De un primer número de 715 profesionales que se presentaron a la convocatoria para las elecciones judiciales, ya sabemos que 340 continúan en carrera, algo menos de la mitad. En un reportaje que presentó La Razón el pasado domingo, se daba cuenta que, salvo que algún número experimente un cambio ligero en la actual etapa de impugnaciones, solo un 27% de las postulaciones que están actualmente habilitadas son de mujeres. Este es un número bajo por donde se le vea y lejano del 50% o más que los esfuerzos del movimiento de mujeres y la normativa han venido logrando en los últimos lustros. Otro dato, más preocupante aún, es el que señala que existen cinco departamentos en el país (Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni y Potosí) en los que actualmente no existen suficientes candidatas mujeres al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que la lista final enviada al Órgano Electoral Plurinacional, en lo que respecta a esta institución, sea paritaria. Ante esta realidad, le toca a la Asamblea Legislativa Plurinacional dar continuidad a este proceso encontrando la manera de que este hecho no signifique un retroceso para los derechos de las mujeres.
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Aunque esta regresión podría tener lugar en las candidaturas finales que figurarán en la papeleta correspondiente a autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, es cierto que la participación de mujeres en este proceso está disminuyendo. Estos son los datos que la Coordinadora de la Mujer ha brindado: el proceso de 2011 contó con 57% de candidatas mujeres; el de 2017, con 44% de ellas y éste de 2024, contó (en un inicio) con 32% de postulaciones de este tipo.
Estos decidores datos dan cuenta de que mientras, por un lado, se trata de fortalecer y avanzar en los objetivos que configuran la democracia paritaria intercultural (uno de ellos, la paridad numérica en candidaturas para cargos electos), la realidad muestra que, por el otro lado, al menos en lo que respecta a las elecciones judiciales, la motivación de las mujeres por participar en estos procesos va disminuyendo paulatinamente. Se trata de un dato riesgoso.
Múltiples estudios dan cuenta de que la vida de las mujeres en cargos públicos es muy distinta a la de los hombres. Implica sortear constantemente obstáculos que van desde el trabajo de cuidados, pasando por la cultura machista de la sociedad (que nos encasilla en roles preestablecidos), concluyendo en la dolorosa realidad del acoso y la violencia política, la cual se establece casi como una normalidad para las que deciden ingresar a la vida pública.
No es un secreto para nadie que lo que hoy transita la sociedad boliviana es un profundo proceso de desafección hacia la institucionalidad política. Buena parte de las nuevas generaciones ya no ven en la política su potencia transformadora, ni le dan a la democracia su valor igualador. Así, toca entender que le asignan otra valoración y un nuevo significado a la participación política como tal. Con sus propias particularidades, este proceso judicial empieza a mostrar síntomas de ello y la participación de las mujeres empieza a dar cuenta de que los obstáculos, junto con las sociedades, se transforman y lastimosamente, en este caso concreto, se multiplican.
Queda pendiente pues el desafío de engranar adecuadamente lo que son los históricos desafíos de la participación política de las mujeres junto con los nuevos desafíos de la participación política en general. Y, a partir de ello, generar las nuevas preguntas y trazar las nuevas rutas por las que se seguirá transitando el horizonte hacia la democracia paritaria intercultural.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka