El presidente Luis Arce Catacora, de la forma más maquiavélica, está a punto de asestar su última estocada de muerte contra Evo Morales Ayma, su promotor y actual rival político, cuando en los próximos días se lleve a cabo la excarcelación y extradición hacia Estados Unidos del exjefe antidroga Maximiliano Dávila. Recientemente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que la Cancillería terminó las gestiones judiciales necesarias “vía diplomática” y se encuentra en fase de coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos para la inminente extradición de Dávila, quien fue el último director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del gobierno de Morales Ayma.

Dávila es requerido por la justicia estadounidense bajo los cargos de conspiración para la importación de más de cinco kilogramos de cocaína y la utilización de armas de fuego para facilitar estas actividades. Ambos delitos están estipulados en el Código Penal de Estados Unidos con penas severas debido a la magnitud de las operaciones ilícitas. Dávila fue aprehendido en enero de 2022 en Villazón cuando intentaba cruzar hacia Argentina. En esa oportunidad, Dávila se encargó de alertar que el ministro Del Castillo busca involucrar a Morales Ayma con el narcotráfico. En un primer momento, Dávila fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas y, en agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó su detención preventiva con fines de extradición. No fue acusado de narcotráfico en Bolivia porque la extradición solicitada por Washington se viabilizó este año.

Los delitos que se atribuyen por Estados Unidos para que Dávila sea juzgado en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York son asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con el narcotráfico. El primer delito tiene una pena de 20 años a cadena perpetua. El segundo delito, 10 a 20 años. De llevarse a cabo el juicio, Dávila, para reducir su condena, tendrá que cooperar con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) e involucrará directamente a Morales Ayma, y a varios de sus estrechos colaboradores que lo acompañaron en los catorce años de su gobierno, con el narcotráfico.

La deslealtad, traición y odio político que expresa Arce Catacora contra Morales Ayma no tiene límites. Sus operadores políticos en Washington, que otrora lanzaron vivas y ensalzaron la figura del expresidente indígena, no escatimaron recursos para realizar el correspondiente lobby con la DEA y el Departamento de Estado estadounidense para quitarse de encima del político boliviano a quien consideran un enemigo ideológico y de máximo peligro para la región por su postura antiimperialista.

Paradójicamente, fue Morales Ayma quien rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en el 2008; ahora el gobierno de Arce Catacora le asesta una puñalada por la espalda haciendo prevalecer el Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos que fue suscrito el 27 de junio de 1995 y ratificado mediante la Ley 1721 el 6 de noviembre de 1996. Este acuerdo regula la entrega de personas requeridas por la justicia de uno de los países para ser juzgadas o cumplir condenas por delitos como terrorismo, narcotráfico, asesinato, secuestro, entre otros. El mismo vicepresidente David Choquehuanca fue enfático en afirmar que la extradición de Dávila representa “un desafío para las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos”.

Si Estados Unidos involucra a Morales Ayma con el narcotráfico, Washington pondrá un precio sobre la cabeza del expresidente boliviano, lo cual significará para los arcistas tener el camino expedito para las elecciones generales de 2025. La pésima administración política, económica y social del gobierno de Arce Catacora no son avales para que éste vaya a la reelección porque carece del apoyo popular que le llevó al poder hace cuatro años; pero con tal de seguir gozando del poder y encubrir a sus hijos de las muchas denuncias de corrupción, ya definió a sus candidatos: Eduardo del Castillo a la presidencia y Eva Copa a la vicepresidencia.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

El fracaso del Partido Demócrata y de la candidata Kamala Harris en las recientes elecciones estadounidenses tiene de trasfondo varios aspectos socio-políticos que se presentaron antes y durante el proceso electoral, pero el que sobresale es el sorpresivo sufragio de los varones latinos —un grupo que los demócratas consideraban que era existencialmente suyo— votó por el republicano Donald Trump, quien también había derrotado en 2016 a Hillary Clinton, la primera mujer en ser la candidata presidencial de su partido.

Según los resultados oficiales de la Corte Suprema estadounidense, Harris obtuvo un 53% del voto hispano, muy por debajo del 65% de Joe Biden en las elecciones de 2020, del 66% de Hillary Clinton en 2016 o del 71% de apoyo hispano a Barack Obama. Los latinos, un grupo muy diverso y disperso por todo Estados Unidos, fueron pieza fundamental en la victoria de Trump, que decidió atraerlos incidiendo en propuestas económicas, de lucha contra la inflación, creación de empleo y asegurando que la política migratoria del Gobierno actual también les afectaba negativamente.

El hecho de que el Partido Demócrata haya caído entre las minorías es la gran sorpresa de los recientes comicios. Como lo es que el expresidente haya ganado en el segmento de la población más joven, la llamada Generación Z, que los demócratas —y la mayor parte de los expertos— pensaban que iban a rechazar el mensaje “pasado de moda” de Trump.

El senador independiente Bernie Sanders, símbolo del movimiento progresista en el país del norte, fue lapidario contra el Partido Demócrata al que acusó de “abandonar a la clase trabajadora”, hecho que, a su juicio, justifica que ésta no haya votado por Harris. Para Sanders, la debacle del Partido Demócrata no debería ser una gran sorpresa, puesto que esta tienda política ha abandonado a la gente de la clase trabajadora, y, en contraparte, la clase trabajadora la ha abandonado también.

También hay que tomar en cuenta el fracaso del Partido Demócrata viene por los vaivenes durante la campaña electoral que favorecieron enormemente a los republicanos. El presidente Joe Biden intentó buscar la reelección e, inicialmente, lideró las encuestas. Empero, a partir de marzo de 2024 su popularidad cayó a medida que crecían las dudas dentro y fuera de su partido sobre la idoneidad de su candidatura, en especial, debido a las preocupaciones por su avanzada edad y las dudas sobre su supuesto declive cognitivo.

La situación llegó a un punto crítico durante el debate que ambos candidatos sostuvieron a finales en junio, durante el cual Biden tuvo dificultades para presentar sus argumentos y, por momentos, pareció perder el hilo de sus pensamientos. Pocos días más tarde, Biden anunció su retiro de la carrera y su apoyo a la candidatura de su vicepresidenta. En pocas semanas, Harris asumió el liderazgo demócrata y logró recuperar en las encuestas el terreno perdido por Biden, pero solamente hasta instalarse en una situación de empate técnico con Trump, el cual se mantuvo hasta el día de los comicios.

Menos conocida por los votantes que Trump, Harris tuvo dificultades en la campaña para desligarse de las políticas de Biden y de sus aparentes consecuencias en términos de inflación y de crisis en la frontera. Intentó presentar su candidatura como la opción del «cambio» generacional y de la alegría, pero su candidatura no pareció convencer a los electores insatisfechos con el sistema político estadounidense.

La candidata demócrata también resultó perjudicada por su negativa a conceder entrevistas a la prensa durante sus primeras semanas de campaña, lo que alimentó la idea de que no tenía un plan claro de gobierno. Además, a lo largo de la campaña, Harris lucía como clara favorita para ganar el voto femenino, pero perdía mucho terreno en el voto masculino, en especial de jóvenes afroamericanos e hispanos que giraron de forma sorpresiva hacia Trump, contribuyendo así a su regreso a la Casa Blanca. El expresidente construyó una coalición de votantes más diversa que cualquier candidato republicano en 20 años, a pesar de llevar a cabo una campaña cargada de agresiones y de demonización de los inmigrantes.

*Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

Por más que el gobierno de Luis Arce Catacora gaste y destine millones de bolivianos en publicidad en diferentes medios de comunicación y sus ministros junto a sus directores de diferentes áreas salgan, con un libreto predeterminado, para negar y jurar que en Bolivia no hay “gasolinazo”, el preocupante desabastecimiento de hidrocarburos, desde hace meses, echan por tierra el ya no creíble discurso gubernamental.

La mala administración gubernamental está conllevando a situaciones jamás vista desde los últimos veinte años. La desesperación en la ciudadanía por conseguir gasolina y diésel ha hecho incluso que en las redes sociales se inunden mensajes en busca de los carburantes porque en muchas estaciones de servicio del país se agotan rápidamente sus suministros.

A las largas filas en los surtidores, desde hace ya seis meses, de camiones, ómnibus, buses coaster, tractores, o cisternas de agua que utilizan diésel, en las últimas semanas se han sumado miles de automóviles del transporte privado en busca de gasolina especial. Tras peregrinar por varias estaciones de servicio y tras largas horas de hacer fila, cuando le llega el turno para su respectivo carguío, el personal les comunica que se terminó la gasolina Especial (litro a 3,74 bolivianos) y que solo queda las gasolinas Premium Plus (6,18 bolivianos) y Ultra Premium de 100 octanos (6,82 bolivianos). Ante esta situación, al usuario no le queda otra opción que adquirir las nuevas gasolinas con un precio más elevado.

Desde el pasado 7 de agosto, el Gobierno, de manera maquiavélica, está quitando parcialmente la subvención de los hidrocarburos. Obliga a la población a comprar los dos combustibles con precios más altos y ha dejado de suministrar paulatinamente el carburante subvencionado. Esta medida no solucionará la crisis económica que vive el país, solo aliviana un poco el gasto que realiza en la compra del hidrocarburo.

Recordemos también que meses antes, Arce Catacora había propuesto realizar un referéndum sobre la subvención de la gasolina, propuesta que fue observada y rechazada por el Tribunal Supremo Electoral. Las observaciones fueron aplaudidas por la población y por los partidos de oposición porque consideraron que el presidente Arce “quería lavarse las manos” y dejar a los bolivianos y bolivianas decidan qué hacer con la subvención.

A principios de semana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso al mercado interno un nuevo combustible denominado Diésel ULS que es el resultado de la mezcla del diésel oíl con biodiesel y que será comercializado en las plantas de almacenaje de YPFB para grandes consumidores o clientes directos, previa suscripción de un contrato entre la estatal petrolera y el comprador.

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La falta de combustibles en todo el país, provoca largas filas en las estaciones de servicio. El Gobierno atribuye el problema a los bloqueos evistas y en Arica. Excusas que ya nadie cree porque los bloqueos en las carreteras datan de hace diez días. En tanto, la escasez de combustibles lleva ya meses.

La falta de dólares para la compra de hidrocarburos es una espada de Damocles para el Gobierno. Si bien autorizó al sector privado (especialmente a los agricultores) la importación directa de combustibles la medida no ha servido de nada, porque el sector del agro no es importador de energéticos. La falta de dólares y el tipo de cambio paralelo genera incertidumbre en los financiadores del agro que dejaron de entregar créditos al sector.

A la falta de combustibles se suma la falta de dólares y esto ha hecho que de manera alarmante se incrementen los precios de los alimentos en todos los mercados del país. El poder adquisitivo de la población está perdiéndose poco a poco, lo cual repercute negativamente en la economía nacional. La crisis económica boliviana es ya una realidad, pero para el Gobierno, que no reconoce su mala administración, es una crisis producto del contagio de las economías de los países vecinos. Mientras tanto, la población y sectores sociales anunciaron realizar una serie de protestas y cacerolazos contra la incapacidad gubernamental de hallar una solución a la crisis política, económica y social que impera en el país.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

El gobierno del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, cumplió un año de su brutal represión contra el pueblo palestino al que ya puede calificarse como genocidio porque han muerto alrededor de 42.000 personas, en su mayoría mujeres y niños.

El 7 de octubre de 2023, Israel respondió con furia el ataque de Hamás perpetrado en territorio hebreo. Más de 1.000 combatientes de Hamás perpetraron un ataque en 24 puntos del sur de Israel, principalmente contra el kibbutz de Beeri y el festival de música Nova. El ataque se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas 809 civiles (al menos 280 mujeres y 40 niños, según el informe posterior de la ONU) y 314 militares. Un total aproximado de 14.970 personas resultaron heridas. Al menos 252 personas fueron secuestradas.

Sin embargo, esas cifras quedan cortas ante la represión israelí. Datos del ministerio de Sanidad de Gaza indican que la ofensiva israelí se ha cobrado la vida de 41.909 personas —casi 17.000 menores— y ha causado 97.303 heridos, en solo 12 meses de exterminio palestino.

El genocidio israelí no solamente se refiere a los muertos y heridos, sino también a miles de prisioneros palestinos que colman los centros de detención israelíes. El Club de Prisioneros y la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros palestinos denuncian las sistemáticas redadas de las fuerzas israelíes en territorios palestinos, que incluyen asaltos a viviendas, destrucción de infraestructura y asesinatos extrajudiciales.

Solo en septiembre las Fuerzas Armadas y los colonos israelíes ejecutaron alrededor de 1.334 ataques en la Franja de Gaza en las que incluyeron expropiación de tierras, expansión de las colonias, ejecuciones extrajudiciales, sabotajes, así como demoliciones y confiscación de propiedades.

El asedio y ataques israelíes también han colapsado el sistema de salud en Gaza, apenas 15 de los 38 hospitales permanecen parcialmente en funcionamiento. El 65% de las instituciones de salud están dañadas y con una ocupación del 300%, especialmente en unidades de cuidados intensivos, lo que hace difícil la atención sanitaria, especialmente la de 50.000 embarazadas y 12.000 pacientes de cáncer. También se ha conocido que en los últimos doce meses al menos 986 miembros del sector sanitario fueron asesinados por las fuerzas armadas israelíes. Además, alrededor de 130 ambulancias quedaron fuera de servicio o están bajo los escombros producto de los constantes bombardeos por parte del Ejército sionista.

Debido al genocidio, la Franja de Gaza afronta también una crisis humanitaria sin precedentes. Un informe elaborado por diversas organizaciones como Save the Children, Oxfam o el Consejo Noruego para los Refugiados, que trabajan en la zona de conflicto, denunció que Israel está bloqueado el 83% de la ayuda alimentaria que necesita la población. Los gazatíes han pasado de tener un promedio de dos comidas al día a solo una cada dos días. Se estima que, para finales de año, 50.000 niños de entre 6 y 59 meses necesitarán urgentemente tratamiento por desnutrición.

Los últimos diez meses se han caracterizado por la existencia de dos ciclos simultáneos: la destrucción en Gaza y la incapacidad internacional para detenerla. Mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de la ONU, ordenaba el 26 de enero a Israel a tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lleva meses intentando promulgar sin éxito una resolución para el alto el fuego, debido a los vetos de Estados Unidos, aliado estrecho de Israel, por considerar los términos de la misma un obstáculo a las negociaciones, si bien acabó absteniéndose en una votación el 25 de marzo, facilitando la aprobación de un texto incumplido hasta el momento.

Lo cierto es que el genocidio israelí sobre los palestinos deja varias secuelas para los años siguientes por el número de víctimas, niños y niñas huérfanos, daños a la infraestructura, desplazamientos forzados, hambruna, infinidad de enfermedades y por la polarización extrema de las direcciones políticas tanto en el movimiento islamista Hamás como por el Gobierno sionista de Israel.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

La marcha pacífica convocada por el expresidente Evo Morales y los movimientos sociales denominada “Marcha para salvar Bolivia” ha demostrado una vez más la unidad inquebrantable que existe entre los sectores más desprotegidos de la Bolivia profunda. Campesinos, mineros, obreros, juntas vecinales, sectores de profesionales, entre otros, salieron para que se halle soluciones de fondo a los actuales problemas que vive el país como son la escasez de dólares, combustibles, encarecimiento de algunos productos básicos de la canasta familiar y contra la corrupción en esferas del gobierno central que dirige Luis Arce Catacora. Además, exigir que se respeten las resoluciones del congreso del Movimiento al Socialismo (MAS-IPS) realizado en la localidad de Lauca Ñ, que no fue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, en el que se definió por mayoría absoluta la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales del próximo año.

Desde el primer día que la multitudinaria marcha pacífica se dirigía a La Paz en un afán, por demás descarado de desprestigiar el movimiento de miles de bolivianos, el Gobierno nacional comenzó a propagar como un reguero de pólvora la idea que la marcha era un “intento de golpe de Estado”, denominándola como “la marcha de la muerte”. Calificativos llenos de desprecio hacía miles de campesinos, obreros, mineros, hombres, mujeres de todos los estratos sociales, que su único error es creer que otra Bolivia puede ser posible.

Tuve la posibilidad de asistir a la primera jornada de la marcha de 30 kilómetros entre Caracollo y Vila Vila y tuve el privilegio de observar que la “Marcha para Salvar Bolivia” era toda una fiesta popular, donde sus integrantes compuestos por miles de personas de diferentes movimientos sociales, en medio de cánticos, irradiaban alegría y esperanza por días mejores para el país. Categóricamente puedo desmentir que los integrantes de la marcha hayan tenido objetivos violentos como el que propaga el Gobierno. Fui testigo de cómo la agresión nació de parte de los simpatizantes a la administración de Arce Catacora, en su mayoría empleados públicos de los ministerios de Estado, policías de civil y mineros, quienes se habían parapetado en la localidad de Vila Vila y en los cerros que la circundan a la espera de los marchistas. Cerca al mediodía del martes 17, las huestes gubernamentales agredieron físicamente a los ocupantes de una movilidad quienes se dirigían a la marcha con banderas del MAS. Lo paradójico de esta agresión fue que se cometió frente a un equipo de prensa de la televisión estatal que no tuvo la más mínima intención de filmar la tremenda golpiza. Por demás está indicar que la “prensa libre” solo informa lo que les conviene. Por ejemplo, el hecho de que Morales tuvo que dejar la marcha por algunas horas en un automóvil de alta gama fue cobertura de todos los medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta la campaña gubernamental y de algunos medios de comunicación contra la marcha pacífica, no le quedó otra opción a Morales que denunciar que el gobierno de Arce Catacora formó “grupos de choque” para desbaratar a los movilizados. Además, en un acto para precautelar la integridad física de los marchistas, y su posible detención, solicitó la intervención de la ONU en la movilización.

El Gobierno puede jurar y volver a jurar que respeta cualquier movilización o demanda social, pero el grueso de la población ya no le cree. Ya no cree a un Gobierno que constantemente ha mentido indicando que la economía gozaba de buena salud, que los dólares iban a volver a circular, que la distribución del diésel mejoraría, que los precios de la canasta familiar se estancarían, que la industrialización de Bolivia avanzaba a paso firme, que desbarató un intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, por citar algunas mentiras de la actual administración política. El pueblo sabe muy bien que el objetivo principal del gobierno de Arce Catacora es la eliminación política de Morales y del MAS-IPSP, y para lograr ese objetivo tiene que “mentir, mentir que algo quedará”, al mejor estilo del nazi Joseph Goebbels.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.