El ‘urbicidio’ de Nuestra Señora de La Paz
Los habitantes de la ciudad de La Paz, durante las últimas semanas hemos vivido un shock urbano (Carrión y Cepeda, 2020) tras los acontecimientos adversos suscitados a causa de las intensas lluvias caídas en nuestra urbe, la crecida de ríos y el rebalse de tres represas, manteniendo el estado de alerta y emergencia en varias zonas. No obstante, es inconcebible escuchar al Alcalde decir: “Nosotros hacemos previsiones; ¿qué quiere, que pare la lluvia? Las lluvias se dan”, como si fuera algo “normal”, a pesar que ya se tienen antecedentes como la granizada de 2002, con una intensidad de precipitación de 39,4 milímetros/hora, o la de 1976 con 32 milímetros/hora. Naomi Klein (2020) decía “Lo normal es mortal. La normalidad es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida.” Efectivamente, las lluvias superaron el promedio histórico de precipitaciones de 2009-2010, con 86 milímetros registrados, y se justifica que llovió lo que en 30 años no ha llovido. Decir que “esto es normal, cae la lluvia y se remoja, es un deslizamiento normal” causa indignación en la población.
Entonces, si para 2002 el GMLP no tenía una organización prevista para enfrentarse a una crisis: responsabilidades definidas de los actores, cadena de decisiones, procedimientos preestablecidos (Hardy, 2009); ahora se olvidaron que se deben realizar obras para reducir, prevenir, responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a eventualidades por la temporada de lluvias: limpieza de las cabeceras de cuencas; mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado pluvial y sanitario para liberar presión de las bóvedas; y la atención de emergencias a raíz de los diferentes acontecimientos climáticos. Cuando dicen que, si no se hubieran realizado trabajos preventivos, la situación “sería mucho más trágica”, crece el miedo porque ya se presentaron deslizamientos, mazamorras e inundaciones, caídas de muros, vías y talud, sifonamientos y hundimientos de tierra, zonas en riesgo de desastre, incluso con pérdidas materiales y humanas. ¿Cuánto más debe perder la ciudad para que las autoridades se ocupen de los problemas estructurales que la agobian?
Da la impresión que somos parte de una comunidad desobrada (Nancy, 2001), consintiendo la destrucción del patrimonio natural y construido; con asentamientos clandestinos, tala indiscriminada de árboles, aplanamiento y terraceo de cerros, superobras ilusorias, superasfaltos que no perduran, sumados a la aprobación de construcciones fuera de norma, emisión de permisos de excavaciones en temporadas de lluvia, aprobación de demolición de edificaciones patrimoniales, intentos exasperados de cambiar la ley de uso de suelos urbanos… los ciudadanos ¡no podemos dormir tranquilos!, estas actitudes de unos pusieron en evidencia la improvisada planificación territorial y la falta de atención a la ciudad.
Somos estoicos testigos de que se está cometiendo un “urbicidio” (Moorcock 1963) contra Nuestra Señora de La Paz, y no me refiero al ejercicio urbicida causado por guerras como un acto intencionado de agresión y destrucción deliberada contra la ciudad, sino de las diversas formas de violencia que atentan contra la integridad natural y construida de la ciudad, al entramado social, cultural e histórico.
El urbicidio no se limita a la destrucción física de elementos urbanos, sino que también afecta la esencia misma de la ciudad; la demolición de edificios patrimoniales y monumentos naturales puede ser evidente, pero también se extiende a la pérdida de espacios públicos, la alteración de la trama urbana y la desaparición de lugares históricos. El urbicidio aniquila la construcción de comunidad que supone cualquier entorno urbano. Las ciudades son lugares de encuentro, diversidad y vida social. El término debería invitar a nuestras autoridades ediles a reflexionar sobre la importancia de preservar y proteger nuestros espacios urbanos, y la prevención es crucial para proteger nuestras ciudades, requiere una combinación de esfuerzos gubernamentales, participación ciudadana y conciencia colectiva; planificación urbana sostenible; conservación del patrimonio natural y urbano; regulación y control; educación y sensibilización; y promoción de la cultura urbana.
Sergio Vargas Montero
es arquitecto, docente e investigador.