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Friday 19 Apr 2024 | Actualizado a 16:08 PM

La (ir)racionalidad de comprar dólares

La especulación de dólares ha favorecido únicamente a librecambistas y algunos grupos de poder económico

Omar Velasco Portillo

/ 22 de febrero de 2024 / 06:53

El dólar ha vuelto a ser noticia en el país. El tipo de cambio informal ha superado la barrera psicológica de Bs 8. La gente se apresta a buscar la divisa norteamericana pero no la encuentra. El Gobierno reafirma que se ha provisto de la cantidad suficiente. ¿Especulación o crisis? ¿Cuántos dólares necesita la economía para funcionar? ¿Conviene comprar dólares a este precio? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes son los que presionan el tipo de cambio y por qué? Las respuestas, en 4.000 caracteres.

El dinero se usa para tres fines esenciales: realizar transacciones, atesorar riqueza y especular. La economía boliviana no necesita de muchos dólares para operar con normalidad. La demanda transaccional de bolivianos —medida por la absorción interna— es cuatro veces más grande que la de dólares, que se utiliza para financiar importaciones. En el sistema financiero, por cada boliviano que se deposita en moneda extranjera hay nueve en cuentas en bolivianos. Si las importaciones se cubren —en su mayor parte— por las exportaciones y si nos abstraemos de las otras cuentas externas, la demanda transaccional de dólares está dada por el déficit comercial, que el año pasado llegó a $us 585 millones. Sin embargo, la pérdida de reservas internacionales (RIN) fue mayor en $us 1.500 millones. ¿Dónde fue a parar el resto de dólares?

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La especulación es un acto financiero racional pero indigno. Es el arte de crear dinero con más dinero. Comprar barato para luego venderlo caro. Los operadores de la bolsa se dedican a buscar puntos de ruptura en los precios activos financieros. Una vez que lo hacen, apuestan su dinero a una tendencia (alcista o bajista). Si un especulador boliviano espera que el tipo de cambio continúe subiendo, aumentará su demanda hoy, esperando poder revender el mismo dólar en el futuro a un precio más alto. Este acto produce escasez. Durante la gestión 2023 hubo una demanda extraordinaria de más de $us 1.500 millones que hizo caer las RIN, lo que no se debe a transacciones ni ahorro en dólares en el sistema financiero. Al no haber la suficiente disponibilidad de divisas en el mercado, el precio paralelo comenzó a despegarse del oficial formando un mercado negro o bien fortaleciendo al que ya había.

Los bancos también especulan con el dinero de la gente. Cuando la liquidez en moneda extranjera comenzó a bajar y los bancos ya no recibían la misma dotación de dólares del BCB, dejaron de vender divisas al público e implantaron un cepo cambiario para contener los retiros de depósitos. Con más de $us 300 millones en sus bóvedas al presente, ¿por qué no devuelven los dólares de la gente? Para proveerse de dólares, los bancos tuvieron que pagar un tipo de cambio preferencial más alto a los exportadores, pero al no poder vender por encima del oficial (Bs 6,96), incrementaron las comisiones de transferencias al exterior a sus clientes que realizan importaciones. El cobro de comisiones subió entre 8% y 26%, muy por encima del 2% que cobra el BCB por la misma operación a los bancos privados. En 2023, los ingresos brutos por comisiones sumaron más de Bs 3.000 millones adicionales y explican buena parte de las jugosas utilidades de toda la banca, de Bs 2.000 millones. ¡Todo un récord!

Una parte de la población boliviana también está estocando dólares en su colchón y con sus acciones contribuye a la especulación de manera inconsciente. El posicionamiento de noticias negativas sobre la salud de la economía ha creado un clima de nerviosismo en la población y alentado un nuevo brote especulativo. Algunos ciudadanos incautos, en el afán de proteger sus ahorros de una potencial devaluación del boliviano, se han asomado al mercado negro en busca de dólares. Por asombroso que parezca, estos agentes omiten en su cálculo que por cada $us 100 que compran en el paralelo, están perdiendo más de Bs 100 al cambio actual. En el margen, los ahorristas dolarizados informales no están ganando, sino que se están asegurando una potencial menor pérdida.

Su actuar no solo es irracional a nivel individual, sino también colectivo. Con sus conductas reducen la disponibilidad de dólares de la economía para aquellos agentes que realmente necesitan realizar transacciones, y acentúan la escasez de divisas, siendo los responsables últimos de la pérdida de valor del boliviano en el mercado paralelo. La especulación de dólares ha favorecido únicamente a librecambistas y algunos grupos de poder económico que concentran las exportaciones, en desmedro de la mayoría de los bolivianos.

(*) Omar Velasco Portillo es economista

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Censo y avances del Estado Plurinacional

Cifras y apuntes a la espera de los resultados del ejercicio censal que se realizó recientemente en el país.

Martha Oviedo durante la conferencia de prensa

Por Omar Velasco Portillo

/ 31 de marzo de 2024 / 06:45

Dibujo Libre

El 23 de marzo se realizó el tan esperado día del empadronamiento del Censo de Población y Vivienda 2024. Este artículo analiza, extrapola y conjetura los posibles resultados que se observarán luego de las labores censales y la publicación de datos oficiales a partir de las encuestas de hogares de 2011 y 2021, los censos anteriores y otros registros administrados con el objetivo de evaluar algunos avances en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia.

Según el conteo del número de habitantes se confirmará que la población boliviana superó -hace un par de años- los 12 millones de habitantes. Todos los departamentos reportarán un mayor número de habitantes empero, a excepción de Pando, el resto de departamentos alcanzará un menor ritmo de crecimiento poblacional que Santa Cruz. Santa Cruz habrá desplazado a La Paz como el departamento con mayor población boliviana respecto al último censo de 2012.

Estado

Sin embargo, Santa Cruz está lejos de alcanzar los 4 millones de habitantes que estimó el departamento de estadísticas de su gobernación. Para que ello ocurra, tendría que haber crecido a razón de 4% anual los últimos 12 años. En cambio, si tomando en cuenta el crecimiento cruceño entre los dos últimos censos -de 2001 y 2012- que fue de 2,2% y la tendencia nacional e internacional de moderación del ritmo poblacional, lo más seguro es que el crecimiento promedio anual en este último periodo se encuentre a la mitad (2%).

Pero más allá de número de ciudadanos, existen otros datos importantes que deben ser analizados. El censo confirmará la aceleración de la transición demográfica en el país. Entre 2011 y 2021, la población niña, niño adolescente se ha reducido del 33,6% a 29,3%, principalmente en el área rural (de 38,6% a 31,5%). En cambio, la población adulta mayor se incrementó de 8,7% a 11,2% con mayor incidencia en el campo de 10,6% a 15,2%. Para 2024, los nietos duplican a sus abuelos en el campo mientras que en las ciudades son cuatro veces más números aún, confirmando la tendencia mundial de encogimiento del extremo inferior y ensanchamiento de la base superior de la pirámide poblacional. El envejecimiento poblacional tendrá consecuencias fiscales en los presupuestos públicos.

Censo

Bolivia continuará siendo una de las poblaciones más jóvenes del continente. La edad media de los bolivianos se incrementará aproximadamente de 27 a 30 años, aunque la mitad de la población aún poseerá menos de 27 años, lo que sugiere que Bolivia todavía puede explotar -si así se lo propone- su bono demográfico que es la proporción relativa de jóvenes y adultos en edad de trabajar respecto de la población dependiente que está formada por niños y adultos mayores.

El fenómeno migratorio campociudad y occidente-oriente, que comenzó en los años 50, continuó en la segunda década del siglo XXI. Se advierte que los municipios que más crecieron en el país provienen de los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz y Cochabamba. En cambio, se advierte una posible disminución poblacional en algunos municipios de los departamentos de Oruro, Potosí e incluso La Paz y Cochabamba. Las ciudades capitales de cobija, trinidad, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Tarija y Oruro y algunas ciudades intermedias como Cotoca, Quillacollo, La Guarida, Villamontes por mencionar algunas, podrían ser las mayores receptoras de la migración interna proveniente de los municipios más pequeños y medianos.

Datos del Censo

La recomposición de la estructura poblacional, implicará una redistribución de recursos cada vez más desigual, en términos absolutos, aunque en relación a la población parezca justa. Los municipios más pequeños recibirán menos coparticipación tributaria nominalmente en favor de los municipios más grandes. Tomando en cuenta que los municipios más grandes son lo que también más han diversificado sus ingresos fiscales, la nueva redistribución de ingresos conducirá potencialmente a una mayor concentración de los ingresos fiscales en áreas urbanas y un posible bajo gasto público subnacional en áreas rurales, sino se hace nada al respecto.

Con seguridad el déficit habitacional en Bolivia se ha reducido. En la última década se han otorgado más de 100.000 Créditos de Vivienda de Interés Social que han beneficiado a cerca de medio millón de bolivianos. Las mejoras en las condiciones de habitabilidad de la población estaban previstas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Según la encuesta de hogares, en 2021 el 80,8% de las personas declararon estar registradas o afiliadas a algún seguro de salud público. En cambio, en 2011 sólo el 38% de la población tenía acceso al sistema de salud. La implementación del Sistema Único de Salud forma parte de la política de universalización de la salud incorporada en el art.18 de la CPE. Empero, se advierten todavía diferencias importantes en el área urbana donde el porcentaje de cobertura llegó 90,2%, en cambio en el campo se sitúa en 76,9%.

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En 2021, el 93% de las mujeres en edad fértil señaló que su parto fue atendido en algún establecimiento de salud frente al 81% en 2011. El sostén financiero al seguro materno infantil y la implementación del bono Juana Azurduy de Padilla desde 2009 fueron esenciales para este logro. Sin embargo, aún existen diferencias importantes en área urbana 97,7% y el área rural 83,5%. Por otro lado, la tasa de deserción escolar bajó de 5,59% en 2011 a 1,46% en 2021, gracias al Bono Juancito Pinto. Esta tendencia se esperaría se mantenga en los ciclos de primaria y secundaria con un mayor número de bachilleres y titulados, aunque con marcadas diferencias nuevamente en el área rural y la ciudad.

La población boliviana también mejoró su acceso a las tecnologías de información. En 2012, el 60% de la población tenía acceso a un celular y 30% al internet. Para 2021 se incrementaron a 75% y 67% respectivamente. Una parte importante de este avance lo dio Entel ampliando su cobertura principalmente en el área rural.

Estas cuantas cifras son un pequeño esbozo de lo que el Censo de Población y Vivienda podría informar a los hacedores de política pública sobre las brechas aún existentes en el país y las demandas insatisfechas de la población. Pero, por otro lado, podrán constatar los avances vinculados. La construcción del Estado Plurinacional de Bolivia ha permitido mejoras en materia de salud y educación, habitabilidad, acceso a servicios básicos, tecnologías de información y otros ámbitos del desarrollo humano que el Censo 2024 deberá reflejarlos.

(*)Omar Velasco Portillo es economista

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Diez medidas para estabilizar el mercado cambiario

El autor establece un diagnóstico sobre la escasez de dólares en el país y plantea alternativas.

/ 3 de marzo de 2024 / 06:38

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El país atraviesa una escasez gradual de dólares y requiere de medidas urgentes. Para salir de esta situación, el sector público y privado acordaron una agenda de diez iniciativas que apuntan a corregir la balanza comercial deficitaria, garantizar el abastecimiento de combustibles al sector productivo, reducir los costos al comercio exterior y otros incentivos tributarios al sector privado nacional. El sector público parece mostrar un giro en sus relaciones con el sector privado que en el pasado reciente han estado confrontadas y se abre a los mercados.

¿Cuál es el origen de la falta de dólares? ¿Son estás políticas suficientes? ¿Es un retroceso del Estado en favor del mercado? ¿Cuál es el trasfondo e implicancias políticas de este acuerdo? Sin duda el tema de los dólares da mucho de qué hablar entre los bolivianos.

Para evaluar el alcance de estas medidas hay que partir entendiendo el problema. La baja liquidez externa tiene un origen real y estructural y otro artificial e inducido. El dinero cumple tres fines esenciales en toda economía: facilitar las transacciones, atesorar riqueza y sirve para especular. La economía boliviana no necesita muchos dólares para operar con normalidad. La demanda transaccional de bolivianos que se mide por las compras internas en moneda nacional que realizan los hogares, el gobierno y las empresas en bienes nacionales, es cuatro veces más grande que la demanda de bienes importados que si requiere de divisas. Los ciudadanos tampoco utilizan dólares para ahorrar, al menos los que lo hacen a través del sistema financiero. Por cada nueve bolivianos que están depositados en la banca, hay uno en moneda extranjera.

Si la demanda extraordinaria de dólares por motivo transaccional se mide por el exceso de importaciones sobre exportaciones -es decir- el déficit comercial, la pérdida de reservas internacionales (RIN) durante 2023 debió ser de $us 585 millones. En su lugar, los activos externos del país sufrieron una caída de $us 2.000 millones ¿dónde fue a parar el resto de dólares? La economía boliviana sufrió un ataque especulativo que derivó en una sobre demanda de más de $us 1.000 millones.

La semana que termina se cumple un año de especulación con el dólar. La demanda especulativa de dólares fue desatada por algunos economistas y políticos irresponsables, entre ellos el Sr. Samuel Doria Medina, que alentaron la especulación con sus temerarias apreciaciones al señalar que el país tenía 10 días de reservas internacionales para financiar importaciones y que la economía se encontraba al borde de un colapso total (Urgente.bo, 20 de febrero de 2023). Estas agoreras, pero falsas afirmaciones ¿podrían haber influido para que una semana más tarde se comience a reportar un tipo de cambio paralelo de Bs7,10 en las cuidades de Santa Cruz y Tarija? (El Deber, 27 de febrero de 2023). Hoy quienes cuestionan la política económica abiertamente en sus redes sociales quieren eludir su corresponsabilidad en la escasez de dólares.

Como resultado, una parte de la población boliviana comenzó a estocar dólares y con sus acciones, contribuyeron de manera inconsciente a la especulación. Esta conducta es “irracional” a nivel individual y colectivo porque la población -en el afán de proteger sus activos de una potencial devaluación- compra dólares cada vez más caros e induce a una mayor pérdida de su riqueza futura expresada en moneda nacional.

Ante la inminente fragilidad externa, el gobierno comenzó a realizar concesiones al sector privado. Se levantaron las restricciones a las exportaciones agropecuarias –principalmente de soya y derivados–, se anunció agilizar la entrega de Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIMs) y la otorgación de créditos para mejorar el rendimiento agrícola que buscan estimular las exportaciones las cuales perdieron un quinto de su valor en 2023. Ahora bien, liberación no es igual que liberalización, aunque suenen lo mismo. El levantamiento de las restricciones no les exime a exportadores a dejar de abastecer el mercado interno. Estas medidas podrían elevar las exportaciones en al menos $us 500 millones, pero para que sea efectiva se deberá completar el mecanismo que lleve a los exportadores a retornar esos dólares al país y se vendan a los bancos a un tipo de cambio razonable.

A la caída de las exportaciones, se suma una fuerte presión de compras por combustibles que absorbieron más de un cuarto de las divisas destinadas a las importaciones. Para alivianar el costo de la subvención y mejorar su entrega, se diseñó un mecanismo de asignación mediante subastas de lotes de diésel para grandes consumidores como empresas agroindustriales y mineras. Esta política se justifica en la medida que la subvención debe beneficiar a los hogares de menores ingresos y no a grupos económicos adinerados. Además, estos sectores al ser exportadores cuentan con divisas para realizar sus propias compras directas cuyo número de usuarios se pretende ampliar y agilizar los procesos de internación de combustible para quienes opten por esta vía. Ello podría implicar un ahorro fiscal de cerca de $us 150 millones.

Para algunos economistas neoliberales el déficit fiscal es la causa principal de la caída de las reservas, sin comprender la composición del gasto público. La mayor parte del gasto estatal se realiza en bienes no transables, es decir, que no requieren de divisas. Un recorte abrupto del gasto fiscal no revertiría el descenso de las reservas internacionales, sino que nos orillaría a una recesión económica. El sector público debe ajustar sus cuentas, pero lo debe hacer para corregir su desequilibrio comercial más no el déficit fiscal global.

Para dinamizar el comercio exterior también se gestionará una ley que permita ampliar la capacidad de carga del transporte pesado en carretera. Ello permitirá un ahorro en costos de transporte en al menos un 20% ($us 180 millones). Sin embargo, la falta de consensos en la asamblea la vuelve poco viable a muy corto plazo.

El acuerdo también motivó la creación de un bono en dólares por el BCB -que fue lanzado esta semana- como una alternativa a los dólares físicos para que la población reduzca su demanda especulativa. El objetivo además es captar las divisas que se encuentran fuera del sistema financiero para que puedan ser reinsertadas al circuito de la economía y se destinen a quienes necesitan realizar transacciones de comercio exterior. Con el bono se espera generar cerca de $us 100 millones, pero es muy probable que se absorba mucho más.

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Para reducir la especulación cambiaria también se ha incluido la fijación de bandas a las comisiones de transferencias y giros al exterior con el fin de limitar el poder discrecional de los bancos en el cobro de comisiones. Esta disposición ya se encuentra vigente y establece que los pagos al exterior mayores a $us 1.000 tengan una comisión entre un 5% y 10% adicional. En cambio, las operaciones inferiores a ese monto gozarán del principio de gratuidad y estarán libres de erogaciones adicionales.

El conjunto de medidas generará un flujo de $us 1.000 millones adicionales que logrará contener temporalmente la escasez de dólares, mientras se gana tiempo para abordar el problema estructural de la economía que tiene que ver con la excesiva dependencia de nuestra matriz energética a los hidrocarburos y la manera de acelerar las exportaciones estatales con la industrialización. En esa línea, se incentivará a los empresarios privados a construir sus propias plantas de biodiesel de manera que puedan autoabastecerse y en caso de excedentes puedan ser vendidos en el mercado doméstico. También habrá nuevos incentivos tributarios para la importación de automóviles eléctricos y flexibles. Actualmente, los autos eléctricos están alcanzado con un IVA de importaciones de cero y exento del gravamen arancelario. Esta política podría ampliarse para autos flexibles y otros repuestos y auto partes.

Para contener la falta de dólares, el sector público está cediendo su iniciativa productiva al sector privado, pero corre el riesgo de volverse más dependiente y ser desplazado en algún momento.

 (*)Omar Velasco Portillo es economista

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El bloqueo del bloqueo

No hay buenos ni malos bloqueadores. Todos los bloqueos generan perjuicios y pérdidas al país de distinta índole

Omar Velasco Portillo

/ 5 de febrero de 2024 / 09:45

Se entiende un bloqueo a la acción de interceptar, obstruir y cerrar el paso. La real academia de la lengua española también señala al hecho de impedir el funcionamiento normal de algo, dificultar y entorpecer la realización de un proceso.

Los bolivianos bloqueamos prácticamente por todo aquello que no nos gusta. Según el INE el número de huelgas, paros, marchas y otras manifestaciones sociales se han prácticamente duplicado en pocos años. Tan sólo entre 2019 y 2022, los bloqueos subieron de 643 a 2.349 casos. Los últimos 3 años tuvimos cerca de 100 días paralizados en algún punto del país. ¿por qué la gente sale a protestar a las calles?

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Hubieron bloqueos por diversas causas como la demanda de construcción de obras viales inconclusas en Warnes o Okinawa, por falta de recursos económicos en varias alcaldías cruceñas, ante la injusticia de hechos de violación como el ocurrido en Concepción, por la subida de precio de los terrenos en Kara Kara, por protestas medioambientales en el trazado de la línea Km 13 – Buena Vista, por falta de combustibles y en general ante la inatención de las demandas de población por las autoridades locales y nacionales. El instinto a bloquear está impregnado en el ADN de los bolivianos.

La mayoría de estos conflictos suelen ser sectoriales, regionales y son resueltos en pocos días; empero también hubo casos que se prolongaron como el paro de 36 días en la ciudad de Santa Cruz por la fecha de realización del censo. Hoy las más de 20 carreteras que unen a Cochabamba con el resto del país llevan más de 10 días de intransitabilidad. Esta capacidad de movilización de las organizaciones sociales en el campo no se había repetido desde los legendarios bloqueos de principios de siglo organizados por Felipe Quispe (el Malku) en el occidente y Evo Morales en los valles cuando era dirigente activo del trópico.

El bloqueo es una expresión antidemocrática pero legítima de quienes lo ejecutan. Los bloqueadores lo llevan adelante como medida de extrema necesidad y elevado sacrificio y la justifican en base a su derecho a la protesta y la reivindicación de sus demandas sociales. Sin embargo, por lo general sus acciones no tienen ninguna incidencia directa sobre la otra parte involucrada y es el resto de la población que —se ven limitados en su derecho a la libre circulación— terminan asumiendo el costo del conflicto. A nivel macroeconómico afecta a grandes actividades como el transporte, el comercio y el turismo. A nivel micro puede mermar el empleo, reducir los ingresos de los hogares afectados y ser fuente de desabastecimiento de bienes que obligue a las familias a pagar precios más alto.

Empero, el cierre de carreteras no es la única vía de bloqueo en el país, sino que existen otras formas. En la ALP se bloqueó durante 2023 la aprobación de créditos externos por un monto cercano a los USD 1.000 millones, lo que representa un perjuicio porque retrasa la ejecución de obras, posterga la entrada de divisas y limita el crecimiento económico.

La habilitad de bloquear también esta inserta en otros ámbitos. El TSE bloqueó el congreso del MAS realizado en Lauca-Ñ conminando a su directiva a instalar otro congreso y ahondando la división interna en el partido de gobierno.

El bloqueo sistemático del TCP a la realización de las elecciones judiciales desde 2023 no es menos reprochable que el bloqueo de caminos o de créditos. El TCP fue el causante de la dilatación de las elecciones judiciales, de la materialización de la prórroga de los magistrados a través de la sentencia 049/2023 y es la instancia que ha interpuesto en dos ocasiones un recurso contra la ALP para frenar la convocatoria y la preselección de candidatos judiciales. En síntesis, el bloqueo se ha convertido en la principal arma de guerra y estrategia en todas las esferas del poder político.

No hay buenos ni malos bloqueadores. Todos los bloqueos generan perjuicios y pérdidas al país de distinta índole. Las pérdidas económicas del bloqueo de caminos son cuantiosas, pero no son menos importantes que la pérdida de institucionalidad que está sufriendo el Órgano Judicial. Ello no quiere decir que un bloqueo se resuelva provocando otro. Sino todo lo contrario. Se debe establecer acuerdos reales que permitan destrabar ambos bloqueos de manera simultánea. Mientras todos estos bloqueos persistan, la institucionalidad democrática y judicial, así como la estabilidad económica están en riesgo.

(*) Omar Velasco Portillo es economista

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Los cimientos del estado plurinacional

A tres lustros de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia, una aproximación en clave de balance.

Una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional

/ 4 de febrero de 2024 / 06:56

dibujo libre

Son quince años desde la promulgación de la actual Constitución Política del Estado, el 7 de febrero de 2009. A tres lustros de su entrada en vigor es conveniente detenerse un momento y recordar su origen, naturaleza, avances y desafíos en su implementación. Este artículo se constituye en el primero de tres que abordan esta temática.

El actual texto jurídico sepultó al Estado colonial que sometió y ultrajó a las grandes mayorías del territorio nacional, por más de 500 años. También, irrumpió como un nuevo modelo de administración de Estado, en reemplazo del vetusto sistema republicano que no supo responder a las transformaciones sociales, las demandas de la población y los desafíos del nuevo siglo y más al contrario dio continuidad a las prácticas colonialistas que regentaron en el país en sus cerca de 185 años de vigencia.

La CPE de 2009 es el alumbramiento de un nuevo pacto político y social en Bolivia cuyo origen como hecho político-social se remonta, al menos una década previa a su promulgación. Por aquel entonces Bolivia vivía tiempos de convulsión social y crisis económica como consecuencia de los magros resultados de las reformas económicas estructurales impulsadas por gobiernos neoliberales desde mediado de los años 80’s y durante toda la década de los 90’s del siglo pasado. Lejos de modernizar la economía y hacerla más próspera y productiva el modelo neoliberal acrecentó la pobreza, las desigualdades sociales y la carencia al acceso a servicios básicos, cultivando un clima de descontento social generalizado.

El estallido de la guerra del agua, el año 2000 en Cochabamba, fue liderado por un contingente de campesinos, indígenas y sociedad civil en contra de la privatización del agua y en defensa al libre acceso a los recursos naturales. Si bien existieron manifestaciones sociales y luchas sindicales previas, este conflicto se constituye en el hecho político primigenio que sentó las bases para redactar una nueva constitución. A este suceso le siguió un masivo levantamiento indígena-popular en la cuidad del El Alto, reconocido en nuestra historia como la guerra del gas. Aquellos bolivianos defendieron nuevamente los recursos naturales del país frente a la intención inconsulta de los gobernantes de exportar gas a los mercados de EEUU y Chile.

Ambos conflictos fueron la base para que se produzca una ruptura entre la sociedad y la política que terminaría derrumbando el sistema tradicional de partidos caracterizado por las alianzas y el cuoteo de cargos e instituciones. En el orden democrático se tradujo en un nuevo ciclo electoral que se diferenció por el surgimiento de las organizaciones sociales como entes políticos, por mayorías absolutas junto a una mayor presencia indígena en la asamblea legislativa. Todo ello culminó con el exterminio de la casi totalidad de los partidos políticos tradicionales de aquel entonces.

Esta nueva correlación de fuerzas encaminaría una nueva agenda de reformas a la arquitectura del Estado cuyo punto de partida fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente en marzo de 2006 que era uno de los manifiestos incluidos en la agenda de los movimientos sociales de octubre de 2003.

La búsqueda de consensos y el trabajo por tiempo definido fue esencial para el cambio constitucional. En Chile, por ejemplo, el proceso constituyente fracasó luego de dos intentos fallidos por aprobar una nueva constitución en septiembre de 2022 y diciembre de 2023. Las demandas sociales que promovieron el cambio constitucional en ese país en 2019 no fueron rápidamente canalizadas y plasmadas en hechos políticos concretos, a pesar que hubo un cambio en la administración del Estado. También, se sembró desde los sectores conservadores de la derecha chilena un clima de desconfianza por un cambio radical que podría amenazar con el estado de derecho que alteró la composición de las fuerzas políticas al interior de la asamblea. No se lograron alcanzar acuerdos transversales que promuevan la unidad nacional, sino que se privilegiaron agendas políticas partidarias individuales en ambos escritos. Luego de cuatro años y cinco procesos eleccionarios -entre plebiscitos y elección de constituyentes- la sociedad chilena terminó extenuada.

A diferencia de lo que pasó en Chile, en Bolivia se trabajó por tiempo y materia. La Asamblea logró instalarse el 6 de agosto de 2006 con 255 representantes provenientes de 16 agrupaciones políticas. Empero, la resistencia conservadora, criolla, neoliberal trató por todos los medios hacer fracasar el proceso constituyente. Los partidos de oposición que eran minoría trataron de imponer un sistema de votación que les dé poder de negociación. Luego de intensas discusiones se alcanzaría a mediados de febrero de 2007 un acuerdo político que viabilizaría un esquema combinado de votación por mayoría absoluta y dos tercios, además de admitir la aprobación de informes de comisiones en mayorías y minorías para luego ser discutidas en el plenario.

El conservadurismo criollo y sus élites económicas no lograron persuadir al resto de constituyentes para continuar con el Estado Republicano, sistema que mejor protegía sus privilegios. Al contario, la visión de una plurinacionalidad dentro el territorio boliviano fue ganando más acogida entre sus miembros. Años después, las corrientes políticas radicales trataron de implantar una agenda federal encubierta a través de las autonomías. En el plano económico se consagró el rol productivo y redistribuidor del Estado y la propiedad de los recursos naturales estratégicos a favor de este. En lo cultural se revalorizó lo ancestral, lo indígena y se fortalecieron sus derechos políticos. Comenzó un periodo de descolonización y despatriarcalización del Estado desde las instituciones y desde el propio cuestionamiento de sociedad civil. En el plano ético social se propuso una nueva filosofía de vida a partir del paradigma del “Vivir Bien”.

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A pesar de los intentos de dilación y entorpecer el proceso constituyente por las facciones conservadoras, el 9 de diciembre de 2007 en Oruro, el texto constitucional fue finalmente concluido en una memorable cesión en la que no participó la mayoría de los asambleístas opositores al gobierno de aquel entonces.

Como hecho inédito, el 25 de enero de 2009 se realizó el referéndum por la aprobación de la Constitución Política del Estado. Este acto electoral contó con el respaldo popular del 61,4% de los bolivianos, dando así el cierre a una etapa en la historia de Bolivia y comienzo de otra. La nueva constitución fue publicada en la gaceta oficial el 7 de febrero.

Los cimientos del Estado Plurinacional de Bolivia están forjados en la unidad de las organizaciones sociales, la lucha por la defensa de nuestros recursos naturales, el reconocimiento de los pueblos indígena originarios campesinos, la búsqueda del bienestar colectivos por sobre el individual, la interculturalidad como movimiento alter globalizador, la mayor participación del Estado en la economía y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, tal como reza el primer artículo de nuestra constitución.

La construcción del Estado Plurinacional es una verdadera transformación del Estado, sus instituciones y de la propia sociedad en su conjunto.

 (*)Omar Velasco Portillo es economista

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La regulación de precios y los mercados negros

La formación de mercados negros es consecuencia de que el Estado ha perdido su capacidad de fijar precios en mercados estratégicos

Omar Velasco Portillo

/ 29 de diciembre de 2023 / 06:54

Algunos de los hechos más destacados de este año fueron la desaparición de los dólares del sistema financiero y las colas temporales para la compra de combustibles. Ambos están vinculados por un mismo fenómeno: la formación de mercados negros.

Un mercado negro es un mercado no regulado. Se lo denomina con esa tonalidad debido a la naturaleza poco transparente y clandestina de sus transacciones. Se lo puede diferenciar de los mercados grises, donde no todas las transacciones están al margen de la legalidad o la institucionalidad vigente. Su aparición está estrechamente asociada a la escasez relativa de los bienes, cuando existen distorsiones de precios que incentivan a comprar y vender más allá del precio que equilibra el mercado formal, oficial o regulado.

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Si un producto es difícil de adquirir, los consumidores le otorgarán un mayor valor para poseerlo. La mayor disposición a pagar de unos, incentiva a que otros con menor costo de oportunidad —como el tiempo para hacer fila— lo acumulen en grandes cantidades —muy por encima de sus propias necesidades—, para luego revenderlo a un precio más alto. Estos nuevos oferentes son en realidad especuladores que llegan a conformar el mercado paralelo.

Cuando el BCB dejó de proveer dólares al sistema financiero con la misma regularidad que lo hacía —antes del ataque especulativo de febrero—, el mercado paralelo se encargó de suplir esta función, pero lo hizo a un precio más alto. El aumento del tipo de cambio informal refleja la escasez relativa, más no absoluta de la divisa estadounidense. Ello quiere decir que los dólares aún continúan circulando en la economía nacional, pero lo hacen a un costo alternativo más alto.

El hecho que las transacciones domésticas y financieras se realicen mayoritariamente en bolivianos y no en dólares —fenómeno conocido como bolivianización— evitó que la demanda transaccional de dólares sea una fuente adicional de presiones cambiarias. En cambio, la sobredemanda especulativa de dólares fue contenida, pero a un costo alto que derivó en la monetización del oro de las reservas. Ello contribuyó a contener la estabilidad cambiaria y que el dólar paralelo no se aleje a más de 10% del oficial durante el año.

Del otro lado está el mercado negro de combustibles, que tiene su propia estructura. A diferencia del dólar, la provisión de combustibles está monopolizada por el Estado a través de YPFB, que tiene control sobre toda la cadena. Una buena parte de la demanda también está concentrada en grandes consumidores —con un gran poder económico y de movilización—, organizados en gremios de transportistas, asociaciones de agroindustriales y cooperativas mineras legales e ilegales.

Por sorprendente que parezca, la aparición de este segundo mercado contribuyó a disminuir el contrabando de combustibles. Al incrementarse el precio interno no regulado, se redujeron los incentivos de algunos especuladores para reexportarlos. En su lugar, el contrabando de exportación fue desplazado por el mercado negro interno que provee a una parte de los grandes consumidores. Resultado: el costo de la subvención tendría que disminuir.

La regulación de precios también tiene sus límites porque distorsiona los precios relativos. Hace 10 años, un litro de gasolina valía 14% más que un litro de Coca Cola. Hoy la relación se ha invertido y una Coca Cola es 20% más cara que la gasolina. Revertir esta situación no quiere decir que se desregule de golpe los precios de la economía, como está ocurriendo en Argentina, porque elevaría los precios de toda la economía, generando un gran costo social.

La formación de mercados negros es consecuencia de que el Estado ha perdido su capacidad de fijar precios en mercados estratégicos. Si bien el Gobierno continuará definiendo la estabilidad del tipo de cambio oficial, ha cedido al mercado la iniciativa para que éste lo fije en el paralelo. En el mercado de combustibles la situación es parecida.

Para recuperar su rol regulador, debe incrementar la oferta de bienes. Esta acción se traduce en revertir la tendencia negativa de caída de reservas de gas y divisas, que no es una cuestión de cortísimo plazo. Frente a este dilema sobre política, una acción racional es financiar la política con un mayor endeudamiento externo. Afortunadamente, Bolivia cuenta con un amplio espacio fiscal para hacerlo. La pregunta es: ¿lo hará?

(*) Omar Velasco Portillo es economista

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