Como siempre las empresas públicas son objeto de una tupida controversia; sin embargo, es necesario revisar el rol que cumplen dentro la economía nacional, en la diversificación de la producción y la industrialización, insertados en sectores estratégicos para promover el dinamismo económico del país; aportando a la estabilización de precios de la canasta familiar, el acceso a la energía de uso doméstico, hidrocarburos (diésel y gasolina), generación de empleo, apoyo a políticas sociales y como polo de desarrollo en las diferentes áreas del territorio boliviano.

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En ese sentido, es importante conocer que las empresas públicas —según sus estados financieros de la gestión 2023— registran resultados positivos y reportan haber generado recursos por la venta de bienes y servicios, con ingresos operativos y otros ingresos que rondan los Bs 70.000 millones, presentando un incremento en sus ingresos operativos respecto al año 2022. No obstante, YPFB muestra una disminución del 17% respecto al 2022, lo que responde a la reducción de los precios internacionales de los productos derivados de hidrocarburos; disminución que, combinada con la declinación de la producción, tiene impacto directo en los ingresos.

Respecto al resultado de la utilidad neta, los estados financieros evidencian que en promedio hay un crecimiento del 37%, el que se explica a través del incremento de la participación de las empresas públicas en el mercado nacional, y la reducción en sus costos operativos. Entre las empresas públicas más relevantes en crecimiento de sus utilidades netas se encuentran ENDE con Bs 1.000 millones, Comibol con Bs 350 millones, Ecebol con Bs 70 millones, Emapa Bs 250 millones y la Gestora con Bs 97 millones aproximadamente.

Ahora bien, en medio de todo esto es necesario hacer un alto para ver que nuestras empresas públicas tienen una data que sobrepasa a la de este gobierno, como es el caso de la electricidad e hidrocarburos, que fueron objeto del afamado proceso de “capitalización”, proceso que en su momento provocó la indignación del pueblo boliviano con la consiguiente convulsión social que atrajo el consecuente ejercicio de la fuerza represora del Estado, para hacer entrega de estas empresas estratégicas y rentables a manos privados con el pago de la mitad del precio de ellas, entregándoles el control de esas empresas, secuestrando la participación del Estado en manos de la Administradoras de Fondos de Pensiones y que, en todos los casos, incumplieron sus compromisos de inversión.

En síntesis, si bien no deja de ser necesaria la revisión y ajuste de la gestión de todas nuestras empresas, los resultados del 2023 son favorables para el pueblo boliviano, y se reflejan a nivel cualitativo en la democratización de los servicios, mejorando exponencialmente su acceso, en el cobro de tarifas justas y razonables en función a factores de orden económico y social, pero además responden a políticas sociales como el aporte para el pago del Bono Juancito Pinto, que ha beneficiado a más de 2 millones de estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Especial de las unidades educativas fiscales y de convenio de los nueve departamentos del país.

(*) Anahí M. Chuquimia Vargas es analista económico

Pese a la desaceleración de la economía mundial que atraviesa presiones inflacionarias, altas tasas de interés y desempleo a nivel global, sumado el actual contexto internacional que se encuentra marcado por la incertidumbre, Bolivia es el país con mayor crecimiento económico de la región en el cuarto trimestre de 2023.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Producto Interno Bruto boliviano creció al 5,1%, comparado con el mismo periodo en  2022; cabe mencionar que solo Paraguay mostró un crecimiento elevado como el de Bolivia, llegando al 4,9%, mientras que Brasil y Uruguay presentan un crecimiento moderado (2,1% y 2%) en este periodo, y Chile y Colombia (0,4%,y 0,3%) exponen un avance lento; sin embargo, Perú, Ecuador y Argentina sufren una caída respecto al cuarto trimestre de 2022.

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En 2023, Bolivia cerró con un crecimiento del PIB de 3,1%, situándose en el segundo lugar con mayor crecimiento económico de la región; esto tiene su explicación, en el concurso del Gobierno con las medidas y políticas dirigidas al control de precios en la canasta familiar, manteniendo la subvención de alimentos, así como la de hidrocarburos; también es de remarcable valor el despliegue de importantes inversiones para la construcción de plantas de industrialización, entre las cuales se encuentra la planta de biodiésel destinada a  reducir los volúmenes de importación de combustibles líquidos, teniendo un efecto directo para el ahorro de divisas.

Otro aspecto que no debe perderse de vista es que abril ha registrado una inflación del 0,57% y una inflación acumulada del 1,31% en lo que va del año, lo que sitúa a Bolivia en el segundo lugar de las inflaciones más bajas de la región. Esfuerzo que hizo el Gobierno con la política de la subvención y la industrialización para garantizar el alimento en las mesas bolivianas.

Junto a esto, a tres años de gestión se recuperaron 1.019.000 nuevos ocupados en el país en todos los sectores del mercado laboral, de los cuales 56.742 son del sector agropecuario, 61.800 para el servicio de salud y asistencia social, 36.000 nuevas personas para servicios en educación, 48.200 para actividades de labores del hogar, entre los más relevantes, cifras que permiten mirar con esperanza el futuro, pese a la adversidad de la coyuntura tras un periodo de incertidumbre en la población por la escasez de dólares, ante lo que el Gobierno adoptó medidas interesantes con el lanzamiento de bonos, que ha logrado que el Banco Central de Bolivia alcance a colocar bonos en dólares, monto que asciende a más de $us 50 millones en un periodo de tres meses.

Estos hechos son en realidad el trazo de la senda del crecimiento, y constituyen medidas interesantes que evitan esos ajustes estructurales sanguinarios practicados en la época de los 80, garantizando precios estables y crecimiento económico, a pesar de la coyuntura mundial compleja, lo que demuestra que el modelo económico planteado por Arce, en gran medida garantiza la estabilidad económica para la población, siguiendo la senda del crecimiento económico.

(*) Anahi M. Chuquimia Vargas es analista económico.

Con la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) desde octubre de 2006, se ha implementado una serie de programas sociales focalizados en los estudiantes, las personas de la tercera edad y en las madres embarazadas o con niños menores de dos años, con el objetivo de reducir la pobreza y los niveles de desigualdad existentes en el país; en ese sentido, cabe señalar que los tres principales programas son: 1) el Bono Juancito Pinto (BJP); 2) la Renta Dignidad; y 3) el Bono Juana Azurduy. Bajo este contexto, se realizará un análisis de los actores principales que vienen financiando estos programas sociales desde 2006 hasta la fecha. Las empresas públicas nacionales vienen cumpliendo un papel fundamental del MESCP, el cual es la redistribución de los excedentes económicos, que apoya a los distintos programas sociales.

Tal es el caso del BJP, como incentivo a la matriculación, permanencia y culminación del año escolar de los niños y niñas del nivel primario. El primer año del programa benefició a los niños de entre 1º y 5º de primaria, en 2007 se amplió a 6º de primaria, en 2008 a 2º de secundaria, en 2012 a 3º de secundaria, en 2013 a 4º de secundaria y desde 2014 la cobertura se amplió a 6º de secundaria. En ese sentido, en 2006 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aporto Bs 248.500.000, recursos provenientes de la nacionalización de los hidrocarburos.

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Para la presente gestión se destinará Bs 477.000.000, teniendo un alcance de 2.340.000 estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial de los nueve departamentos del país. Asimismo, alrededor de 27 entidades públicas aportaron al BJP en mandato a las políticas sociales emanadas por el Gobierno y en cumplimiento al MESCP, de las cuales 77% son empresas públicas nacionales, entre las más representativas tenemos a YPFB, Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Agencia Boliviana Espacial (ABE), Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), haciendo un total de Bs 454.922.000 y financiando el 96% de los recursos requeridos para el BJP.

Por otra parte, la Renta Dignidad es un programa de transferencias monetarias para personas mayores de 60 años que se empezó a implementar en el Estado Plurinacional de Bolivia en 2008, es financiado con un porcentaje de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la distribución de dividendos de las empresas públicas y las con mayoría accionaria.

Con relación al Bono Juana Azurduy, es implementado desde 2009 y tiene como objetivo dar un incentivo económico a las mujeres gestantes, condicionado al cumplimiento de cuatro controles prenatales, parto institucional y control posparto; así también a niños y niñas, condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual. Es financiado por el Tesoro General de la Nación (TGN), que para la gestión 2023 transfirió al Ministerio de Salud (como ente ejecutor) Bs 128.442.000.-.

Finalmente, gracias a las acertadas políticas sociales adoptadas por el Gobierno, las empresas públicas nacionales y las con mayoría accionaria dan cumplimiento al MESCP con la redistribución de los excedentes económicos, poniendo el hombro a los diferentes programas sociales; en ese sentido, se logró disminuir la pobreza moderada de 60,6% en 2005 a 37,2% en 2019 y la pobreza extrema de 38,2% a 12,9% en ese mismo periodo. Ahora, la pobreza moderada se sitúa en 36,3% y la pobreza extrema en 11%.

(*) Anahi M. Chuquimia Vargas es analista económica

El viernes la Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó en su estación en grande el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales (RIN), que permitirá al Banco Central de Bolivia (BCB) vender y comprar oro para fortalecerlas; en ese sentido, es fundamental conocer y comprender la importancia de dicha norma y si la misma beneficiará al pueblo boliviano.

Previo al análisis de la propuesta de norma, es preciso señalar que el oro se considera como un activo seguro en tiempos de incertidumbre y proporciona una cobertura contra la inflación, razón por la cual el oro juega un papel muy importante en la gestión de las reservas de los bancos centrales de todo el mundo; asimismo, de acuerdo con datos de Trading Economics, los países de América Latina con las mayores reservas de oro son: Venezuela, Brasil, México, Argentina, Bolivia y Perú, siendo Bolivia el quinto país con mayor reserva dentro de la región. Por otra parte, a nivel mundial los bancos centrales tienen como actividad normal la compra y venta del metal.

En ese sentido, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales (RIN) tiene la finalidad de: 1) Fortalecer las reservas internacionales a través de la compra de oro; 2) mejorar la gestión de reservas de oro del BCB; 3) mantener la estabilidad del precio del oro en el mercado interno; 4) coadyuvar a la estabilidad de la política monetaria y cambiaria del país.

Los volúmenes de exportación de oro han incrementado en las últimas gestiones de 30 a 60 toneladas entre los periodos 2019 y 2022, por lo que el objetivo de este proyecto de ley es fortalecer las reservas internacionales con la compra de al menos el 10% de todo lo que se exporta cada año. Asimismo, cabe señalar que las reservas del BCB ascienden a más de 40 toneladas, las cuales están invertidas en el extranjero, constituyéndose como un activo productivo que genera ingresos por intereses percibidos. De acuerdo con las inversiones a plazo fijo, se generó más de $us 99,8 millones, que van en beneficio del pueblo boliviano.

Por otra parte, la Ley 175 de 11 de octubre del 2011 presenta limitaciones para incrementar la compra de oro en el mercado interno, por lo que la “ley del oro” permitirá al BCB generar compras de manera expedita, oportuna y competitiva a los oferentes de oro en el país de acuerdo con la fluctuación de los precios internacionales; cabe señalar que dicha norma no presenta la obligatoriedad de venta de oro al BCB.

Finalmente, es importante la aprobación de la “ley del oro”, toda vez que permitirá que las operaciones en reservas de oro mejoren la liquidez, la seguridad y el rendimiento. Se incrementarán las reservas internacionales mediante compras de oro en el mercado interno o en el mercado externo, el cual generará rendimientos por las inversiones, permitiendo que Bolivia continúe en la senda de la reconstrucción de la economía a pesar de la coyuntura mundial compleja, garantizando la estabilidad económica para la población.

Anahí M.Chuquimia Vargas es analista económica..

Desde la gestión 2006, se suscribe anualmente el Programa Fiscal Financiero (PFF) entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Banco Central de Bolivia (BCB), con la finalidad de coordinar los objetivos de política fiscal, monetaria y cambiaria; las cuales se enfocan en fomentar el desarrollo económico y social, preservando la estabilidad macroeconómica, con efecto directo en la calidad de vida y el vivir bien de la población boliviana.

Entonces, ¿qué es el PFF? y ¿cuáles son las metas y objetivos para la gestión 2023? El PFF se constituye en un instrumento de planificación y coordinación de las políticas económicas, el cual establece objetivos y metas de la política fiscal, monetaria y cambiaria, permitiendo preservar la estabilidad macroeconómica, así como la promoción del crecimiento y desarrollo económico, con redistribución del ingreso y la eliminación de la pobreza.

Para la gestión 2023, se garantiza la estabilidad de precios y la solvencia del país, para el desarrollo de las actividades económicas, proyectando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86%; una tasa de inflación al final del periodo del 3,28%; y un déficit fiscal de 7,49%. Estos indicadores dan certidumbre a los diferentes actores económicos e impulsa a las políticas de desarrollo nacional, como el fortalecimiento a la producción, y la industrialización con sustitución de importaciones.

Dichos indicadores económicos coadyuvarán a continuar con una gestión estable de crecimiento, representando un beneficio para la población boliviana. Asimismo, la política monetaria continuará apuntando al poder adquisitivo interno de la moneda nacional (bolivianización), misma que contribuye al desarrollo económico y social del país, implementando diversas medidas orientadas a mantener niveles adecuados de liquidez y preservando el nivel de la inflación baja y controlada.

Finalmente, las medidas adoptadas por el Gobierno dieron resultados reconocidos a nivel internacional, como una de las tasas de inflación más bajas del mundo, con 3,12% para 2022, ante un contexto internacional económico adverso, donde Bolivia mostró un dinamismo importante en el crecimiento económico, alcanzando un 6,1% para 2021 y un 4,1% al primer semestre de 2022, demostrando que el país está saliendo adelante, a través de la estabilidad económica para beneficio de la población boliviana.

Anahi M. Chuquimia Vargas es analista económica.