Irreconciliable, el Movimiento Al Socialismo (MAS) está, ahora, a merced de los designios del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Luego de más de un año y medio de disputa fratricida entre sus dirigentes, sus militantes y sus organizaciones sociales, el partido más grande del país se expone a la decisión más importante sobre su continuidad política.
En unos días, el Órgano Electoral dirimirá sobre cuál de los congresos partidarios —convocados para la renovación de la dirección nacional— es apócrifo. Es que ninguno de ellos reúne las condiciones legales para su validación.
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A saber: el congreso convocado por Evo Morales no cuenta con el respaldo de las tres organizaciones fundadoras del MAS, como dicta el estatuto, y el del Pacto de Unidad no tiene la firma de la dirección nacional, también como señala el estatuto.
Los promotores de esos eventos obligatorios hacen lo que quieren; respectivamente usan el argumento de que el suyo es legal y legítimo: el MAS evista dice contar con el Pacto de Unidad y las confederaciones de campesinos, de Bartolina Sisa y de Interculturales legítimos y el MAS arcista dice contar con la mitad de la dirección nacional y el respaldo del Pacto de Unidad y las mismas tres organizaciones sociales.
Sin embargo, se someten al escrutinio del TSE, que, en estos días —como dijeron los vocales Francisco Vargas y Tahuichi Tahuichi— definirá la legalidad de ambas convocatorias: la del MAS evista para el 10 de junio en Villa Tunari, Cochabamba, y la del Pacto de Unidad para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.
La semana pasada, el TSE intentó poner orden —con el llamado al cumplimiento de las normas— en el desorden que generó la crisis del MAS.
Hay un detalle no menor que tomar en cuenta. El TSE ya llamó varias veces a los partidos, entre ellos el MAS, a conformar sus nuevas directivas. No tuvo resultado y se vio obligado a disponer una cuarta ampliación de plazos, que vence el 5 de mayo.
El MAS evista desconoció hasta donde pudo la resolución del TSE que no registró el congreso de Lauca Ñ, de octubre del año pasado. De manera recurrente reivindicó las decisiones de esa convocatoria que declaró “único candidato” para las elecciones generales de 2025 a Morales y también eligió una nueva dirección nacional, invalidada por el árbitro electoral.
Ahora que la situación obliga, Morales reculó en su posición de candidato único y desafió al presidente Luis Arce a someterse a elecciones primarias, además se sujetó a la conminatoria del TSE de convocar a un congreso definitivo del MAS. Por eso llamó a esa cita para el 10 de junio.
Echadas las cartas por ambas facciones del MAS, el TSE tiene la última palabra. Se constituirá en el factor dirimidor en el diferendo sobre la legitimidad de los convocantes y la convocatoria a los congresos. Tendrá que decantarse por uno de ellos.
Una segunda decisión crucial que deberá adoptar el TSE, aunque de forma posterior, será la validación eventual de la candidatura de Morales en 2025, desahuciada por el ala arcista del MAS. La convocatoria a elecciones primarias, quizás en agosto o septiembre, tendrá que considerar el caso.
El arcismo considera que Morales no tiene opción de ser candidato otra vez. Reivindica la Sentencia Constitucional 1010/2023, del 28 de diciembre de 2023, que, en sus consideraciones, afirma que no es posible una reelección indefinida, en sujeción a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos humanos, aunque el fallo corresponde a otra materia.
Al contrario, el evismo defiende la idea de que dicha sentencia no le prohíbe a Morales una nueva candidatura.
Más allá de las interpretaciones jurídicas y políticas de ambas facciones sobre la sentencia, el TSE tendrá que sopesar una salida legal. También deberá decantarse por una de las facciones previa lectura e interpretación de la sentencia.
El MAS es una papa caliente para el TSE, que sufre sus propias desavenencias.
(*) Rubén Atahuichi es periodista