Previo a los días de la realización del censo, alcaldes/as, concejales, parlamentarios en tono de condena social calificaron a hombres y mujeres por el retorno para censarse a sus lugares de nacimiento, sin ninguna valoración solo recurrieron a la adjetivación, como “irresponsables”, “mal agradecidos” y que reconsideraran ejecutar obras en esos barrios donde viven e incluso expresaron que debería pedirse la certificación censal para que sean atendidos en los centros de salud.
Los medios de comunicación enviaron a sus corresponsales a las terminales para transmitir en directo lo que denominaron el “acarreo de personas” entrevistando a políticos en el mismo lugar que mostraban públicamente su molestia con los “campesinos/migrantes del interior”.
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Pero, además se esforzaban por identificar al “campesino migrante”, a la migración “campo-ciudad” como factor negativo para las ciudades, porque “aquí vivimos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos”, dieron pasos más agresivos en su condena porque a “los migrantes no les interesa el desarrollo, por eso no quieren censarse aquí donde les damos de comer”.
La migración se entiende como el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico o administrativo (CEPAL), este concepto es universal en el sentido amplio, aplicado principalmente a las migraciones de un país a otro, en lo interno, principalmente en nuestro país se debe entender la migración interna a partir de la ampliación de residencias, porque los hombres y mujeres por diferentes factores tienen sus actividades en otros centros principalmente urbanos pero no se desprenden o separan de su origen familiar/territorial/comunal, es decir su pertenencia no está solo en lugar donde trabajan y viven sino donde tiene sentido su autoidentificación, que es el origen del yo colectivo e individual.
Las opiniones públicas de autoridades políticas y amplificadas por medios de comunicación expresan cierto sentido común urbano racial/colonial como lógica de valoración social sobre la migración interna.
Desde la fundación de la República se ha institucionalizado a través de la violencia institucional/armada, cultural, simbólica la obligatoriedad de la despersonalización histórica del indio, para que el indio alcance la condición de boliviano y no aún de ciudadano tenía que hablar castellano, ser católico, trabajar y tributar, cumplir con sus obligaciones con la patria, la iglesia, las autoridades y los señores feudales y empresarios mineros, era el rosario de obligaciones coloniales, pero cuando reclamaban un derecho eran detenidos, torturados, asesinados, porque los consideraban indígenas incivilizados.
La Ley de Participación Popular exacerbando el individualismo como lógica social impuso la ciudadanía tributaria, cada uno de los bolivianos registrados en el último censo tenemos un valor económico uniforme, es decir del 20% de lo recaudado por impuestos nacionales y aduaneros se distribuye en cada uno de los municipios por el número de habitantes, entonces la condición de ciudadanía municipal es identificada a partir de “donde vives, cuanto aportas, tanto vales”.
Se apropió del razonamiento municipal urbano la ética utilitaria del individuo, las autoridades municipales, aunque aparenten ser rostro indígena, otros que sintetizan xenofobia encubierta con vehemencia y sin ruborizarse calificaron el retorno temporal a sus comunidades de hombres y mujeres como el “acarreo”, que se entiende como el acto de llevar algo, es decir exaltan con sentido negativo la decisión de volver a la comunidad y al campesino/migrante como el objeto utilitario.
El censo formal y legalmente es la encuesta sistemática nacional, pero también a través de las multifacéticas opiniones urbanas, grupales, políticas e ideológicas sobre el censo nos permite descifrar las racionalidades coloniales y raciales que pervive invisibilizado en el discurso poblacional y tributario.
Censarse en sus lugares de origen no es acto de retorno, sino la reafirmación de la manifestación sociocultural, territorial y política, de la importancia identitaria del yo individual y colectivo como fuente de la familia y la comunidad.
No es la negación de la ciudadanía individualizada expresada en su residencia urbana, sino la visibilización plena de la condición pluri de la nación, es la ruptura con las lógicas homogéneas, liberales y coloniales, que creen que el Estado es la hacienda de dominio señorial y no de los pueblos y naciones que tienen en su racionalidad descolonizada la vitalidad del Estado Plurinacional.
(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda