incorrectas; b) oculta o esconde totalmente los resultados de los ejercicios de verificación practicados, a pesar de que son altamente relevantes; c) no presenta evidencia que demuestre una manipulación de los resultados; d) no presenta información que demuestre que problemas del TREP, reales o supuestos, comprometieron el cómputo oficial o que éste fue alterado de manera fraudulenta; e) no esclarece la interrupción del TREP y, como consecuencia, perpetúa una falsa narrativa de fraude.

La OEA no trabajó con —ni definió un rol para— las autoridades electorales nacionales. Para el momento en el que la OEA publicó su Informe Final, cinco de los seis vocales del TSE se encontraban en prisión preventiva. Lejos de establecer estándares y procedimientos claros para la auditoría, el trabajo fue realizado de manera ad hoc y sin la debida transparencia metodológica. Se desconoce qué tipo de capacitación recibieron los auditores. No hubo un código de conducta establecido por el Grupo de Auditores. El acuerdo firmado entre el Estado boliviano y la OEA incluye protecciones de inmunidad para el Grupo de Auditores, pero no delinea nada con relación a un código de conducta.

Lo más dañino del Informe Final es que se basa en datos parciales y que presenta la evidencia de manera tendenciosa, para llegar a conclusiones con implicaciones muy graves. Esto es absolutamente contrario a las buenas prácticas de auditoría. Además, el Informe Final de la OEA, como las mismas autoridades del gobierno de facto han dejado muy en claro, ha asentado bases para las persecuciones legales en contra de los funcionarios electorales.

La OEA pudo haber escogido un camino diferente. Sus decisiones son responsabilidad exclusiva de la institución y específicamente del secretario general. Debido a que una cantidad significativa de material electoral original fue destruido en manifestaciones posteriores a las elecciones, era técnicamente imposible verificar el 100% de los resultados. Sin embargo, al perpetuar una falsa narrativa, así como formulando acusaciones serias e infundadas, la OEA optó por una intervención política en lugar de una intervención técnica.

Esto tendrá secuelas en Bolivia, pero quizás de manera más importante traerá consecuencias para todos los países del hemisferio. Mientras la OEA opere sin ningún tipo de control y rendición de cuenta, aumentará la frecuencia de este tipo de intervenciones políticas, con desastrosas consecuencias para la consolidación democrática en la región.

(*) Luis Ballivián Cuenca es consultor y planificador de proyectos

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Retruque boliviano

El 73% de los chilenos manifestó estar de acuerdo en que se restablezcan las relaciones entre ambos países.

/ 28 de noviembre de 2018 / 04:47

Ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el sentido de que Chile no está obligado a negociar una salida soberana en el Pacífico a favor de Bolivia, se ha visto coartada la posibilidad de que el Estado nacional busque una solución pacífica y civilizada para superar el enclaustramiento marítimo del país, provocado por una guerra injusta. De esta manera, se desestimó una solución lógica y racional, lo que obliga a Bolivia a emprender otro camino, consistente en solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios incurridos por Chile al haber incumplido el Tratado de 1904.

Tal como lo define el periodista Iván Bustillos (La Razón 7/10/2018), no existió un análisis integral por parte de los 12 jueces de la CIJ que fallaron a favor de Chile, quienes adoptaron una posición conservadora del derecho internacional; mientras que los tres jueces disidentes revelaron que las pruebas presentadas por Bolivia no fueron debidamente analizadas. Por caso, el juez Daudet opinó que la CIJ no tuvo el cuidado de contextualizar el Estado de derecho, siendo que cuando se asumen de manera acumulativa los elementos judiciales, éstos producen efectos legales. Por otra parte, Daudet sostuvo que los aspectos morales no fueron correctamente abordados, al ignorarse los principios de buena fe, componente fundamental de toda negociación internacional.

Al considerar las fallas conceptuales en los ámbitos legal y moral, Bolivia debe retrucar el fallo de la CIJ, cuestionando el incumplimiento del Tratado de 1904, y demandado una indemnización por los daños ocasionados por demoras constantes en el embarque y la internacionalización de las mercaderías, que ascienden a aproximadamente $us 700 millones, cifra que podrá ser comprobada y respaldada por instancias internacionales.

Cuando se acudió a la Corte de La Haya primó el concepto de “borrón y cuenta nueva” que Chile no supo valorar. Tampoco valoró las buenas intenciones de Bolivia de solucionar el conflicto a través de diálogo y el entendimiento. Es más, Santiago celebró la equivocada resolución del tribunal internacional como si hubiese sido una batalla ganada. Sin embargo, tras el fallo del CIJ el 74% de los chilenos admitieron que existen temas pendientes con Bolivia (La Razón, 9/19/2018). Asimismo, el 73% de los chilenos manifestó estar de acuerdo en que se restablezcan las relaciones entre ambos países.

Una nueva acción legal contra Chile deberá ser realizada por el mismo equipo que defendió la salida soberana por dos razones fundamentales: por la experiencia adquirida y por los contactos internacionales realizados durante el proceso. En términos de costo-eficiencia, se deberían recuperar los montos invertidos en el juicio original, junto a los aproximadamente $us 700 millones mencionados anteriormente. Este asunto representa una obligación del Gobierno nacional por dos razones fundamentales: el retruque ante una decisión equívoca y por la obligación intrínseca de recuperar los daños y perjuicios incurridos por Chile durante muchos años por el incumplimiento del Tratado de 1904.

Existe un tercer aspecto de análisis dentro del materia costo-beneficio relacionado con el costo de oportunidad. Al no contar con un acceso soberano, Bolivia debe identificar nuevos accesos de salida hacia el mar. Al haber identificado puertos como Ilo y Puerto Bush, Bolivia deberá incurrir en inversiones cercanas a los $us 2.000 millones.
Para concluir, debemos actuar con valentía, buen criterio y razonamiento para obtener resultados. Nada está perdido, simplemente las condiciones han cambiado hacia un mejor panorama; como reza un refrán: “No hay mal que por bien no venga”.

* Analista económico, titulado de la American University.

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